ATC877-2022 <\/p>\n
ATC877-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00269-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda tramitar la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 8 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que la sociedad Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. en reorganizaci\u00f3n, formul\u00f3 contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal radicado bajo el n\u00b0 2011-00308, si no fuera porque se advierte una omisi\u00f3n constitutiva de nulidad, cuya declaraci\u00f3n oficiosa es necesaria para enderezar la actuaci\u00f3n de primera instancia, como pasa a explicarse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. No obstante que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, esta no puede ser ajena a las reglas del debido proceso, por lo que se deben procurar, en la medida de lo posible, ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva.<\/p>\n
2. En el evento bajo estudio, la accionante se quej\u00f3 -entre otras razones- porque el juzgado accionado, en el interior del proceso declarativo radicado con el n\u00b0 2011-00308, libr\u00f3 mandamiento de pago en favor de la abogada Sonia Margarita Guerrero Gallo, afectando as\u00ed los derechos fundamentales de la sociedad, dado que -seg\u00fan su dicho- aqu\u00e9lla ejecutante debe constituirse como acreedora en el proceso de reorganizaci\u00f3n que, conforme a la Ley 1116 del 2006 y ante la Superintendencia de Sociedades Intendencia Santander, se sigue a su favor dentro del expediente n\u00b0 68896, pues de lo contrario se le estar\u00eda dando un tratamiento privilegiado a su cr\u00e9dito. <\/p>\n
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1. En consecuencia, solicit\u00f3, \u00abdejar sin efecto el auto del 25 de mayo del 2022 [\u2026] y, en consecuencia, revocar el mandamiento de pago del 2 de mayo del 2022\u00bb. <\/p>\n
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3. A pesar de lo antedicho, si bien es cierto, el Tribunal a quo vincul\u00f3 a las partes e intervinientes involucradas en el proceso declarativo n\u00b0 2011-00308, no hizo lo mismo con los acreedores interesados en el proceso de reorganizaci\u00f3n precitado, a quienes claramente les asiste un notorio inter\u00e9s en las resultas de esta tutela, y se les priv\u00f3 de la oportunidad de pronunciarse sobre el particular o de brindar informaci\u00f3n importante para decidir de forma integral. <\/p>\n
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4. De tal manera, el tr\u00e1mite que surti\u00f3 la acci\u00f3n de amparo en primera instancia se encuentra afectado por un error procedimental cuya debida observancia era de trascendental importancia para garantizar a las partes el goce efectivo de su derecho al debido proceso [defensa y contradicci\u00f3n] de conformidad con los lineamientos constitucionales establecidos para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La informalidad que reviste a la tutela no puede implicar el quebrantamiento de la aludida prerrogativa, a la que por expreso mandato Superior est\u00e1n sometidas las actuaciones administrativas y judiciales [Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica] De esa manera, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o que puedan entregar informaci\u00f3n importante para decidir de fondo, intervenir, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
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6. Bajo esa perspectiva y como ab initio se advirti\u00f3, se impone declarar la nulidad de lo actuado, para ordenar que, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, se rehaga la actuaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 disponer de las medidas y diligencias que corresponda, y volver a emitir el fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de la referencia, para que se vincule y notifique en debida forma a todos los interesados en el proceso de reorganizaci\u00f3n n\u00b0 68896, que cursa en la Superintendencia de Sociedades Intendencia Santander, para lo cual se deber\u00e1n adoptar las medidas y diligencias que corresponda, y volver a emitir el fallo. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n se renovar\u00e1 con ese exclusivo prop\u00f3sito -sin perjuicio de lo que se estime pertinente- permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: En oportunidad devu\u00e9lvase el expediente al lugar de origen. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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