ATC896-2022<\/p>\n
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ATC896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01908-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Recibido el expediente de la acci\u00f3n popular con radicado 2010-00217-00, allegado por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto admisorio de la tutela del 13 de junio de 2022, y verificadas las actuaciones procesales surtidas, se advierte que esta Sala carece de competencia para tramitar el asunto, por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
1. El actor cuestiona que las actuaciones que ha venido adelantando el Juzgado referido han desconocido su participaci\u00f3n, al \u00abno proceder con las notificaciones correspondientes, en las diligencias adelantadas por el despacho que contrae decisiones importantes en detrimento del derecho a la propiedad\u00bb, diligencias dirigidas a obtener el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia que orden\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Flandes, Cortolima y al se\u00f1or \u00c1lvaro Ch\u00e1vez Pinto restablecer la zona donde se produjo el impacto ambiental y a las que, seg\u00fan se indica en la tutela, el despacho lo vincul\u00f3 \u00abcon la pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n de pruebas nuevas, para llegar a la absurda conclusi\u00f3n que el infractor ambiental\u00bb era \u00e9l. <\/p>\n
Igualmente, alega que, al revisar el tr\u00e1mite en curso, brillan por su ausencia las notificaciones al actor y al titular de la acci\u00f3n popular, como se aprecia en \u00abla reciente acta de audiencia de inspecci\u00f3n judicial del veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00abrestringir la participaci\u00f3n de quien tiene un inter\u00e9s directo, porque ha sido la persona se\u00f1alada injustamente en incurrir en una infracci\u00f3n ambiental [\u2026], cercena infundadamente los derechos constitucionales y legales [\u2026] que le asisten [\u2026] para su defensa y adecuada protecci\u00f3n de su propiedad privada\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, pretende que la accionada \u00abdisponga de los mecanismos jur\u00eddicos necesarios y pertinentes a permitirle el acceso al proceso notific\u00e1ndole las diligencias que se adelanten y en las que tiene un inter\u00e9s directo, comoquiera que est\u00e1 siendo responsabilizado como \u00fanico infractor ambiental\u00bb y, en esa medida, pide especialmente suspender los efectos jur\u00eddicos del \u00abacto concreto que genera amenaza y vulneraci\u00f3n al derecho fundamental del debido proceso que por falta de notificaci\u00f3n impidi\u00f3 ejercer adecuadamente el derecho a la defensa ante el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Espinal [\u2026] como son: auto 3 de abril de 2018, agosto 9 de 2019, y \u2018acta de audiencia de inspecci\u00f3n judicial de fecha mayo 26 de 2022\u2019 [\u2026], y proceso sancionatorio ambiental expediente SAN-41230 (Resoluci\u00f3n n.\u00b0 012 de enero 20 de 2022 de Cortolima)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En ese orden, se advierte que se cuestionan las diligencias y actuaciones realizadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal en la fase de seguimiento de las medidas dictadas en el trascurso de la acci\u00f3n popular, ante la continuidad de la afectaci\u00f3n medio ambiental que se pretendi\u00f3 conjurar, a trav\u00e9s de dicho mecanismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se observa que el se\u00f1or Francisco Caballero D\u00edaz, luego de practicada la inspecci\u00f3n judicial del 6 de agosto de 2019, present\u00f3 una solicitud que ten\u00eda por objeto nulitar las sentencias dictadas en el asunto y los autos del 20 de abril de 2018, 30 de mayo y 25 de julio de 2019 y del 9 de agosto 2020, la cual fue resuelta por el Juzgado por prove\u00eddo del 15 de enero de 2021, actuaci\u00f3n en la que no intervino el Tribunal ad quem. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De lo expuesto en precedencia, se resalta que, si bien el Tribunal conoci\u00f3 la segunda instancia de la sentencia emitida el 6 de abril de 2015 y del incidente de desacato del 9 de mayo de 20221, lo cierto es que se observa que ese no es el objeto de la tutela y que all\u00ed no se emiti\u00f3 sanci\u00f3n alguna contra el aqu\u00ed tutelante; de manera que, acorde con lo verificado una vez se recibi\u00f3 el expediente del tr\u00e1mite cuestionado, se evidencia que la acci\u00f3n constitucional claramente ataca las actuaciones y diligencias desplegadas por el Juzgado en virtud del seguimiento respectivo, as\u00ed como las decisiones por \u00e9ste adoptadas en esta fase posterior, en las que se reitera, no se advierte participaci\u00f3n alguna del juez plural ni que su vinculaci\u00f3n sea necesaria para resolver el asunto. <\/p>\n
Por tanto, se ordenar\u00e1 anular el auto del 13 de junio de 20222, que dispuso admitir el amparo, para devolver el presente asunto al despacho de origen de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, con base en lo dispuesto por el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 \u2013modificado por el Decreto 333 de 2021-, que establece que las \u00abacciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento, en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 13 de junio del presente a\u00f1o, por el cual se avoc\u00f3 el conocimiento de la tutela de la referencia y las actuaciones posteriores, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
SEGUNDO: DEVOLVER, de manera inmediata y por intermedio de la Secretar\u00eda de la Sala, las presentes diligencias a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, con el fin de que asuma su conocimiento del asunto, en primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese al accionante y partes vinculadas lo decidido de la forma m\u00e1s expedita. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se sancion\u00f3 a Olga Luc\u00eda Alfonso Lannini en su calidad de Directora de Cortolima con multa equivalente a 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes y a Yovanny Herrera D\u00edaz, Alcalde del Municipio de Flandes, multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin que pueda sancionarse con arresto adicionalmente, por cuanto que con ello se exceder\u00eda la potestad prevista en el art\u00edculo 42 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (ATC2521-2016). <\/p>\n
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