ATC899-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
ATC899-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2020-00085-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Sala el incidente de desacato instaurado por Mar\u00eda Cristina Vargas y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Torres contra la Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes acudieron a esta actuaci\u00f3n porque, en su criterio, el Tribunal incumpli\u00f3 el fallo STC255 de 23 de enero de 2020, mediante el cual esta Sala concedi\u00f3 al amparo reclamado por Gloria Edilma Ochoa Mesa y, en consecuencia, le orden\u00f3 la citada Corporaci\u00f3n que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que sea enterada de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el fallo de 10 de diciembre de 2019, y todos los otros pronunciamientos derivados del mismo y, en su lugar, provea de nuevo sobre la apelaci\u00f3n incoada dentro del compulsivo n\u00ba 2017-551, teniendo en cuenta lo trazado en el ac\u00e1pite considerativo de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Impugnado el anterior pronunciamiento, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral lo confirm\u00f3 en sentencia de 15 de abril de 2020, radicado N\u00ba 88541. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, los aqu\u00ed peticionarios adujeron que, si bien la autoridad incidentada el 25 de agosto de 2020, procedi\u00f3 a proferir una nueva sentencia en el proceso ejecutivo otrora reprochado, en dicho pronunciamiento se limit\u00f3 \u00aba la repetici\u00f3n de la sentencia expedida por el juez de conocimiento en primera instancia\u00bb, por lo que, en su criterio, \u00abno cumpli\u00f3 con la orden del Juez de tutela, debido a que no se\u00f1al\u00f3 la motivaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de su nueva decisi\u00f3n, ni plasm\u00f3 el an\u00e1lisis sobre los asuntos planteados por la accionante, ya que solo procedi\u00f3 a revocar su Sentencia y cambiar totalmente su decisi\u00f3n, sin pasmar la motivaci\u00f3n o explicar el an\u00e1lisis que \u00e9ste hiciera del caso y que fundament\u00f3 no solo la decisi\u00f3n inicial, sino, adem\u00e1s, est\u00e1 \u00faltima decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pidieron, en consecuencia, que se ordene al Tribunal Superior de Medell\u00edn, acatar lo resuelto en la sentencia STC255 de 23 de enero de 2020, revocando el fallo de 25 de agosto de 2020 \u00abo, en su defecto, se imponga la multa y la orden de arresto que est\u00e1n prescritos en la norma\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 3 de junio de 2022 se requiri\u00f3 al Tribunal para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia STC255-2020. <\/p>\n
Dicha Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que, mediante sentencia de 25 de agosto de 2020, atendi\u00f3 con suficiencia lo ordenado por esta Sala en el fallo referido, como prueba remiti\u00f3 copia del mismo. <\/p>\n
Por su parte, Gloria Edilma Ochoa Mesa, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, manifest\u00f3 que el Tribunal cumpli\u00f3 con la sentencia de esta Sala desde el 25 de agosto de 2020, cerr\u00e1ndose con ello la discusi\u00f3n que pretenden plantear los incidentantes, y, afirm\u00f3, que lo que buscan son \u00abexplicaciones tard\u00edas sobre asuntos ya resueltos, (\u2026) concepci\u00f3n [que] afectar\u00eda de manera indefinida la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada\u00bb. Agreg\u00f3 que, los aqu\u00ed reclamantes iniciaron anterior amparo frente al pronunciamiento de la Corporaci\u00f3n incidentada y, esta Sala, en STC5098 de 27 de abril de 2022 neg\u00f3 tal amparo al incumplir con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4. Por no existir pruebas a decretar, pues las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Esta Corte ha establecido que la desobediencia de un fallo de tutela se estructura cuando no es acatado dentro del plazo otorgado sin una justificaci\u00f3n admisible, evidenciando en el competente para asegurar el sometimiento al mismo, una actitud de franca rebeld\u00eda (CSJ, STC 16 abr. 2004, rad. 40266-01; STC 18 dic. 2013, rad. 2013-02454-02 y ATC4828-2014, 21 ag. rad. 2013-00377-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que el \u00abdesacato\u00bb supone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, esto es, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo \u00abrebelde\u00bb (CSJ, ATC 14 sep. 2009, rad. 01417-00 y ATC7627-2017, 15 nov. rad. 2015-02097). <\/p>\n
Igualmente, esta Corte, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que \u00abel desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aqu\u00e9l es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento\u00bb (C.C. Sent. T-763 de 1998)\u00bb (CSJ, citada en ATC882-2021 y STC934-2022 entre otras). <\/p>\n
2. El presente asunto se contrae a determinar si fue incumplido el mandato constitucional impartido por esta Sala en la sentencia STC255-2020, confirmada en sede de impugnaci\u00f3n el 15 de abril de 2020. <\/p>\n
En dicha decisi\u00f3n se concedi\u00f3 el amparo formulado por Gloria Edilma Ochoa Mesa frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo N\u00ba 2017-00551, iniciado por la mencionada accionante contra los ahora incidentantes, Mar\u00eda Cristina y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Torres, herederos determinados de \u00d3scar Alberto Vargas Torres, pues esta Sala evidenci\u00f3 que en el fallo proferido el 10 de diciembre de 2019 por el ad quem, mediante el cual se confirm\u00f3 el de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n, dados los intereses excesivos que pagaron los demandados, los cuales \u00abcompensaban\u00bb lo adeudado e incluso dejaban como deudor a la ejecutante, no se hab\u00edan definido aspectos relevantes, alegados en la apelaci\u00f3n y consistentes, particularmente en: <\/p>\n
