ATC905-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC905-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00238-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime el incidente de desacato promovido por Mar\u00eda Elida de Pedraza contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 9 de febrero del a\u00f1o que avanza (CSJ STC1230-2022) la Sala ampar\u00f3 los derechos de Mar\u00eda Elida de Pedraza y, en consecuencia, dej\u00f3 sin efectos el ordinal segundo de la sentencia calendada el 11 de noviembre de 2021, emitida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 68081312100120160010001, \u00fanicamente en lo referente al no reconociendo de derechos de segundos ocupantes, y, en su lugar, se orden\u00f3 al Tribunal accionado que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, procediera a emitir sentencia complementaria en la que se pronuncie sobre el reconocimiento o no de los derechos de los segundos ocupantes, conforme a los lineamientos expuestos en este fallo; desenlace que fue confirmado en segunda instancia (STL3923-2022, 23 marzo). <\/p>\n
2. Mar\u00eda Elida de Pedraza instaur\u00f3 incidente de desacato porque si bien la autoridad judicial accionada, con el fin de dar cumplimiento a la orden constitucional, emiti\u00f3 la providencia 006 (23 febrero 2022), lo cierto es que volvi\u00f3 a incurrir en falta de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, toda vez que no le reconoci\u00f3 a ella, ni a su n\u00facleo familiar, la calidad de segundos ocupantes. <\/p>\n
3. Surtido el requerimiento previo y el tr\u00e1mite de rigor del incidente de desacato, el Tribunal afirm\u00f3 que mediante providencia del 23 de febrero de 2022 dio cumplimiento a la orden de tutela; sin embargo, la incidentante insisti\u00f3 en que no se ha cumplido el mandato, toda vez que la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta no la reconoci\u00f3 como segunda ocupante, lo que, a su juicio, fue parte de la orden emitida por esta Sala. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desacato se instituy\u00f3 como un instrumento jur\u00eddico complementario a la tutela, dirigido al particular objetivo de sancionar a quien no acate lo resuelto en aqu\u00e9l; como quiera que constituye un acicate que contribuye a la ejecuci\u00f3n de la sentencia, redundando as\u00ed en la completa y efectiva operatividad de las garant\u00edas esenciales del agraviado. <\/p>\n
Por ello, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3 que: <\/p>\n
[l]a persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. (\u2026) La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para la Sala es claro que en este asunto no est\u00e1n dados los presupuestos para aplicar sanci\u00f3n alguna, esencialmente porque la autoridad judicial accionada, a trav\u00e9s de la providencia calendada el 23 de febrero de 2022, atendi\u00f3 la orden constitucional. En efecto, el amparo de los derechos de Mar\u00eda Elida de Pedraza surgi\u00f3 en raz\u00f3n a que la Magistratura referida, al decidir el proceso de restituci\u00f3n de tierras, valor\u00f3 la situaci\u00f3n de su difunto esposo Santos Pedraza y no la de ella. Es decir que, contrario a lo planteado por la incidentante, la orden no implicaba que necesariamente se reconocieran sus derechos como segunda ocupante, sino que se estudiara si hab\u00eda lugar a efectuar o no dicho reconocimiento. <\/p>\n
Para tal fin, la Magistratura estudi\u00f3 lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 de 2016 y partir de los postulados all\u00ed consignados analiz\u00f3 la situaci\u00f3n particular de la actora. Al respecto destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Es menester tener en principal consideraci\u00f3n, que la primera condici\u00f3n que fij\u00f3 la H. Corte Constitucional para el efecto de reconocer si alguien califica o no como segundo ocupante con derecho a \u201cmedidas de atenci\u00f3n\u201d, y en eso vale el repunte, es que no hubiera participado directa o indirectamente del despojo o que no se hubiera lucrado indebidamente del mismo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Todo lo cual, y por las razones que luego se dir\u00e1n, viene muy a prop\u00f3sito para este caso, sobre todo, porque de ver con rigor cuanto <\/p>\n
