ATC941-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC941-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00350-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Faruk Urrutia Jalilie, como \u00abrepresentante legal y agente liquidador de la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada – Comparta EPS-S\u00bb, frente al fallo dictado el 26 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra el Banco de Occidente; si no fuera porque la Corte observa un error en el reparto que conllev\u00f3 a que en el curso de la primera instancia se incurriera en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como de los principios de \u00ablegalidad y seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por el Banco encausado por no acceder a su solicitud de levantamiento de cautelas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al \u00abBanco de Occidente, levantar de manera inmediata las medidas cautelares decretadas y practicadas\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de sus pretensiones manifest\u00f3 que: <\/p>\n
2.1. El 26 de julio de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar a Comparta EPS-S, tr\u00e1mite en el cual se le design\u00f3 como agente liquidador; con ocasi\u00f3n de ello, el 23 de noviembre siguiente, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla suspendi\u00f3 el juicio ejecutivo incoado por la IPS Medicina en Casa SAS contra Comparta EPS-S, en el que se embargaron los dineros que \u00e9sta ten\u00eda en una cuenta del Banco de Occidente, y dej\u00f3 \u00aba disposici\u00f3n del agente liquidador las medidas cautelares decretadas y practicadas\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 22 de abril de 2022, \u00aben calidad de Juez del concurso (sic)\u00bb, pidi\u00f3 a ese Banco levantar las cautelas pero el 9 de mayo posterior, \u00abdesconociendo el procedimiento y la normatividad aplicable para el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, dicha entidad le indic\u00f3 que para atender tal solicitud deb\u00eda proporcionar los oficios mediante los cuales el Juzgado dispuso el desembargo; proceder con el que, considera el reclamante, se le obliga \u00aba lo imposible, ignorando que el juez ordinario del proceso ejecutivo perdi\u00f3 la competencia para seguir conociendo del mismo, una vez decret[\u00f3] [su] suspensi\u00f3n\u2026 y remiti\u00f3 el expediente al agente liquidador\u00bb, \u00faltimo que, adujo, \u00abest[\u00e1] facultado para ordenar el levantamiento, por tanto, con dicha actuaci\u00f3n se generan dilaciones injustificadas en la resoluci\u00f3n de lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
3. La demanda de amparo inicialmente se asign\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, quien con prove\u00eddo de 13 de mayo de 2022, aduciendo aplicar el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021-, dispuso remitirla al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por considerar carecer de competencia para tramitarla \u00abal descartarse que la violaci\u00f3n o amenaza que motiva la solicitud, as\u00ed como los efectos que producen la alegada infracci\u00f3n de derechos sean ocurridos en esta ciudad\u00bb, porque \u00absi bien la accionante impetra la acci\u00f3n de forma exclusiva contra el BANCO DE OCCIDENTE, el cual ostenta la condici\u00f3n de particular[,] cierto es que conforme a los derechos fundamentales que se alegan como conculcados (debido proceso, legalidad y seguridad jur\u00eddica) y a los hechos relatados (segundo, quinto, sexto, s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo) se advierte que la presunta vulneraci\u00f3n\u2026 est\u00e1 asociada o derivada del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
4. Luego, el asunto se reasign\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, quien la admiti\u00f3 y en el fallo de instancia deneg\u00f3 el amparo por la no vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas porque no existe \u00abprueba de alguna decisi\u00f3n proveniente del juez del concurso referente al levantamiento de las medidas cautelares, ni de su comunicaci\u00f3n a[l]\u2026 Banco de Occidente\u00bb. <\/p>\n
5. El accionante impugn\u00f3 esa providencia insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aqu\u00e9lla para tramitarla en primer grado, todo lo cual se deriv\u00f3 del error en que incurri\u00f3 el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, al que inicialmente le fue repartida la acci\u00f3n, al no admitirla para su respectivo tr\u00e1mite <\/p>\n
En efecto, para el reparto del ruego eran aplicables los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), acorde con el cual, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (se destac\u00f3). <\/p>\n
2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirigi\u00f3, exclusivamente, contra el Banco de Occidente, entidad a la que le reproch\u00f3 el no acceder al levantamiento de la medida cautelar que le pidi\u00f3 el 22 de abril \u00faltimo. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), comoquiera que, como qued\u00f3 visto, en verdad, no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a los sostenido por el Juzgado Municipal al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u00abaparente\u00bb, la vinculaci\u00f3n del mencionado estrado del circuito de la capital atlanticense, al margen de que se le hubiere mencionado en el libelo introductor y que en \u00e9ste se hiciera referencia al derecho al debido proceso, as\u00ed como a los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, en tanto que ello no implica la alteraci\u00f3n del funcionario competente para dirimir la salvaguarda. Sobre el particular, de viaja data se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de la prenotada sede judicial fue \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, se insiste, la queja del actor se dirigi\u00f3, exclusivamente, a cuestionar la respuesta que el 9 de mayo de 2022 el Banco de Occidente dio frente a la petici\u00f3n que le present\u00f3, actuaci\u00f3n que, en manera alguna, le es atribuible al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del precepto 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, a quien le fue inicialmente repartida, por ser el competente para resolverla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 26 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bucaramanga, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
<\/p>\n
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