SC1413-2022 (2018-00120-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC1413-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-31-10-001-2018-00120-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por C\u00e9sar Hern\u00e1n Benjumea Ballesteros, respecto de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020, por la Sala Civil\u2013 Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario que instaur\u00f3 Sandra Meyer Artunduaga en su contra, en su condici\u00f3n de heredero determinado de Jairo Hern\u00e1n Benjumea (q.e.p.d.), y dem\u00e1s indeterminados. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n se declare que entre ella y el finado Jairo Hern\u00e1n Benjumea existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho desde el 15 de marzo de 2011 y hasta el 13 de febrero de 2018, d\u00eda en que ocurri\u00f3 el deceso de este \u00faltimo. Adicionalmente que con ocasi\u00f3n de dicha uni\u00f3n se conform\u00f3 entre los mentados sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes \u00abdesde el 30 de enero del a\u00f1o 2017\u00bb y el mismo hito final, consecuentemente, se disponga su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se conocieron en septiembre de 2010, iniciando una relaci\u00f3n de noviazgo en octubre de ese a\u00f1o \u00abconsolid\u00e1ndose la relaci\u00f3n, a partir de las experiencias sentimentales vividas los fines de semana posteriores a dicho mes, hasta culminado el periodo fiscal de turno\u00bb y a finales de este \u00abse dio paso al desarrollo de visitas semanales a los domicilios familiares de cada una de las partes\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que el 15 de marzo de 2011 decidieron convivir como pareja y para concretarlo el 26 de marzo de 2012 compraron una casa \u00absitio en el cual convivieron como marido y mujer, en forma continua y singular\u00bb, hasta cuando este falleci\u00f3 el 13 de febrero de 2018, \u00abfecha esta que se debe tener como terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, con lo que se tipific\u00f3 la sociedad patrimonial \u00ablo cual les gener\u00f3 efectos legales, con sus respectivas obligaciones y derechos\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que Jairo Hern\u00e1n Benjumea se divorci\u00f3 de la se\u00f1ora Esmeralda Ballesteros Quintero \u00aben fecha 30 de enero del a\u00f1o 2016 y liquid\u00f3 la sociedad conyugal por medio de escritura p\u00fablica Nro 206 de la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. En el entendido que desde el a\u00f1o 2007 se encontraban separados de hecho como consta en la escritura referida\u00bb. <\/p>\n
3. La causa as\u00ed planteada fue admitida el 6 de junio de 2018, por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, ordenando el enteramiento del llamado a juicio Cesar Hern\u00e1n Benjumea Ballesteros y el emplazamiento de los herederos indeterminados de Jairo Hern\u00e1n Benjumea (q.e.p.d.) (fl. 32 Cd 1). <\/p>\n
4. Notificado en debida forma Cesar Hern\u00e1n Benjumea Ballesteros contest\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones (fls. 46-50 cd 1) e impetr\u00f3 la excepci\u00f3n perentoria de \u00abinexistencia de los presupuestos para la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb (fls. 54-58; 64-66 Cd 1). <\/p>\n
5. El 26 de julio de 2019, el juez de conocimiento defini\u00f3 la instancia con sentencia que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho en el periodo deprecado y de la sociedad patrimonial en el lapso del \u00abel 31 de enero de 2016 y que termin\u00f3 el 13 de febrero de 2018, la cual se declara disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb (fls. 114-115 Cd 1). <\/p>\n
6. Inconforme el demandado recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n aduciendo, en lo medular, que no se acreditaron los presupuestos para abrir paso a la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital, toda vez que no se valoraron adecuadamente las pruebas desconociendo que no se cumpli\u00f3 con la singularidad. En punto de la sociedad patrimonial adujo que se aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996, en lo que refiere a los efectos de la sentencia C-193 de 2016, habida cuenta que, en su criterio, \u00absolo podr\u00eda haber iniciado la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os de la uni\u00f3n marital para la existencia de la sociedad patrimonial a partir del d\u00eda 21 de abril de 2016, fecha en que desaparece del ordenamiento jur\u00eddico dicha disposici\u00f3n legal, y habida cuenta que desde el 21 de abril de 2016 hasta el d\u00eda 13 de febrero de 2018, fecha en que falleci\u00f3 el se\u00f1or JAIRO HERN\u00c1N BENJUMEA, tan solo hab\u00edan transcurrido 1 a\u00f1o, 9 meses y 22 d\u00edas, se hace imposible declarar la existencia de la pretendida sociedad patrimonial al no contarse con el t\u00e9rmino exigido por el legislador de manera taxativa para tal fin\u00bb (fls. 118 a 121 ib.). <\/p>\n
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante prove\u00eddo de 4 de septiembre de 2020, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n apelada (fls. 10-11 Cd Trib.). <\/p>\n
