SC1225-2022 (2012-00102-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC1225-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 68861-31-84-002-2012-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Adriana Camacho G\u00f3mez contra la sentencia de 27 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Fideligno Camacho Silva, Presentaci\u00f3n Camacho de G\u00f3mez, Tilcia Hern\u00e1ndez de Corzo, \u00c1lida Mar\u00eda Camacho Guerrero y Jorge Isaac Camacho Fl\u00f3rez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante, por conducto de apoderado judicial, present\u00f3 demanda de petici\u00f3n de herencia en contra de las personas citadas, para que se declarara que es hija de Primitivo Camacho Silva y, por tanto, ostenta un mejor derecho hereditario que aquellos (herederos de tercer orden), raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 que se les ordenara entregar \u00abla totalidad de los bienes hereditarios\u00bb y los frutos naturales y civiles que hubieren producido. <\/p>\n
2. Como sustento de sus pedimentos adujo que es hija extramatrimonial del mencionado se\u00f1or Camacho Silva, quien falleci\u00f3 el 12 de febrero de 2011 en Bucaramanga, acaecimiento que dio lugar a que los demandados liquidaran la sucesi\u00f3n en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Bucaramanga, adjudicando los bienes mediante las escrituras p\u00fablicas Nos. 1961 y 153 de 28 de diciembre de 2011 y 2 de febrero de 2012, respectivamente, sin que ella haya renunciado voluntariamente a sus derechos o se le hubiese convocado judicialmente para aceptar o repudiar la herencia. <\/p>\n
3. Admitido el libelo introductor, los demandados se opusieron a las pretensiones y, para el efecto excepcionaron \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad de Primitivo Camacho Silva como progenitor de Adriana Camacho G\u00f3mez\u00bb y \u00abno estar obligados a la devoluci\u00f3n de frutos ni las costas y costos de legalizaci\u00f3n por actuar de buena fe\u00bb. Adem\u00e1s, adujeron que la convocante no es hija del causante, y el registro que aquel hiciera reconoci\u00e9ndola como hija extramatrimonial, solo se debi\u00f3 a un favor para \u00absalvarle el matrimonio\u00bb a un amigo. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el 21 de octubre de 2016, el a quo profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 improcedente la primera excepci\u00f3n referida y parcialmente probada la segunda y, como consecuencia de ello, declar\u00f3 a la promotora de la acci\u00f3n como heredera preferente sobre los demandados, a quienes conden\u00f3 a restituirle la totalidad de la herencia, as\u00ed como tambi\u00e9n, los frutos civiles y naturales producidos por los bienes desde la contestaci\u00f3n de la demanda; y la ineficacia del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Contra la anterior decisi\u00f3n, la parte demandada promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado, en fallo emitido el 25 de mayo de 2017, confirm\u00f3 la providencia cuestionada; no obstante, en virtud de la acci\u00f3n de tutela promovida por los demandados, esta Corporaci\u00f3n, mediante decisi\u00f3n de 2 de agosto de la misma anualidad (CSJ STC11369-2017, rad. 2017-01812-00), dispuso dejar sin efecto lo decidido y le orden\u00f3 a dicha autoridad, adoptar \u00ablas medidas necesarias para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN decretada en primera instancia\u00bb, despu\u00e9s de lo cual deb\u00eda proferir una nueva determinaci\u00f3n en que valorara dicha probanza. <\/p>\n
La anotada determinaci\u00f3n constitucional se invalid\u00f3 por indebida integraci\u00f3n del contradictorio (CSJ ATC6171-2017), lo que dio lugar a la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n y al proferimiento de una nueva decisi\u00f3n el 27 de septiembre de 2017 (CSJ STC15352-2017), en id\u00e9ntico sentido y con las mismas \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas en el veredicto anulado. <\/p>\n
En cumplimiento de esa orden, el 27 de febrero de 2018 revoc\u00f3 el pronunciamiento del a quo, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, fundado, en esencia, en que la filiaci\u00f3n de la actora fue desvirtuada a trav\u00e9s de la prueba cient\u00edfica. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. Anotaci\u00f3n preliminar: <\/p>\n
1.1. La demanda presentada por la promotora de la acci\u00f3n se inadmiti\u00f3 por esta Sala en providencia de 23 de julio de 2019 (CSJ AC2894-2019), la cual qued\u00f3 sin efecto en virtud de la decisi\u00f3n emitida en sede de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de abril de 2021 (STP3644-2021, rad. 1131001) que, adem\u00e1s, dispuso acoger el estudio de las censuras planteadas y proferir sentencia que profundizara en el alcance del precepto 219 de la codificaci\u00f3n civil y las consecuencias de la modificaci\u00f3n del registro civil de la demandante. <\/p>\n
A tal conclusi\u00f3n lleg\u00f3, luego de considerar que, pese a la evidencia de los yerros advertidos en el auto objeto de la queja constitucional, lo cierto es que, al existir dos posiciones jur\u00eddicas al interior de la Sala especializada en torno a la interpretaci\u00f3n de la citada norma, era necesaria la admisi\u00f3n del libelo, a fin de unificar el criterio sobre dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada soslay\u00f3 la intromisi\u00f3n del juzgador de segundo grado en el estado civil de hija de la accionante, por cuanto a pesar de que el debate gir\u00f3 en torno de su derecho a heredar los bienes del de cujus, la decisi\u00f3n la despoj\u00f3 del apellido paterno, asunto ajeno a la controversia, de car\u00e1cter netamente patrimonial, lo que ameritaba un pronunciamiento de m\u00e9rito. <\/p>\n
1.2. En cumplimiento de la orden de protecci\u00f3n, el 13 de abril de 2021 se dej\u00f3 sin valor ni efecto el pronunciamiento AC2894 de 23 de julio de 2019, as\u00ed como las actuaciones posteriores y, el 12 de mayo siguiente se admiti\u00f3 la demanda, correspondiendo ahora proferir la respectiva sentencia. <\/p>\n
2. Los ataques propuestos: <\/p>\n
La opugnaci\u00f3n se hizo descansar en cinco embates, uno de los cuales tuvo como basamento la violaci\u00f3n indirecta de un precepto material, resultado de la indebida valoraci\u00f3n de un medio de convicci\u00f3n, y los restantes, se enfilaron por la senda de la transgresi\u00f3n recta de otras disposiciones legales y constitucionales. <\/p>\n
Se abordar\u00e1, en primer t\u00e9rmino, la censura inaugural, por cuanto cuestiona un aspecto cuya definici\u00f3n es presupuesto del an\u00e1lisis de las aristas sustanciales de la controversia, como lo es la competencia del tribunal. Los cargos segundo, cuarto y quinto se conjuntar\u00e1n teniendo en cuenta que integrados conforman un ataque pleno frente a la viabilidad de la excepci\u00f3n fundada en el desconocimiento del nexo filial de la demandante con el fallecido Primitivo Camacho Silva, por lo que su resoluci\u00f3n se servir\u00e1 de unas mismas razones. Seguidamente se analizar\u00e1 el embiste tercero, de alcance parcial, referente a los efectos del reconocimiento paterno y su incidencia en la impugnaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
La transgresi\u00f3n incidi\u00f3 en el desconocimiento de sus garant\u00edas, entre ellas la posibilidad de recurrir en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales ha explicado la Corte, en decantada doctrina, que aquella se estructura \u00abcuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n \u00e9sta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb (CSJ SC 285, 17 nov. 2005, rad. 7567; CSJ SC 15 nov. 2012, rad. 2008-00322-01 y CSJ SC4063-2020, 26 oct., rad. 2011-00635-01). <\/p>\n
En ese orden, el recurrente debe plantear sus acusaciones enfocadas en los preceptos que, en su criterio, fueron objeto de menoscabo, sin que sea admisible enfrentar las consideraciones del juzgador relativas a la valoraci\u00f3n de los instrumentos de cognici\u00f3n, ni aducir deficiencias, irregularidades o anomal\u00edas en que se haya podido incurrir al adelantar el tr\u00e1mite de las instancias. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto en el \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) {T}rabaja con los textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos2. <\/p>\n
En este caso, por tanto, todo se reduce a elucidar pol\u00e9micas de car\u00e1cter sustancial, respecto de la aplicaci\u00f3n de los preceptos que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos, en cuanto a su pertinencia (aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n), y a su interpretaci\u00f3n o alcance (CSJ SC041-2022, 9 feb., rad. 2015-00218-01). <\/p>\n
2. Aunque el censor adujo en el reproche la recta transgresi\u00f3n del mandato 29 de la Carta Magna, la exposici\u00f3n en que se funda la cr\u00edtica deja entrever la denuncia de un vicio de procedimiento, referido a la falta de competencia del tribunal para resolver el reclamo de impugnaci\u00f3n de la paternidad respecto del causante Primitivo Camacho Silva, cuestionamiento que, desde el p\u00f3rtico, se advierte carente de relaci\u00f3n con el motivo seleccionado para derruir la presunciones de legalidad y acierto que revisten a la providencia impugnada. <\/p>\n
2.1. Si lo que pretend\u00eda era invocar la existencia de alguna falencia ritual, es de ver que \u00fanicamente aquellas consagradas en el art\u00edculo 336 del actual estatuto procesal, tienen entidad para ser invocadas en la sede extraordinaria, bien sea porque no est\u00e9 la sentencia \u00aben consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb (num. 3); contenga \u00abdecisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb (num. 4), o se haya dictado \u00aben un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb (num. 5). <\/p>\n
No obstante, la aducida por la discrepante no encuadra en ninguno de esos espec\u00edficos eventos dispuestos por el legislador con criterio taxativo, ni siquiera dentro de aquel vinculado a la existencia de un vicio capaz de ocasionar la anulaci\u00f3n de lo rituado, en todo o en parte, en el juicio. <\/p>\n
La raz\u00f3n del precedente aserto reside en que el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, disposici\u00f3n vigente para la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 la sentencia rebatida, en relaci\u00f3n con la competencia del juzgador, s\u00f3lo consagra como causal de nulidad, la actuaci\u00f3n del funcionario judicial \u00abdespu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, situaci\u00f3n bastante lejana de aquella que el cargo acusa de an\u00f3mala, consistente en que el fallador ad quem habr\u00eda resuelto en primera instancia una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
Se memora que, de acuerdo con el principio de \u00abespecificidad\u00bb, imperante en el r\u00e9gimen de las nulidades adjetivas, el reconocimiento de alg\u00fan evento originador de invalidaci\u00f3n est\u00e1 supeditado a la preexistencia de un mandato normativo que lo contemple como una irregularidad de aquellas con aptitud de abrogar la actuaci\u00f3n procesal. S\u00ed, en cambio, como ocurre en este caso, la normatividad no contempla el descarr\u00edo que se alega, tal supuesto f\u00e1ctico es intrascendente para los efectos deseados por el proponente. <\/p>\n
Al respecto, reiterase que \u00abes indispensable \u2018un texto legal reconociendo la causal, al punto que el proceso s\u00f3lo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales. Por esto, el art\u00edculo 143, inciso 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [actualmente el mismo inciso del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, aclara la Sala], establece que el juez \u2018rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este Cap\u00edtulo\u2019 (CSJ, SC del 1\u00ba de marzo de 2012, Rad. n.\u00b0 2004-00191-01)\u00bb (CSJ, SC 3943-2020, 19 oct., rad. 2006-00150-01, citada en CSJ SC3148-2021, 28 jul., rad. 2014-00403-02). <\/p>\n
2.2. En todo caso, la realidad procesal evidencia que ning\u00fan reparo hab\u00eda que enrostrar al juez plural en torno de la competencia a \u00e9l atribuida, porque, contrario a lo arg\u00fcido en el reparo, aquel no dirimi\u00f3 la controversia en sede de primera instancia, sino en ejercicio del grado funcional, al conocer el recurso de alzada interpuesto por la parte que result\u00f3 vencida en el litigio, contra la sentencia que profiri\u00f3 el juez a quo. <\/p>\n
En efecto, fue el Juzgado Primero Promiscuo del municipio de V\u00e9lez – Santander, la autoridad que provey\u00f3, en la sede inicial del proceso, sobre el medio de defensa aducido por los demandados, que hicieron descansar en la inexistencia del lazo filial reconocido por el extinto causante respecto de la promotora de la litis, excepci\u00f3n de m\u00e9rito a la cual denominaron \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad de Primitivo Camacho Silva como progenitor de Adriana Camacho G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
Al declarar inviable jur\u00eddicamente su formulaci\u00f3n y correspondi\u00e9ndose esa negativa con uno de los reparos expuestos en la apelaci\u00f3n, el tribunal restringi\u00f3 su actuaci\u00f3n a resolver el comentado mecanismo impugnativo, labor cuyo resultado es el ya conocido, que se disputa ante la Corte a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Valga memorar que de acuerdo con el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00ab{l}a apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n
La citada norma consagra el principio \u00abtantum devolutum quantum appellatum\u00bb que, cuando se trata de la apelaci\u00f3n interpuesta por un impugnante \u00fanico, impone la limitaci\u00f3n de las facultades del funcionario ad quem a las recriminaciones expuestas por el discrepante, de modo que la competencia del sentenciador de segundo grado \u00abse encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo\u00bb (CSJ SC 25 nov. 2010, rad. 2000-10687-01, citada en CSJ SC2551-2015, 9 mar., rad. 1998-00607-01). <\/p>\n
2.3. Luego, si al proveer sobre los cuestionamientos formulados por el inconforme con el veredicto del a quo, el tribunal se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con la defensa de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u00bb propuesta por los convocados y defini\u00f3 su suerte, el proceder de la colegiatura am\u00e9n de ajustarse en todo a la preceptiva procedimental, de ninguna manera, comporta o supone el conocimiento en primera instancia del desconocimiento del v\u00ednculo paterno \u2013 filial de la demandante, enarbolado en respuesta a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
3. El embate, por lo discurrido, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se recrimin\u00f3 al fallador el quebranto directo de los preceptos 14, 16, 29, 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 3, 17 y 18 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, y el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 75 de 1968, como consecuencia de haber desatendido que la impugnaci\u00f3n de la paternidad debe tramitarse mediante demanda de reconvenci\u00f3n o de un proceso separado, \u00abcumpliendo las normas procesales establecidas, respetando as\u00ed el debido proceso y el derecho de defensa , y no puede ser decretada como una excepci\u00f3n en un proceso diferente e independiente\u00bb.3 <\/p>\n
En ese orden, al haberse accedido a la defensa propuesta por los demandados, se vulneraron los derechos fundamentales de la hija reconocida que funge como parte demandante en el pleito. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Se enrostr\u00f3 a la determinaci\u00f3n adoptada la transgresi\u00f3n indirecta del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 75 de 1968, derivada de error de hecho en la apreciaci\u00f3n del examen de ADN. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto el \u00abproceso de exhumaci\u00f3n fue concedido para los restos \u00f3seos de Aquileo C\u00e1rdenas Roa\u00bb y no del causante Primitivo Camacho Silva, raz\u00f3n por la cual no existe plena certeza \u00absobre la veracidad de la prueba\u2026 que es el \u00fanico fundamento para la emisi\u00f3n de la sentencia\u2026\u00bb, generando que la demandante \u00abse vea despojada de su nombre, atributo propio de la personalidad, y de los derechos que este le conceden; por una prueba que no es del todo contundente\u00bb.4 <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Apoyada en el primer supuesto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acus\u00f3 a la sentencia de infringir en forma directa las disposiciones 219 del C\u00f3digo Civil; 1, 14, 16 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y, 3, 17 y 18 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos \u00abdebido a que la acci\u00f3n pretendida ha caducado al no haberse interpuesto en el tiempo establecido en la ley\u00bb.5 <\/p>\n
