ATC915-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC915-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00897-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Sacramento G\u00f3mez G\u00f3mez, Juan de Jes\u00fas Mar\u00edn, Jaime Mahecha Aldana, \u00c1ngela Amparo Rinc\u00f3n de Leguizamo y Danilo Barreto R\u00edos le instauraron a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, si no fuera porque se omiti\u00f3 vincular a un tercero con inter\u00e9s legitimo en las resultas del consecutivo reprochado (2015-00687). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que \u00ablas providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, pauta que ratifica el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 306 de 1992, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con el art\u00edculo16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
El juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Por ello, tanto la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica como esta Corte, han hecho \u00e9nfasis \u00aben la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026)\u00bb (destaco adrede, C.C. A-018 de 2005, citado entre otros, ATC047-2021 y ATC208-2021). <\/p>\n
2. En el sub lite, aunque la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la \u00abvinculaci\u00f3n\u00bb al tr\u00e1mite del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP-, por ser la competente para reconocer, reliquidar y pagar pensiones legales, convencionales, sustituciones o pensiones de cualquier naturaleza relacionadas con las entidades del distrito liquidadas acorde con lo establecido en los Acuerdos 257 de 2006, 445 de 2015, 629 de 2016, 212 de 2018 y 838 de 2018, como lo es la extinta Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas -SOP-, quien fungi\u00f3 como empleadora de los demandantes en el juicio laboral n\u00b0 2015-00687, el a quo no dispuso su citaci\u00f3n, siendo evidente y necesaria su participaci\u00f3n, por asistirle \u00abinter\u00e9s\u00bb en lo que se decida en el mentado asunto. <\/p>\n
Ahora, aunque la juzgadora primaria excus\u00f3 la falta de ese aviso, aduciendo que \u00abde llegar a prosperar la demanda de tutela, lo pertinente ser\u00eda ordenar un nuevo pronunciamiento judicial, m\u00e1s no adoptar determinaciones relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n a los accionantes\u00bb, para la jurisprudencia constitucional el presupuesto para que se autorice el llamado no radica en la eventual orden de protecci\u00f3n que se d\u00e9 ante el fortuito acogimiento del amparo, sino en el \u00abinter\u00e9s\u00bb que asiste al tercero dada su relaci\u00f3n directa con las pretensiones de la demanda tuitiva. <\/p>\n
Luego, como no se revela la \u00abvinculaci\u00f3n\u00bb de la prenombrada entidad a efectos de garantizarle el ejercicio del derecho de defensa, cuando ten\u00eda que ser debidamente avisada e integrada a este instrumento especial\u00edsimo, a fin de que se pronunciara sobre los supuestos de hecho y pet\u00edtum, es ineludible que se rehaga el rito. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, dado el particular \u00abinter\u00e9s\u00bb que concurre al se\u00f1alado fondo como el responsable del \u00abreconocimiento y pago\u00bb de la prestaci\u00f3n convencional deprecada por los promotores, se impone invalidar lo diligenciado, para que la Sala de origen restablezca sus prerrogativas y dicte una nueva determinaci\u00f3n con su llamamiento. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, <\/p>\n
\u00abNo obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u2018se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u2019 (Corte Constitucional. Auto 257 de 1996)\u00bb (ATC4548-2018, citada en ATC975-2021 y ATC069-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo rituado en el auxilio de la referencia, a fin de vincular al Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones -FONCEP-, como garante de la pensi\u00f3n colectiva rogada por los accionantes en el litigio materia de controversia y, se adelanten las diligencias encaminadas a su efectiva notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 renovarse con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que adopte las medidas que estime necesarias a fin de rehacer el procedimiento. <\/p>\n
Tercero: Ent\u00e9rese de lo resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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