8. El extremo vencido interpuso recurso de casaci\u00f3n contra la anterior providencia que, por ser debidamente concedido, una vez recibidas las diligencias en esta Corporaci\u00f3n fue admitido a tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras indicar que el extremo apelante mostr\u00f3 su descontento con todo lo argumentado por el juzgador de primer grado para abrir paso a las pretensiones de la demanda, dio por probado que Jairo Hern\u00e1n Benjumea estuvo casado con Esmeralda Ballesteros, con quien finiquit\u00f3 posteriormente el v\u00ednculo, como se demostr\u00f3 con la copia de la Escritura P\u00fablica 206 del 30 de enero de 2016, otorgada en la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1, contentiva de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, que con ocasi\u00f3n de aquel se constituy\u00f3. <\/p>\n
Continu\u00f3 memorando los presupuestos que contempla la ley 54 de 1990 para la configuraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y de cara a los reproches planteados frente a la juramentada rendida por la actora y los testimonios de Jeny Carolina Espejo y Saul Diaz Ladino determin\u00f3, que (Minuto 46.02) \u00abEl primer argumento de disenso no pr\u00f3spera, porque seg\u00fan el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas qued\u00f3 demostrada la uni\u00f3n marital alegada [\u2026] visibilizar las caracter\u00edsticas esenciales de esta figura entre los se\u00f1ores es decir entre los se\u00f1ores Sandra Meyer Artunduaga y Jairo Hern\u00e1n Benjumea que en paz descanse existi\u00f3 un v\u00ednculo afectivo con vocaci\u00f3n de permanencia, compartir, de ser p\u00fablico con el pasar del tiempo\u00bb, para lo cual confront\u00f3 lo dicho por estos, as\u00ed como los de Yohana S\u00e1nchez y Nidia Gonz\u00e1les, para concluir que (Minuto 1.05.06) \u00abcontrariamente a la tesis de la parte apelante, entre la se\u00f1ora Sandra Meyer Artunduaga y el se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Benjumea hubo en realidad una convivencia de compa\u00f1eros permanentes, caracterizada por ser p\u00fablica singular e ininterrumpida, cuyo hito inicial fue claramente fijado en el momento en que empezaron a vivir juntos en el condominio El Trapiche hacia el a\u00f1o 2011, en este sentido los testificantes puntualizaron la raz\u00f3n de sus versiones y lucen coincidentes desde el rol que percibieron los acontecimientos\u00bb, por lo que ratific\u00f3, que (Minuto 1.07.27) \u00abel caudal demostrativo permite concluir, sin lugar a incurrir en un craso yerro, que la premisa vertebral planteada corresponde a la verdad apreciada por el juez de instancia, quien otorg\u00f3 m\u00e9rito a la historia que ante \u00e9l revelaron los testigos, porque fueron coincidentes y espont\u00e1neos, luego quedar\u00e1 en firme la declaraci\u00f3n de esta uni\u00f3n marital de hecho entre los extremos temporales se\u00f1alados en primer grado, agregando tambi\u00e9n que la probable existencia de otra relaci\u00f3n no demerit\u00f3 la singularidad de la relaci\u00f3n aqu\u00ed debatida\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 con el an\u00e1lisis del segundo punto de disconformidad, referido a la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho, soportado en desconocerse que la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abpor lo menos un a\u00f1o\u00bb del art\u00edculo 2 literal b) de la ley 54 de 1990 se produjo a partir de la sentencia C-193 de 2016, la cual tiene efectos hacia el futuro, circunstancia que conllev\u00f3 que, en este particular caso, no se alcanzaron los dos (2) a\u00f1os que exige la ley. <\/p>\n
Frente a esto sostuvo el colegiado, que \u00abel apelante tiene raz\u00f3n en cuanto a las premisas f\u00e1cticas previas, reglas sobre el plazo m\u00ednimo para que surja la sociedad patrimonial de hecho en esa clase de uniones, m\u00e1s no en cuanto a la conclusi\u00f3n en la soluci\u00f3n del caso, porque omiti\u00f3 una subregla decisional relevante ya que es verdad que la sentencia de constitucionalidad se dict\u00f3 en el momento enunciado y que desde esa providencia hasta la muerte del se\u00f1or Benjumea no pasaron dos a\u00f1os\u00bb, pero que desde antes esta Corporaci\u00f3n ven\u00eda aplicando la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, tanto a la exigencia atinente a la \u201cliquidaci\u00f3n\u201d como a la referida expresi\u00f3n, citando un precedente que as\u00ed lo hizo, asegurando que (Minuto 1.15.18) \u00abEl anterior criterio entonces simplemente se afianz\u00f3 con la declaraci\u00f3n de inexequibilidad de la Corte Constitucional, empero, reit\u00e9rese el plazo l\u00edmite de un a\u00f1o que contemplaba la norma era inaplicado por el \u00f3rgano de cierre en esta especialidad, no existiendo discusi\u00f3n que despu\u00e9s de disolverse sociedad conyugal anterior del se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Benjumea y hasta su fallecimiento estaban conviviendo como compa\u00f1eros permanentes desde mucho tiempo atr\u00e1s, ninguna raz\u00f3n plausible vislumbra est\u00e1 colegiatura para aniquilar la sentencia de primer grado que accedi\u00f3 a la declaraci\u00f3n de los efectos patrimoniales renegados en el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre tres (3) cargos, apoyados en las causales primera, segunda y tercera, previstas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Si bien el \u00faltimo endilga vicios de procedimiento, dados los precisos motivos que soportan cada cr\u00edtica, es dable su estudio conjunto en el orden propuesto, toda vez que todos se dirigen contra la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y se pregona el quebranto de similares disposiciones. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de \u00abviolaci\u00f3n directa del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 (modificado por el art\u00edculo 1 \u00b0 de la Ley 979 de 2005); art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil; y art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
En sustento, record\u00f3 el contenido del art\u00edculo segundo de la ley 54 de 1990, y el concepto de presunci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo Civil y \u00abque ante la ausencia de uno solo de los requisitos de hecho que exige la ley sustancial para la procedencia de la presunci\u00f3n, la consecuencia necesaria ser\u00e1 la negaci\u00f3n de la misma\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se ocup\u00f3 de lo adoctrinado por esta Corte, en cuanto a la exigencia de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal como prerrequisito para habilitar la declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial y la declaraci\u00f3n de inexequibilidad de tal aparte de la norma, dispuesta en la sentencia C-700 de 2013, as\u00ed como lo determinado en la sentencia C-193 de 2016, frente al otro presupuesto contenido en aquella disposici\u00f3n, referido a que dicho finiquito se hubiera verificado \u00abpor lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los fallos emitidos por la Corte Constitucional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tienen efectos retroactivos sino hacia futuro; reprochando el raciocinio que hizo el tribunal, respecto a que \u00abel t\u00e9rmino m\u00ednimo de dos a\u00f1os de convivencia entre compa\u00f1eros permanentes que se requiere para el surgimiento de la sociedad patrimonial comenz\u00f3 a correr el d\u00eda siguiente a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior y no desde la publicaci\u00f3n de la Sentencia C-193-16 (que declar\u00f3 inexequible el requisito del a\u00f1o despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n), aduciendo que la Corte Suprema de Justicia ven\u00eda aplicando la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad de ese fragmento de la norma desde una sentencia del 22 de marzo de 2011\u00bb. <\/p>\n
Descalificaci\u00f3n que soport\u00f3 diciendo, que \u00abla Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el Tribunal como base argumentativa para su decisi\u00f3n, declar\u00f3 la \u00abinsubsistencia\u00bb del requisito del a\u00f1o despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior, pero no derog\u00f3 ese requisito normativo porque carec\u00eda de facultades constitucionales para ello, dado que tal prerrogativa es exclusiva de la Corte Constitucional\u00bb y aunque dijo que para el caso examinado no era menester la exigencia del a\u00f1o \u00abello es sustancialmente distinto a afirmar que el a\u00f1o exigido por la norma despu\u00e9s de la disoluci\u00f3n desapareci\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico desde la publicaci\u00f3n de esa sentencia\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3, en cuanto a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, que para su aplicaci\u00f3n \u00abhay que tener en cuenta que el alcance de dicha figura es, siempre y en todos los casos, interpartes, de tal modo que, la norma inaplicada no desaparece del sistema jur\u00eddico y sigue siendo v\u00e1lida y eficaz en todos los dem\u00e1s casos\u00bb, pues proceder contrario constituir\u00e1 \u00abuna inadmisible e ileg\u00edtima suplantaci\u00f3n de las potestades asignadas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a los distintos \u00f3rganos de cierre de las respectivas jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que \u00abno fue motivo de discusi\u00f3n que el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os contados a partir del surgimiento de la uni\u00f3n marital y exigidos por el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, comienza a correr desde el d\u00eda siguiente a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada por el matrimonio anterior de uno de los c\u00f3nyuges\u00bb y, por el contrario, si lo fue \u00aba partir de cu\u00e1ndo dej\u00f3 de regir la norma en tales t\u00e9rminos; lo cual s\u00f3lo pudo ocurrir luego de la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del requisito del a\u00f1o despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, esto es el 20 de abril de 2016, con la publicaci\u00f3n de la sentencia C-193-16\u00bb. <\/p>\n