Los herederos de Primitivo Camacho Silva debieron impetrar la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad \u00abdentro de los 140 d\u00edas siguientes a que conocieran de la existencia de este hijo\u2026\u00bb, hecho que ocurri\u00f3 \u00abhace alg\u00fan tiempo como consta en la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026\u00bb.6 Sin embargo, solo se opusieron dos a\u00f1os y cuatro meses despu\u00e9s, mediante la formulaci\u00f3n de un medio exceptivo dentro del juicio de petici\u00f3n de herencia, aunque seg\u00fan el censor, el correcto proceder para elevar tal reclamo es la iniciaci\u00f3n de una causa judicial independiente7. <\/p>\n
Para finalizar reproch\u00f3 que no se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido, con evidente menoscabo del principio de seguridad jur\u00eddica, de ah\u00ed que \u00abaunque se aceptase la impugnaci\u00f3n de la paternidad como excepci\u00f3n, esta fue presentada a destiempo, generando as\u00ed que se encuentre caducada\u00bb.8 <\/p>\n
Como petici\u00f3n especial com\u00fan a los embates, la parte recurrente solicit\u00f3 casar la sentencia impugnada \u00aba\u00fan de oficio\u00bb, porque dicha determinaci\u00f3n atenta contra sus derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por sabido se tiene que el origen de la instituci\u00f3n familiar se encuentra en los albores de la humanidad, cuyas transformaciones han estado ligadas a los desarrollos sociales, culturales, econ\u00f3micos, pol\u00edticos y religiosos de los pueblos. <\/p>\n
El t\u00e9rmino familia deviene del lat\u00edn famulus, haciendo referencia a un grupo de sirvientes o esclavos pertenecientes a la casa de un amo; concepto que evolucion\u00f3 para incluir a la mujer y los hijos, en lo que se conoci\u00f3 como la \u00abfamilia agnaticia\u00bb, cuya caracter\u00edstica esencial era el sometimiento de todos sus integrantes a la autoridad absoluta del \u00abpater familias\u00bb, y con el correr del tiempo a dicho concepto se le han dado diversas acepciones. <\/p>\n
1.1. Es as\u00ed que Planiol y Ripert recordaban que \u00aben un sentido amplio, la familia es el conjunto de personas que est\u00e1n unidas por el matrimonio, o por la filiaci\u00f3n, y tambi\u00e9n, pero excepcionalmente, por la adopci\u00f3n. Esta palabra designa tambi\u00e9n, en un sentido m\u00e1s limitado, a los miembros de la familia que viven bajo un mismo techo, sujetos a la direcci\u00f3n y con los recursos del jefe de la casa. Era este el sentido primitivo de la palabra latina \u00abfamilia\u00bb, que designaba especialmente la casa y que a\u00fan se encuentra en las expresiones francesas: \u00abvida de familia, hogar de familia\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con esto, algunos autores coinciden en se\u00f1alar que la familia corresponde a aquel grupo de personas vinculadas entre s\u00ed a causa de sus lazos de parentesco o su calidad de c\u00f3nyuges, acept\u00e1ndose, incluso, diversos modelos en su forma de constituci\u00f3n. <\/p>\n
Pese a esto, a lo largo de la historia ha sido muy variada la normativa encaminada a regular esas relaciones de familia, que en todo caso recogen los inocultables cambios sociales, culturales y religiosos que se han presentado, con miras a definir las diversas situaciones y los conflictos que con ocasi\u00f3n a ellos surgen. <\/p>\n
1.2. La declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas represent\u00f3 un avance significativo en direcci\u00f3n al reconocimiento de la instituci\u00f3n familiar al prever en su art\u00edculo 16 que \u00abLa familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado\u00bb. <\/p>\n
En nuestro pa\u00eds, ese resguardo del n\u00facleo b\u00e1sico de la sociedad se ha desarrollado de manera segmentada, pues ha ido alcanzando a cada uno de sus miembros individualmente considerados, hasta llegar a un amparo integral. <\/p>\n
Alineadas con ese prop\u00f3sito, se pueden referir, entre otras, la ley 28 de 1932, que elimin\u00f3 la potestad marital y reconoci\u00f3 la plena capacidad de la mujer casada, permitiendo que \u00e9sta pueda disponer y administrar libremente de su patrimonio; la ley 20 de 1974, que autoriz\u00f3 la posibilidad de contraer matrimonio civil; el decreto 2820 de 1974, que consagr\u00f3 la igualdad en todos los derechos matrimoniales de los c\u00f3nyuges, eliminando lo concerniente a la obediencia de la mujer al marido. <\/p>\n
1.3. En cuanto a los hijos, la codificaci\u00f3n civil tra\u00eda precisas diferencias entre la prole, al distinguir entre hijos leg\u00edtimos, legitimados, naturales (adulterinos o incestuosos) o espurios (de da\u00f1ado y punible ayuntamiento), contemplando respecto de cada tipolog\u00eda restricciones o reconocimiento en el ejercicio de derechos, al punto de contemplar la presunci\u00f3n de paternidad del descendiente leg\u00edtimo por el solo hecho de nacer en vigencia del matrimonio o autorizar a los padres a legitimar a aquellos concebidos con antelaci\u00f3n a las nupcias, pero nacidos en vigencia de estas, pero impedir que el extramatrimonial pudiera reclamar en juicio la declaraci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
Al respecto, mem\u00f3rese que, como de anta\u00f1o, lo explic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Calcado nuestro C\u00f3digo Civil en el proyecto primitivo de don Andr\u00e9s Bello, todo su ordenamiento fue inspirado en el C\u00f3digo de Napole\u00f3n, la legislaci\u00f3n can\u00f3nica y el antiguo derecho espa\u00f1ol. Bajo tales influencias dividi\u00f3 la progenie en dos clases: hijos leg\u00edtimos e ileg\u00edtimos, y dentro de \u00e9stos los de da\u00f1ado y punible ayuntamiento, los naturales (ileg\u00edtimos reconocidos) y los simples ileg\u00edtimos. Eran hijos naturales los nacidos fuera del matrimonio, pero reconocidos por sus padres o por uno de ellos, reconocimiento que deb\u00eda hacerse por instrumento p\u00fablico entre vivos o por acto testamentario (Art\u00edculo 318 del C.C. derogado por el art\u00edculo 65 de la L. 153 de 1887) (CSJ SC 26 abr. 1940, G.J. T. XLIX p.249-268). <\/p>\n
De suerte que, al entrar en vigencia la ley 153 de 1887, el ordenamiento colombiano \u00abadopt\u00f3 este nuevo estatuto el sistema del C\u00f3digo franc\u00e9s, consagrando que el reconocimiento era un acto libre y voluntario del padre o de la madre que reconoce; lo que equivale a prohibir impl\u00edcitamente la investigaci\u00f3n de la paternidad en las uniones ilegales. Cuando el reconocimiento proven\u00eda de un acto voluntario, deb\u00eda hacerse por instrumento p\u00fablico o por acto testamentario; deb\u00eda ser aceptado o repudiado por el hijo; pod\u00eda ser impugnado por toda persona que probara tener inter\u00e9s actual en ello; y tampoco deb\u00eda producir otros efectos que los de cuidar responsablemente a los hijos naturales y atender a los gastos de su crianza y alimentaci\u00f3n, incluidos los de la ense\u00f1anza primaria y el aprendizaje de una profesi\u00f3n u oficio (art\u00edculo 54 a 59, 61 y 62 de L. 153 de 1887) [\u00eddem]. <\/p>\n
1.4. La ley 45 de 1936 elimin\u00f3, en gran medida, la desigualdad existente entre hijos leg\u00edtimos y extramatrimoniales, pues aboli\u00f3 \u00ablas distinciones existentes entre hijos de da\u00f1ado ayuntamiento, naturales o simplemente ileg\u00edtimos, consider\u00e1ndose gen\u00e9ricamente como naturales los habidos fuera de matrimonio, cuando hayan sido reconocidos o declarados tales con arreglo a las normas de la misma ley\u00bb [ibidem], pero sin alcanzar un equilibrio absoluto entre estos, dado que habilit\u00f3 la posibilidad de reclamar judicialmente el reconocimiento, normativa que vino a ser modificada por la ley 75 de 1968, y finalmente la ley 29 de 1982 igual\u00f3 los derechos de los hijos. <\/p>\n
1.5. Posteriormente, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 trajo importantes y progresistas contribuciones, tanto en relaci\u00f3n con la familia, como con la descendencia directa, al admitir la posibilidad de que se pueda constituir la primera \u00abpor v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u00bb, imponer que este tipo de relaciones \u00abse basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto rec\u00edproco entre todos sus integrantes\u00bb, y establecer que \u00ab{L}os hijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentar\u00e1 la progenitura responsable\u00bb (art\u00edculo 42). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La filiaci\u00f3n es, entonces, el v\u00ednculo jur\u00eddico en virtud del cual a una persona se le tiene como madre o padre de otra, en raz\u00f3n del parentesco que bien puede tener origen biol\u00f3gico o no. De este ligamen nace para ambos extremos una serie de derechos y de obligaciones. <\/p>\n
La filiaci\u00f3n, a su vez, hace parte del estado civil, el cual se identifica con la situaci\u00f3n de la persona en la familia y en la sociedad, como as\u00ed lo establece el art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1260 de 1970 y \u00abdetermina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u00bb (ibidem); por ello se le atribuyen las caracter\u00edsticas de indivisibilidad, indisponibilidad e imprescriptibilidad. Adem\u00e1s, su asignaci\u00f3n corresponde a la ley y deriva de \u00ablos hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificaci\u00f3n legal de ellos (art\u00edculo 2). <\/p>\n
Como lo reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 14, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en el canon 16 y la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos en su precepto 3\u00b0, el estado civil es uno de los atributos innatos del reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, el cual se ha catalogado como el medio por el cual se reconoce la existencia a la persona humana dentro del ordenamiento jur\u00eddico. Por eso, su connotaci\u00f3n de \u00abderecho fundamental y presupuesto esencial de la consagraci\u00f3n y efectividad del sistema de derechos y garant\u00edas contemplado en la Constituci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s de lo cual \u00absu materialidad conlleva a los atributos propios de la persona humana\u00bb y \u00abes propio de los sujetos de derecho en el ordenamiento jur\u00eddico constitucional\u00bb (CC, T-241-18, 26 jun., rad. T-6.336.143, T-6.372.754, T-6501652, T- 6501732, T-6501766, T-6501767 y T-6625185 acumulados). <\/p>\n
<\/p>\n
Por tratarse de una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico, sufre afectaci\u00f3n al \u00abnegarse el derecho a conocer la verdadera identidad del origen biol\u00f3gico o verdad de procedencia gen\u00e9tica de la persona, derecho fundamental indisociable del sujeto, inherente a su personalidad jur\u00eddica, integrante de los principios o valores esenciales de los derechos humanos\u00bb (CSJ SC, 8 nov. 2011, rad. 2009-002019-00), de ah\u00ed que para su protecci\u00f3n se hayan consagrado por el legislador las \u00abacciones de estado\u00bb. <\/p>\n
En el marco de las acciones de reclamaci\u00f3n como subcategor\u00eda de la precedente, el objeto perseguido es la declaraci\u00f3n de la existencia del parentesco, en tanto las de impugnaci\u00f3n buscan remover el estado civil de hijo de la persona que pasa por tal sin serlo, refutando la realidad de la progenitura. <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n de la paternidad y de la maternidad, las personas habilitadas por la ley y dentro de la oportunidad conferida, pueden obtener la remoci\u00f3n del estado civil de hijo por falta de correspondencia de \u00e9ste con su filiaci\u00f3n real. <\/p>\n
Su procedencia se halla circunscrita a los siguientes eventos: <\/p>\n
ii) Derruir la presunci\u00f3n respecto de los hijos nacidos \u00abdespu\u00e9s de expirados los ciento ochenta d\u00edas subsiguientes al matrimonio\u00bb o \u00abdesde cuando se acredite el inicio de la convivencia entre los padres\u00bb si se trata de uni\u00f3n marital de hecho (CC, C-131-18, 28 nov., rad. D-12134), consistente en que fueron concebidos en el v\u00ednculo y tienen por padres a los c\u00f3nyuges o a los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
iii) Refutar el reconocimiento del hijo extramatrimonial o no concebido dentro de una uni\u00f3n marital de hecho, si lo que se persigue es desconocer la manifestaci\u00f3n voluntaria realizada por quien acept\u00f3 la paternidad, o en los eventos de falso alumbramiento o suplantaci\u00f3n del pretendido descendiente directo por el verdadero. <\/p>\n
2.2. Es preciso recordar que el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo X de la codificaci\u00f3n civil, en su redacci\u00f3n original, regulaba todo lo referente a los \u00abHIJOS LEG\u00cdTIMOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO\u00bb, estableciendo, de entrada, las presunciones de filiaci\u00f3n materna y paterna. <\/p>\n
La primera, pensada como un evento propio de la \u00abnaturaleza misma de las cosas\u00bb (CSJ SC 31 jul. 1936, G.J. T.XLIV p. 100-107), que surg\u00eda por la prueba directa y absoluta del alumbramiento. Ya desde el derecho romano se consideraba que la maternidad no se pon\u00eda en tela de juicio, pues bien lo dictaban los aforismos \u00abUbi nuptiae non sunt, pater est incertus; mater vero Semper est certa\u00bb -En donde no hay matrimonio leg\u00edtimo el padre es incierto, pero la madre siempre es cierta-9 y \u00abMulier familiae suae, et caput, et finis est\u00bb -La mujer es el comienzo y el t\u00e9rmino de su propia familia10. <\/p>\n
La otra, la de la paternidad, que no pod\u00eda derivarse de un hecho directo, estaba basada en la presunci\u00f3n contemplada en el canon 214 ibidem, el cual estatu\u00eda que el \u00abhijo que nace despu\u00e9s de expirados los ciento ochenta d\u00edas subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en \u00e9l y tiene por padre al marido\u00bb. <\/p>\n
Esta \u00faltima premisa, a su vez, se apoyaba en las hip\u00f3tesis de que, en primer lugar, la mujer cohabitaba con su c\u00f3nyuge, por ende, sosten\u00edan relaciones sexuales y; de otra parte, que la esposa deb\u00eda serle fiel a su marido (CSJ SC 31 jul. 1936, G.J. T.XLIV p. 100-107), de ah\u00ed que, \u00absi la mujer, luego de vincularse en matrimonio, soportaba, por disposici\u00f3n legal, social y moral, la obligaci\u00f3n de fidelidad y de cohabitaci\u00f3n, de suyo emerg\u00eda, de manera presunta, que no hab\u00eda podido tener relaciones con otros hombres, pues una y otra condici\u00f3n as\u00ed se lo impon\u00edan; luego, por raz\u00f3n de ese juicio l\u00f3gico, deb\u00eda concluirse que el hijo nacido de esa mujer, casada como era y concebido dentro del matrimonio, era descendiente del marido\u00bb (CSJ SC 21 may. 2010, rad. 2004-00072-01). <\/p>\n
Expresado lo anterior, en otros t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) {E}l parto dice que la mujer es la madre, pero no dice jam\u00e1s con la misma evidencia qui\u00e9n es el padre. D\u00e9bese ello a que la paternidad no la determina el nacimiento sino un hecho anterior, o sea la concepci\u00f3n. \u00c9sta implica siempre la participaci\u00f3n de un hombre consciente de haber cohabitado con una mujer y ser la concepci\u00f3n efecto de la cohabitaci\u00f3n. En esto consiste la paternidad. Cuando se dice que un hombre es el padre de tal hijo quien a la postre se le est\u00e1 imputando una cohabitaci\u00f3n con la madre que produjo la concepci\u00f3n. <\/p>\n
Bien, el hecho en la cohabitaci\u00f3n, como su resultado inmediato o sea la concepci\u00f3n (pre\u00f1ez de la madre) no se pueden [de]terminar por medios directos; Son hechos ocultos que escapan de la observaci\u00f3n. Por este motivo la ley se ve obligada a recurrir a una serie de presunciones escalonadas y cuyo alcance general es este: a) la cohabitaci\u00f3n de un hombre con una mujer y la concepci\u00f3n en situ se presumen; son hechos que necesariamente se realizaron cuando se verifica un nacimiento; lo que se presume es el hombre con quien cohabit\u00f3 la mujer en el tiempo durante el cual se presume la concepci\u00f3n; b) son presunciones relativas que admiten prueba en contrario. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El fundamento de esta presunci\u00f3n es claro. La ley impone a las mujeres casadas la obligaci\u00f3n de fidelidad; en virtud de tal obligaci\u00f3n s\u00f3lo pueden cohabitar con sus maridos. Debe observarse que la ley no s\u00f3lo se limita a imponer una obligaci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, presume que el obligado la cumple. <\/p>\n
Es lo mismo decir que se presume la fidelidad de la mujer a su marido, que presumir la cohabitaci\u00f3n del marido con la mujer; Son diferentes maneras de expresar una misma e id\u00e9ntica situaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC 20 feb. 1958, G.J. T.LXXXVII). <\/p>\n