\u00abi) la imposibilidad de realizar, oficiosamente, la compensaci\u00f3n de obligaciones; ii) la inaplicabilidad de los l\u00edmites impuestos por el preanotado art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, cuando ha mediado el pacto de los contratantes en la fijaci\u00f3n del \u201cinter\u00e9s\u201d remuneratorio; y iii) la ejecuci\u00f3n voluntaria del se\u00f1alado pacto por parte del obligado \u00d3scar Alberto Vargas Torres, hasta su deceso, todas cuestiones expuestas por la recurrente al formular la alzada\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se le orden\u00f3 al Tribunal Superior de Medell\u00edn, que dejara sin efecto la mencionada sentencia de 10 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, procediera a dictar otra resolviendo sobre las cuestiones anotadas. <\/p>\n
Para acatar el mandato, la mencionada Corporaci\u00f3n, procedi\u00f3 el 25 de agosto de 2020, a proferir en audiencia un nuevo fallo revocando el de primera instancia para, en su lugar, negar las excepciones de los ejecutados y disponer la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Para adoptar esa decisi\u00f3n, puso de presente lo definido por esta Sala en la sentencia de tutela STC255-2020 y, en punto a los temas sobre los que se le indic\u00f3 que deb\u00eda proveer, comenz\u00f3 por explicar que en el asunto ejecutivo censurado los demandados, en calidad de herederos de \u00d3scar Alberto Vargas Torres, invocaron las excepciones de pago total de la obligaci\u00f3n, enriquecimiento sin justa causa, cobro de lo no debido, mala fe, se\u00f1alando que el mutuo celebrado por la ejecutante y Vargas Torres fue por la suma de $120.000.000, garantizado con una letra de cambio suscrita el 21 de junio de 2006 y con vencimiento para el 30 de septiembre de 2016, adem\u00e1s, que se pactaron intereses de $2.760.000, por lo que se realizaron pagos mensuales por ese valor hasta el 21 de mayo de 2017 y, por tanto, de acuerdo con los obligados, quedaba acreditado que hasta esa fecha no s\u00f3lo se hab\u00eda sufragado el capital, sino $208.440.000 adicionales lo cual constitu\u00eda un enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
Frente a lo anterior, el Tribunal indic\u00f3 que de acuerdo con las declaraciones de la demandante y de algunos testigos, se conclu\u00eda la existencia del mutuo en los t\u00e9rminos indicados y que los ejecutados s\u00ed hab\u00edan pagado los r\u00e9ditos mencionados, m\u00e1xime si se contaba con comprobantes de egresos, cheques y formatos de transacci\u00f3n obrantes en el proceso, de los que se conclu\u00edan las erogaciones referidas por aqu\u00e9llos. A\u00f1adi\u00f3 que los intereses pagados respond\u00edan al 2.3% sobre el capital, porcentaje expresamente acordado en el texto del t\u00edtulo valor. <\/p>\n
Por lo expresado, concluy\u00f3 que las excepciones de los demandados no estaban llamadas a prosperar, pues s\u00f3lo se prob\u00f3 que los pagos realizados correspond\u00edan a los intereses pactados, m\u00e1s no al capital. Sobre esto \u00faltimo, adem\u00e1s de exponer que se estaba ante un acto de car\u00e1cter mercantil, reiter\u00f3 que el inter\u00e9s se plasm\u00f3 en el titulo valor con el consentimiento de quien se oblig\u00f3 cambiariamente, adem\u00e1s, este \u00faltimo realiz\u00f3 varios pagos en vida con el valor convenido y, luego, comenzaron a hacerlo sus herederos durante alg\u00fan per\u00edodo. <\/p>\n
Finalmente, anot\u00f3 que como los demandados no alegaron el pago de intereses por encima de los l\u00edmites legalmente establecidos y tampoco solicitaron su reducci\u00f3n o p\u00e9rdida, oficiosamente no era posible proceder a tal examen ni a disponer la declaratoria de su p\u00e9rdida y devoluci\u00f3n como lo orden\u00f3 la sentencia de primer grado, a\u00fan m\u00e1s si en cuenta se tiene que el inter\u00e9s pactado, consta en el t\u00edtulo valor con el consentimiento del obligado y, despu\u00e9s, de sus herederos. <\/p>\n
3. En suma el incidentado, no incurri\u00f3 en desacato pues, se pronunci\u00f3 sobre las cuestiones que hab\u00eda omitido inicialmente, se\u00f1alando que no le era posible realizar compensaciones, tampoco, desconocer el pacto de los involucrados e imponer la p\u00e9rdida y devoluci\u00f3n de intereses pagados en exceso, cuando tales asuntos no fueron materia de las excepciones planteadas. <\/p>\n
Por tanto, con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada se encuentra que el Tribunal cumpli\u00f3 enteramente con lo ordenado por esta Sala en la sentencia STC255 de 23 de enero de 2020, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que esa decisi\u00f3n cobr\u00f3 firmeza y no fue materia de ning\u00fan reproche oportuno por parte de los aqu\u00ed incidentantes, incluso, se observa que en pasada ocasi\u00f3n interpusieron un amparo constitucional y esta Sala en STC5098 de 27 de abril de 2022 lo neg\u00f3 por improcedente al incumplir el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, al no observarse desobedecimiento de la Corporaci\u00f3n reprochada, resulta improcedente aplicar sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: ABSTENERSE de imponer las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrar que la sentencia de tutela expedida por esta Corporaci\u00f3n STC255-2020, ha sido acatada. <\/p>\n
SEGUNDO: Se dispone la terminaci\u00f3n y archivo de las presentes diligencias. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto a las partes e interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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