Desatino que, asegur\u00f3, ocurre igualmente, porque \u00abla regla general de irretroactividad de las sentencias de inexequibilidad que profiere la Corte Constitucional tiene una \u00fanica excepci\u00f3n en las situaciones que caen bajo la figura jurisprudencial de la \u00abretrospectividad de la ley\u00bb\u00bb. \u00abMas, esta \u00abretrospectividad\u00bb s\u00f3lo se ha aplicado a las uniones maritales surgidas antes de la publicaci\u00f3n de la Ley 54 de 1990, pero que cumplen con todos los requisitos f\u00e1cticos para su declaraci\u00f3n; as\u00ed como a las uniones maritales conformadas por parejas del mismo sexo antes de que el requisito de la uni\u00f3n entre un hombre y una mujer fuera declarado inexequible, siempre que tales uniones cumplieran todas las exigencias legales para su declaraci\u00f3n\u00bb \u00abPero la \u00abretrospectividad\u00bb no ha sido admitida ni aplicada para las situaciones f\u00e1cticas que caen bajo el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Sentencia C-193-16, las cuales se rigen por la regla general de la irretroactividad de las sentencias de inexequibilidad\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la segunda causal de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la decisi\u00f3n de violar de manera indirecta el \u00abart\u00edculo segundo de la Ley 54 de 1990 (modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005) como consecuencia de errores de derecho derivados del desconocimiento de normas probatorias, concretamente de los art\u00edculos 244 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En respaldo refiri\u00f3, que el \u00abextremo temporal que tuvo en cuenta el Tribunal para el conteo del inicio de los dos a\u00f1os exigidos por la anterior disposici\u00f3n estuvo demarcado por la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal que exist\u00eda entre Jairo Hern\u00e1n Benjumea y Esmeralda Ballesteros Quintero, la cual tuvo lugar el 30 de enero de 2016, mediante Escritura P\u00fablica No 206, otorgada en la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, instrumento que se tild\u00f3 de nulo, al contener una falsedad, por haberse indicado en ella \u00abque la sociedad conyugal estaba \u00aben ceros\u00bb, cuando est\u00e1 demostrado que dicha sociedad conyugal ten\u00eda varios bienes sociales que no fueron incluidos en la dicha liquidaci\u00f3n\u00bb y \u00ab[S]iendo nulo el instrumento contentivo de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, no pod\u00eda surgir la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes por estar vigente la sociedad conyugal\u00bb, motivo por el cual, el enjuiciado lo desconoci\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda y, por tanto, \u00abel Tribunal no pod\u00eda darle el beneficio de la presunci\u00f3n de autenticidad que erradamente le imprimi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que \u00abal haber sido tachado de falso el documento p\u00fablico, y al haberse demostrado tal falsedad dentro del proceso, la inaplicaci\u00f3n de la anterior norma de estirpe probatoria conllev\u00f3 al Tribunal a la violaci\u00f3n del literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, porque ante la falsedad demostrada de la mencionada escritura p\u00fablica, la \u00fanica conclusi\u00f3n admisible es que la sociedad conyugal conformada entre Jairo Hern\u00e1n Benjumea y Esmeralda Ballesteros Quintero est\u00e1 vigente, lo que excluye la posibilidad del surgimiento de la sociedad patrimonial que se declar\u00f3 en la sentencia que se impugna\u00bb. <\/p>\n
La violaci\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 257 del C\u00f3digo General del Proceso ocurre porque, en su decir, \u00abel alcance probatorio de presunci\u00f3n de autenticidad de la escritura p\u00fablica solo es predicable frente a las partes que en ella intervinieron\u00bb. \u00abPero frente a terceros, como es la demandante, el instrumento deber\u00e1 apreciarse conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica; es decir que independientemente de su declaraci\u00f3n de falsedad, el juez de familia debe restarle todo valor probatorio cuando las reglas de la sana cr\u00edtica, as\u00ed lo dictaminan, lo que debi\u00f3 ocurrir en este caso donde el contenido de la escritura fue desvirtuado con las pruebas allegadas que demuestran plenamente que la sociedad conyugal no \u00abestaba en ceros\u00bb al momento de la disoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Resguardado en el tercer motivo de casaci\u00f3n dispuesto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, imput\u00f3 al juzgador ad quem haber incurrido en el vicio de incongruencia. <\/p>\n