2.3. En la actualidad, el art\u00edculo 213 del memorado compendio, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1060 de 2006, mantiene vigente la presunci\u00f3n de paternidad del hijo nacido y\/o concebido en el marco de un v\u00ednculo matrimonial o de una uni\u00f3n marital de hecho, ya no por raz\u00f3n del deber de fidelidad de la mujer hacia el hombre, sino en atenci\u00f3n a que, hoy por hoy, esa obligaci\u00f3n recae sobre ambos, al establecer el legislador que la primera instituci\u00f3n tiene como finalidad la convivencia y la procreaci\u00f3n (art. 113, idem), mientras la segunda supone la \u00ab(\u2026) comunidad de vida permanente y singular (\u2026)\u00bb (art. 1\u00ba, Ley 54 de 1990), consagrando como causal de divorcio, \u00ab(\u2026) las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges (\u2026)\u00bb (n\u00fam.. 1\u00ba, art. 154 del C.C.). <\/p>\n
En palabras de esta Sala, la \u00ab(\u2026) presunci\u00f3n conocida en el derecho romano con el aforismo \u00abpater is est quod justae nupciae demostrant\u00bb, descansa sobre dos supuestos de hecho que el legislador da por establecidos: la cohabitaci\u00f3n entre los esposos o compa\u00f1eros permanentes, y la singularidad de la relaci\u00f3n de pareja (\u2026)\u00bb (CSJ SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-00). <\/p>\n
2.5. El canon 219 de la codificaci\u00f3n civil, en su redacci\u00f3n original (Ley 84 de 1873), autoriz\u00f3 a los herederos del \u00abmarido\u00bb a impugnar la paternidad legalmente presumida, si aquel mor\u00eda antes de fenecer el t\u00e9rmino que la regla 217 del mismo estatuto, le otorgaba para los comentados efectos -60 d\u00edas contados desde que tuvo conocimiento del parto-. El tenor del precepto era el siguiente: <\/p>\n
(\u2026) Si el marido muere antes de vencido el t\u00e9rmino que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podr\u00e1n hacerlo en los mismos t\u00e9rminos los herederos del marido, y en general toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual. <\/p>\n
Cesar\u00e1 este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico (\u2026). <\/p>\n
De ese modo, trat\u00e1ndose de impugnaci\u00f3n de la legitimidad, si los d\u00edas del padre llegaban a su fin sin que hubiera incoado la impugnaci\u00f3n y a ese momento el t\u00e9rmino para ello hab\u00eda culminado, o de hallarse en curso \u00e9ste, hizo reconocimiento en acto testamentario o instrumento p\u00fablico, los herederos quedaban en imposibilidad de presentar el reclamo judicial, pues el mecanismo se consideraba transferido como iure hereditatis y era el de cujus el titular del derecho a cuestionar la paternidad. <\/p>\n
As\u00ed lo ratificaba el canon 216 ejusdem al precisar, que \u00ab[m]ientras viva el marido, nadie podr\u00e1 reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo\u00bb, regla que ampli\u00f3 la ley 75 de 1968 al dotar de legitimaci\u00f3n al hijo, a\u00fan en vida de su progenitor, para disputar, en cualquier tiempo, la paternidad de su ascendiente \u00abcuando su nacimiento se haya verificado despu\u00e9s del d\u00e9cimo mes siguiente al d\u00eda en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal\u00bb y por los motivos previstos a favor del marido en los art\u00edculos 214 y 215 del estatuto civil y 5\u00b0 de la Ley 95 de 1890 (CC, C-109-95, 15 mar., rad. D-680). <\/p>\n
2.5.1. La Ley 45 de 1936 no introdujo ninguna variaci\u00f3n a las presunciones de cohabitaci\u00f3n y fidelidad de la mujer que de anta\u00f1o ven\u00eda regulando el estatuto civil; en ese orden, continuaba otorg\u00e1ndosele, exclusivamente, al marido la potestad de infirmar la paternidad del hijo de su esposa, porque mientras estuviera con vida, s\u00f3lo aqu\u00e9l era \u00abdue\u00f1o de su honra y de decidir, cuando su mujer se la amenaza o quebranta, c\u00f3mo ha de defenderla o vengarla y hasta d\u00f3nde en guarda de s\u00ed mismo y de sus hijos haya de abstenerse de pregonar su deshonor\u00bb (CSJ SC 30 mar. 1943, G.J. T. LV p\u00e1g. 2561). <\/p>\n
No solamente se trataba de una cuesti\u00f3n de \u00abhonor\u00bb. Las anotadas presunciones tambi\u00e9n calaban en el \u00e1mbito de las costumbres de la sociedad de esa \u00e9poca, tanto as\u00ed que era de gran inter\u00e9s para \u00e9sta y la familia mantenerlas inalteradas, pues el hombre era considerado el \u00abjefe del hogar\u00bb y en sus hombros descansaba el \u00abpatrimonio moral suyo y de los suyos\u00bb (ibidem). Era un asunto que socialmente se consideraba tan sensible que ning\u00fan otro individuo pod\u00eda reemplazarlo en la delicada y \u00abdeshonrosa\u00bb tarea de desconocer a la prole de su esposa. <\/p>\n
Seguramente, en protecci\u00f3n del pundonor y el decoro de su apellido, la redacci\u00f3n original del precepto 219 de la codificaci\u00f3n civil tambi\u00e9n le confer\u00eda al marido el imperio de reconocer al hijo de su c\u00f3nyuge mediante \u00abtestamento\u00bb u \u00abotro instrumento p\u00fablico\u00bb, caso en el cual quedaba vedada toda posibilidad de discutir la \u00abilegitimidad\u00bb de aqu\u00e9l por v\u00eda de acci\u00f3n o de excepci\u00f3n (art\u00edculo 221 ibidem) en cabeza de los herederos y dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
2.5.2. Trat\u00e1ndose de los hijos extramatrimoniales -en ese entonces, naturales-, por lo menos, desde 1852 (ley 2159), el legislador impuso la necesidad de que se hiciera un reconocimiento expreso por parte del padre para que pudieran usar su apellido, a tal punto que el art\u00edculo 2\u00ba encarg\u00f3 a los notarios la tarea de \u00ab(\u2026) llevar el registro del estado civil de las personas, a saber: el de los nacimientos, defunciones, matrimonios, adopciones, legitimaciones y reconocimiento de los hijos naturales (\u2026)\u00bb, norma que se mantuvo y fue desarrollada con mayor despliegue en los art\u00edculos 318 a 331 del C\u00f3digo Civil en la versi\u00f3n original de esa normativa11. La primera disposici\u00f3n, establec\u00eda la posibilidad de que los dos o uno solo de los progenitores, admitiera la paternidad o maternidad de dicha descendencia, mediante \u00abinstrumento p\u00fablico entre vivos o por acto testamentario\u00bb, o con la sola firma del acta del nacimiento (art. 368), al tiempo que la regla 327 eiusdem, permit\u00eda a \u00abtoda persona que pruebe inter\u00e9s actual en ello\u00bb, impugnar tal reconocimiento. <\/p>\n
Con el advenimiento de la ley 153 de 1887, la regulaci\u00f3n para los hijos matrimoniales \u2013denominados leg\u00edtimos-, no sufri\u00f3 reforma alguna; empero, el canon 65 derog\u00f3 las concernientes a los no nacidos dentro de dicho v\u00ednculo, subrog\u00e1ndolas por los art\u00edculos 54 a 64 de ese estatuto, que, en esencia, privilegi\u00f3 a quienes no proviniendo de \u00abda\u00f1ado ayuntamiento\u00bb -adulterio o incesto-, gozaran de reconocimiento paterno y\/o materno, acto que calific\u00f3 de libre y voluntario (art. 55), susceptible de cuestionamiento (art. 58) \u00abpor toda persona que pruebe tener inter\u00e9s actual en ello\u00bb y acreditara alguna de las causales que viabilizaban la impugnaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n: Que el hijo no ha podido tener por padre o madre al o la legitimante (art. 248 del C.C., original), que la concepci\u00f3n ocurri\u00f3 en vigencia del matrimonio del padre o la madre, que el descendiente fue concebido \u00aben da\u00f1ado ayuntamiento\u00bb declarado judicialmente o que el reconocimiento no se hubiere hecho con las formalidades del art\u00edculo 56 -por instrumento p\u00fablico o acto testamentario-. <\/p>\n
Por el contrario, estableci\u00f3 aquella normativa que las personas a quienes los progenitores no otorgaran el apellido voluntariamente y de la manera indicada, no pod\u00edan reclamarles sino alimentos (art. 66). <\/p>\n
2.5.3. La ley 45 de 1936 elimin\u00f3 la distinci\u00f3n entre hijos naturales, de da\u00f1ado y punible ayuntamiento e ileg\u00edtimos, para equipararlos a la primera categor\u00eda (art. 1\u00ba), modific\u00f3 el r\u00e9gimen restrictivo de la anterior legislaci\u00f3n, se\u00f1alando los casos taxativos en que se permit\u00eda la investigaci\u00f3n de paternidad \u2013rapto o violaci\u00f3n, seducci\u00f3n dolosa, abuso de autoridad o promesa de matrimonio, confesi\u00f3n inequ\u00edvoca escrita, relaciones sexuales durante la \u00e9poca de la concepci\u00f3n, trato personal y social durante el embarazo y parto o posesi\u00f3n notoria del estado de hijo- (art. 4), y en su art\u00edculo 7\u00ba consagr\u00f3 que a estos asuntos le son aplicables las pautas 401, 403 y 404 del estatuto civil sobre el leg\u00edtimo contradictor, entre ellos, los herederos, solo cuando el padre muere antes del fallo (art. 404, hoy derogado). <\/p>\n
El segundo precepto de este ordenamiento legal categoriz\u00f3 como irrevocable la declaraci\u00f3n de voluntad de que se viene hablando y ampli\u00f3 la posibilidad de expresarla en acta de nacimiento, escritura p\u00fablica, testamento o ante un juez, -hoy en d\u00eda tambi\u00e9n ante el defensor, el comisario de familia o el inspector de polic\u00eda (art. 109, Ley 1098 de 2006)- solo por el directamente involucrado, pues en caso de que el reconociente revelara \u00abel nombre de la persona con quien fue habido el hijo\u00bb, el funcionario deb\u00eda omitir tal hecho en la respectiva inscripci\u00f3n. <\/p>\n
2.5.4. Este \u00faltimo aspecto vari\u00f3 con la entrada en vigor de la ley 75 de 1968, cuya primera disposici\u00f3n estableci\u00f3 el procedimiento para indagar, notificar y recepcionar el reconocimiento del ascendiente que no compareciera a registrar a un hijo extramatrimonial -otrora natural-, reformando tambi\u00e9n las causales que admit\u00edan la impugnaci\u00f3n, para reducirlas \u00aba las personas -quienes prueben inter\u00e9s actual y ascendientes leg\u00edtimos-, en los t\u00e9rminos -60 y 300 d\u00edas, respectivamente- y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 -que el hijo no puede tener por padre o madre a quien pasa por tal- y 335 -falso parto o suplantaci\u00f3n del pretendido hijo- del C\u00f3digo Civil\u00bb (art. 5). <\/p>\n
2.5.4.1. Esta reglamentaci\u00f3n -Ley 45 de 1968- preserv\u00f3 intacto el r\u00e9gimen de la paternidad leg\u00edtima; es m\u00e1s, la jurisprudencia de esta Corte dilat\u00f3 la asimetr\u00eda existente entre aquella y la progenitura ileg\u00edtima, en cuanto ata\u00f1e a la impugnaci\u00f3n del reconocimiento. <\/p>\n
En su momento, esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) {S}iendo el marido, con la salvedad contenida en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 75 de 1968, el \u00e1rbitro supremo de la legitimidad de los hijos concebidos por su mujer durante el matrimonio (art\u00edculo 215 del C\u00f3digo Civil), es apenas l\u00f3gico que cuando reconoce al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico, por expresa disposici\u00f3n del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 219 ibidem cesa el derecho de impugnar la legitimidad presunta que concede esta misma norma a sus herederos y a quien irrogare perjuicios a la pretendida legitimidad. <\/p>\n
En punto de filiaci\u00f3n leg\u00edtima resultan l\u00f3gicas las salvedades consignadas en el art\u00edculo 219, pues, si, en principio, los hijos concebidos por mujer casada rep\u00fatanse que son leg\u00edtimos y que tienen por padre al marido de \u00e9sta, no obstante esa legitimidad presunta puede ser impugnada por el marido mismo mientras viva, siempre que haga la reclamaci\u00f3n, como regla general, dentro de los sesenta d\u00edas contados desde cuando conoci\u00f3 el hecho del parto; pero si el marido muere antes de vencerse el plazo, podr\u00e1n impugnar la legitimidad presunta sus herederos y toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual, menos cuando el padre, por acto testamentario o mediante otro instrumento p\u00fablico, hubiere reconocido al hijo como suyo. En esta \u00faltima circunstancia el legislador no da trascendencia al hecho de que a\u00fan no se haya extinguido el t\u00e9rmino que concede al marido para atacar la legitimidad presunta de su hijo, precisamente porque el reconocimiento expreso del padre entra\u00f1a o comporta renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n, derecho que, en la familia leg\u00edtima, mira a su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
La presunci\u00f3n legal de legitimidad cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como fundamento otra presunci\u00f3n: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza tal con el reconocimiento del hijo, en la hip\u00f3tesis estudiada, que se hace inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque \u00e9ste haya fallecido sin fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad. Si el marido, pues, en cambio de ejercer el derecho de impugnaci\u00f3n, por medio del reconocimiento reafirma esa paternidad, acept\u00e1ndola as\u00ed claramente, tal circunstancia cierra definitivamente a sus herederos la posibilidad de entrar a discutir el hecho de la paternidad leg\u00edtima que est\u00e1 indisolublemente unido a la maternidad leg\u00edtima. <\/p>\n
Por el contrario, si la paternidad natural s\u00f3lo puede acreditarse por reconocimiento solemne hecho por el padre o por declaraci\u00f3n judicial, ser\u00eda un absurdo que, cuando quien reconoce no es verdaderamente el padre, las personas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 248 ibidem, no pudieran impugnar oportunamente ese reconocimiento demostrando que el hijo natural no ha podido tener por padre a quien lo reconoci\u00f3 como tal (art\u00edculo 59 de la Ley 75 de 1968). <\/p>\n
Si el reconocimiento mismo establece la relaci\u00f3n paterno-filial, si ese acto genera el estado de hijo natural y de padre natural, ser\u00eda un absurdo extender al caso de la filiaci\u00f3n natural la regla exceptiva del inciso final del art\u00edculo 219 citado, aplicable s\u00f3lo a la filiaci\u00f3n leg\u00edtima y a la legitimada pero s\u00f3lo cuando el hijo naci\u00f3 despu\u00e9s de celebrado el matrimonio de los padres legitimantes, como lo ense\u00f1a el art\u00edculo 247 del C\u00f3digo Civil\u00bb (CSJ SC 22 sep. 1978, GJ T.CLVIII p. 230) [subrayado no es del texto]. <\/p>\n
2.5.5. El Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas, promulgado mediante el decreto 1260 de 1970, reglament\u00f3 varias de las pautas que ya hab\u00eda impartido la ley 92 de 1938 concernientes a los asuntos sometidos a registro y sus formalidades e instituy\u00f3 el acta expedida por la autoridad correspondiente, como la prueba id\u00f3nea del estado civil, pues el art\u00edculo 19 de la memorada normatividad, permit\u00eda demostrarlo a trav\u00e9s de \u00abotros documentos aut\u00e9nticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas p\u00e1rrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o de defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la iglesia cat\u00f3lica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil (\u2026) y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesi\u00f3n de ese estado civil\u00bb. <\/p>\n
La nueva regulaci\u00f3n afinc\u00f3 la necesidad de investigar el nombre, apellido, identidad y residencia de ambos progenitores y admiti\u00f3 que, en caso de que se imputara la paternidad a una persona que no concurriera al acto, se hiciese la correspondiente anotaci\u00f3n \u00aben hojas especiales, por duplicado\u00bb, junto con las bases probatorias del dicho de la madre y bajo exigencia de no faltar a la verdad (art. 54); en caso de aceptaci\u00f3n por el presunto padre, se deb\u00eda actualizar el respectivo registro o, de lo contrario, extender un acta adicional en hoja aparte, con las firmas del notario y el compareciente (art. 58). <\/p>\n
La evoluci\u00f3n normativa ilustrada en precedencia, denota una marcada tendencia hacia la morigeraci\u00f3n de la inicial discriminaci\u00f3n que consagraban las leyes frente a los hijos nacidos fuera del matrimonio. <\/p>\n
2.6. Ese arbitrio supremo del hombre como \u00abregente\u00bb de la familia y due\u00f1o, incluso, de establecer su propia paternidad leg\u00edtima, se mantuvo a\u00fan con la transformaci\u00f3n social, pol\u00edtica y jur\u00eddica que trajo consigo la Carta Magna de 1991, tanto as\u00ed que \u00absiempre ha preferido el legislador aceptar los hechos por los cuales se producen situaciones jur\u00eddicas que surgen de la vivencia de las relaciones intrafamiliares, en lugar de dejar un determinado estado civil en entredicho o sujeto a una incertidumbre permanente, motivo por el cual ha impedido, en l\u00ednea de principio, que cualquier persona llegue a cuestionar un estado civil que viene consolidado de atr\u00e1s, ni que pueda intentarlo cuando se le ocurra y en todo tiempo, por muy altruista que parezca o pueda ser el motivo aducido para desvirtuar una situaci\u00f3n familiar en cuya construcci\u00f3n afectivamente se han afirmado lazos s\u00f3lidos y definitivos. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia ha conservado con ah\u00ednco la tesis de la permanencia de estos criterios restrictivos se\u00f1alados por el legislador, y en lo que respecta con la familia leg\u00edtima, ha se\u00f1alado justamente que es necesario \u00abproteger la intimidad y el sosiego de los hogares formados bajo la tutela del matrimonio, previni\u00e9ndolo contra los ataques malintencionados y alej\u00e1ndola de todo esc\u00e1ndalo\u00bb [sentencia de casaci\u00f3n de 2 de octubre de 1975] (CSJ SC187-2004, 9 nov., rad. 2004-00115-01). <\/p>\n
