SC1297-2022 (2013-00011-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1297-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-004-2013-00011-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de 24 de marzo de 2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 20 de junio de 2019, dentro del proceso de Andr\u00e9s Arcila Tobar contra Alimentos C\u00e1rnicos S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 declarar que Rica Rondo S.A. – hoy Alimentos C\u00e1rnicos S.A.S.-, es responsable \u00abpor el incumplimiento parcial, en lo concerniente al componente variable\u00bb, del contrato entre ellos celebrado, condenarla a indemnizarle $305\u2019849.827 por da\u00f1o emergente, reconocer que incurri\u00f3 en mora desde el 31 de diciembre de 2001, que por haber sido de mala fe debe tambi\u00e9n resarcir el lucro cesante estimado en $99\u2019062.578, $75\u2019100.578 y $50\u2019287.372 por los a\u00f1os 1998, 1999 y 2000, junto con los intereses moratorios sobre dichas indemnizaciones y declarar resuelto parcialmente el negocio en lo concerniente al \u00abcomponente variable\u00bb. <\/p>\n
En sustento dijo que entre abril y septiembre de 1995 Rica Rondo, por conducto de su representante legal, lo invit\u00f3 a participar en el proceso de selecci\u00f3n de un trabajador ejecutivo para ocupar el cargo de gerente administrativo de desarrollo corporativo en esa compa\u00f1\u00eda; el 8 de septiembre siguiente le ofreci\u00f3 como contraprestaci\u00f3n un \u00abpaquete de compensaci\u00f3n total\u00bb, oferta que \u00e9l acept\u00f3 ese mismo d\u00eda y qued\u00f3 consignada por escrito mediante un \u00abdocumento de intenci\u00f3n\u00bb de 12 de septiembre de 1995, remitido por fax con notas manuscritas del representante de la sociedad. <\/p>\n
As\u00ed se cre\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales que comprend\u00eda obligaciones rec\u00edprocas entre las partes: Rica Rondo asumi\u00f3 una prestaci\u00f3n de dar consistente en \u00abun paquete de compensaci\u00f3n total para Andr\u00e9s Arcila (\u2026) compuesto por (\u2026) un componente fijo y un componente variable\u00bb, y \u00e9l una de hacer, representada en \u00absus servicios profesionales como gerente administrativo y de desarrollo corporativo de Rica Rondo\u00bb. <\/p>\n
El componente fijo estaba constituido por 6 elementos que inclu\u00edan, entre otras prestaciones, el monto del salario integral para 1995 y 1996 y la entrega de un veh\u00edculo. El componente variable, se concretaba en \u00abla asignaci\u00f3n de un derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de un porcentaje determinado de acciones de Rica Rondo\u00bb y a partir del momento de la asignaci\u00f3n del derecho, \u00e9l quedaba facultado para ejercerlo en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2001; a ra\u00edz de ello, las acciones ingresar\u00edan a su patrimonio y pasar\u00eda a ser accionista de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Mediante adenda u otros\u00ed de 9 de mayo de 1996 se determinaron los elementos del componente variable del paquete de compensaci\u00f3n total \u00abque eran determinables, y cuyo momento de determinaci\u00f3n hab\u00eda sido convenido para una fecha futura, tambi\u00e9n se vari\u00f3 el elemento del componente fijo que hac\u00eda referencia al acceso de Andr\u00e9s Arcila al club campestre de Cali\u00bb. <\/p>\n
El 30 de abril de 1998, de manera abrupta, unilateral e injustificada, Rica Rondo dio por terminado el contrato a t\u00e9rmino indefinido y lo incumpli\u00f3, pues no tom\u00f3 acci\u00f3n alguna \u00abtendiente a cumplir con la asignaci\u00f3n y as\u00ed permitir el posterior ejercicio del derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n sobre el 1.36% al que Andr\u00e9s Arcila se hab\u00eda hecho acreedor, y al que ten\u00eda derecho por haber cumplido (\u2026) con su obligaci\u00f3n contractual\u00bb, tal y como se hab\u00eda acordado respecto del \u00abcomponente variable del paquete de compensaci\u00f3n de la oferta\u00bb, y \u00absin asignaci\u00f3n de acciones\u00bb era imposible para el demandante ejercer su derecho de \u00abopci\u00f3n de suscripci\u00f3n\u00bb, actos que revelan la mala fe con que actu\u00f3 tal entidad, quien obr\u00f3 le caus\u00f3 graves perjuicios econ\u00f3micos (fls. 409 \u2013 444, c. 1). <\/p>\n
2. La accionada se opuso y formul\u00f3 como excepciones previas \u00abcaducidad o prescripci\u00f3n\u00bb y \u00abcosa juzgada\u00bb (fls. 1-5, c. 2), y de m\u00e9rito, \u00abcaducidad o prescripci\u00f3n\u00bb, \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00absolemnidad de la emisi\u00f3n de acciones, del reglamento de suscripci\u00f3n y de las decisiones sociales\u00bb, \u00abausencia de pruebas\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, \u00ababuso del derecho, mala fe y temeridad\u00bb (fls. 12 \u2013 24, c. 3). <\/p>\n
3. El a quo mediante sentencia anticipada declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n (fls. 55 \u2013 61, c. 2). <\/p>\n
4. Esa determinaci\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por la parte actora y confirmada por el Tribunal (fls. 38 \u2013 51, c. 4). <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Se promovi\u00f3 acci\u00f3n de responsabilidad civil derivada del contrato denominado \u00abdocumento de intenci\u00f3n paquete de compensaci\u00f3n\u00bb del 12 de septiembre de 1998 (sic), y se pretende la indemnizaci\u00f3n por su incumplimiento, en lo relacionado con la suscripci\u00f3n de acciones de Rica Rondo S.A. prometidas u \u00abofertadas\u00bb para los a\u00f1os 1997 y 1998. <\/p>\n
El problema jur\u00eddico estriba en determinar si la prescripci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 235 de la Ley 222 es aplicable al caso, tal como se plante\u00f3 en la excepci\u00f3n, o si se debe acudir al t\u00e9rmino previsto en la Ley 791 de 2002. Dilucidado lo anterior, se determinar\u00e1 si la acci\u00f3n derivada del \u00abincumplimiento del contrato de oferta de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb se encuentra prescrita o no. <\/p>\n
Es evidente que la reclamaci\u00f3n tra\u00edda a la jurisdicci\u00f3n es comercial, pues se trata \u00fanicamente de lo relacionado con el incumplimiento de la oferta de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones a la que se oblig\u00f3 la demandada. Esta situaci\u00f3n ya fue objeto de estudio en la especialidad laboral, donde se pidi\u00f3 declarar la existencia de un contrato a t\u00e9rmino indefinido cuya remuneraci\u00f3n contemplaba la opci\u00f3n de compra de acciones de Rica Rondo; all\u00ed se estableci\u00f3 que dicha oferta no correspond\u00eda a remuneraci\u00f3n laboral, aunque el socio mayoritario ofrec\u00eda la opci\u00f3n de compra de acciones para altos ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda, ello no constitu\u00eda retribuci\u00f3n salarial, sino una negociaci\u00f3n distinta. <\/p>\n
Los hechos y pretensiones se encaminaron estrictamente al contenido accionario ofrecido en el documento del 12 de septiembre de 1995. As\u00ed las cosas, como el tema de la emisi\u00f3n, suscripci\u00f3n, pago y negociaci\u00f3n de acciones de las sociedades an\u00f3nimas, est\u00e1 en el Titulo VI del Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio, a diferencia de lo se\u00f1alado por el a quo, s\u00ed deviene necesaria la aplicaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo establecido en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
