ATC861-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC861-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 08001-22-13-000-2022-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de mayo de 2022, en la tutela que William Franco Labrador en calidad de agente oficioso de Liceth Maecha Rizo promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baraona, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga y a las partes del proceso de pertenencia bajo radicado 2017-00176, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el agente oficioso de la se\u00f1ora Liceth Maecha Rizo, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, presuntamente vulnerados a su agenciada por la autoridad accionada en el juicio atr\u00e1s referido. <\/p>\n
Como fundamento sostuvo, que el 5 de abril de 2017, promovi\u00f3 demanda de pertenencia contra personas indeterminadas cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baraona, que la admiti\u00f3 el 14 de julio siguiente, y seguidamente se notific\u00f3 a los indeterminados mediante edicto, nombr\u00e1ndoseles curador ad litem, adem\u00e1s de oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Unidad Especial de V\u00edctimas de la Fiscal\u00eda, al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y a la Secretar\u00eda del Municipio de Baraona. <\/p>\n
Tras hacer un recuento de la etapa probatoria adelantada, indic\u00f3 que en la sentencia de 27 de enero de 2022 el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, en tanto que \u00abno realiz\u00f3 un adecuado y cuidadoso estudio al caudal probatorio existente en el proceso, evidenciando que se hubiera actuado de manera negligente\u00bb, puesto que, no tuvo en cuenta dos pruebas fundamentales como son, las respuestas contenida en oficio de 5 de diciembre del 2019, expedida y enviada por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del Municipio de Baranoa y, la remitida el 13 de octubre del 2021 por la Agencia Nacional de Tierras, contestaciones que con mucho tiempo de antelaci\u00f3n a la fecha del fallo hab\u00edan sido recibidas por el Juzgador a quo en su plataforma electr\u00f3nica. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, apel\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n sin que, a la fecha de formulaci\u00f3n de la presente tutela, el accionado hubiese efectuado el reparto del recurso de alzada en comento. <\/p>\n
2. Con sustento en lo narrado, solicit\u00f3: <\/p>\n
\u00abQue se REVOQUE la sentencia de fecha 27 de enero del 2022 y en su lugar que se TUTELE el derecho al debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el derecho a la tierra\u00bb <\/p>\n
\u00abQue se le ORDENE a la Juez 1\u00ba Promiscuo Municipal de Baranoa, Atl., que valore nuevamente la totalidad del acervo probatorio existente dentro del Proceso de referencia y que, dentro de un plazo prudencial de 10 d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, emita nueva sentencia\u00bb. (May\u00fasculas de texto original) <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 inicialmente por reparto, al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, y en auto de 11 de marzo de 2022, la rechaz\u00f3 por competencia ordenando remitirla al Juez del Circuito de Sabanalarga – Atl\u00e1ntico en turno. [Derivado expediente digital. Archivo 06 20220311AutoRechazo.pdf] <\/p>\n
Repartida la tutela al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, en providencia de 4 de abril de 2022 la admiti\u00f3, sin embargo, advirti\u00f3 que se encontraba impedido para conocer del asunto, habida cuenta que el proceso objeto de queja constitucional, fue radicado en ese despacho para conocer de la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, situaci\u00f3n que provoc\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga. [Derivado expediente digital. Archivo 09. Auto 036.pdf] <\/p>\n
Luego, allegadas las diligencias al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, mediante auto de 2 de mayo de 2022, orden\u00f3 remitirlas al Tribunal Superior de Barranquilla tras considerar que, <\/p>\n
\u00abTeniendo en cuenta lo anterior, observa el despacho de la lectura hecha al paginario, que la presente acci\u00f3n de tutela se dirige contra el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARANOA ATLANTICO, por la presunta mora en el tr\u00e1mite del proceso verbal de pertenencia con Rad. 2017-00176, el cual se encuentra surtiendo alzada ante el JUZGADO TERCERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SABANALARGA ATLANTICO, por lo tanto, muy a pesar que la suscrita es superior funcional del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARANOA ATLANTICO, debe tenerse en cuenta que el JUZGADO TERCERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SABANALARGA ATLANTICO, conoce actualmente del proceso objeto de reproche en sede de segunda instancia, por lo tanto surge necesario la vinculaci\u00f3n de este \u00faltimo despacho, como quiera que le asiste inter\u00e9s leg\u00edtimo respecto a la decisi\u00f3n que se adopte en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 14. Auto Remite Tutela Tribunal.pdf] <\/p>\n