2.6.1. El art\u00edculo 42 de la Ley Fundamental otorg\u00f3 reconocimiento a la constituci\u00f3n de la familia sin distingos sobre la forma en que ello ocurre, esto es, acogi\u00f3 por igual a la erigida sobre \u00abv\u00ednculos naturales\u00bb y aquella que se origina en lazos \u00abjur\u00eddicos\u00bb, e impuso al Estado y a la sociedad el deber de garantizarle una \u00abprotecci\u00f3n integral\u00bb. Adem\u00e1s, salvaguarda el derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares, comprendiendo en dicho axioma a la pareja y a la progenie. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, respecto de los hijos consagra que son iguales en \u00abderechos y deberes\u00bb tanto los \u00abhabidos en el matrimonio\u00bb, como los concebidos \u00abfuera de \u00e9l\u00bb, los \u00abadoptados\u00bb, los \u00abprocreados naturalmente\u00bb y los fecundados \u00abcon asistencia cient\u00edfica\u00bb, de donde deriva la identidad de trato jur\u00eddico que se impone respecto de todos ellos, consonante con el precepto 13 Superior, en tanto establece que \u00ab{t}odas las personas nacen libres e iguales ante la ley\u00bb y no pueden ser objeto de discriminaci\u00f3n por su \u00aborigen familiar\u00bb. <\/p>\n
La igualdad de los hijos proclamada por la Carta Pol\u00edtica impide que, a partir de su entrada en vigencia, pueda consentirse una categorizaci\u00f3n que los coloque en situaci\u00f3n de disimilitud jur\u00eddica y sirva de par\u00e1metro de discriminaci\u00f3n, de ah\u00ed que, as\u00ed como no es aceptable hablar de descendencia \u00ableg\u00edtima\u00bb en contraposici\u00f3n a la \u00abileg\u00edtima\u00bb, expresiones por dem\u00e1s anacr\u00f3nicas, tampoco son admisibles las diferenciaciones de trato que desconozcan o meng\u00fcen la igualdad material de derechos y obligaciones amparada por el Constituyente. <\/p>\n
2.7. Un nuevo cambio en el r\u00e9gimen de la paternidad y de la maternidad, particularmente en cuanto respecta a su impugnaci\u00f3n, lo introdujo la Ley 1060 de 2006, que modific\u00f3 los art\u00edculos 213, 214, 216 a 219, 222 a 224 248, 337 del compendio civil y derog\u00f3 las reglas 215, 221, 336 de la misma obra, adem\u00e1s de los preceptos 5\u00ba y 6\u00ba de la Ley 95 de 1890 y 3\u00ba de la Ley 75 de 1968, con lo cual se adecu\u00f3 la regulaci\u00f3n preconstitucional existente en consonancia el mandato emanado del inciso cuarto del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que recoge todas las tipolog\u00edas de hijos antes situados en diferentes categor\u00edas que soportaban para algunos de ellos un estatus legal, social e, incluso, familiar discriminatorio. <\/p>\n
La mencionada ley cre\u00f3 un marco jur\u00eddico nuevo aplicable a las controversias donde sea refutado el estado civil de hijo de una persona, equiparando los eventos y plazos en que es dable controvertir el reconocimiento materno y\/o paterno, bien sea que se trate de un hijo matrimonial o extramatrimonial. <\/p>\n
2.7.1. El canon 7\u00ba reform\u00f3 de manera significativa la disposici\u00f3n 219 del C\u00f3digo Civil, para establecer que \u00abLos herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a \u00e9sta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. Pero cesar\u00e1 este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior supuso una evoluci\u00f3n en el modelo de impugnaci\u00f3n del nexo filial, pues elimin\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n judicial de los herederos, la cual pas\u00f3 de ser iure hereditatis a iure proprio. <\/p>\n
Adicionalmente, el inciso final consagr\u00f3 una excepci\u00f3n que antes se hallaba incluida en el art\u00edculo 221 de la codificaci\u00f3n en estudio, derogado por la Ley 1060 de 2006, el cual preceptuaba: <\/p>\n
Los herederos y dem\u00e1s personas actualmente interesadas tendr\u00e1n, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta d\u00edas de plazo, desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del art\u00edculo 219, o en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del art\u00edculo 220. <\/p>\n
Si los interesados hubieren entrado en posesi\u00f3n efectiva de los bienes sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo leg\u00edtimo, podr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n de ilegitimidad en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos. <\/p>\n
Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos se\u00f1alados en este art\u00edculo se contar\u00e1 desde el primer Decreto de posesi\u00f3n concedida a sus herederos presuntivos. <\/p>\n
La norma era consonante con el canon 220 que instituy\u00f3 una acci\u00f3n originariamente denominada de \u00abilegitimidad\u00bb, respecto del hijo nacido despu\u00e9s de expirados los trescientos d\u00edas subsiguientes a la disoluci\u00f3n o declaraci\u00f3n de nulidad del matrimonio.12 <\/p>\n
Luego, al suprimirse del ordenamiento jur\u00eddico la citada previsi\u00f3n por su notoria contrariedad con el contenido de la ley 1060 de 2006, el medio de defensa al que se alud\u00eda en el inciso segundo pas\u00f3 a hom\u00f3loga ubicaci\u00f3n en el citado art\u00edculo 219. <\/p>\n
2.7.2. La anotada defensa, que ya no puede denotarse con el vocablo de \u00abilegitimidad\u00bb, comporta el desconocimiento del lazo filial y su prop\u00f3sito no es otro que obstaculizar e impedir que el estado civil del hijo produzca los efectos sucesorales anejos a dicha condici\u00f3n cuando aquel reclama sus derechos en la masa sucesoral. <\/p>\n
Por ello, a quien la propone le incumbe demostrar la inexistencia del v\u00ednculo de paternidad o maternidad que alega como lo har\u00eda en la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n y, adem\u00e1s, que, en su condici\u00f3n de sucesor, ha entrado en posesi\u00f3n de los bienes hereditarios sin oposici\u00f3n o contradicci\u00f3n del pretendido hijo. <\/p>\n
En todo caso, la viabilidad del medio exceptivo se supedita a la ausencia de reconocimiento por parte del progenitor en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico, y a la inexistencia de una sentencia que haya denegado un petitum de impugnaci\u00f3n, porque en caso de haberse decidido un reclamo de ese talante a favor del descendiente de quien se refut\u00f3 su filiaci\u00f3n, se clausura para los herederos la posibilidad de desconocer por v\u00eda exceptiva la paternidad o maternidad en virtud de los efectos de la cosa juzgada aparejada al pronunciamiento en sede judicial. <\/p>\n
Como surge de la lectura de la previsi\u00f3n legal, la defensa consagrada en el inciso segundo no est\u00e1 sometida a un t\u00e9rmino de caducidad como si lo est\u00e1 el reclamo impetrado por la senda de la acci\u00f3n impugnaticia de la progenitura presunta o reconocida. Tal es el sentido de la expresi\u00f3n \u00abpodr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos\u00bb (se subraya), lo que quiere decir que, en lo que ata\u00f1e a la oportunidad en el planteamiento de la oposici\u00f3n comentada, los sucesores que entraron en posesi\u00f3n de los bienes herenciales s\u00f3lo est\u00e1n supeditados a que el pretendido hijo les enfrente refutando sus derechos sobre las cosas que hacen parte de la masa partible de la sucesi\u00f3n, lo que ocurrir\u00e1 cuando impetre en su contra la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
El denotado mecanismo, en palabras de esta colegiatura, es la reclamaci\u00f3n que recae sobre el derecho \u00aba una universalidad sucesoria, formulado por un heredero frente a quien en la misma calidad ocupa el patrimonio dejado por su causante\u00bb (CSJ SC12241-2017, 16 ago., rad. 1995-03366-01). En este escenario, el accionante busca que \u00ablos bienes que en un comienzo fueron adjudicados a los herederos putativos o al menos de igual derecho, de los cuales dispusieron con posterioridad a la repartici\u00f3n, retornen al caudal para que sean redistribuidos, caso en el cual lo que debe demostrarse es que el dominio lo detentaba el fallecido al momento del deceso y la certidumbre de la calidad que invoca el demandante (CSJ SC1693-2019, 14 may., rad. 2007-00094-01, reiterada en CSJ SC4888-2021, 3 nov., rad. 2010-00247-01). <\/p>\n
3. Sin embargo, en punto de la aplicaci\u00f3n de la comentada disposici\u00f3n, esto es, del canon 219 cuyo contenido se cit\u00f3 antes y del alcance de la restricci\u00f3n all\u00ed impuesta a los herederos del causante para impugnar la paternidad o la maternidad, lo cierto es que no existe consenso al interior de la Sala, pues al respecto han surgido interpretaciones diversas. <\/p>\n
Habi\u00e9ndose llegado a este punto, a la Sala le corresponde, en cumplimiento de los deberes que la ley le asigna como tribunal de casaci\u00f3n, de \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb y de \u00abunificar la jurisprudencia nacional\u00bb, consagrados como imperativos en el art\u00edculo 333 del estatuto general del proceso, solventar de forma definitiva el debate hermen\u00e9utico que se presenta, particularmente, cuando se refuta la progenitura que emana del reconocimiento voluntario realizado por quien pasa por padre o madre de otra persona, quien no fue concebida dentro de un enlace nupcial o de una uni\u00f3n marital de hecho, o que por la \u00e9poca de su nacimiento se le tenga como tal, situaci\u00f3n que puede advertirse en pronunciamientos proferidos en tiempos recientes. <\/p>\n
3.1. De una parte, en la providencia CSJ STC15352-201713, proferida con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que uno de los demandados en esta acci\u00f3n instaur\u00f3 contra el sentenciador ad quem, quien, en el fallo proferido el 25 de mayo de 2017, hab\u00eda desestimado la procedencia del medio exceptivo denominado \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad de Primitivo Camacho Silva como progenitor de Adriana Camacho G\u00f3mez\u00bb, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, no olvida esta Colegiatura que el canon en comento est\u00e1 contenido en las normas que regulan la impugnaci\u00f3n de la paternidad matrimonial, lo que podr\u00eda hacer pensar que no resulta aplicable en trat\u00e1ndose de la impugnaci\u00f3n extramatrimonial, cuya regulaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, conforme la remisi\u00f3n normativa que efect\u00faa el art\u00edculo 5\u00ba14 de la ley 75 de 1968. <\/p>\n
Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, no se advierte la existencia de una raz\u00f3n que amerite el establecimiento de un trato diferenciado de dicha \u00edndole, seg\u00fan el cual s\u00f3lo en trat\u00e1ndose de la paternidad matrimonial, es viable cuestionar la condici\u00f3n de hijo de quien disputa los derechos derivados de una determinada herencia (27 sep. 2017, rad. 2017-01812-00). <\/p>\n
3.2. Por otro lado, en la sentencia CSJ SC069-2019 (28 ene., rad. 2008-00226-01) -con dos aclaraciones de voto y un salvamento-, al analizar un cargo casacional basado en la violaci\u00f3n recta v\u00eda del canon 219 de la codificaci\u00f3n civil, a consecuencia de su inaplicaci\u00f3n por el ad quem en la controversia de impugnaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial examinada, indic\u00f3: <\/p>\n
(…) {D}ebe predicarse el desatino de la acusaci\u00f3n en lo tocante con la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, pues esta norma, como lo apreci\u00f3 el Tribunal, trata de la impugnaci\u00f3n de la paternidad leg\u00edtima, por lo que no estaba llamada a hacerse actuar en el sub lite. <\/p>\n
Tampoco es cierto, como se aleg\u00f3 en el recurso extraordinario, que la ley 1060 de 2006 en el t\u00edtulo se estuviera refiriendo de manera indistinta en forma reformatoria del c\u00f3digo a todas las normas que regulan la impugnaci\u00f3n de la paternidad y la maternidad, pues la diferencia a\u00fan permanece y para el caso de la impugnaci\u00f3n del reconocimiento es el 248 el que por expresa remisi\u00f3n legal, de la ley 75 de 1968, es la norma aplicable, as\u00ed como tambi\u00e9n, que la imposibilidad de impugnar cuando media una escritura p\u00fablica que reconoce al hijo es en el caso del art\u00edculo 219, o sea en los hijos matrimoniales, no cuando se ha reconocido a quienes no lo son, porque en el art\u00edculo 248 no se incluy\u00f3 tal prohibici\u00f3n. <\/p>\n
La posici\u00f3n de este pronunciamiento aparece reiterada en la providencia CSJ STC8164-2019 (21 jun., rad. 2019-01715-00), respecto de la cual se presentaron dos aclaraciones y un salvamento de voto, y en el fallo CSJ SC4279-2020 (30 nov., rad. 2013-00477-01) al especificar que el canon 219 de la codificaci\u00f3n civil \u00abotorg\u00f3 legitimaci\u00f3n a los herederos de una persona fallecida, para impugnar tanto la paternidad como la maternidad de quienes figuran como hijos leg\u00edtimos de ella, sin serlo en realidad\u00bb (se subraya). <\/p>\n
3.3. Vistos los rese\u00f1ados criterios divergentes, resulta necesario superar las discrepancias interpretativas en cumplimiento del cometido asignado a la Corporaci\u00f3n de unificar la jurisprudencia nacional, primeramente, en torno a la aplicabilidad o no del mencionado precepto en los casos donde se encuentre involucrada la paternidad o la maternidad extramatrimonial. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n es preciso anotar que la hermen\u00e9utica del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil no puede estar mediada por la visi\u00f3n patriarcal anclada en el r\u00e9gimen legal de impugnaci\u00f3n del v\u00ednculo filial materno y paterno que se patentiz\u00f3 en las normas decimon\u00f3nicas producto del tiempo en que fueron promulgadas -a\u00f1o 1873-, en un contexto hist\u00f3rico en el que, como, a espacio se explic\u00f3 en otro apartado de esta providencia, socialmente predominaba el pensamiento de sujeci\u00f3n de la mujer a su marido y era \u00fanicamente \u00e9l quien, en principio, pod\u00eda decidir sobre la posibilidad de desconocer o repudiar la paternidad de los hijos, algunos de los cuales, concretamente, los extramatrimoniales -otrora naturales (adulterinos o incestuosos) o provenientes de \u00abda\u00f1ado ayuntamiento\u00bb- le provocaban deshonra. No exist\u00eda en ese entonces una norma de rango constitucional ni legal que tuviera el mismo alcance que el mandato de reconocimiento y protecci\u00f3n igualitaria de los hijos, derivado del inciso cuarto del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n
Lo anotado, porque es paladino que la indicada consagraci\u00f3n y la reglamentaci\u00f3n que le sigui\u00f3 con la ley 1060 de 2006, ingresaron en el ordenamiento jur\u00eddico con el prop\u00f3sito de reemplazar el r\u00e9gimen hasta ahora existente, dotando de legitimaci\u00f3n en la causa a sujetos que antes no la ten\u00edan de forma directa, unificando los t\u00e9rminos de impugnaci\u00f3n, contemplando tipos de familia no reconocidos por el legislador como la constituida con base en la uni\u00f3n marital de hecho, y derogando o sustituyendo reglas que contradec\u00edan la igualdad exaltada en el art\u00edculo 42 de la Carta Magna entre los hijos, sin importar su origen familiar. <\/p>\n
En ese orden, la interpretaci\u00f3n que aboga por la aplicaci\u00f3n del citado mandato \u00fanicamente a la impugnaci\u00f3n de la paternidad formulada en contra de la progenitura presunta por las nupcias o por la uni\u00f3n marital de hecho regulada por la ley 54 de 1990, abandona el cambio de paradigma introducido, am\u00e9n de fomentar la discriminaci\u00f3n entre los hijos por raz\u00f3n de la g\u00e9nesis de su filiaci\u00f3n, no obstante que el canon 42 de la Ley Fundamental establece que \u00ab[l]os hijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguales derechos y deberes\u00bb. <\/p>\n