El fundamento de la primera instancia para no aplicar la normativa mencionada se deriva del Oficio No. 220-050582 del 7 de marzo de 2017 de la Superintendencia de Sociedades, el cual se interpret\u00f3 de manera restringida y por dem\u00e1s equivocada, ya que el mismo hace referencia a que dicho t\u00e9rmino prescriptivo aplica para acciones administrativas que ejerce esa entidad, cuando la norma expresamente se refiere a las acciones penales, civiles y administrativas. <\/p>\n
Entonces, si el promotor tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato el 30 de abril de 1998, desde esa calenda empieza a correr la prescripci\u00f3n y no desde el 31 de diciembre de 2001, fecha de suscripci\u00f3n del porcentaje final de acciones ofertadas como de manera equivocada lo manifestaron el accionante y el a quo; en consecuencia, al 15 de enero de 2013, cuando se interpuso la demanda, ya hab\u00edan transcurrido los cinco a\u00f1os se\u00f1alados en la norma, y estaba prescrita la acci\u00f3n. <\/p>\n
Le asiste raz\u00f3n al apelante en el reparo referido al desatinado se\u00f1alamiento de la entrada en vigencia del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, pues por expresa disposici\u00f3n del canon 627 n\u00fam. 4 ib\u00eddem, esa norma entr\u00f3 en vigencia en octubre de 2012. <\/p>\n
Por lo anterior y solo con fines acad\u00e9micos, en el entendido que al presente asunto le fueran aplicables las normas del C\u00f3digo Civil, los argumentos del inconforme tampoco tendr\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aunque el art\u00edculo 94 en menci\u00f3n entr\u00f3 a regir el 12 de octubre de 2012, lo que significa que un \u00fanico requerimiento escrito tiene la virtud de interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, en el presente caso ello no ocurri\u00f3, porque luego de una minuciosa revisi\u00f3n del expediente no se encontr\u00f3 el \u00abaviso judicial No. 71888956664 de Servientrega del 28 de noviembre de 2012\u00bb; en consecuencia, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la Ley 791 de 2002 no se interrumpi\u00f3. <\/p>\n
En fin, se confirmar\u00e1 la sentencia anticipada objeto de alzada, pero por las razones aqu\u00ed vertidas. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con soporte en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se plantearon dos cargos que, en su orden, acusan afrenta indirecta y directa de normas sustanciales, de los cuales se abordar\u00e1 solo el primero porque est\u00e1 llamado a prosperar y es suficiente para derruir la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
Para tal efecto, se tendr\u00e1 en cuenta la referida compilaci\u00f3n al estar vigente cuando se interpuso el recurso extraordinario en cuesti\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 625 ibidem. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
El fallo del Tribunal viola indirectamente normas sustanciales, por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los preceptos 377 a 418 del C\u00f3digo de Comercio, por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de hechos, pretensiones y algunos elementos probatorios. <\/p>\n
Las consideraciones del ad quem son dispersas y equivocadas, por cuanto no aciertan en el objeto de desatenci\u00f3n contractual que fundamenta la acci\u00f3n, al aludir indistintamente a un \u00abderecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, a la \u00absuscripci\u00f3n de acciones\u00bb, a una \u00aboferta de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, y al \u00abcontenido accionario ofrecido\u00bb, sin entrar a definir su verdadera naturaleza que, como aparece en los hechos de la demanda, y en los medios de convicci\u00f3n, consiste en incumplir la \u00abasignaci\u00f3n de un derecho a ejercer una opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, como elemento constitutivo del componente variable del paquete de compensaci\u00f3n que hace parte del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales celebrado entre Rica Rondo y Arcila Tobar. <\/p>\n
No pueden confundirse la \u00absuscripci\u00f3n de acciones\u00bb, la \u00abopci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, y la \u00abasignaci\u00f3n de un derecho a ejercer la opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones, y el correspondiente ejercicio de dicho derecho a ejercer la opci\u00f3n\u00bb. La primera figura est\u00e1 reglada en la Secci\u00f3n II, Cap\u00edtulo I, del T\u00edtulo VI del Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio, en particular, el art\u00edculo 384 define ese contrato; el 387 el plazo para el pago y el 398 el pago en s\u00ed. La segunda, ata\u00f1e a un negocio jur\u00eddico at\u00edpico e innominado en el que una de las partes le concede a la otra la facultad exclusiva de decidir, en forma unilateral y facultativa, acerca de la celebraci\u00f3n o no de un contrato de suscripci\u00f3n de acciones. En este caso, se trata de un \u00abderecho a ejercer una opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, lo que implica que, en el evento futuro e incierto en que se ejerza, se emitir\u00e1n, suscribir\u00e1n, y pagaran dichas acciones en el plazo acordado, de ah\u00ed que ninguna de las normas del C\u00f3digo de Comercio referidas en el fallo impugnado sea pertinente si la opci\u00f3n no ha sido desplegada positivamente y, mucho menos, si el derecho a ejercerla ni siquiera ha sido asignado. <\/p>\n
El ad quem estim\u00f3 que el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995 era la norma aplicable para resolver la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, desechando por completo la Ley 791 de 2002 acogida en el fallo del a quo. Aunque adujo que dicha conclusi\u00f3n la extra\u00eda de los hechos y pretensiones de la demanda, lo cierto es que ignor\u00f3 que los supuestos f\u00e1cticos de aquella tienen soporte en pruebas como el documento de intenci\u00f3n del 12 de octubre de 1995; su otro s\u00ed del 9 de mayo de 1996 y las instrucciones dadas al abogado Diego Mu\u00f1oz Tamayo, que explican los t\u00e9rminos y condiciones en que se acord\u00f3 el componente variable integrado por: i) La asignaci\u00f3n de un derecho a ejercer la opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de un porcentaje determinado de acciones de Rica Rondo, y ii) El ejercicio del derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones, que solo pod\u00eda darse si se asignaba el derecho. <\/p>\n
Por otra parte, el juzgador hizo referencia a un \u00abcontrato de oferta de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, imprecisi\u00f3n que es inaceptable, toda vez que el alegado se refer\u00eda al componente variable del paquete de compensaci\u00f3n, puesto que al momento del despido sin justa causa del demandante, acaecido el 30 de abril de 1998, Rica Rondo no hab\u00eda cumplido su obligaci\u00f3n de asignarle los derechos de opci\u00f3n, acordados para los a\u00f1os 1996 y 1997 (0.68% por a\u00f1o para un total de 1.36%). No obstante, esa sociedad ten\u00eda tiempo suficiente para cumplirla porque el plazo venc\u00eda el 31 de diciembre de 2001, seg\u00fan qued\u00f3 definido en el documento de intenci\u00f3n, en el otro s\u00ed y en las instrucciones dadas al abogado Mu\u00f1oz Tamayo. <\/p>\n