Fund\u00f3 la acusaci\u00f3n, en lo esencial, en el hecho de que en la demanda se \u00abpidi\u00f3 que se declarara la existencia de la sociedad patrimonial de bienes entre compa\u00f1eros permanentes conformada por Sandra Meyer Artunduaga y Jairo Hern\u00e1n Benjumea, desde el 30 de enero de 2017 hasta el 13 de febrero de 2018; agreg\u00f3, que \u00ab[E]l anterior interregno temporal no fue modificado, variado ni corregido dentro de las oportunidades procesales previstas para tal efecto\u00bb, por lo que disputa que \u00ab[E]n la sentencia de fecha 04 de septiembre del 2.020 que se ataca, el Tribunal de Villavicencio confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes durante el per\u00edodo comprendido entre el 31 de enero de 2016 y el 13 de febrero de 2018\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurrente alude la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos antes enunciados, disintiendo de la postura del colegiado en torno a la inexequibilidad declarada en la sentencia C-193 de 2016, en cuanto a la exigencia que conten\u00eda el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de1990, referente a que era indispensable para habilitar la presunci\u00f3n de conformaci\u00f3n de sociedad patrimonial que, en el evento de que alguno de los compa\u00f1eros tuviera impedimento legal para contraer matrimonio, la sociedad conyugal surgida con ocasi\u00f3n de aquel, se hubiera disuelto \u00abpor lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. Desde anta\u00f1o, han sido muchas las medidas que se han prohijado en busca de alcanzar la protecci\u00f3n integral de la instituci\u00f3n familiar, tanto desde el espacio del legislador como de la jurisprudencia nacional, estando entre aquellas la expedici\u00f3n de normas que propendieron por la protecci\u00f3n de la prole habida fuera del matrimonio, logrando su derecho a reclamar el reconocimiento de paternidad, as\u00ed como la igualdad entre todos los hijos; otras estuvieron encaminadas a la dignificaci\u00f3n de la mujer, reconoci\u00e9ndole plena capacidad de ejercicio y para administrar su patrimonio, eliminando la potestad marital; desde el espacio jurisdiccional, mediante el proferimiento de diversos pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, que accedieron a la declaraci\u00f3n de existencia de sociedades de hecho, buscando as\u00ed reconocer efectos patrimoniales al trabajo mancomunado del integrante m\u00e1s d\u00e9bil de las llamadas entonces relaciones concubinarias. En su momento esta Corte memor\u00f3 esa postura as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab2. Ese silencio del legislador no fue cubierto tampoco por la jurisprudencia: en desarrollo de \u00e9sta se lleg\u00f3 hasta reconocer unos efectos patrimoniales del concubinato o de las uniones de hecho, pero guard\u00e1ndose de alentar su propagaci\u00f3n y siempre dentro de la \u00f3rbita jur\u00eddica de la sociedad civil o comercial de facto cuando concurran los elementos constitutivos de \u00e9sta, con prescindencia, claro est\u00e1, de generar cualquier efecto personal entre los concubinos; empero, en \u00e9poca reciente, y muy a tono con las nuevas tendencias, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa que asiste al compa\u00f1ero permanente, ante la p\u00e9rdida de la vida del otro, para demandar la consiguiente responsabilidad civil> (CSJ SC 20 de sept. de 2000 Exp. 6117). <\/p>\n
Criterio que ante la cambiante realidad social, que evidenciaba la existencia de nuevas estructuras familiares, fue reiterado durante muchos a\u00f1os en m\u00faltiples pronunciamientos, hasta que, finalmente, el legislador haciendo eco de estos profiri\u00f3 la ley 54 de 1990, dando as\u00ed un nuevo status a esas relaciones que optaron por conformar familia fuera del estamento matrimonial, permitiendo que con ocasi\u00f3n de esa uni\u00f3n marital igualmente se constituyera una sociedad patrimonial, con lo cual se procur\u00f3 poner fin a las situaciones inequitativas que en este campo se presentaban. <\/p>\n
Posteriormente, la constituci\u00f3n pol\u00edtica de 1991 elev\u00f3 a rango constitucional la familia, al decir que \u00e9sta \u00abes el n\u00facleo fundamental de la sociedad. Se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u00bb, e impuso al Estado y la sociedad garantizar su protecci\u00f3n. <\/p>\n
Atendiendo esa din\u00e1mica social y los nuevos principios constitucionales la ley 54 de 1990 ha sido objeto no solo de modificaci\u00f3n legislativa, a trav\u00e9s de la ley 979 de 2005, sino por causa de algunas acciones de constitucionalidad, que han culminado declarando la inexequibilidad de algunos apartes de los art\u00edculos que la integran, sustray\u00e9ndolos de esta forma del ordenamiento patrio, o bien declarando su exequibilidad condicionada, al mantener la norma indemne, siempre y cuando se entienda que su alcance es el precisado en la correspondiente decisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. Es oportuno recordar en este \u00edtem, que con la constituci\u00f3n de 1991 se cre\u00f3 la Corte Constitucional, a quien se le confi\u00f3 \u00abla guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n\u00bb y con ese cometido debe, entre otras funciones, \u00abDecidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n\u00bb (art. 241 Const. Pol.) y para salvaguardar ese control jurisdiccional a cargo de la mentada Colegiatura el precepto 243 de la Carta establece, que \u00abLos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u00bb pero, especialmente, que \u00abNinguna autoridad podr\u00e1 reproducir el contenido material del acto jur\u00eddico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para el ejercicio de las funciones de la Corte Constitucional, a m\u00e1s de autorizar a la Corporaci\u00f3n