Pese a que la codificaci\u00f3n civil conserva los nombres o rotulaciones consignadas en la ley 84 de 1873 para los t\u00edtulos X y XI del Libro Primero, esto es, \u00abde los hijos leg\u00edtimos concebidos en matrimonio\u00bb y \u00abde los hijos legitimados\u00bb respectivamente, y esto ha servido de apoyo a una de las posturas interpretativas planteadas al interior de la Sala, conforme a la cual el precepto 219 hace parte de aquellos rectores de la paternidad y maternidad matrimoniales, extensiva ahora a los hijos concebidos en vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho y, por ende, inaplicable frente a la impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n extramatrimonial, disciplinada por el canon 248 de acuerdo con la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968, am\u00e9n de que el nomen del t\u00edtulo carece de valor prescriptivo o normativo, tal diferenciaci\u00f3n es inadmisible de cara a los derechos constitucionales de los descendientes, en particular su prerrogativa de igualdad y prohibici\u00f3n de toda forma de discriminaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968, por la cual \u00abse dictan normas sobre filiaci\u00f3n y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb, remite a la previsi\u00f3n 248 del estatuto civil al indicar que \u00ab{e}l reconocimiento solamente podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335\u00bb de esa reglamentaci\u00f3n, el an\u00e1lisis de las normas que disciplinan la impugnaci\u00f3n de la maternidad y de la paternidad a la luz de los mandatos superiores y del principio de igualdad jur\u00eddica de los hijos, descarta el criterio de selecci\u00f3n normativa que excluye la filiaci\u00f3n extramatrimonial de la regulaci\u00f3n a que se contrae el canon 219. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto en la actualidad es inaceptable toda diferenciaci\u00f3n de trato a los hijos matrimoniales, de la uni\u00f3n marital de hecho de los padres, extramatrimoniales, adoptivos, engendrados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, pues se trata de una discriminaci\u00f3n basada en la g\u00e9nesis familiar, que proscribe la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional al considerar que \u00abel derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos a tratos discriminatorios por raz\u00f3n de su origen familiar, es decir, por su condici\u00f3n de hijos leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos\u00bb (CC, C-145-2010, 3 mar., rad. D-7833). <\/p>\n
La inequidad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales que deriva de la inaplicabilidad del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil a la maternidad y paternidad extramatrimoniales no encuentra justificaci\u00f3n alguna en el vigente orden constitucional, m\u00e1xime cuando m\u00faltiples pronunciamientos de inexequibilidad sobre disposiciones de la codificaci\u00f3n civil (sentencias C-105-1994, C-595-1996, C-310-2004, C-1026-2004, C-204-2005, C-145-2010, C-404-2013, C-451-2016, C-046-2017 y C-028-2020), han suprimido de la legislaci\u00f3n reglas y vocablos que asentaban un trato discriminatorio sistem\u00e1tico entre los descendientes, afincado en su ra\u00edz heterog\u00e9nea (matrimonial vs. extramatrimonial). <\/p>\n
Tal como lo precis\u00f3 una de las determinaciones citadas, \u00abel origen familiar es un criterio de distinci\u00f3n constitucionalmente reprochable\u00bb, de ah\u00ed que los hijos \u00abindependientemente de su origen filial (matrimoniales o leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos), son titulares de los mismos derechos y obligaciones\u00bb (CC, C-028-2020). Por tal raz\u00f3n, no puede prodig\u00e1rseles un tratamiento jur\u00eddico diferente. <\/p>\n
De otra parte, el tenor literal del art\u00edculo 219, trasuntado l\u00edneas atr\u00e1s, despu\u00e9s de su modificaci\u00f3n por el canon 7\u00b0 de la Ley 1060 de 2006, no contiene la restricci\u00f3n defendida en los pronunciamientos CSJ SC069-2019 (28 ene., rad. 2008-00226-01), CSJ STC8164-2019 (21 jun., rad. 2019-01715-00) y CSJ SC4279-2020 (30 nov., rad. 2013-00477-01), pues no consagra que la impugnaci\u00f3n all\u00ed habilitada a los herederos de quien pasa por progenitor sea la derivada de un v\u00ednculo -sea este el nupcial o proveniente de la uni\u00f3n marital de hecho- o aquella que no deriva de ninguno. <\/p>\n
Lo anterior se ratifica con las motivaciones expuestas en la ponencia presentada para el primer debate del proyecto que dio nacimiento a la aludida regulaci\u00f3n, que evidencian que la voluntad del legislador no fue la de mantener distingos entre la impugnaci\u00f3n de la maternidad y paternidad de los hijos leg\u00edtimos frente a iguales figuras respecto de los extramatrimoniales, antes llamados ileg\u00edtimos: <\/p>\n
4. Titularidad de la impugnaci\u00f3n de la paternidad o de la maternidad. Terceros con inter\u00e9s, herederos y ascendientes. <\/p>\n
El sistema normativo vigente en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que s\u00f3lo el marido puede reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, limitaci\u00f3n que en nuestro criterio debe desaparecer, dado que no s\u00f3lo es inter\u00e9s del marido el conocimiento de la verdadera filiaci\u00f3n de los hijos concebidos en el matrimonio, sino que tal como lo dispone el art\u00edculo 44 de la norma superior, cuando es la filiaci\u00f3n de menores lo que est\u00e1 en entredicho, se vulneran derechos fundamentales de los ni\u00f1os y dichos derechos prevalecen sobre los dem\u00e1s. <\/p>\n
Asimismo, pretendemos ampliar la titularidad a la madre y a cualquiera que previamente y en forma sumaria acredite inter\u00e9s ante el Juez, con el fin de incluir dentro de esta \u00faltima categor\u00eda a los ascendientes, a los herederos y a los presuntos padres biol\u00f3gicos en aras de la econom\u00eda procesal, con relaci\u00f3n a los \u00faltimos, lo pretendido es que al (sic) interior del proceso y luego de que proceda la impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, el Juez declare la paternidad o la maternidad en aras de proteger los derechos del menor o, como se expres\u00f3 anteriormente, simplemente atender al principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Respecto de la acci\u00f3n de los herederos y los ascendientes, se fijan l\u00edmites a dicha titularidad, dado que estos no podr\u00e1n ejercerla sino desde la muerte del causante o, con posterioridad a esta, desde el momento en que tuvieron conocimiento del nacimiento del hijo, siempre y cuando el padre o la madre no lo hubieren reconocido expresamente mediante testamento o en otro instrumento p\u00fablico, como por ejemplo las declaraciones extrajuicio en notar\u00edas. (Gaceta del Congreso 591, 4 de octubre de 2004). <\/p>\n
3.4. La conclusi\u00f3n de lo expuesto es que ninguna disposici\u00f3n normativa vigente en el ordenamiento positivo veda impulsar una impugnaci\u00f3n de la maternidad o de la paternidad extramatrimonial o extramarital ampar\u00e1ndose en la regla 219 del compendio civil; una hermen\u00e9utica en sentido opuesto vulnera el derecho a impugnar la filiaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s en ello y asienta una divergencia en el tratamiento de sus prerrogativas constitucionales y legales, inexistente en el orden constitucional imperante, la cual se muestra subjetiva y carente de justificaci\u00f3n desde la perspectiva superior que proscribe el trato desigual a personas hoy reconocidas como iguales. <\/p>\n
De ah\u00ed emana que la precitada norma es aplicable a la impugnaci\u00f3n de la paternidad y de la maternidad tanto de los hijos matrimoniales o fruto de la uni\u00f3n marital de hecho, como de aquellos concebidos fuera de cualquiera de estas relaciones de pareja, tambi\u00e9n conocidos como \u00abextramatrimoniales\u00bb, que son las surgidas en virtud del reconocimiento efectuado por el progenitor a trav\u00e9s de cualquiera de los medios previstos en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 75 de 1968, sin que sea admisible ninguna distinci\u00f3n discriminatoria entre ellos, por dem\u00e1s vulneradora de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos que se dejan indicados, la Sala unifica su criterio frente a la aplicabilidad del canon 219 del C\u00f3digo Civil a las controversias de impugnaci\u00f3n de la maternidad y de la paternidad en relaci\u00f3n con los hijos extramatrimoniales. <\/p>\n
4. Las precisiones que anteceden conducen al fracaso de las acusaciones contenidas en los cargos segundo y quinto, no s\u00f3lo atendiendo que el art\u00edculo 219 de la codificaci\u00f3n civil resulta plenamente aplicable a la controversia en que, con el fin de contrarrestar la pretensi\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, se opone el desconocimiento del nexo filial del demandante con el de cujus, sino que la negaci\u00f3n de la paternidad realizada por los demandados dentro de ese juicio se amolda al contenido de la disposici\u00f3n que la consagra como un medio exceptivo jur\u00eddicamente v\u00e1lido dentro del tr\u00e1mite donde el pretendido hijo le dispute a los sucesores sus derechos en la herencia, cuyo contenido no puede desconocerse so pretexto de consultar su esp\u00edritu (art. 27 C.C.). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el inciso final de la preanotada regla estatuye, que \u00absi los interesados hubieren entrado en posesi\u00f3n efectiva de los bienes sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo, podr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos\u00bb (se destaca). <\/p>\n
4.1. Con ocasi\u00f3n, justamente, del caso que ahora se analiza, esta Sala explic\u00f3, en relaci\u00f3n con la anterior previsi\u00f3n, que: <\/p>\n
(\u2026) {S}on dos los presupuestos que exige la disposici\u00f3n en comento, para cuestionar la condici\u00f3n de heredero del \u00abpretendido hijo\u00bb por v\u00eda de excepci\u00f3n. El primero, que los \u00abinteresados\u00bb hubieran entrado en \u00abposesi\u00f3n efectiva de los bienes\u00bb y, el segundo, que ello hubiese ocurrido \u00absin contradicci\u00f3n del pretendido hijo\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al primero de esos requisitos, encuentra la Sala que la norma en cita (inciso final, art\u00edculo 219) no contempl\u00f3 alg\u00fan tipo especial de posesi\u00f3n, bien sea de la que trata el art\u00edculo 757 del C\u00f3digo Civil o de la que trataba el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que debe entenderse que se trata de una posesi\u00f3n general, sin requisitos adicionales, como los contemplados en estos dos preceptos legales. <\/p>\n
Interpretaci\u00f3n en contrario llevar\u00eda a concluir, entre otras restricciones, que tal excepci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00eda proponerse mientras est\u00e9 en curso el correspondiente proceso judicial de sucesi\u00f3n, pues sabido es que una vez aprobada la partici\u00f3n mediante providencia en firme, los herederos se convierten en propietarios de los bienes a ellos adjudicados, de donde no podr\u00eda hablarse de herencia. Esta limitante no se muestra acorde con el prop\u00f3sito de la regla en an\u00e1lisis, la cual, incluso, parte del supuesto f\u00e1ctico de que dicho mecanismo defensivo puede plantearse \u00aben cualquier tiempo\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por tanto, si no existe una disposici\u00f3n normativa que proh\u00edba a los demandados proponer la impugnaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial como excepci\u00f3n, una restricci\u00f3n como la invocada por el Tribunal deja al descubierto la trasgresi\u00f3n del derecho de defensa de los convocados al proceso\u00bb. <\/p>\n
4.2. Recu\u00e9rdese que el ordenamiento civil ha instituido una ficci\u00f3n legal, en virtud de la cual se asigna al heredero la posesi\u00f3n de la herencia, de manera autom\u00e1tica por el solo hecho de la muerte del causante (arts. 757 y 783 C.C.), de modo que el patrimonio pasa del de cujus a los sucesores a t\u00edtulo universal. <\/p>\n
Sin embargo, la anotada \u00abposesi\u00f3n legal\u00bb de los bienes relictos no habilita la realizaci\u00f3n de actos dispositivos sobre los inmuebles, de acuerdo con la previsi\u00f3n contenida en la primera de las normas citadas, potestad que, conforme al tenor de ese precepto, puede ejercerse una vez se obtiene: \u00ab{e}l decreto judicial que da la posesi\u00f3n efectiva\u00bb o \u00ab{e}l registro del mismo decreto judicial y de los t\u00edtulos que confieran el dominio\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, la \u00abposesi\u00f3n efectiva\u00bb de los efectos herenciales surgi\u00f3 como contrapuesta a la \u00ablegal\u00bb o ficticia, para posibilitar la disposici\u00f3n de los bienes ra\u00edces por parte del heredero, que antes de aquella, s\u00f3lo estaba revestido de las facultades de conservaci\u00f3n, custodia y administraci\u00f3n del acervo hereditario, con la posibilidad de solicitar autorizaci\u00f3n al juez cognoscente de la sucesi\u00f3n para efectuar la \u00abventa en p\u00fablica subasta, o en una bolsa de valores si fuere el caso\u00bb para el pago de deudas hereditarias o legados exigibles, facultad tambi\u00e9n conferida al albacea y al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite (art. 602 C.P.C.).15 <\/p>\n
La a\u00f1eja figura del decreto de posesi\u00f3n efectiva de la herencia, como otrora lo explic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, haciendo referencia a las palabras de la Comisi\u00f3n Redactora del C\u00f3digo Judicial, correspond\u00eda a una providencia judicial, la cual deb\u00eda inscribirse en el registro de instrumentos p\u00fablicos y privados \u00abpara que cancele los registros hechos en favor del de cujus, a intento de que no subsistan con el peligro de que cualquiera persona, tomando su nombre, disponga de los bienes herenciales o los grave, y para que confiera a los herederos, conjuntamente, facultades dispositivas respecto de los mismos bienes\u00bb, el cual, agreg\u00f3 la Corte, \u00abno otorga la calidad de heredero, ni suple la falta de t\u00edtulos, ni excluye de la herencia a quienes se presenten m\u00e1s tarde con la prueba necesaria para que se extienda tambi\u00e9n a su favor dicho decreto; pero s\u00ed sirve, por excepci\u00f3n, de justo t\u00edtulo al heredero putativo para que sea considerado como poseedor regular, como se desprende de los art\u00edculos 766, inciso \u00faltimo, y 1326 del C\u00f3digo Civil\u00bb (CSJ SC 6 nov. 1939, G. J., T. XLIV, p\u00e1g. 158). <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Sala, precis\u00f3 posteriormente que dicho instrumento serv\u00eda al prop\u00f3sito de hacer constar en el registro \u00abel derecho de quien aparece disponiendo de ese inmueble que est\u00e1 a nombre de otro\u00bb, por v\u00eda de asentar que, debido al deceso del poseedor inscrito, \u00abpueden, en adelante, sus herederos ejecutar actos de disposici\u00f3n sobre ese inmueble que, hasta entonces, aparece inscrito en nombre del difunto. Y esa inscripci\u00f3n es necesaria porque, sin ella, quedar\u00eda una interrupci\u00f3n o laguna en la historia de la propiedad ra\u00edz, historia que es el objeto de la instituci\u00f3n de registro\u00bb (CSJ SC 21 abr. 1954, G. J. T. LXXVII n\u00b0. 2140, p\u00e1g. 382 a 389). <\/p>\n
Luego, el decreto de posesi\u00f3n efectiva radicaba \u00aben la totalidad de los herederos el dominio de todos los bienes ra\u00edces comprendidos en la comunidad sucesoral, facult\u00e1ndolos para disponer de consuno de cualquiera de \u00e9stos. Pero ello no significa que el derecho de libre disposici\u00f3n quede limitado al caso en que todos en conjunto enajenen. Tambi\u00e9n pueden disponer del derecho que cada uno de ellos tiene, el cual, conforme al art\u00edculo 2323 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el 2322 de la misma obra, \u00abes el mismo que el de los socios en el haber social\u00bb (CSJ SC 21 sep. 1976, G.J. T. CLII n.\u00b0 2393, p\u00e1g. 397 a 406). <\/p>\n
4.3. La regla 607 de la codificaci\u00f3n procedimental civil hoy derogada (dcto. 1400 de 1970), consignaba que despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n del inventario y los aval\u00faos de los bienes de la herencia, si entre ellos hab\u00eda inmuebles, cualquiera de los herederos pod\u00eda solicitar al juzgador de la causa mortuoria que expidiera \u00aben favor de todos, el decreto de posesi\u00f3n efectiva prevenido en el art\u00edculo 757 del C\u00f3digo Civil\u00bb y que ordenara \u00absu inscripci\u00f3n en el registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb, previniendo, adem\u00e1s, que \u00ab{l}os herederos que se presenten luego, podr\u00e1n pedir que el decreto se extienda a ellos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior pauta fue derogada por el C\u00f3digo General del Proceso16, con lo cual desaparecieron del ordenamiento jur\u00eddico, tanto la actuaci\u00f3n procesal antes encaminada a permitir la posesi\u00f3n real y no s\u00f3lo ficticia de las cosas hereditarias, como la providencia que la declaraba en cabeza de todos los herederos, reforma que fue, incluso, m\u00e1s all\u00e1 y, en consonancia con la supresi\u00f3n precedente, intervino el art\u00edculo 757 de la codificaci\u00f3n civil, pues \u00e9sta era la previsi\u00f3n sustantiva que refer\u00eda a ese \u00abdecreto judicial\u00bb, en virtud de la cual se otorgaba la \u00abposesi\u00f3n efectiva\u00bb sobre la masa sucesoral. <\/p>\n
Memorando la redacci\u00f3n originaria de esa disposici\u00f3n, se encuentra que all\u00ed se establec\u00eda que \u00ab{e}n el momento de deferirse la herencia la posesi\u00f3n de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesi\u00f3n legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no preceda: <\/p>\n