Sin la asignaci\u00f3n del derecho el accionante no pod\u00eda tomar la decisi\u00f3n facultativa de ejercer o no la opci\u00f3n, y sin el ejercicio de esta no es factible hablar de suscripci\u00f3n de acciones, por lo que de ninguna manera pod\u00eda interpretarse que se estaba frente a un \u00abcontrato de oferta de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb. De hecho, la primera pretensi\u00f3n busca que \u00abse declare civilmente responsable a Rica Rondo por el incumplimiento parcial, en lo concerniente al componente variable, del contrato\u00bb, y la tercera, que \u00abse declare en mora a Rica Rondo a partir del 31 de diciembre de 2001, plazo m\u00e1ximo para permitir que se cumpliera con el componente variable del contrato celebrado con Andr\u00e9s Arcila\u00bb y como nunca se pidi\u00f3 declarar civilmente responsable a Rica Rondo por incumplir un contrato de \u00aboferta de suscripci\u00f3n de acciones\u00bb, es claro que ese argumento del juzgador alude a una situaci\u00f3n jur\u00eddica radicalmente distinta y ajena a la litis. <\/p>\n
En este caso, conforme a los t\u00e9rminos del componente variable, Rica Rondo ten\u00eda que asignarle al demandante el derecho sobre la opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones, para que pudiera ejercerlo; mientras no le fuera asignado no hac\u00eda parte de su patrimonio, ni pod\u00eda decidir si ejerc\u00eda o no la opci\u00f3n, lo que pod\u00eda realizar a\u00f1o a a\u00f1o, o esperar hasta el 31 de diciembre del 2001, a su elecci\u00f3n, pues seg\u00fan se lee en el otro s\u00ed del 9 de mayo de 1996: \u00abSe reafirm\u00f3 que por asignaci\u00f3n se entiende que una vez que las acciones del a\u00f1o que se asignan como funci\u00f3n de tiempo (en diciembre 31 de 1997, 1998, 1999, 2000) Andr\u00e9s congelar\u00e1 el precio de ejercicio inicial m\u00e1s el ajuste por inflaci\u00f3n correspondiente del porcentaje asignado a dicha fecha, y podr\u00e1 ejercer el porcentaje asignado de la opci\u00f3n, en cualquier momento a partir del 1 de enero del siguiente a\u00f1o (esto es 1998, 1999, 2000, 2001)\u00bb. <\/p>\n
Y en las instrucciones dadas al abogado Diego Mu\u00f1oz Tamayo se indic\u00f3: \u00abEl Plan de Opci\u00f3n de Acciones estar\u00e1 en efecto hasta el 31 de diciembre de 2001, y para tal fecha Andr\u00e9s debe ejercer su opci\u00f3n en su totalidad. De esta forma, para las acciones asignadas en diciembre 31 de 1996, Andr\u00e9s podr\u00e1 ejercer su opci\u00f3n en cualquier momento entre esta fecha y diciembre 31 de 2001 (esto es 5 a\u00f1os) al precio de ejercicio nominal determinado el 31 de diciembre de 1996. Lo mismo sucede con las acciones asignadas en 1997 (4 a\u00f1os) al precio de ejercicio nominal determinado en diciembre 31 de 1997, 1998 (3 a\u00f1os) al precio de ejercicio nominal establecido en diciembre 31 de 1998, 1999 (2 a\u00f1os) al precio de ejercicio nominal establecido en diciembre 31 de 1999, 2000 (1 a\u00f1o), al precio de ejercicio nominal establecido en diciembre 31 del a\u00f1o 2000\u00bb. <\/p>\n
La correcta motivaci\u00f3n del fallo confirmatorio supon\u00eda que los hechos relativos al incumplimiento pudieran subsumirse en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, esto es, en una o varias de las normas 377 a 418 del C\u00f3digo de Comercio que hacen referencia a la emisi\u00f3n, suscripci\u00f3n, pago y negociaci\u00f3n de acciones, a pesar de que la demandada, al formular la excepci\u00f3n, solo indic\u00f3 los art\u00edculos 403 a 418 ib\u00eddem, referidos a la negociaci\u00f3n de acciones. Como ninguno de los hechos relacionados con el incumplimiento endilgado puede subsumirse en las mentadas disposiciones, la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 235 de la Ley 222 efectuada del ad quem, como fundamento \u00fanico para su fallo fue err\u00e1tica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La vulneraci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda se concreta a una desfiguraci\u00f3n del debate que se produce cuando el fallador se ocupa de analizar aspectos ajenos a los que se someten a su estudio, a partir de una manifiesta equivocaci\u00f3n en la comprensi\u00f3n del querer del libelista. Un desacierto de esa magnitud conduce a que se estudie la cuesti\u00f3n en un marco normativo que no le es propio, dejando de solucionar los puntos que verdaderamente se plantearon para el discernimiento judicial. <\/p>\n
La necesidad de interpretar la demanda acontece cuando \u00e9sta contiene deficiencias en la presentaci\u00f3n de sus fundamentos por ambig\u00fcedad, imprecisi\u00f3n o falta de claridad que obliguen al operador judicial, en aras de las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la efectividad de los derechos subjetivos, a buscar su sentido real, labor\u00edo que exige mesura para no alterar o sustituir la voluntad de quien en ejercicio de su derecho de acci\u00f3n acude al \u00f3rgano jurisdiccional en b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Al respecto, en SC 27 ago. 2008, rad: 1997-14171-01, dijo la Sala, <\/p>\n
(\u2026) el error del juez en la apreciaci\u00f3n de la demanda ha de ser manifiesto, pr\u00edstino o evidente pues si \u201cno es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario.\u201d (CXLII, 242). <\/p>\n
Igualmente es menester la naturaleza inobjetable e indudable del yerro, o sea, no debe prestarse a duda, de tal manera que la \u00fanica interpretaci\u00f3n admisible sea la del censor, en tanto, \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto\u201d (LXVIII, 561, CCXII, p. 113 y CCXXXI, p. 704) y no basta con \u201censayar simplemente (…) un an\u00e1lisis diverso del que hizo el Tribunal para contraponerlo al de \u00e9ste. Porque no es suficiente hacer un examen m\u00e1s profundo o sutil, para que se pueda lograr la modificaci\u00f3n de las apreciaciones que el ad quem haya hecho en su sentencia\u201d (CCXVI, p. 520) y \u201ccuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta\u201d (CLII, 205), prevaleciendo \u201cel amplio poder de interpretaci\u00f3n que en este \u00e1mbito el ordenamiento positivo les reconoce a los juzgadores (…), no solamente para que desentra\u00f1en la verdadera intenci\u00f3n del demandante en guarda del principio seg\u00fan el cual es la efectividad de los derechos subjetivos el fin que a trav\u00e9s de aqu\u00e9l escrito [demanda] se busca, sino tambi\u00e9n para que libremente determinen y declaren las normas aplicables a los hechos integrantes del objeto demandado cuya certeza de antemano ha sido verificada en el fallo\u201d (CCXXXI, p. 704). (subraya intencional)1. <\/p>\n
2. La prescripci\u00f3n extintiva se afianza de manera preponderante en la necesidad de dar certeza a las relaciones jur\u00eddicas y a los derechos subjetivos, lo que contribuye al mantenimiento del orden y la paz social mediante la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas prolongadas y la supresi\u00f3n de la incertidumbre que pudiera generarse por la ausencia o retardo del acreedor en ejercer la potestad de promover las acciones judiciales en contra del deudor. <\/p>\n
As\u00ed se expuso en CSJ SC-13 oct. 2009, exp. 2004-00605-01, donde la Sala record\u00f3 que esa figura, <\/p>\n
(\u2026) \u201c\u2026da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jur\u00eddicas y confiere a las relaciones de ese g\u00e9nero la seguridad necesaria para la garant\u00eda y preservaci\u00f3n del orden social\u201d, ya que \u201c\u2026la seguridad social exige que las relaciones jur\u00eddicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden\u2026\u201d (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880). (\u2026) <\/p>\n