a darse su propio reglamento, se expidi\u00f3 el decreto 2067 de 1991, por el cual se dict\u00f3 el r\u00e9gimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante \u00e9sta, en el que se ratific\u00f3 el efecto de cosa juzgada constitucional y obligatoriedad que tienen sus sentencias para todas las autoridades y particulares (art\u00edculo 21), e incluso, se previ\u00f3 que \u00abLos fallos de la Corte s\u00f3lo tendr\u00e1n efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el art\u00edculo 149 de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, este \u00faltimo derrotero fue declarado inexequible mediante sentencia C-113 de 1993, al considerarse que \u00abs\u00f3lo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constituci\u00f3n, puede, en la propia sentencia, se\u00f1alar los efectos de \u00e9sta. Este principio, v\u00e1lido en general, es rigurosamente exacto en trat\u00e1ndose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad\u00bb (negrillas originales). Se agreg\u00f3 que \u00abla facultad de se\u00f1alar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constituci\u00f3n, nace para la Corte Constitucional de la misi\u00f3n que le conf\u00eda el inciso primero del art\u00edculo 241, de guardar la \u00abintegridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n\u00bb, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretaci\u00f3n que se hace en la sentencia que debe se\u00f1alar sus propios efectos\u2026\u00bb. <\/p>\n
Y es que si la Corte Constitucional, como guardiana de la Carta Pol\u00edtica, en acci\u00f3n jurisdiccional dictamina que determinada normativa es contraria a esta o los principios que la misma consagra, y en virtud de ello declara su inexequibilidad elimin\u00e1ndola del ordenamiento interno, dados los efectos erga onmes que tendr\u00e1 su decisi\u00f3n, es la propia Corporaci\u00f3n la llamada a establecer si tal declaraci\u00f3n debe cumplirse de inmediato o a posteriori, en consideraci\u00f3n al impacto que su decisi\u00f3n puede llegar a tener. <\/p>\n
Ejemplo de esta \u00faltima modalidad fueron las sentencias que excluyeron las disposiciones que regulaban el sistema UPAC, como fue la C-700 de 1999; oportunidad en la cual la Corte al estimar, que \u00abcon miras a un adecuado tr\u00e1nsito entre los dos sistemas, sin traumatismos para la econom\u00eda, es el caso de que las normas retiradas del ordenamiento jur\u00eddico puedan proyectar sus efectos ultraactivos mientras el Congreso, en uso de sus atribuciones, dicte las normas marco que justamente se han echado de menos, y el Ejecutivo, por decretos ordinarios, las desarrolle en concreto\u00bb, resolvi\u00f3 que \u00ab[L]os efectos de esta Sentencia, en relaci\u00f3n con la inejecuci\u00f3n de las normas declaradas inconstitucionales, se difieren hasta el 20 de junio del a\u00f1o 2000\u2026\u00bb. En tanto que la regla general de inaplicaci\u00f3n de la norma declarada inexequible es inmediata. <\/p>\n
Adicionalmente, no puede soslayarse que, conforme lo previsto en el art\u00edculo 9\u00b0 de la ley 153 de 1887 \u00abLa Constituci\u00f3n es ley reformatoria y derogatoria de la legislaci\u00f3n preexistente. Toda disposici\u00f3n legal anterior a la Constituci\u00f3n y que sea claramente contraria a su letra o a su esp\u00edritu, se desechar\u00e1 como insubsistente\u00bb, circunstancia que por s\u00ed sola, mediante un control \u201cconcreto\u201d o \u201cdifuso\u201d1, habilitar\u00eda que los juzgadores dieran paso -aun de oficio- a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, inaplicando aquellas disposiciones que la contravengan; y si a ello se suma, que la declaraci\u00f3n de inexequibilidad puede calificarse como una derogatoria jurisdiccional de la norma, es incuestionable que ning\u00fan funcionario podr\u00eda aplicar un precepto que al contrariar aquellos postulados superiores se abrigue con una declaratoria de esta estirpe, desde el momento mismo en que se proh\u00edje dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Se tiene entonces, que la sustracci\u00f3n total o parcial del ordenamiento de alg\u00fan precepto legal, a consecuencia de una sentencia de inexequibilidad, impide que este, o el aparte cobijado con la decisi\u00f3n, pueda ser aplicado desde el momento mismo en que aquella se adopt\u00f3, salvedad hecha cuando la Corte determine, expresamente, postergar los efectos de su determinaci\u00f3n sin que, en todo caso, ello apareje la posibilidad de que se pueda utilizar para definir situaciones jur\u00eddicas que estuvieran consolidadas con antelaci\u00f3n a su emisi\u00f3n, habida cuenta que \u00fanicamente podr\u00edan beneficiarse aquellas que est\u00e9n vigentes o en curso al momento de su pronunciamiento. As\u00ed lo remarc\u00f3 esa Corporaci\u00f3n al decir, que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, los efectos en el tiempo de las consecuencias de las sentencias sobre las normas objeto de control, se circunscriben a los fallos de inexequibilidad y exequibilidad condicionada. La regulaci\u00f3n de los efectos temporales de estos fallos se ha dise\u00f1ado a partir de varias fuentes normativas; la Constituci\u00f3n (arts. 243), la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270\/96, art. 45), la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho sobre la vigencia de las normas jur\u00eddicas y la jurisprudencia constitucional. En primer t\u00e9rmino, del art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n se desprende la prohibici\u00f3n a las autoridades de reproducir contenidos normativos, despu\u00e9s de que \u00e9stos hayan sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Luego, se entiende que ello sugiere un efecto hacia el futuro de este tipo de sentencias, al menos en lo que corresponde a la prohibici\u00f3n descrita. El art\u00edculo 45 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270\/96), dispone que las sentencias dictadas por esta Corte, en ejercicio del control de constitucionalidad del art\u00edculo 241 superior, \u201ctendr\u00e1n efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario\u201d. Este contenido fue declarado exequible en sentencia C-037 de 2006, y se fundament\u00f3 en la reiteraci\u00f3n jurisprudencial seg\u00fan la cual \u201cs\u00f3lo la Corte Constitucional puede definir los efectos de sus sentencias.\u201d De este modo, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado las caracter\u00edsticas principales y generales de los efectos en el tiempo de las sentencias de control de constitucionalidad, que como se dijo, aplican a los fallos de inexequibilidad y de exequibilidad condicionada. Dichas caracter\u00edsticas, derivan en gran medida de los efectos en el tiempo de las normas de derecho. En este orden, se tiene que el efecto temporal de las proposiciones jur\u00eddicas es por regla general, (i) la aplicaci\u00f3n general, inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad, y (ii) siempre que la misma norma no disponga otro efecto temporal, esto es, que quien produce la norma tiene prima facie, la posibilidad de asignarle efectos temporales distintos de los que sugiere la regla general descrita. Luego, aquello que dispone una norma jur\u00eddica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jur\u00eddicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma. Este efecto temporal, coincide con la noci\u00f3n de los efectos temporales de actos jur\u00eddicos, denominados efectos ex nunc. \u00c9stos suponen justamente, efectos inmediatos, hacia el futuro y vinculantes para situaciones jur\u00eddicas originadas en el pasado y en curso. La Corte Constitucional ha desarrollado pues, la tesis seg\u00fan la cual, por regla general los efectos de sus sentencias de constitucionalidad son ex nunc, salvo que la misma Corte asigne otros efectos temporales, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996. (C.C. T-389 de 2009, citada por esta Corte en SC17162-2015 de 14 dic. Rad. 2010-00026-01). <\/p>\n
Esa aplicaci\u00f3n retrospectiva, de leyes no ha sido ajena a esta Corte, pues justamente, frente a la ley 54 de 1990 si bien en un comienzo consider\u00f3 inviable su aplicaci\u00f3n a uniones maritales iniciadas antes de su vigencia, con posterioridad modific\u00f3 tal criterio, para abrir paso al reconocimiento de las uniones maritales de hecho cuando dicho supuesto se diera, pero a condici\u00f3n de que estuvieran a\u00fan vigentes para el momento en que la ley entr\u00f3 en vigor. <\/p>\n
4. Como antes se expres\u00f3, la ley 54 de 1990 ha sido reiteradamente objeto de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, es as\u00ed, que con ocasi\u00f3n a las demandas presentadas contra dicha ley se han proferido, entre otras, las sentencias C-098 de 1997, C-014 de 1998, C-075 de 2007, C-700 de 2013, C-257 y C-563 de 2015 y C-193 de 2016, en las que se han debatido no s\u00f3lo lo concernientes a su aplicaci\u00f3n a parejas heterosexuales o del mismo sexo, sino los presupuestos para que puedan reconocerse los efectos patrimoniales, que al amparo de esta normativa se pueden generar. <\/p>\n
4.1. En la \u00faltima providencia en cita, la Corte Constitucional examin\u00f3 la constitucionalidad a m\u00e1s de la exigencia temporal de los dos (2) a\u00f1os para presumir la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial hall\u00e1ndolo ajustado a la Carta, estudio el literal b (parcial) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005, a cuyo tenor \u00abb) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, declarando la inexequibilidad del aparte subrayado. <\/p>\n
Para soportar esta \u00faltima determinaci\u00f3n la Guardiana de la Constituci\u00f3n puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abComo lo que trata de evitar la ley es la coexistencia de patrimonios universales para garantizar el orden justo como valor constitucional, entonces m\u00e1s all\u00e1 de que tengan impedimento o no los compa\u00f1eros permanentes para contraer matrimonio \u2013que es un efecto personal-, corresponde revisar esa situaci\u00f3n patrimonial con que cada uno llega a conformar la familia natural. Y ah\u00ed es donde surge el problema, porque los compa\u00f1eros permanentes que sean viudos, divorciados o que hayan obtenido la nulidad del matrimonio anterior, tienen la sociedad conyugal disuelta y pueden al d\u00eda siguiente comenzar una uni\u00f3n marital de hecho, para que, pasados como m\u00ednimo dos a\u00f1os, se les presuma y reconozca judicialmente la sociedad patrimonial. N\u00f3tese entonces que, teniendo la sociedad conyugal anterior disuelta, solo requieren de dos a\u00f1os para que obtengan la declaraci\u00f3n de los efectos patrimoniales derivados de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