4. Avocado el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante auto del 6 de mayo de 2022, orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga y a las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia radicado bajo n\u00famero 2017-00176. [Derivado expediente digital. Archivo 19 T-323-2022 admite-vincula JBARANOA] <\/p>\n
Luego de agotado el tr\u00e1mite, en sentencia de 19 de mayo de 2022, declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n al considerar que no se satisface el requisito de subsidiariedad toda vez que, <\/p>\n
\u00ablos argumentos en los que el abogado de la accionante fundamenta la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, son de aquellos propios de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, que permitir\u00e1n al juez ad-quem examinar el caso, a afectos de determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia de primer grado; y en segundo lugar, que la accionante, parte demandante en el proceso verbal de pertenencia de marras, hizo uso de tal herramienta proceso, y la impugnaci\u00f3n fue concedida y enviado el expediente al Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga-Atl\u00e1ntico al que correspondi\u00f3 su conocimiento, en marzo 2 de 2022 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 37. RAD.T-00323-2022 SENTENCIA 1A INST. (1)] <\/p>\n
6. Inconforme con la decisi\u00f3n adoptada, el accionante la impugn\u00f3 afirmando que si bien es cierto cuenta con otro medio de defensa para ejercer la protecci\u00f3n de sus derechos, no es menos que ese medio no es tan eficaz como para lograr el amparo inmediato que se requiere y que se mitigue el perjuicio irremediable presentado en el sub judice. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 43. Escrito impugnaci\u00f3n accionante] <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, como de vieja data lo ha explicado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb (numeral 5\u00ba). <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del Tribunal constitucional para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, espec\u00edficamente, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baraona – Atl\u00e1ntico, en tanto que, el agente oficioso de la peticionaria solicita la revocatoria de la sentencia proferida por ese despacho el 27 de enero de 2022 en el proceso de pertenencia por ella promovido, al aducir que en la citada providencia se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico ante la omisi\u00f3n de efectuar una adecuada valoraci\u00f3n probatoria <\/p>\n
Por lo anterior, la convocatoria a estas diligencias del Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga resulta apenas aparente, en tanto que, las pretensiones se enfilaron exclusivamente contra la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal aludido. <\/p>\n
Y es que si bien, la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia censurada correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado del Circuito mencionado, en nada afecta tal situaci\u00f3n la competencia para conocer del amparo constitucional, pues como quedo plasmado en p\u00e1rrafos precedentes, se reprocha el actuar del Juzgado de primer grado al momento de proferir el fallo en el juicio de pertenencia, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n del despacho del Circuito, en este caso, resulta apenas aparente. <\/p>\n
Sobre lo anterior, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026). (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, memorados en ATC813-2021)\u201d <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Barranquilla para conocer en primera instancia de la acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, como se ha proferido sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, autoridad a la que previamente se le hab\u00eda repartido las presentes diligencias. <\/p>\n
Se itera, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab (\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, profiera uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar, <\/p>\n
\u00ab[R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021). <\/p>\n
4. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, para que asuma el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Resta indicar, sobre la imposibilidad de plantear conflicto de competencia en asuntos como el presente, que esta Sala ha reiterado, <\/p>\n
\u00ab[N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01 y ATC10522021, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Superior de Barranquilla por las razones expuestas en precedencia, ordenando la remisi\u00f3n de las presentes diligencias al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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