De esta manera, la prescripci\u00f3n aparece como fen\u00f3meno que permite al titular de un espec\u00edfico derecho hacer uso de \u00e9l, bajo la condici\u00f3n de que despliegue la actividad necesaria dentro del periodo que la misma ley le confiere, so pena de que, en el evento de no proceder as\u00ed, se produzca la respectiva extinci\u00f3n en virtud de la incuria en que haya podido incurrir, teniendo en cuenta, eso s\u00ed, que no es el mero transcurrir de las unidades de tiempo el que engendra el resultado extintivo, sino que se hace menester el comportamiento inactivo del acreedor, en la medida que es su actitud indiferente la que gesta, en medio del pasar de los d\u00edas, que se concrete la extinci\u00f3n. En similar sentido se pronunci\u00f3 la Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido en el proceso 5208, cuando dijo que \u201c\u2026no es bastante a extinguir la obligaci\u00f3n el simple desgranar de los d\u00edas, dado que se requiere, como elemento quiz\u00e1 subordinante, la inercia del acreedor.\u201d, de todo lo cual fluye claramente c\u00f3mo \u201c\u2026del art\u00edculo 2535 del C. C. se deduce que son dos los elementos de la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones y derechos: 1\u00b0) el transcurso del tiempo se\u00f1alado por la ley, y 2\u00b0) la inacci\u00f3n del acreedor\u201d (Sent. S. de N. G., 18 de junio de 1940, XLIX, 726). <\/p>\n
Tal fen\u00f3meno \u2013 anota Josserand2- \u00abrealiza la extinci\u00f3n de un derecho, especialmente de un cr\u00e9dito por el solo transcurso de cierto plazo; el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las instituciones, las leyes y las palabras, echa el olvido sobre los derechos, que caen tambi\u00e9n en desuso cuando no han sido ejercitados durante un tiempo fijado por la ley; su no utilizaci\u00f3n conduce a su abolici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Su raz\u00f3n de ser estriba, seg\u00fan Planiol y Ripert, en el \u00abdeseo de impedir muchos pleitos harto dif\u00edciles de resolver\u00bb ya que \u00aben inter\u00e9s del orden y de la paz sociales conviene liquidar el pasado y evitar litigios sobre contratos o hechos cuyos t\u00edtulos se han perdido y cuyo recuerdo se ha borrado. Adem\u00e1s, de esta suerte se acude en auxilio de los deudores, dispens\u00e1ndoles el tener que conservar indefinidamente la prueba de los pagos realizados o de verse obligados, en su defecto, a pagar nuevamente, si hubiesen perdido esas pruebas\u00bb3. <\/p>\n
En el \u00e1mbito nacional, la figura legis hace cesar las acciones y los derechos ajenos por la inacci\u00f3n de su titular durante el tiempo que prev\u00e9 el ordenamiento positivo, el cual corre desde su exigibilidad4 (art. 2535 C.C.), car\u00e1cter liberatorio que es confirmado por el ordinal d\u00e9cimo del art\u00edculo 1625 ibidem, que la enlista dentro de los modos de extinci\u00f3n de las obligaciones, lo que ha conllevado a que se establezcan diversas especies de ella, unas de largo y otras de corto plazo, las cuales est\u00e1n dispersas en el C\u00f3digo Civil, as\u00ed como en el de Comercio y algunas tantas en normas especiales que tambi\u00e9n le dan cabida, al tratarse de una forma extintiva \u00abindispensable para el desenvolvimiento y la consolidaci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas\u00bb5. <\/p>\n
Sin embargo, tal instituci\u00f3n no opera ipso ure, sino que requiere de un acto expreso de la parte habilitada para hacerla valer, consistente en su oportuna invocaci\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u00ab[e]l que quiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio\u00bb, limitaci\u00f3n que se justifica en raz\u00f3n a que puede ser renunciada de forma expresa o t\u00e1cita, pero solo cuando se ha cumplido el tiempo exigido para su configuraci\u00f3n, seg\u00fan lo advierte el art\u00edculo 2514 ibid. <\/p>\n
Es por ello que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en su art\u00edculo 306, sentaba una pauta concluyente al decir que \u00ab[c]uando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, regla de juicio que sigue vigente en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, que, adicionalmente, previ\u00f3 la renuncia t\u00e1cita al decir que \u00ab[c]uando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada\u00bb (se resalta). <\/p>\n
No hay duda, entonces, que la prescripci\u00f3n apareja una facultad procesal de parte comoquiera que exige una manifestaci\u00f3n de la voluntad de quien pretenda beneficiarse de ella, pues de lo contrario se tendr\u00e1 por renunciada de forma t\u00e1cita en los casos en que el autorizado para proponerla no haya abdicado de manera expresa (art. 2514 C.C.). <\/p>\n
Tal aserto lo confirma el hecho de que sea una figura jur\u00eddica que el juzgador no puede reconocer oficiosamente, al existir expresa prohibici\u00f3n en tal sentido (art. 2513 C.C y art\u00edculo 282 del CGP), de ah\u00ed que deba ser oportunamente alegada por v\u00eda de acci\u00f3n o de excepci\u00f3n6 y, como en el universo jur\u00eddico campean diversas variedades, algunas con t\u00e9rminos m\u00e1s breves que otras, ello hace necesario expresar, en cada caso, los hechos que sustentan la propuesta, como lo ha precisado esta Corte en diversos pronunciamientos. <\/p>\n
Al efecto, en CSJ SC-137 de 29 sept. 1993, indic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) cuando se trata de excepciones que no pueden declararse de oficio (\u2026), por cuanto emanan de circunstancias que podr\u00edan originar una pretensi\u00f3n aut\u00f3noma que el demandado puede renunciar a ejercer como tal, es, de un lado, forzoso proponerla y, de otro, ineludible alegar y probar el hecho o hechos que la constituyen, y en los cuales pudiera deducirse que invocara el excepcionante para atacar la existencia de la acci\u00f3n o reclamar su extinci\u00f3n, si alguna vez hubiese existido, por cuanto si no es obligaci\u00f3n del juzgador declararla de oficio, cuando encuentre probado el hecho que la estructura, tampoco es deber suyo declararla por hechos o circunstancias no propuestos por el excepcionante comoquiera que de no ser as\u00ed, la precitada restricci\u00f3n carecer\u00eda de funci\u00f3n alguna (se resalta). <\/p>\n
Esa tesis fue reiterada en CJS SC 12 dic. 2005, rad. 1989-05259-01, as\u00ed: <\/p>\n
Como la excepci\u00f3n est\u00e1 constituida por todo \u201checho que contrapuesto a la pretensi\u00f3n, obra como enervativo de esta, bien porque la impide, ya porque la modifica, ora porque la dilata\u201d (Sent. 007 del 1\u00ba de febrero de 2000), para que pueda considerarse adecuadamente propuesta no basta anunciarla, sino que debe exponerse el factum que le da contenido, puesto que en eso precisamente consiste, a m\u00e1s de que es as\u00ed como se proporcionan al contendor los elementos necesarios para contradecirla. <\/p>\n
Desde luego que as\u00ed el rigor de tal carga se aten\u00fae en trat\u00e1ndose de excepciones respecto de las cuales puede obrar el juez inquisitivamente, dado que el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil lo faculta para declararlas si halla la prueba de los hechos que las estructuran, es decir, al margen de su invocaci\u00f3n, o de su formulaci\u00f3n con un trazado f\u00e1ctico equivocado, frente a las que deben considerarse por iniciativa de parte, entre las que se incluye la prescripci\u00f3n, su observancia es imperiosa, porque como \u201cemanan de circunstancias que podr\u00edan originar una pretensi\u00f3n aut\u00f3noma que el demandado puede renunciar a ejercer como tal es, de un lado, forzoso proponerla, y de otro, ineludible alegar y probar el hecho o hechos que la constituyan, y en los cuales pudiera deducirse la raz\u00f3n que invocara el excepcionante para atacar la existencia de la acci\u00f3n o su extinci\u00f3n, si alguna vez hubiese existido, por cuanto si no es obligaci\u00f3n del juzgador declararla de oficio cuando encuentre probado el hecho que la estructura, tampoco es deber suyo declararla por hechos o circunstancias no propuestos por el excepcionante, como quiera que de no ser as\u00ed, la precitada restricci\u00f3n carecer\u00eda de funci\u00f3n alguna\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, se volvi\u00f3 a repetir en CJS SC 7 feb. 2007, rad. 2002-00004-01, al relievar que: <\/p>\n