1o) El decreto judicial que da la posesi\u00f3n efectiva, y <\/p>\n
2o) El registro del mismo decreto judicial y de los t\u00edtulos que confieran el dominio\u00bb. <\/p>\n
La nueva ley de los ritos judiciales abrog\u00f3 la expresi\u00f3n \u00abmientras no preceda\u00bb y los numerales 1 y 217, modificaci\u00f3n que dej\u00f3 al aludido mandato con el siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abEn el momento de deferirse la herencia la posesi\u00f3n de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesi\u00f3n legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble\u00bb. <\/p>\n
Significa lo hasta ahora expuesto que la \u00abposesi\u00f3n efectiva\u00bb de la herencia ya no existe, y la \u00fanica existente en nuestro ordenamiento es la \u00abposesi\u00f3n legal\u00bb surgida a partir de la delaci\u00f3n, lo que ocurre con el \u00f3bito del causante, la cual no faculta a los herederos para disponer, de modo alguno, de los bienes inmuebles relictos, de ah\u00ed que, como en otra oportunidad lo precis\u00f3 esta Sala \u00abentre la delaci\u00f3n y la partici\u00f3n el heredero no goce de la propiedad singular en los bienes de la herencia, la cual s\u00f3lo adquiere una vez se liquida y se le adjudican los bienes, con lo que se materializa esa transferencia patrimonial\u00bb (CSJ AC 5532-2018, 19 dic., rad. 2013-00062-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, a partir de la vigencia del actual estatuto procesal, la expresi\u00f3n \u00abposesi\u00f3n efectiva de los bienes\u00bb, contenida en el inciso segundo del canon 219 del C\u00f3digo Civil, amerita una nueva lectura que armonice con las variaciones introducidas por el primer compendio, las cuales se rese\u00f1aron antes; de contera, los aludidos vocablos, debe entenderse, aluden a la posesi\u00f3n de los bienes hereditarios derivada de su adjudicaci\u00f3n a los herederos. <\/p>\n
Lo dicho hace caer al vac\u00edo la refutaci\u00f3n ata\u00f1edera a la improcedencia de plantear el desconocimiento de la paternidad a trav\u00e9s de la defensa de m\u00e9rito planteada en el juicio de petici\u00f3n de herencia promovido por la pretendida hija Adriana Camacho G\u00f3mez, porque habida cuenta que los enjuiciados entraron en posesi\u00f3n de los bienes relictos como resultado de la adjudicaci\u00f3n contenida en las escrituras p\u00fablicas Nos. 1961 de 28 de diciembre de 2011 y 153 de 2 de febrero de 2012, protocolizadas ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Bucaramanga, sin contradicci\u00f3n de aquella descendiente, es claro que estaban legitimados para oponerle la defensa de negaci\u00f3n, impugnaci\u00f3n o desconocimiento de la paternidad de Primitivo Camacho Silva respecto suyo, al no ostentar la calidad de hija que le fue reconocida por dicho causante. <\/p>\n
De la misma manera, decae el embate concerniente a la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad (cargo quinto), pues basta la lectura de la norma en comento para advertir que el legislador no le impuso t\u00e9rmino extintivo alguno al medio exceptivo propuesto por los demandados que entraron en posesi\u00f3n de los bienes herenciales, lo que se colige sin ambages de la expresi\u00f3n \u00abpodr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo (\u2026)\u00bb (se destaca). <\/p>\n
5. No obstante lo anterior, se hace necesario detener el an\u00e1lisis en este punto para reparar en que tampoco ha sido un\u00e1nime la postura de la Sala en torno de la hermen\u00e9utica de la parte final del primer inciso de la disposici\u00f3n analizada, esto es, lo atinente a la cesaci\u00f3n del derecho a impugnar que tienen los herederos, fen\u00f3meno que se materializa cuando \u00abel padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed la importancia y la necesidad de unificar el criterio tambi\u00e9n frente a esta puntual tem\u00e1tica, para lo cual se partir\u00e1 de una breve rese\u00f1a de las decisiones que, en uno y otro sentido, se han expedido en la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Al analizar, en sede de casaci\u00f3n, el caso de un hijo matrimonial inscrito como descendiente de los respectivos esposos, cuyos t\u00edos y abuela paterna, al morir el progenitor, impugnaron la filiaci\u00f3n con soporte en la inexistencia del v\u00ednculo biol\u00f3gico, la Sala, despu\u00e9s de estimar que la manifestaci\u00f3n de reconocimiento no se hab\u00eda realizado en debida forma, consider\u00f3 viable la controversia suscitada por los interesados, cuyos alegatos quedaron demostrados con la prueba de ADN practicada en las diligencias. Sobre la impugnabilidad del reconocimiento, la decisi\u00f3n mayoritaria, adver\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Requisito adicional para que los terceros puedan impugnar la paternidad es que el marido o el compa\u00f1ero permanente no haya reconocido al hijo como suyo de manera expresa en un testamento, o en otro instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
Esa prohibici\u00f3n legal encuentra sustento en el deseo del legislador de respetar siempre la voluntad el esposo o del compa\u00f1ero, la cual no puede ser desconocida por otras personas, pues ese reconocimiento realizado por el padre comporta una renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, realizado ese reconocimiento expreso del hijo, por parte del presunto padre, no ser\u00eda natural que otros sujetos desconocieran esa paternidad, pues nadie est\u00e1 en mejor situaci\u00f3n que el marido o el compa\u00f1ero permanente para saber que el hijo alumbrado por su esposa o compa\u00f1era permanente, es realmente suyo (\u2026) (CSJ SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-01) <\/p>\n
Postura que fue confutada por el salvamento de voto a esa providencia, con fundamento en que all\u00ed se desconoci\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica del reconocimiento, pues se adujo que \u00ab(\u2026) solo puede ser rebatido de cumplirse las condiciones previstas en las leyes 75 de 1968 y 1060 de 2006, a trav\u00e9s de los mecanismos y por los motivos all\u00ed contemplados, dejando de lado la posibilidad de desquiciarlo como acto jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la tesis disidente sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) El reconocimiento del hijo. Manifestaci\u00f3n expresa y vinculante de la autonom\u00eda de la voluntad del padre reconocedor. <\/p>\n
El negocio jur\u00eddico es la manifestaci\u00f3n directa y reflexivamente encaminada a producir efectos en derecho. Es un instrumento empleado y concedido a los particulares para regular y disponer de sus intereses y derechos, sean patrimoniales o no. <\/p>\n
En \u00e9l, juega papel fundamental el principio de la autonom\u00eda privada, en tanto expresi\u00f3n de libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e iniciativa econ\u00f3mica y de empresa garantizadas por el Estado Social de Derecho, soporte y fundamento del sistema democr\u00e1tico, conforme se desprende del Pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 2\u00ba, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 332, 333, 334, 335 y 373 de la Constituci\u00f3n. A su abrigo, se confiere al sujeto iuris el poder para engendrar el acto jur\u00eddico. <\/p>\n
No debe perderse de vista, \u00ab(\u2026) la autonom\u00eda privada en cuanto libertad contractual, comporta el razonable reconocimiento legal a toda persona de un c\u00famulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la disposici\u00f3n (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el cat\u00e1logo legis o en los usos o pr\u00e1cticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresi\u00f3n o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenirla terminaci\u00f3n o disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
Dicho en t\u00e9rminos m\u00e1s sencillos: si el ordenamiento no impone una restricci\u00f3n, prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n, el sujeto de derecho goza, en proyecci\u00f3n de su autonom\u00eda privada, de la facultad de pactar u obligarse en cuanto estime conveniente, quedando atado (o vinculado) a sus estipulaciones o manifestaciones, sean \u00e9stas bilaterales o simplemente unilaterales. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n mayoritaria de la Sala es equ\u00edvoca por cuanto pasa por alto ese postulado, d\u00e1ndole primac\u00eda, de manera sutil, a criterios de autoritarismo cient\u00edfico, carentes de contenido ps\u00edquico y de fraternidad, desconociendo que la filiaci\u00f3n, tambi\u00e9n, es un fen\u00f3meno socio-cultural, aspecto que toma a\u00fan mayor vigor cuando media un acto declarativo de voluntad con efecto vinculante, como sin duda lo es el reconocimiento, seg\u00fan atr\u00e1s lo dej\u00e9 explicado. <\/p>\n
Lo contrario supone limitar indebidamente los efectos de un acto jur\u00eddico otorgado con el cumplimiento de todos los requisitos de ley, con plena capacidad y consentimiento de quien en su momento tuvo la voluntad de emitirlo y de asumir las consecuencias dimanadas de tal manifestaci\u00f3n. Tal sujeto no era discapacitado mental, imp\u00faber o portador de anomal\u00eda s\u00edquica alguna para hacer rodar por el piso su voluntad jur\u00eddica reconociente (\u2026) (Salvamento de voto a la sentencia SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-01). <\/p>\n
5.2. De manera puntual, sobre el momento en que debe operar el memorado reconocimiento para que produzca los efectos extintivos se\u00f1alados, a prop\u00f3sito de un asunto donde se impugn\u00f3 el reconocimiento paterno plasmado en el registro civil de nacimiento de una hija extramatrimonial, la Sala, precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el reconocimiento hecho a favor de (\u2026) en su registro civil de nacimiento, no fue ratificado a trav\u00e9s de testamento o en otro instrumento p\u00fablico que diera cuenta de la real voluntad del causante en ello, por lo que no resultaba acertado en el caso bajo estudio, acudir al art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil para cesar el derecho de los herederos a impugnar la paternidad de quien no es hija (CSJ STC8164-2019, 21 jun., rad. 2019-01715-00). <\/p>\n
5.3. De manera m\u00e1s reciente, en la sentencia STC1509-2021, tras reiterar el aparte arriba transcrito de la providencia SC16279-2016, la Sala resolvi\u00f3, en sede constitucional, el caso de una mujer nacida en vigencia de un v\u00ednculo marital y reconocida expresamente en su registro civil de nacimiento por ambos esposos, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) los antecedentes f\u00e1cticos acreditados en el decurso daban cuenta de la voluntad de Pablo, al efectuar el reconocimiento de la menor, Valentina, a sabiendas de que no era su descendiente biol\u00f3gica. <\/p>\n
N\u00f3tese, de las pruebas aqu\u00ed allegadas se advierte que, Pablo contrajo matrimonio civil con Emilce Ariza Alarc\u00f3n \u2013 aqu\u00ed tutelante- el 13 de marzo del a\u00f1o 2001. <\/p>\n
Tanto la heredera demandante en el subj\u00fadice como la aqu\u00ed gestora admitieron que antes de contraer dicho v\u00ednculo, Pablo se practic\u00f3 el procedimiento de vasectom\u00eda y, posteriormente, la prueba de espermograma, de donde se colige, \u00e9ste ten\u00eda pleno conocimiento acerca de su imposibilidad para engendrar hijos. <\/p>\n
Pese a ese convencimiento, Pablo, reconoci\u00f3 como su hija a la menor, Valentina, al d\u00eda siguiente de su nacimiento, esto es, el d\u00eda 3 de octubre de 2009, tal como consta en el registro civil obrante en el plenario. <\/p>\n
No obstante, aun cuando en la sentencia cuestionada la juez reconoci\u00f3 el valor del registro civil de nacimiento como un instrumento p\u00fablico, se\u00f1al\u00f3 que dicho acto de reconocimiento no extingu\u00eda el derecho de la heredera de impugnar la relaci\u00f3n filial en cuesti\u00f3n; criterio que, tal como se anot\u00f3, desconoce la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (\u2026) (STC1509-2021, 19 feb., rad. 2020-00728-01). <\/p>\n
5.4. En la sentencia STC10080-2021, se expuso lo siguiente en torno del reconocimiento de la progenitura: <\/p>\n
(\u2026) 4. Ahora, valga precisar que el reconocimiento es un acto o negocio jur\u00eddico de car\u00e1cter familiar realizado por el padre o la madre que, como manifestaci\u00f3n de la persuasi\u00f3n, fe y convicci\u00f3n interna del reconocedor no supeditado a prueba, el cual, puede surtirse antes o despu\u00e9s del nacimiento. Consiste en una declaraci\u00f3n (i) unilateral, (ii) voluntaria, (iii) solemne, (iv) irrevocable, (v) vinculante para el otorgante desde su materializaci\u00f3n, (vi) pero tambi\u00e9n oponible al reconocido una vez notificado y aceptado; adem\u00e1s, (vii) es impugnable. <\/p>\n
La ley ha previsto, cuatro formas expl\u00edcitas de hacerlo: <\/p>\n
4.1. Reconocimiento en el registro civil de nacimiento. Se hace al momento de inscribirlo dentro de los treinta d\u00edas siguiente al nacimiento o posteriormente mediante declaraci\u00f3n firmando el acta por quien lo hace y autoriz\u00e1ndola el funcionario del estado civil facultado para el caso. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936 en el numeral 1 dispone: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 1. En el acta de nacimiento, firm\u00e1ndola quien reconoce. <\/p>\n
\u00abEl funcionario del Estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, indagar\u00e1 por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribir\u00e1 como tales a los que el declarante indique, con expresi\u00f3n de alg\u00fan hecho probatorio y protesta de no faltar a la verdad. La inscripci\u00f3n del nombre del padre se har\u00e1 en libro especial destinado a tal efecto y de ella s\u00f3lo se expedir\u00e1n copias a las personas indicadas en el ordinal 4\u00ba inciso 2\u00ba de este art\u00edculo y a las autoridades judiciales y de polic\u00eda que las solicitaren. <\/p>\n
\u00abDentro de los treinta d\u00edas siguientes a la inscripci\u00f3n, el funcionario que la haya autorizado la notificar\u00e1 personalmente al presunto padre, si \u00e9ste no hubiere firmado el acta de nacimiento. El notificado deber\u00e1 expresar, en la misma notificaci\u00f3n, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza el car\u00e1cter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario proceder\u00e1 a comunicar el hecho al defensor de menores para que \u00e9ste inicie la investigaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
\u00abIgual procedimiento se seguir\u00e1 en el caso de que la notificaci\u00f3n no pueda llevarse a cabo en el t\u00e9rmino indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre. <\/p>\n
\u00abMientras no sea aceptada la atribuci\u00f3n por el notificado, o la partida de nacimiento no se haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresar\u00e1 el nombre del padre en las copias que de ella llegaren a expedirse (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.2. Reconocimiento por escritura p\u00fablica, se trata de una forma diferente que sigue los ritos de las escrituras p\u00fablicas ante notario o quien haga sus veces, llenando los requisitos de las mismas, sea que tengan como objeto \u00fanicamente ese prop\u00f3sito o que se trate de un asunto diferente, pero en todo caso, realizado en asunto que deba surtirse por escritura p\u00fablica, que como tales luego se incorporan en los protocolos notariales. Esta prevista en el n\u00fam. 2. del art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 del 1 de la Ley 45 de 1936, cuando plasma que el reconocimiento podr\u00e1 hacerse \u00abpor escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
4.3. Reconocimiento por testamento. Este negocio jur\u00eddico es la manifestaci\u00f3n unilateral de la voluntad sobre el patrimonio de una persona, individual, personal\u00edsima, m\u00e1s o menos solemne en la forma abierta o cerrada, donde el disponente puede reconocer un hijo como suyo, acto jur\u00eddico que, aun cuando revocable en el todo, no lo es ni ser\u00e1 respecto del reconocimiento. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936, precisamente autoriza el reconocimiento por \u00ab(\u2026) testamento, caso en el cual la renovaci\u00f3n de \u00e9ste no implica la del reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
4.4. Reconocimiento ante juez de la Rep\u00fablica. Se trata de la manifestaci\u00f3n expresa y directa que hace el reconocedor ante el juez, as\u00ed el reconocimiento no haya sido el objeto \u00fanico y principal de la diligencia judicial, o as\u00ed no sea juicio de investigaci\u00f3n de paternidad el tema, la causa u objeto del litigio judicial donde se reconoce al hijo. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936 en el n\u00fam. 4, dispone: \u00abPor manifestaci\u00f3n expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto \u00fanico y principal del acto que lo contiene\u00bb. Este precepto fue modificado y complementado por el art. 10 del Decreto 2272 de 1989 que cre\u00f3 la jurisdicci\u00f3n de familia para disponer el tr\u00e1mite incidental que se activar\u00eda por solicitud del defensor de familia o de los parientes all\u00ed autorizados cuando sea citado el reconocedor y \u00e9ste, no comparezca (\u2026). <\/p>\n