sucede respecto del ahora fallecido SANTOS PEDRAZA y quien fuera el que en su momento negociare rectamente el predio con los ac\u00e1 reclamantes de tierras, se vislumbra sin duda que a la postre se trat\u00f3 de un aprovechamiento \u201cdirecto\u201d -y si se quiere decir as\u00ed, indirecto de sus familiares incluyendo entre ellos su viuda MAR\u00cdA \u00c9LIDA-; pues tal cual se advirti\u00f3 desde un comienzo al analizar lo concerniente con la tambi\u00e9n alegada buena fe exenta de culpa (que qued\u00f3 descartada de plano), el ac\u00e1 \u201ccomprador\u201d, con pleno conocimiento de causa, no s\u00f3lo estaba al tanto del grado de vulnerabilidad y necesidad de los reclamantes para el momento de la venta as\u00ed como de los puntuales hechos victimizantes concretos padecidos por ellos (la muerte de VALERIO LOBO y el robo de ganado por parte de la guerrilla en el mism\u00edsimo fundo, entre otros) al punto que admiti\u00f3 sin reticencias que \u201c(…) yo creo que los motivos para esa gente de despojarse as\u00ed (…) para Aguachica y no solamente ellos sino otras familias m\u00e1s, por miedo, porque por ah\u00ed despu\u00e9s de que pas\u00f3 lo que pas\u00f3 no volvi\u00f3 a pasar m\u00e1s nada (\u2026)\u201d sino, sobre todo, que obtuvo claro provecho de la dif\u00edcil situaci\u00f3n de aquellos merced al conflicto. <\/p>\n
Tal puede f\u00e1cilmente evidenciarse, por ejemplo, al examinar con poco m\u00e1s detalle las circunstancias de tiempo y modo en que ocurri\u00f3 esa negociaci\u00f3n celebrada el 23 de septiembre de 200215; entre otras cosas parando mientes en que el dicho pacto se forj\u00f3 cuando hab\u00eda sucedido poco m\u00e1s de un a\u00f1o desde el previo desplazamiento de los reclamantes (el terreno por lo mismo estaba solo para entonces); que por ese dejado predio se pag\u00f3 apenas la suma de $28.000.000.oo cuando su aval\u00fao comercial, para esa misma \u00e9poca, seg\u00fan se indic\u00f3 en el informe t\u00e9cnico aportado al expediente, rondaba la suma de $186.093.058,3616 e incluso, por si fuere poco, atendiendo la singular forma en que al final se termin\u00f3 haciendo el dicho pago, esto es, a cuotas p\u00edrricas y en un plazo inusitadamente largo. Ni c\u00f3mo obviar que aparece que fue el adquirente, que no los vendedores, quien impuso esas tan desventajosas \u201ccondiciones\u201d contractuales. <\/p>\n
Traduce que la negociaci\u00f3n fue lograda por el comprador SANTOS y de rebote su familia, estando realmente enterado -y de primera mano- sobre lo concretamente ocurrido a los miembros de la familia LOBO LE\u00d3N y adem\u00e1s en unas particulares circunstancias que m\u00e1s bien relievan que, aunque ciertamente no participaron de los episodios de violencia que provocaron ese desplazamiento, de todos modos y a la postre, s\u00ed se gestaron apuntando a un beneficio injusto por dem\u00e1s- a partir de esos lamentables hechos sufridos por ellos. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el Tribunal analiz\u00f3 la situaci\u00f3n particular de Mar\u00eda Elida de Pedraza y su n\u00facleo familiar, y, a la luz de las probanzas obrantes en el expediente, concluy\u00f3 que no pod\u00edan ser reconocidos como segundos ocupantes en raz\u00f3n a que cuando adquirieron el predio objeto de restituci\u00f3n, sab\u00edan que fue el desplazamiento de los reclamantes lo que dio lugar al bajo precio del bien que habitan, lo que conllev\u00f3 un aprovechamiento de la situaci\u00f3n violenta. T\u00e9ngase en cuenta que dichos raciocinios no escapan a las reglas previstas en la sentencia C-330 de 2016 que consagra las reglas para el reconocimiento de los segundos ocupantes, lo que permite afirmar que el fallo de tutela fue cumplido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no observarse desobedecimiento o rebeld\u00eda de la autoridad reprochada, resulta improcedente irrogar castigo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrar que el fallo de esta Sala de 11 de noviembre de 2021 fue acatado. En consecuencia, se ordena la terminaci\u00f3n y archivo de las presentes diligencias. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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