(\u2026) cuando el demandado utiliza la prescripci\u00f3n como mecanismo defensivo, en la excepci\u00f3n respectiva deber\u00e1 indicar el supuesto f\u00e1ctico pertinente, pues \u00fanicamente de esta manera tendr\u00e1 el demandante ocasi\u00f3n v\u00e1lida para generar la controversia, vale decir, para que frente a los hechos que con esa puntualidad se expongan en la excepci\u00f3n pueda ejercer su derecho de defensa y aducir las pruebas que crea conveniente; desde luego que, por lo mismo, la contienda acerca de ese mecanismo defensivo no podr\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 del propio campo que ella defini\u00f3, ya que en tal aspecto el litigio habr\u00e1 de circunscribirse a ese marco; de lo anterior se desprende que ante la omisi\u00f3n del opositor en dar los hechos estructurales del medio exceptivo, al juez no le es dable suplir esa preterici\u00f3n y entrar a decidir el m\u00e9rito del conflicto, toda vez que, de hacerlo, le violar\u00eda al actor el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto en tal evento podr\u00eda resultar juzg\u00e1ndolo sobre unos supuestos que \u00e9ste en su momento no pudo controvertir por la sencilla raz\u00f3n de no haberlos tenido en traslado. <\/p>\n
Esa comprensi\u00f3n jurisprudencial, que constituye doctrina probable seg\u00fan el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 18967, sube de punto si se repara en que la excepci\u00f3n ataca derechamente la pretensi\u00f3n, de ah\u00ed que su soporte factual le permita a la contraparte saber qu\u00e9 posici\u00f3n adoptar para enfrentar esa ant\u00edtesis, as\u00ed como preparar y organizar las pruebas con las que quiera desvirtuarla, conforme se reiter\u00f3 en CSJ S-151, 13 oct. 1993 cuando se expres\u00f3 que \u00ab[e]n cuanto a las excepciones, la Sala reafirma una vez m\u00e1s que una denominaci\u00f3n jur\u00eddica son hechos que debe concretar el opositor, para que la contraparte con un debate legal sepa cu\u00e1les contra pruebas ha de presentar y de qu\u00e9 modo ha de organizar la defensa\u00bb (CSJ SC. 11 may. 1981, No. 1949, p\u00e1g. 524). <\/p>\n
Es tan relevante la necesidad de darle sustento a las excepciones de fondo, que el C\u00f3digo General del Proceso as\u00ed lo exige cuando en su art\u00edculo 96, numeral tercero, dispone que la contestaci\u00f3n a la demanda deber\u00e1 contener, entre otros elementos, \u00ab[l]as excepciones de m\u00e9rito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con expresi\u00f3n de su fundamento f\u00e1ctico (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
En coherencia con lo anterior, resulta indiscutible la necesidad de justificar factualmente aquellas defensas que no son declarables de oficio, sino a petici\u00f3n de parte, como acontece con la prescripci\u00f3n, la compensaci\u00f3n y la nulidad relativa, pues la exposici\u00f3n de la relaci\u00f3n f\u00e1ctica en que se apoye cualquiera de ellas, adem\u00e1s de darle justificaci\u00f3n, le brinda certeza al demandante respecto de las circunstancias que la sustentan, al punto de permitirle prepararse para contraargumentar y dirigir su actividad probatoria encaminada a refutar tales planteamientos. Por tanto, si al proponerla el interesado se limita a nominarla, ha de entenderse que no plante\u00f3 una contrapretensi\u00f3n y, por lo mismo, el juez, al decidir la litis, estar\u00e1 relevado de hacer alguna consideraci\u00f3n al respecto, es decir, deber\u00e1 proceder como si no existiera. <\/p>\n
Quiere decir que la expresi\u00f3n del sustento f\u00e1ctico de la excepci\u00f3n constituye una carga procesal cuya realizaci\u00f3n ha de ser observada con estrictez, pues, de no ser as\u00ed, y en relaci\u00f3n con aquella que en determinado evento hubiera sido formulada y que solo sea declarable a petici\u00f3n de parte, no podr\u00e1 el juzgador despacharla con estribo en hechos distintos a los aducidos para el efecto, so pena de resolverla de forma oficiosa y en contrav\u00eda del art\u00edculo 282 ibidem que impone su necesaria y apropiada alegaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, trat\u00e1ndose de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, solo en el evento en que haya sido oportunamente expuesta y est\u00e9 provista de sustento factual, podr\u00e1 el fallador adentrarse a resolverla, para lo cual deber\u00e1 limitarse a verificar si la modalidad rogada est\u00e1 configurada y as\u00ed declararlo; de lo contrario, deber\u00e1 desestimarla, sin que en este \u00faltimo evento pueda basarse en otros hechos y, a partir de ellos, reconocer una diversa a la planteada, no solo porque entre una y otra pudieran haber hondas diferencias sustanciales en cuanto a su punto de partida o dies a quo, as\u00ed como respecto del t\u00e9rmino de configuraci\u00f3n, o tambi\u00e9n en cuanto al criterio objetivo, subjetivo e hibrido que rija a cada especie, sino porque al proceder de esa manera desbordar\u00e1 el campo de decisi\u00f3n trazado por los contendores y, por consiguiente, quebrar\u00e1 el postulado de la congruencia que, en lo f\u00e1ctico, lo obliga a respetar los contornos demarcados en la demanda y su contestaci\u00f3n, al ser los que, salvo en el caso de las excepciones que puede reconocer por su propia iniciativa, fijan los linderos de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque el proceso civil tiene como base insoslayable el principio dispositivo sobre el que est\u00e1 edificado, de ah\u00ed que, por regla general, la actividad de las partes y el campo de decisi\u00f3n del juez quedan inexorablemente vinculados por la demanda y su contestaci\u00f3n, pues es eso lo que constituye el thema decidendum; de modo que si este abandona ese escenario resolutorio, previamente fijado por los litigantes, vulnera el ordenamiento jur\u00eddico al desconocer la regla de la congruencia, entendida, stricto sensu, como una clara e inequ\u00edvoca manifestaci\u00f3n del derecho superlativo al debido proceso (art. 29 C.P.N.) a trav\u00e9s de la cual el Estado le da seguridad a los justiciables de que no ser\u00e1n sorprendidos con fallos fundados en aspectos diferentes a los que plantearon en el momento procesal pertinente, y que, por esa misma raz\u00f3n, les fue imposible conocer y controvertir probatoriamente. <\/p>\n
Precisamente, en CJS SC 7 feb. 2007, rad. 2002-00004-01, se destac\u00f3 que en raz\u00f3n a que las excepciones de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, <\/p>\n