5.5. Finalmente, en la sentencia SC4856-2021, 2 nov., rad. 2014-00340-01, refiri\u00e9ndose a la maternidad extramatrimonial reconocida en el registro civil de nacimiento, la Sala consider\u00f3 inatacable por cualquier tercero, el anotado acto de voluntad. All\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Lo m\u00e1s importante, sin discusi\u00f3n alguna el acto jur\u00eddico de reconocimiento de maternidad efectuado en el registro civil de nacimiento de que se trata. <\/p>\n
En ninguna parte aparece que Mercedes Navarrete Ballesteros haya sido obligada a suscribir la diligencia o su consentimiento afectado. La afirmaci\u00f3n de madre, consiguientemente, tiene plenos efectos, en tanto, es la manifestaci\u00f3n libre y aut\u00f3noma de la voluntad. <\/p>\n
El entendimiento corresponde al car\u00e1cter jur\u00eddico y socio-cultural de la filiaci\u00f3n como fuente de la instituci\u00f3n familiar. Es ajeno a criterios cient\u00edficos, pues prevalece los aspectos ps\u00edquicos y de fraternidad. Fue voluntad de la difunta la de tener como suyo al aqu\u00ed apelante, que aun cuando no fuese descendiente biol\u00f3gico de ella, dispuso en vida, a trav\u00e9s del registro civil de nacimiento, su reconocimiento como hijo extramatrimonial. <\/p>\n
No puede, entonces, ignorarse la voluntad de la madre fallecida para ordenar libremente sus intereses con efecto vinculante, y mucho menos la presunci\u00f3n de buena fe. Entre otras cosas, crear prerrogativas y obligaciones respecto del aqu\u00ed demandado, pues se patrocinar\u00eda de manera soterrada su derecho a la personalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Por ello, es dable poner en entredicho que personas ajenas al estado civil, como los familiares colaterales, puedan disputar algo que no les pertenece con desconocimiento de la noci\u00f3n jur\u00eddica, pol\u00edtica y socio-cultural de la filiaci\u00f3n. La posibilidad contraviene los principios que gu\u00edan estas acciones, in esentia, porque se prescinde de su car\u00e1cter personal\u00edsimo, indisponible, inembargable e intransmisible, otorg\u00e1ndoles, en la pr\u00e1ctica, el mismo tratamiento epist\u00e9mico, jur\u00eddico y \u00e9tico propio de las acciones puramente patrimoniales. <\/p>\n
En cuestiones tan relevantes, al referirse a la impugnaci\u00f3n, Julio J. L\u00f3pez del Carril, expone con rigor: \u00ab(\u2026) las acciones de estado son personal\u00edsimas y (\u2026) en consecuencia el estado de la persona tiene ese mismo car\u00e1cter personal\u00edsimo y es parte integrante e inseparable de la persona. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por consecuencia, las acciones de \u00e9sta son intransmisibles. Y es que estos derechos personal\u00edsimos NO son transmisibles por sucesi\u00f3n y por lo que llevamos dicho y adem\u00e1s porque expresamente lo dice el art. 3417 de nuestro C\u00f3digo Civil: \u00abEl heredero que ha entrado en posesi\u00f3n de la herencia, o que ha sido puesto en ella por juez competente, contin\u00faa la persona del difunto (\u2026) con excepci\u00f3n de aqu\u00e9llos derechos que no son transmisibles por sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00abY la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de filiaci\u00f3n es una acci\u00f3n de estado, pues tiende a obtener el desplazamiento del que ten\u00eda una persona. El heredero que promueve una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de filiaci\u00f3n, NO est\u00e1 ejerciendo una acci\u00f3n transmitida por el difunto, sino una acci\u00f3n propia y es evidente que no tiene legitimaci\u00f3n activa para promover tal acci\u00f3n. Pues que \u00e9sta es personal\u00edsima del causante (sic). <\/p>\n
\u00abSiguiendo este razonamiento, pensamos que la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de estado no puede ni debe ser transmitida por sucesi\u00f3n intestada y menos por testamentaria. <\/p>\n
\u00abLos herederos s\u00f3lo tienen un inter\u00e9s patrimonial, que ser\u00e1 respetable, pero que no debe enfrentarse jam\u00e1s con los intereses morales, pues en tal enfrentamiento estos \u00faltimos deben desplazar a aqu\u00e9llos. Se tratar\u00eda de destruir un estado jur\u00eddico familiar sustentando por factores \u00e9ticos, para gozar de una ventaja patrimonial, m\u00e1xime cuando el autor de la sucesi\u00f3n no quiso deliberadamente y tambi\u00e9n omiti\u00f3 el ejercicio voluntariamente, lo que importa, en mi sentir, la caducidad de toda acci\u00f3n de desplazamiento\u00bb; finalmente, concluye: <\/p>\n
\u00abAdmitir, en alguna forma, la transmisi\u00f3n de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de filiaci\u00f3n leg\u00edtima, es admitir la inseguridad en el estado jur\u00eddico familiar y es el triunfo del ego\u00edsmo que representa el inter\u00e9s patrimonial, al tratar de desplazar la honra y dignidad de una persona para gozar de bienes (\u2026)\u00bb18[1]. <\/p>\n
En el caso, pues, la presunta madre reconoci\u00f3 en el acta de nacimiento, con todos sus efectos y firmeza, al demandado Diego Fernando Navarrete Ballesteros como su hijo. La acci\u00f3n ventilada, en consecuencia, a\u00fan en el evento de ser susceptible de incoarse por su sobrina Elizabeth, se encontraba ya totalmente definida por la voluntad de aquella (STC10080-2021, 11 ago., rad. 2021-02418-00). <\/p>\n
5.6. Como puede advertirse a partir del recuento realizado, la Corte viene considerando que la viabilidad del medio exceptivo est\u00e1 sujeta a la ausencia de reconocimiento por parte del progenitor en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico; sin embargo, como esta norma fue instituida para aquellos eventos donde se inscrib\u00eda la paternidad del hijo matrimonial con fundamento en la presunci\u00f3n de legitimidad consagrada en la legislaci\u00f3n colombiana de anta\u00f1o, en la actualidad es necesario reconsiderar la inteligencia de esa disposici\u00f3n y adecuarla a la regulaci\u00f3n vigente sobre la materia y a las innegables realidades sociales de los tiempos que corren, en orden a hacerla consonante con el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley 1060 de 2006 que unific\u00f3 el r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n de la paternidad y la maternidad, para los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. <\/p>\n
En ese orden, la interpretaci\u00f3n que mejor se adec\u00faa a la realidad de los procesos mencionados es la de admitir la impugnabilidad de la progenitura materna y paterna a\u00fan si existe un reconocimiento inicial por parte del padre o de la madre, pues \u00fanicamente si dicho acto ha sido refrendado a trav\u00e9s de testamento u otro instrumento p\u00fablico, es dable tener por extinguido el derecho de los herederos a refutar el nexo filial del pretendido hijo con su ascendiente en primer grado de parentesco. En el sentido anterior queda precisada la postura de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Resta proveer sobre el embiste cuarto, atinente al quebranto indirecto del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 75 de 1968, producto de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba cient\u00edfica de marcadores gen\u00e9ticos, yerro que, seg\u00fan el censor, tuvo origen en que el procedimiento de exhumaci\u00f3n \u00abfue concedido para los restos \u00f3seos de Aquileo C\u00e1rdenas Roa\u00bb y no de Primitivo Camacho Silva, discordancia que, en su opini\u00f3n, mina \u00abla veracidad de la prueba\u00bb. <\/p>\n
6.1. Los errores de hecho en la valoraci\u00f3n de las probanzas se relacionan con su constataci\u00f3n material en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Tal como lo ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n se configuran cuando \u00abse da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01; CSJ AC2709-2020, 19 oct., rad. 2017-00076-01; CSJ SC4063-2020, 26 oct., rad. 2011-00635-01). <\/p>\n
La aceptaci\u00f3n de este tipo de pifia en la sede casacional est\u00e1 supeditada a que el desacierto sea evidente o notorio, de modo que su solo planteamiento haga brotar que el criterio del juzgador est\u00e1 por completo separado de la realidad f\u00e1ctica acreditada en el proceso y, por tanto, sus conclusiones son contraevidentes. <\/p>\n
6.2. En el sub iudice, el sentenciador de segunda instancia no incurri\u00f3 en dislate f\u00e1ctico al valorar la prueba mencionada por la casacionista, porque pese a que en el plenario obra el concepto sanitario favorable, rendido por la Secretar\u00eda de Salud y Ambiente de Bucaramanga, para la exhumaci\u00f3n de una persona diferente del causante (Aquileo C\u00e1rdenas Roa), el procedimiento se llev\u00f3 a cabo con los restos \u00f3seos de Primitivo Camacho Silva como correspond\u00eda hacerlo para los fines del litigio, y de ello dan cuenta tanto la certificaci\u00f3n obrante al folio 331 del cuaderno primero, levantada por la Direcci\u00f3n del Parque Memorial Jardines La Colina, cuyo contenido no fue tachado ni redarg\u00fcido de falso por la parte demandante, y el acta de la diligencia visible a folio 333 de la misma foliatura. <\/p>\n
La sola aportaci\u00f3n de un documento que en nada interesa al proceso -el concepto sanitario rendido para la exhumaci\u00f3n de otro cad\u00e1ver- en nada socava la veracidad del medio probatorio que se practic\u00f3 con los restos del causante, con base en los cuales fue realizada la prueba de ADN, donde se determin\u00f3 la inexistencia de v\u00ednculo paterno \u2013 filial entre el se\u00f1or Primitivo Camacho y la reclamante reconocida por \u00e9l como hija.19 <\/p>\n
6.3. De otra parte, la censura no se ocup\u00f3 de refutar el resultado del medio de convicci\u00f3n cient\u00edfico que condujo al ad quem a declarar probada la excepci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad, circunstancia que torna desenfocado e inid\u00f3neo el reproche as\u00ed formulado. <\/p>\n
6.4. El cargo bajo estudio, por las razones que acaban de exponerse, tambi\u00e9n naufraga. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Adujo que el fallo quebrant\u00f3 directamente los mandatos 219 de la codificaci\u00f3n civil; 2\u00ba y 4\u00ba de la Ley 45 de 1936; 5\u00ba de la Ley 75 de 1968; y 1\u00ba y 3\u00ba del Decreto 1260 de 1970, infracci\u00f3n que provino de \u00abla apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de lo que se pretend\u00eda con la excepci\u00f3n para enervar la vocaci\u00f3n hereditaria de la demandante y de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n como tal\u00bb.20 <\/p>\n
Indic\u00f3 que el registro civil de nacimiento conten\u00eda un reconocimiento de la voluntad irrevocable de Primitivo Camacho, que re\u00fane los requisitos consagrados en el art\u00edculo 1502 del ordenamiento civil y torna irrelevante la prueba de ADN que se adujo como soporte de la defensa propuesta por los demandados. <\/p>\n
Adicionalmente, la actora tuvo la posesi\u00f3n notoria del estado civil, pues ha llevado el apellido paterno desde hace m\u00e1s de 45 a\u00f1os \u00absin que hasta la fecha nadie haya puesto en duda esta situaci\u00f3n jur\u00eddica y legal, situaci\u00f3n concordante con los derechos que se derivan de la inscripci\u00f3n en el registro civil, tales como el derecho a la personalidad jur\u00eddica (\u2026), el derecho a tener una familia (\u2026), el derecho a tener un estado civil, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (\u2026), el derecho a la filiaci\u00f3n y a la dignidad humana (\u2026) entre otros\u00bb.21 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La facultad de los herederos de impugnar la paternidad est\u00e1 limitada por el reconocimiento expreso del hijo por parte de quien pasa por su progenitor, contenido en testamento u otro instrumento p\u00fablico, como lo precept\u00faa el art\u00edculo 219 del compendio civil. <\/p>\n
El reconocimiento al que hace referencia la norma no es el inicial contenido en acta de nacimiento, sino que se impone que aquel sea ratificado a trav\u00e9s de testamento o en otro instrumento p\u00fablico que d\u00e9 cuenta de la voluntad del causante, al cual se le asigna el efecto de renuncia del derecho de impugnaci\u00f3n por el reconociente y de clausura de la oportunidad de los herederos de disputarlo, tal como se precis\u00f3 al analizar los cargos segundo y cuarto, que se ratifica en este estudio. <\/p>\n
Esta exigencia tiene origen en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones disciplinantes de la impugnaci\u00f3n de la maternidad y de la paternidad, comoquiera que estas no impiden reclamar contra ellas, aun cuando el canon 1\u00b0 de la Ley 75 de 1968 establezca que el reconocimiento de los hijos es un acto \u00abirrevocable\u00bb. <\/p>\n
2. El significado de la irrevocabilidad, por consiguiente, no es absoluto, por ninguna duda admite la salvedad del derecho a impugnarlo por las causas, las personas y en los t\u00e9rminos determinados en la ley, porque con la impugnaci\u00f3n persigue descorrer el velo de inexactitud que recae sobre el reconocimiento cuando no se aviene a la realidad de la relaci\u00f3n filial. <\/p>\n
En t\u00e9rminos semejantes lo refiri\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad esta Corporaci\u00f3n, cuando destac\u00f3 que \u00abla irrevocabilidad no tiene porqu\u00e9 (sic) aceptarse siempre y en todo supuesto a fardo cerrado, concedi\u00e9ndole as\u00ed un alcance que rebasa su propio l\u00edmite. La irrevocabilidad lo \u00fanico que significa es que dentro del arbitrio del reconociente no est\u00e1 el arrepentirse. Porque nadie duda que por encima de ello queda a salvo el derecho de impugnarlo, aunque s\u00f3lo por las causas y en los t\u00e9rminos expresadas en el art. 5 de la ley 75 de 1968, evento en el cual, conviene notarlo, se persigue es correr el velo de la inexactitud del reconocimiento, en cuanto \u00e9ste no se aviene con la realidad: en una palabra, busca demostrarse la falsedad del reconocimiento\u00bb (CSJ SC oct. 27 2000, rad. 5639). <\/p>\n
En consonancia con dicha postura se ha dicho que el acto de reconocer a un hijo lleva impl\u00edcita la aceptaci\u00f3n de haber sostenido relaciones sexuales para la \u00e9poca de la concepci\u00f3n, de ah\u00ed que para refutarla deba enervarse tal supuesto, esto es, las pruebas han de estar dirigidas a \u00abdesvirtuar que el reconocido no ha podido tener por padre a quien realiz\u00f3 el reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Si el reconocimiento de un hijo, realizado en el acta de nacimiento, no es inexpugnable, y por el contrario, es susceptible de que, en su contra, se plantee por acci\u00f3n la impugnaci\u00f3n de la paternidad, o por v\u00eda de excepci\u00f3n en el caso del inciso final del art\u00edculo 219 de la codificaci\u00f3n civil, no pudo incurrir el sentenciador ad quem en desconocimiento directo de las disposiciones invocadas, porque al aceptar la procedencia del medio defensivo fundado en el desconocimiento de la progenitura del causante, juzg\u00f3 impl\u00edcitamente que el reconocimiento inicial realizado por Primitivo Camacho G\u00f3mez no truncaba ni extingu\u00eda el derecho de los herederos de desconocer la relaci\u00f3n filial, y ese es el sentido que genuinamente se desprende de la norma. <\/p>\n
4. Las razones consignadas en precedencia determinan la improsperidad del ataque. <\/p>\n
5. Casaci\u00f3n de oficio: <\/p>\n
Precept\u00faa el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que \u00ab{l}a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
5.1. No obstante el fracaso de los embates propuestos por la casacionista con base en las razones expuestas, no puede soslayar la Corte que en el presente caso el juzgador de segundo grado vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de la promotora de la acci\u00f3n, motivo que conforme a la norma que acaba de transcribirse, autoriza casar de oficio la sentencia recurrida, pero en este caso, el quiebre de la providencia tendr\u00e1 efectos apenas parciales, en tanto la determinaci\u00f3n que lo origina es la de \u00abCOMUNICAR la presente decisi\u00f3n al funcionario del estado civil de la municipalidad de Barbosa Santander, con el fin de que se inscriba en el registro civil de ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto ese mandato incide de manera negativa en el estado civil de la accionante, no obstante que ese no es el alcance que cab\u00eda dar a la excepci\u00f3n de negaci\u00f3n de la paternidad, propuesta por los demandados en el juicio. <\/p>\n
