ATC880-2022<\/p>\n
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ATC880-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2018-00126-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda emitir un pronunciamiento respecto de estar o no incursa en alguna causal de impedimento para conocer del caso de la referencia, si no fuera porque observo del examen del expediente que esta Sala carece de competencia para resolver lo relacionado con el incidene de desacato propuesto, cuesti\u00f3n que urge declarar, dados los prioritarios t\u00e9rminos que deben aplicarse (in. 2\u00b0, art. 52 del Dto. 2591 de 1991), pues se trata del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sanci\u00f3n impuesta por el a quo en auto de 18 de mayo de 2022, en sede de desacato. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que Uldarico Domic\u00f3 Domic\u00f3 y Leonildo Domic\u00f3 Cu\u00f1apa, actuando en calidad de Representantes Legales del Cabildo Mayor del Rio Sin\u00fa y R\u00edo Verde, formularon incidente de desacato contra la empresa Urr\u00e1 S.A E.S.P., el Ministerio del Interior, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por el presunto desconocimiento de la sentencia T-652 de 10 de noviembre de 1998, dictada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En esa \u00faltima decisi\u00f3n, el Alto Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones, revoc\u00f3 las sentencias de tutela emitidas por el \u00abTribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda -Sala Laboral- y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n Laboral- en el tr\u00e1mite del proceso radicado bajo el n\u00famero T-168.594\u00bb (subraya fuera de texto), mediante las cuales se hab\u00eda desestimado el amparo, en primer y segundo grado, respectivamente y, en su lugar, accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n formulada por \u00abel pueblo Embera-Kat\u00edo del Alto Sin\u00fa\u00bb, dictando las \u00f3rdenes correspondientes. <\/p>\n
3. El incidente de desacato comentado fue formulado ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, quien, como se indic\u00f3, en providencia del 18 de mayo de 2022, impuso las sanciones que consider\u00f3 pertinentes al presidente y representante legal de la empresa Urr\u00e1 S.A E.S.P., tr\u00e1mite enviado a esta Corte para definir la consulta correspondiente. <\/p>\n
4. Como se anunci\u00f3, esta Sala carece de competencia para resolver el mencionado grado jurisdiccional, comoquiera que, de un lado, en esta Corte el conocimiento previo1 de la actuaci\u00f3n estuvo a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, autoridad que emiti\u00f3 el fallo L3190 de 21 de mayo de 1998, el cual, luego, fue revocado por la Corte Constitucional en la sentencia T-652-1998, ya mencionada. <\/p>\n
Y, de otro lado, es del caso recordar que, en materia de desacatos, el inciso 2\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 expresamente se\u00f1ala que \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental\u00bb (subraya fuera de texto), lo cual significa que el juez que conoci\u00f3 de la tutela en primer grado, debe ser quien provea sobre su posible incumplimiento, punto sobre el cual esta Sala, en m\u00faltiples ocasiones, ha se\u00f1alado que \u00abno existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04, reiterado en ATC510-2022, entre otros), de donde se concluye, asimismo, que compete a quien conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia, definir el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expuesto, por secretar\u00eda, REM\u00cdTANSE, de manera inmediata, las presentes diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para lo de su cargo. <\/p>\n
6. Comun\u00edquese esta determinaci\u00f3n a los interesados y a los Despachos que en esta Sala conocieron de este asunto. <\/p>\n
C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Concepto aplicable, de acuerdo con el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 7\u00b0 del Acuerdo 1472 de 2002, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto prev\u00e9 que: \u00ab[c]uando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio ser\u00e1 asignado a quien se le reparti\u00f3 inicialmente\u00bb y \u00ab[e]n tales eventos la dependencia encargada del reparto tendr\u00e1 a su cargo el env\u00edo del expediente al funcionario competente y tomar\u00e1 la informaci\u00f3n correspondiente para hacer las compensaciones del caso\u00bb. <\/p>\n
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