(\u2026) no pueden declararse de oficio, el requisito de que cualquiera de ellas se proponga adecuadamente ha de ser observado con total rigor, como quiera que, de no ser as\u00ed, en relaci\u00f3n con la que en un evento dado se hubiera planteado, el juzgador no podr\u00eda hacer pronunciamiento alguno por fuera de los fundamentos f\u00e1cticos que el opositor haya aducido al efecto, pues, si procediera de manera contraria, estar\u00eda resolviendo la excepci\u00f3n no s\u00f3lo oficiosamente sino con evidente desconocimiento del precepto legal acabado de aludir. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque el axioma jura novit curia le permite al juez aplicar el derecho llamado a disciplinar la contienda, aun si las partes invocaron un r\u00e9gimen jur\u00eddico impertinente, esa prerrogativa de subsunci\u00f3n normativa no significa que est\u00e9 autorizado para acometer tal actividad intelectiva por fuera de la plataforma f\u00e1ctica sobre la que se movieron los litigantes al sustentar, respectivamente, la pretensi\u00f3n y sus excepciones, ya que esos hechos constituyen, por regla general, el marco de referencia de las hip\u00f3tesis a confirmar o desvirtuar en la decisi\u00f3n con la cual se zanje el conflicto intersubjetivo de intereses. <\/p>\n
3. En este episodio, la convocada formul\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de corto plazo contemplada en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, a cuyo tenor, \u00ab[l]as acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio y en esta ley, prescribir\u00e1n en cinco a\u00f1os, salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa\u00bb. <\/p>\n
No hay duda de que esa regla legal se remite a las disposiciones del Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio que regula todo lo correspondiente al r\u00e9gimen de sociedades comerciales, quedando circunscrito el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del referido precepto a las acciones de naturaleza civil, penal o administrativa, \u00fanicamente si se derivan: i) del incumplimiento de las obligaciones previstas en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio; ii) de la violaci\u00f3n a lo preceptuado en el mismo libro, y iii) del desconocimiento de las previsiones de la Ley 222 de 1995. Por tanto, siendo esa una norma especial que consagra una prescripci\u00f3n de corto plazo, su aplicaci\u00f3n est\u00e1 restringida a las espec\u00edficas controversias que encajen dentro del marco jur\u00eddico para el que fue concebida por el legislador. <\/p>\n
Sobre ello, en SC 6 ago. 2010, exp. 2002-00189-01, dijo la Corte, <\/p>\n
En efecto, al prever la norma en cuesti\u00f3n que \u201clas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el libro segundo del C\u00f3digo de Comercio y en esta ley [222 de 1995], prescribir\u00e1n en cinco a\u00f1os\u201d, est\u00e1 significando, sin duda, que tal mecanismo de extinci\u00f3n de las obligaciones puede tener lugar s\u00f3lo en presencia de una reclamaci\u00f3n judicial que haya sido fundamentada en una cualquiera de las tres hip\u00f3tesis all\u00ed involucradas, vale decir, \u00fanicamente en la medida en que la causa que soporte el objeto de la respectiva controversia gire alrededor de por lo menos uno de tales supuestos de hecho; as\u00ed, deber\u00e1 tratarse de una acci\u00f3n relacionada con la insatisfacci\u00f3n total, la atenci\u00f3n parcial o tard\u00eda de unas determinadas obligaciones, o con la infracci\u00f3n del r\u00e9gimen legal previsto para las sociedades mercantiles, contenido a partir del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio as\u00ed como en las normas concordantes y complementarias, o del quebrantamiento de alguna disposici\u00f3n de la misma ley 222. <\/p>\n
Por ende, cuandoquiera que se trate de una acci\u00f3n cuya causa petendi se distancie de cualquiera de las tres eventualidades taxativamente enlistadas en aquel precepto, el tema atinente a si ella est\u00e1 prescrita no se podr\u00eda resolver bajo su amparo y mucho menos, desde luego, a la luz del plazo que la misma concibe, porque, reit\u00e9rase, el t\u00e9rmino all\u00ed determinado lo contempla el legislador apenas para aquellos casos en los que la correspondiente petici\u00f3n judicial tenga como base una u otra de las variables en cuesti\u00f3n. (subraya intencional). <\/p>\n
Ahora bien, desde el inicio del pleito qued\u00f3 sentado que la causa petendi se erig\u00eda en el marco de la responsabilidad civil contractual con pretensi\u00f3n consecuencial de indemnizaci\u00f3n de los perjuicios irrogados al demandante por la desatenci\u00f3n de las obligaciones contra\u00eddas por su adversaria en esta litis. <\/p>\n
Fue as\u00ed porque en el libelo se indic\u00f3 que luego de los acercamientos que incluyeron la oferta y aceptaci\u00f3n de sus condiciones, Andr\u00e9s Arcila Tobar y Rica Rondo S.A., celebraron un contrato cuyos t\u00e9rminos quedaron plasmados en el \u00abdocumento de intenci\u00f3n\u00bb del 12 de septiembre de 1995, constitutivo de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales. All\u00ed, la obligaci\u00f3n de dar a cargo de la demandada se concret\u00f3 en un \u00abcomponente variable\u00bb que hac\u00eda parte del paquete de compensaci\u00f3n total a favor del gestor y que, a la luz de los distintos documentos elaborados para darle contenido, comprend\u00eda: i) asignaci\u00f3n del derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de un porcentaje determinado de acciones de Rica Rondo; ii) desde esa asignaci\u00f3n, el accionante quedaba facultado para ejercer el citado derecho; iii) una vez ejercido el derecho, las acciones ingresar\u00edan al patrimonio de Andr\u00e9s Arcila, quien de esa manera pasar\u00eda a ser accionista de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Al definir en qu\u00e9 consist\u00eda el incumplimiento atribuido a la convocada, en el hecho 17 del escrito incoativo, se indic\u00f3 que, a partir del 30 de abril de 1998, \u00e9sta no tom\u00f3 acci\u00f3n alguna, <\/p>\n
(\u2026) tendiente a cumplir con la asignaci\u00f3n y as\u00ed permitir el posterior ejercicio del derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n sobre el 1.36% al que Andr\u00e9s Arcila se hab\u00eda hecho acreedor, y al que ten\u00eda derecho por haber cumplido cabalmente, y sin tacha alguna, con lo acordado con su obligaci\u00f3n contractual. Pero adem\u00e1s, porque as\u00ed lo establec\u00edan los t\u00e9rminos de lo acordado respecto del componente variable del paquete de compensaci\u00f3n de la oferta (a decir, 0.68% al 1\u00b0 de enero de 1997 correspondiente a la asignaci\u00f3n de 1996, y 0.68% al 1\u00b0 de enero de 1998, correspondiente a la asignaci\u00f3n de 1997. Sin asignaci\u00f3n de acciones era imposible para Andr\u00e9s Arcila ejercer su derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n, lo cual evidentemente, ocasion\u00f3 un da\u00f1o a su patrimonio, con base en el incumplimiento contractual del cual se derivaron perjuicios patrimoniales. <\/p>\n
Como puede advertirse, la relaci\u00f3n convencional referida en los fundamentos factuales que expuso el accionante, es de car\u00e1cter at\u00edpico y su cumplimiento exig\u00eda el agotamiento de tres fases sucesivas e interdependientes, encaminadas a que, al final, el demandante pudiera obtener la calidad de accionista de Rica Rondo S.A., de manera que, seg\u00fan lo relat\u00f3 aquel, el incumplimiento de la primera obligaci\u00f3n del accionado consistente en \u00abasignarle\u00bb un derecho de opci\u00f3n de suscripci\u00f3n de acciones, hac\u00eda nugatorias las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si en estrictez, el aducido acuerdo de voluntades no daba cuenta de una oferta de suscripci\u00f3n de acciones, ni de la negociaci\u00f3n de las mismas, que debieran sujetarse a los t\u00e9rminos que establece el C\u00f3digo de Comercio para las sociedades an\u00f3nimas (arts. 384 y ss., art. 403 y ss.), es claro que la demanda no se inscrib\u00eda en la vulneraci\u00f3n al r\u00e9gimen societario regulado en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio, pues dichas normas solo podr\u00edan entrar a regir el caso si tal acuerdo hubiese avanzado a las etapas siguientes a la inicial que se afirma fue desatendida por la convocada. En refuerzo de esta inferencia, es muy diciente que la r\u00e9plica de la persona jur\u00eddica requerida se haya encaminado, precisamente, a cuestionar la veracidad de las afirmaciones del convocante porque la negociaci\u00f3n accionaria estaba supeditada a un procedimiento especial previsto en la normatividad comercial para las sociedades an\u00f3nimas que no constitu\u00eda el objeto de la controversia (fls. 12 \u2013 24, c. 3). <\/p>\n