Afirmase de la se\u00f1alada manera porque, siendo el estado civil un atributo de la personalidad, no puede ser modificado sin previamente haberse adelantado la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n correspondiente (maternidad o paternidad), atendiendo a que su prop\u00f3sito no es otro distinto al de \u00abrefutar la paternidad o maternidad, presentando tres vertientes: la que se dirige para desvirtuar la presunci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 214 del C\u00f3digo Civil, en virtud del cual los nacidos durante la vigencia del v\u00ednculo de pareja debidamente constituido se presumen como hijos de la misma; la \u2018impugnaci\u00f3n de reconocimiento\u2019, cuando se pretende desconocer la manifestaci\u00f3n voluntaria de quien acepta ser padre, sin que medie relaci\u00f3n con \u00e1nimo de permanencia; y cuando se repele la maternidad por corresponder a un falso parto o suplantaci\u00f3n del pretendido hijo al verdadero (\u2026)\u00bb (CSJ SC 1\u00b0 nov. 2011, rad. 2006-00092-01, reiterada en CSJ SC 16 ago. 2012, rad. 2006-01276-01). <\/p>\n
Obrar en contrario resulta, como en este caso, una afrenta a las garant\u00edas ius fundamentales, principalmente, por soslayar el mecanismo habilitado legalmente para controvertir la informaci\u00f3n consignada en el registro civil, determinante de la filiaci\u00f3n del individuo titular de la partida. <\/p>\n
Y es que para la comprensi\u00f3n del efecto de la ausencia de v\u00ednculo paternal del que se viene tratando, declarado como consecuencia de la interposici\u00f3n de una defensa meritoria, basta con hacer remisi\u00f3n directa al concepto de los t\u00e9rminos: acci\u00f3n y excepci\u00f3n. <\/p>\n
El primero, seg\u00fan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola -RAE- refiere a la \u00abFacultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer en juicio el contenido de aquel\u00bb22; mientras que, el segundo, es entendido como el \u00abT\u00edtulo o motivo jur\u00eddico que el demandado alega para hacer ineficaz la acci\u00f3n del demandante; como el pago de la deuda, la prescripci\u00f3n del dominio, etc.\u00bb23. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas definiciones al asunto concreto, surge que, la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad y de la maternidad, refiere a la potestad que se tiene para rebatir, por la v\u00eda legal, la filiaci\u00f3n que respecto de un determinado individuo revela su registro civil de nacimiento, de modo tal que, su efecto, no puede ser otro distinto que la declaraci\u00f3n positiva o negativa de la calidad de hijo(a) del titular del instrumento p\u00fablico, respecto de quien all\u00ed fue consignado como su padre o madre, finalidad que, por supuesto, no puede cumplirse cuando se discute a trav\u00e9s de un medio defensivo, en tanto, a la luz del \u00faltimo concepto referido, \u00e9ste solo es \u00fatil para evitar la efectividad de la demanda que se est\u00e9 adelantando en contra de quien lo plantea, dicho en otras palabras, su prop\u00f3sito se limita a impedir la materializaci\u00f3n de las pretensiones invocadas dentro de un juicio, en este caso, el de petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
5.2. Bajo ese entendido, deviene evidente que la consecuencia directa de la prosperidad de la excepci\u00f3n en comento, es de orden netamente patrimonial, puesto que, el veredicto del fallador no tiene repercusi\u00f3n en el estado civil del pretendido hijo porque, se itera, no se trata de un juicio de impugnaci\u00f3n de la paternidad, id\u00f3neo para obtener la remoci\u00f3n del estado civil del descendiente. <\/p>\n
Ello implica que la decisi\u00f3n s\u00f3lo se extiende a los efectos sucesorales que se derivan del estado civil, pero al no recaer sobre este en s\u00ed, se mantiene el statu quo y la condici\u00f3n de hijo ostentada ante la sociedad permanece inc\u00f3lume, porque en el marco del juicio de petici\u00f3n de herencia, donde el enfrentamiento versa sobre el derecho a recoger los bienes dejados por el causante, el alcance del medio exceptivo que se autoriza plantear a los demandados no puede ser de mayor magnitud al de la misma pretensi\u00f3n que dio origen a la litis. <\/p>\n
5.3. Esta Sala ha sostenido, respecto de los herederos que impugnan la paternidad, que su inter\u00e9s tambi\u00e9n orbita el \u00e1mbito econ\u00f3mico, derivado de la declaraci\u00f3n de inexistencia de la relaci\u00f3n filial discurrida (CSJ STC1509-2021, feb. 19, exp.2020-00728), situaci\u00f3n que, por supuesto, no var\u00eda cuando se piensa en los efectos del pronunciamiento que en el mismo sentido se haga, cuando el v\u00ednculo ha sido cuestionado por v\u00eda de excepci\u00f3n, ya que, el actuar de aquellos (los herederos) est\u00e1 encaminado a defender el patrimonio que buscan suceder con exclusi\u00f3n de quien alegan no est\u00e1 filialmente atado al causante. <\/p>\n
Por ello, tanto en esa, como en esta ocasi\u00f3n, resulta oportuno memorar que: <\/p>\n
(\u2026) {E}l inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar del demandante deriva del beneficio o utilidad que pueda reportarle la sentencia de m\u00e9rito, ventaja que puede ser solo moral como en el caso del ascendiente que no tiene parte en la sucesi\u00f3n del progenitor presunto, o material si le representar\u00e1 un eventual incremento en su patrimonio, y aquel estar\u00e1 legitimado en la causa si existe identidad entre \u00e9l y \u00abla persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n\u00bb (G.J. CCXXXVII, v1, n.\u00b0 2476, p\u00e1g. 486; G.J. LXXXI, n.\u00b0 2157-2158, p\u00e1g. 48\u00bb). <\/p>\n
\u00abPor eso, fallecido el presunto padre, sus herederos tienen inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar de contenido moral y econ\u00f3mico en que se declare que quien pasa por hijo del causante realmente no lo es, en raz\u00f3n de la ausencia de v\u00ednculo biol\u00f3gico entre aquel y este, pero tambi\u00e9n tienen un inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar quienes adquieren los derechos econ\u00f3micos que en la sucesi\u00f3n del causante les puedan corresponder a los primeros\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEse inter\u00e9s que tiene las caracter\u00edsticas de ser subjetivo, concreto, serio y actual deriva de que la existencia de otro heredero de igual o mejor derecho que el de ellos, puede perjudicar el derecho patrimonial que adquirieron, y adem\u00e1s de ello, esos cesionarios est\u00e1n legitimados en la causa porque respecto suyo el legislador ha facultado el ejercicio de la acci\u00f3n (\u2026) (CSJ, SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-01). <\/p>\n
5.4. El estado civil de las personas, en tanto entra\u00f1a un derecho indisociable del sujeto, inherente a su personalidad jur\u00eddica, al resultar inopinadamente afectado, las autoridades estatales tienen la obligaci\u00f3n de garantizar su protecci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido se ha pronunciado esta Corporaci\u00f3n para resaltar que, siendo el estado civil un \u00abatributo de la personalidad que define quien es y qu\u00e9 rol cumple dentro de la sociedad, fundando las capacidades para obtener y desplegar derechos y obligaciones en ella (\u2026) se trata de un derecho fundamental [y], desde la determinaci\u00f3n de esa cualidad, se encuadra la identidad, que permite evidenciar las distinciones entre seres humanos, resultando necesaria la protecci\u00f3n del Estado, dada su importancia constitucional\u00bb (CSJ STC4021-2020, 25 jun., rad. 2020-00033). <\/p>\n
Y con esa convicci\u00f3n memor\u00f3, que se trata de un \u00abderecho universal de todo sujeto iuris, ostenta naturaleza \u2018indivisible, indisponible e imprescriptible\u2019 (art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970), concierne \u2018a la singular posici\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica del sujeto frente al Estado, la sociedad y la familia, por lo cual, sus normas obedecen al ius cogens, no susceptibles de desconocimiento, modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n alguna y en cuya protecci\u00f3n, el legislador disciplin\u00f3 las acciones de impugnaci\u00f3n y de reclamaci\u00f3n de estado, todas \u2018de \u00edndole sustancial pues se confunden, respectivamente, con el derecho del interesado para liberarse de las obligaciones que le impone un estado que realmente no le corresponde, o para adquirir los derechos inherentes al que injustamente no se le ha querido reconocer en forma voluntaria\u2019 (CXXXV, 124)\u2019 (cas. civ. de 9 de julio de 2008, exp. 00017), y encuentran venero en normas de raigambre constitucional fundamental (art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) (\u2026)\u00bb (se destac\u00f3), (CSJ SC 9 dic. 2011, rad. 2005-00140-01, reiterada en CSJ STC4021-2020, 25 jun., rad. 2020-00033-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, como en l\u00edneas precedentes se predic\u00f3, no pueda ser admisible atribuirle la facultad modificatoria del estado civil a la excepci\u00f3n de desconocimiento de la paternidad que puedan interponer los herederos interesados, pues, a m\u00e1s de que excede el alcance propio de la defensa perentoria, en un litigio ajeno a la relaci\u00f3n filial que exhibe el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1260 mencionado, tal efecto es propio de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n no adelantada por los convocados. <\/p>\n
5.5. De ese modo las cosas, el tribunal, al ordenar que se inscriba la sentencia en el registro civil de nacimiento, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, al darle un alcance a la excepci\u00f3n de desconocimiento de la paternidad que no emana de su texto ni se ajusta al contenido o teleolog\u00eda de la norma, quebranto que lleva \u00ednsito la violaci\u00f3n de otros preceptos, como son aquellos vinculados con el estado civil de las personas. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se casar\u00e1, de oficio y parcialmente la sentencia impugnada, por lo que a continuaci\u00f3n proceder\u00e1 la Corte, en sede de segunda instancia, a proferir la decisi\u00f3n parcial de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Los presupuestos jur\u00eddico-procesales que se requieren para fundamentar una decisi\u00f3n de m\u00e9rito se acreditaron a plenitud. <\/p>\n
2. Comoquiera que la casaci\u00f3n decretada de oficio, seg\u00fan se indic\u00f3, fue parcial, el alcance de esta decisi\u00f3n sustitutiva concierne a la \u00fanica determinaci\u00f3n que fue abrogada, esto es, la de \u00abCOMUNICAR la presente decisi\u00f3n al funcionario del estado civil de la municipalidad de Barbosa Santander, con el fin de que se inscriba en el registro civil de ADRIANA CAMACHO G\u00d3MEZ\u00bb. <\/p>\n
En aras de la brevedad, en cuanto a las razones justificantes del quiebre, se remite esta Sala a las consideraciones expuestas en el estudio del alcance de la excepci\u00f3n de negaci\u00f3n, desconocimiento o impugnaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
3. El estado civil es un atributo de la personalidad y est\u00e1 constituido por un conjunto de situaciones jur\u00eddicas que sit\u00faan a la persona en la familia y en la sociedad. La filiaci\u00f3n consignada en el registro de nacimiento est\u00e1 inseparablemente asociado al estado civil del individuo, por manera que se erige en derecho constitucional que deriva de la garant\u00eda de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica. <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e al registro civil de nacimiento, su funci\u00f3n es la de dar cuenta de \u00abla existencia jur\u00eddica de las personas naturales en el territorio nacional, pues, aunque el ordenamiento jur\u00eddico reconoce la personalidad jur\u00eddica de las personas como elemento inherente de la existencia humana, es en el registro civil donde se consigna la informaci\u00f3n sobre el momento del nacimiento, as\u00ed como otros datos de identificaci\u00f3n que constituyen los dem\u00e1s atributos de la personalidad[1]\u00bb (T-241-2018). <\/p>\n
En suma, el estado civil es un derecho fundamental, por medio del cual se hacen efectivos otros derechos que son interdependientes a este, como el nombre, la nacionalidad, el voto, entre otros. En tanto que este derecho inici\u00f3 como un derecho legal, su tr\u00e1nsito a la constitucionalizaci\u00f3n se dio por medio de su vinculaci\u00f3n directa a la personalidad jur\u00eddica, pues es a partir de esta instituci\u00f3n que las personas demuestran: (i) su existencia a trav\u00e9s del registro civil de nacimiento; (ii) su relacionamiento familiar, mediante los datos de filiaci\u00f3n real y del registro civil de matrimonio; y (iii) la extinci\u00f3n de la vida, con el registro civil de defunci\u00f3n. As\u00ed, la negaci\u00f3n de este atributo de la personalidad implica la irrupci\u00f3n en el goce efectivo de la personalidad jur\u00eddica y, en ese sentido, de otros derechos individuales fundamentales como el derecho a la identidad personal o los derechos pol\u00edticos como, por ejemplo, el de elegir \u2013voto- y ser elegido (ibidem). <\/p>\n
5. Atendido que la condena impuesta sobre la inscripci\u00f3n del fallo en el registro civil de nacimiento de la demandante lesiona sus derechos al nombre, al estado civil y a la personalidad jur\u00eddica se casar\u00e1 de oficio parcialmente la decisi\u00f3n del tribunal para eliminar ese mandato. <\/p>\n
No habr\u00e1 lugar a condena en costas en el recurso de casaci\u00f3n. Las de ambas instancias ser\u00e1n asumidas por la demandante. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n: <\/p>\n
En los t\u00e9rminos y por las razones que se dejan expuestas, se casar\u00e1 parcialmente la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Superior del Distrito Judicial de San Gil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA OFICIOSA y PARCIALMENTE la sentencia de 27 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en el asunto referenciado en el encabezamiento y, en sede de instancia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 2016 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de V\u00e9lez, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepci\u00f3n de \u00abimpugnaci\u00f3n de la paternidad de Primitivo Camacho Silva como progenitor de Adriana Camacho G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
TERCERO: NEGAR, en consecuencia, la prosperidad de las pretensiones de la demanda de petici\u00f3n de herencia incoada por Adriana Camacho G\u00f3mez. <\/p>\n
CUARTO: COSTAS de ambas instancias a cargo de la parte demandante. <\/p>\n
QUINTO: En su oportunidad, vuelva el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
CON SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
CON ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
CON ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Confirmada en providencia CSJ STC14144-2021 (21 oct., rad. 2020-00668-01), la cual no fue seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (Auto de 28 de febrero de 2022, Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas No. Dos, rad. T-8534885). <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, exp. 5212, citando LXXXVIII-504. <\/p>\n
3\u0002 Folio 18, cno. Corte. <\/p>\n
4\u0002 Folio 24, ib. <\/p>\n
5\u0002 Folio 25, ib. <\/p>\n
6\u0002 Folio 27, ib. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Mans Puigarnau, J. (1979). Los Principios Generales del Derecho. Barcelona: Bosch, Casa Editorial S.A. p. 197. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Ley 87 de 1873. <\/p>\n
12\u0002 La Sentencia C-004-98 que analiz\u00f3 la constitucionalidad de la norma anot\u00f3 que no resultaba admisible el t\u00e9rmino \u00abilegitimidad\u201d, el cual deb\u00eda sustituirse por la condici\u00f3n de hijo extramatrimonial. <\/p>\n
13\u0002 No seleccionada en revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (Auto 27 feb. 2018, rad. T-6611738). <\/p>\n
14\u0002 \u00abEl reconocimiento solamente podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 Sustituido por el art\u00edculo 503 del C.G.P. que adiciona la daci\u00f3n en pago a las otras dos formas de enajenaci\u00f3n previstas en la regla 602 del C.P.C. <\/p>\n
16\u0002 Derogatoria contenida en el literal c) del art\u00edculo 626, Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1\u00b0 de enero de 2014, en forma gradual, de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del canon 627. <\/p>\n
17\u0002 Literal c) del art\u00edculo 626, Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1\u00b0 de enero de 2014, en forma gradual, de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del canon 627. <\/p>\n
18\u0002 L\u00d3PEZ DEL CARRIL, Julio J. La Filiaci\u00f3n. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires. 1976. P\u00e1g. 242. <\/p>\n
19\u0002 Folios 155 y 156 cno. Tribunal. <\/p>\n
20\u0002 Ibidem. <\/p>\n
21\u0002 Folio 21, ib. <\/p>\n