Ello permite entender que la prescripci\u00f3n extintiva que, como excepci\u00f3n previa, plante\u00f3 la encartada, y que fue la consagrada en el art\u00edculo 235 de la Ley 22 de 1995, conforme lo indic\u00f3 y desarroll\u00f3 a trav\u00e9s de la argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica que expuso para fundamentarla, regula situaciones espec\u00edficas entre las que no encajan los supuestos de hecho que le dan sustento a la acci\u00f3n ejercida por el impulsor, lo que pone en evidencia el dislate en que incurri\u00f3 el Tribunal cuando, al interpretar la demanda, y con total desconocimiento de lo plasmado en esa pieza procesal, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) lo que se desprende de los hechos y pretensiones de la demanda van encaminadas estrictamente al contenido accionario ofrecido en el documento del 12 de septiembre de 1995. <\/p>\n
En definitiva, si la causa petendi no guardaba relaci\u00f3n con ninguna de las hip\u00f3tesis de \u00abemisi\u00f3n, suscripci\u00f3n, pago y negociaci\u00f3n de acciones de las sociedades an\u00f3nimas\u00bb como lo consider\u00f3 el juzgador de segundo grado, ello quiere decir que ese sentenciador se equivoc\u00f3 -diametralmente- al tomar como referente para el estudio de la prescripci\u00f3n liberatoria el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995 que invoc\u00f3 la demandada, yerro que resulta trascendente en la medida que fue al tamiz de esa disposici\u00f3n que dedujo la prosperidad de la excepci\u00f3n extintiva, sin que le fuera permitido reconocer alguna otra, toda vez que la convocada se defendi\u00f3 de la modalidad formulada que -como se constat\u00f3- no era la llamada a regir el caso. <\/p>\n
Se concluye, entonces, que el Tribunal distorsion\u00f3 en forma evidente el verdadero sentido de los hechos y pretensiones de la demanda, al encasillar la contienda en una disputa de naturaleza societaria, lo que, de contera, lo condujo a aplicar en su definici\u00f3n normas jur\u00eddicas que no eran las llamadas a regirla, incurriendo as\u00ed en un error de facto manifiesto y trascendente, lo que significa que su decisi\u00f3n transgredi\u00f3 indirectamente el ordenamiento, y al resultar fundado el primer ataque propuesto, habr\u00e1 de casarse. <\/p>\n
Por tanto, el cargo prospera. <\/p>\n
4. La Corte se abstendr\u00e1 de emitir sentencia de reemplazo, por cuanto al corresponder la recurrida a una anticipada que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n mixta de prescripci\u00f3n extintiva, la decisi\u00f3n revocatoria tendr\u00e1 la connotaci\u00f3n de auto, aunque est\u00e9 contenida en el fallo que resuelve el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que se adoptar\u00e1 una soluci\u00f3n opuesta a la del Tribunal y, adem\u00e1s, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado de primera instancia para que, tomando en consideraci\u00f3n las razones que condujeron al quiebre del fallo de segundo grado, contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
5. Frente a lo discurrido, la acusaci\u00f3n prospera y, por lo mismo, se prescindir\u00e1 de imponerle al recurrente el pago de costas en casaci\u00f3n (art. 365, n\u00fam. 1\u00b0 C. G. P.). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CASAR la sentencia anticipada proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 20 de junio de 2019, dentro del proceso de Andr\u00e9s Arcila Tobar contra Alimentos C\u00e1rnicos S.A.S. Sin costas por el recurso extraordinario. <\/p>\n
Segundo: DECLARAR impr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la demandada, seg\u00fan lo analizado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para que, de conformidad con lo aqu\u00ed decidido, contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso como corresponda. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJERO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-004-2013-00011-01 <\/p>\n
ACLARACION DE VOTO <\/p>\n
Respetuosamente me permito ACLARAR mi voto, con el prop\u00f3sito de se\u00f1alar que comparto los razonamientos que se expusieron en la providencia materia de estas l\u00edneas, en tanto se entienda que la exigencia de fundamentar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n no es incompatible con la posibilidad de interpretar razonablemente el escrito en el que se invoca esa defensa, especialmente en punto a la regla jur\u00eddica llamada a gobernarla. <\/p>\n
Para explicar las razones que motivan esa precisi\u00f3n, debe recordarse que Alimentos C\u00e1rnicos S.A.S. quiso prevalerse, de manera expresa y evidente, de la prescripci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, aduciendo hechos consistentes con tal selecci\u00f3n normativa. Por consiguiente, tras descartar la aplicaci\u00f3n de dicho precepto especial, no era posible acudir a otro suced\u00e1neo \u2013como el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil\u2013, porque ello equivaldr\u00eda a sustituir la voluntad inequ\u00edvoca de la convocada, en desmedro del principio dispositivo y, especialmente, del car\u00e1cter personal de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Para apuntalar esa conclusi\u00f3n \u2013que comparto\u2013, la Sala sostuvo que: (i) \u00abtrat\u00e1ndose de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, solo en el evento en que haya sido oportunamente expuesta y est\u00e9 provista de sustento factual, podr\u00e1 el fallador adentrarse a resolverla\u00bb; y (ii) dado que la prescripci\u00f3n no puede reconocerse de oficio, el juez \u00abdeber\u00e1 limitarse a verificar si la modalidad rogada est\u00e1 configurada y as\u00ed declararlo; de lo contrario, deber\u00e1 desestimarla, sin que en este \u00faltimo evento pueda basarse en otros hechos y, a partir de ellos, reconocer una modalidad diversa a la planteada\u00bb. <\/p>\n
Dada la anterior construcci\u00f3n, en mi respetuosa opini\u00f3n habr\u00eda sido provechoso dejar sentado que, sin obviar las restricciones l\u00f3gicas y normativas del caso, el juez de la causa tiene cierto margen para extraer un significado racional de proposiciones oscuras, imprecisas, incoherentes o contradictorias, relacionadas con la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Dicho de otro modo, que as\u00ed como ocurre con los hechos y pretensiones de la demanda, el sustento f\u00e1ctico y normativo de la referida excepci\u00f3n es susceptible de interpretaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Por supuesto que esa interpretaci\u00f3n no debe suplantar las expresiones de voluntad de la parte demandada, como ocurrir\u00eda si enunciados claros y un\u00edvocos \u2013como el que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 Alimentos C\u00e1rnicos S.A.S.\u2013, se sustituyen por otros distintos. Pero s\u00ed ha de orientarse a esclarecer el verdadero sentido de argumentos que, por su oscuridad o ambivalencia, admiten lecturas heterog\u00e9neas, como sucede cuando los hechos que sustentan la prescripci\u00f3n alegada no armonizan con las normas invocadas, o el interesado pasa por alto citar la ley que estima aplicable a su caso, entre otros supuestos. <\/p>\n
Reducir la tarea del juez a la simple comprobaci\u00f3n de procedencia del supuesto expresamente alegado por el demandado, podr\u00eda dar a entender que cualquier equivocaci\u00f3n en el tenor literal de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n puede frustrar su prosperidad, o lo que es lo mismo, que es posible denegar una prescripci\u00f3n alegada y consumada solo porque, a modo de ejemplo, se omiti\u00f3 alguna referencia normativa, o la que se hizo fue errada. <\/p>\n
Para ilustrar esta cuesti\u00f3n, pi\u00e9nsese en un hipot\u00e9tico ejecutado que, al sustentar su excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, arguye que transcurrieron veinte a\u00f1os entre la fecha de vencimiento del pagar\u00e9 que se arrim\u00f3 como base del cobro, y la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva; sin embargo, a rengl\u00f3n seguido invoca el art\u00edculo 730 del C\u00f3digo de Comercio, que ata\u00f1e a la prescripci\u00f3n de las acciones cambiarias derivadas del cheque. <\/p>\n
Si al juez de la ejecuci\u00f3n le bastara con verificar si la legislaci\u00f3n referida por el convocado corresponde a la que es aplicable para el caso en concreto, no podr\u00eda atender el leg\u00edtimo reclamo liberatorio del deudor cambiario del ejemplo, resultado que intuitivamente se muestra inadmisible, por contrariar el acceso a la justicia y la prevalencia de los derechos sustanciales que reconocen los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese sentido, considero prudente insistir en que la necesidad de alegar la prescripci\u00f3n, y la consecuente prohibici\u00f3n de reconocerla oficiosamente, no deben dar lugar a que el aparte concreto del escrito en el que se desarrolla ese medio de defensa se transforme en un reducto inexpugnable, que solo permita ex\u00e9gesis literales. T\u00e9ngase en cuenta que el juez est\u00e1 llamado a interpretar todas las manifestaciones de las partes, de buena fe y guiado por las reglas de la raz\u00f3n, tal como recientemente lo precis\u00f3 esta misma Corporaci\u00f3n, al decir: <\/p>\n
\u00abAunque la labor del int\u00e9rprete se facilita enormemente si en el escrito de excepciones se especifica la norma que consagra el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que quiere invocarse, lo cierto es que el derecho de escoger entre reg\u00edmenes \u2013cuando ello sea procedente\u2013 no puede depender de esa menci\u00f3n, sino del acto volitivo que le precede. Y si el interesado no revela con suficiente claridad su voluntad, es natural que dicho alegato deba analizarse racionalmente, para extraer de all\u00ed la voluntad por la que se averigua, tal como lo hizo el tribunal en la providencia impugnada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la sentencia SC3724-2021, 8 sep., \u201cel debate acerca de la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales (…) no puede quedar reducido a verificar si [se] incluy\u00f3 (…) una expresi\u00f3n en concreto, porque ese detalle \u2013anecd\u00f3tico\u2013 no releva al juez de su designio de restablecer el orden justo y proveer la tutela efectiva de los derechos de las personas. [E]l juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jur\u00eddico, pero no mec\u00e1nico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacci\u00f3n, para descubrir su naturaleza y esencia (…). Y en este punto es menester acotar que no se trata de restringir o menoscabar las potestades hermen\u00e9uticas del juzgador, ni mucho menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, quede irremediablemente ligado a esa expresi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, ya se ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de desentra\u00f1ar el verdadero y m\u00e1s equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realizaci\u00f3n puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sit\u00fae su petici\u00f3n en [un] \u00e1mbito (…) pero al exponer el objeto de su reclamaci\u00f3n o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario (…), pues en esa hip\u00f3tesis deber\u00e1 el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominaci\u00f3n que al desgaire le hubiere imprimido el accionante (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01)\u201d. <\/p>\n
(…) La doctrina probable de la Corte \u2013que se refiere principalmente a la demanda, pero es aplicable a cualquier otra pieza del expediente\u2013 muestra que al juez no le es vedado extraer de las manifestaciones de las partes alg\u00fan contenido espec\u00edfico, como lo ser\u00eda la legislaci\u00f3n que debe regir el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de una prescripci\u00f3n extintiva. Cabe precisar que esta facultad no se opone a la prohibici\u00f3n de reconocer oficiosamente el aludido fen\u00f3meno extintivo en este caso concreto, porque la excepci\u00f3n pertinente se propuso en tiempo (…). En ese contexto, la falta de alusi\u00f3n a un r\u00e9gimen legal espec\u00edfico no suprime el hecho de que la defensa de prescripci\u00f3n fue oportunamente alegada, ni mucho menos puede entenderse como una renuncia a prevalerse de los efectos de dicha defensa, ya que no se verifica ninguno de los supuestos del art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil\u00bb (CSJ SC712-2022). <\/p>\n
Las razones expuestas fundamentan mi aclaraci\u00f3n de voto, con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En el mismo sentido pueden consultarse entre otras: CSJ SC de 14 de oct. de 1993, Exp. 3794, CSJ SC de 19 de sept. de 2009, Rad. 2003-00318-01 y SC1905-2019. <\/p>\n
2\u0002 Josserand, L. Derecho Civil. Teor\u00eda General de las obligaciones, tomo II, Vol. I. Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, Bosch y C\u00eda. Editores. Buenos Aires, 1950, p\u00e1g. 741. <\/p>\n
3\u0002 Planiol, M y Ripert, J. Tratado Pr\u00e1ctico de Derecho Civil Franc\u00e9s. Las obligaciones. Tomo VII. 2\u00aa parte. Cultural S.A., 1945, p\u00e1gs. 660-661. <\/p>\n
4\u0002 Se trata de un criterio objetivo, que en el \u00e1mbito nacional es la regla general, porque tambi\u00e9n hay normas especiales que acogen el subjetivo, seg\u00fan acontece en el \u00e1mbito de los seguros, espec\u00edficamente con la prescripci\u00f3n ordinaria, donde el t\u00e9rmino all\u00ed previsto despunta desde el conocimiento que tuvo o debi\u00f3 tener el acreedor acerca del hecho que da base a la acci\u00f3n (art.1081 C. de Co.). <\/p>\n
5\u0002 Hinestrosa, F. La prescripci\u00f3n extintiva. 2da edici\u00f3n, a\u00f1o 2008, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1 D.C., p\u00e1g. 11. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 2513, Inc. 2\u00ba C.C., adicionado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
7\u0002 La norma dispone que \u201cTres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u201d. <\/p>\n
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SC1297-2022 (2013-00011-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC1297-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-004-2013-00011-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de 24 de marzo de 2022) Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64120","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64120"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64120\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64120"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}