74. Esta diferencia de trato no encuentra justificaci\u00f3n alguna, como tambi\u00e9n lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil en su jurisprudencia en la cual ha inaplicado por v\u00eda de excepci\u00f3n de inconstitucionalidad la exigencia temporal, pues como se explic\u00f3, el legislador al fijar el tiempo de espera de \u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d, no fundament\u00f3 la finalidad que persigue ese t\u00e9rmino, situaci\u00f3n que lo convierte en un tiempo muerto que causa perjuicio a la familia natural que conforman los compa\u00f1eros permanentes del literal b) parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser corregido por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
75. En este orden de ideas, ante la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 5, 13 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte declarar\u00e1 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba la Ley 979 de 2005, por las razones que fueron se\u00f1aladas anteriormente. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddos que anteceden a dicha declaraci\u00f3n, ya hab\u00eda considerado inaplicable tal requerimiento temporal, como bien se rese\u00f1\u00f3 en el referido examen de constitucionalidad2, de cuyo an\u00e1lisis extrajo esa Corte <\/p>\n
\u00abque la interpretaci\u00f3n legal realizada de forma pac\u00edfica y constante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se centra en que (i) el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 979 de 2005, exige que opere la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior para que sea posible declarar desde el d\u00eda siguiente la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, y una vez transcurridos como m\u00ednimo dos a\u00f1os de \u00e9sta, opere la presunci\u00f3n y el reconocimiento de la sociedad patrimonial. Lo anterior por cuanto la exigencia de la disoluci\u00f3n cumple la finalidad de evitar la coexistencia de sociedades universales en las cuales se puedan confundir los patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial no puede presumirse en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad conyugal y, (ii) de forma sistem\u00e1tica ha inaplicado el requisito temporal de un a\u00f1o a que alude la norma, por considerarlo carente de justificaci\u00f3n y un tiempo muerto que sacrifica los derechos patrimoniales de los compa\u00f1eros permanentes que tienen impedimento legal para contraer matrimonio\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Entre los mentados precedentes acopiados est\u00e1 la sentencia SC de 4 de septiembre de 2006 (Rad. 1998-00696-01), en la cual se sostuvo: <\/p>\n
\u00abY si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hip\u00f3tesis a) y b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, pues, as\u00ed como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, tambi\u00e9n hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley \u201cporque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n…\u201d. Por consiguiente, si lo fundamental es la disoluci\u00f3n, por qu\u00e9 imponer a quienes mantienen el v\u00ednculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un a\u00f1o de espera que a los dem\u00e1s no se exige\u00bb. <\/p>\n
4.2. Con posterioridad a dicha declaratoria, en la sentencia SC16493-2016 de 21 de noviembre3, se estudi\u00f3 el reclamo izado por la declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial conformada desde el veintisiete (27) de julio de dos mil (2000), al tres (3) de abril de dos mil siete (2007), fecha en que falleci\u00f3 el compa\u00f1ero permanente, siendo que los miembros de la relaci\u00f3n estuvieron ligados por v\u00ednculo matrimonial anterior con terceras persona, cuya disoluci\u00f3n se dio \u00abla de la accionante en el a\u00f1o 1974, y la del difunto en el a\u00f1o 2002\u00bb, esto es, respecto de un periodo causado antes del proferimiento de la sentencia C-193 de 2016. All\u00ed se dijo que: <\/p>\n
\u00abEste \u00faltimo lapso es el que la parte recurrente visualiza como desconocido por el Tribunal [un a\u00f1o], pues, seg\u00fan su percepci\u00f3n, si la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal del se\u00f1alado causante tuvo lugar en el a\u00f1o 2002, la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial de \u00e9l y la actora s\u00f3lo pod\u00eda concebirse a partir del a\u00f1o 2003, es decir, luego del a\u00f1o mencionado en la norma citada. <\/p>\n
4. Cumple decir que la verdadera inteligencia de la regla jur\u00eddica memorada no es la que evoca el casacionista. La directriz referida no indica, en manera alguna, que el tiempo all\u00ed se\u00f1alado (un a\u00f1o) deba tenerse en cuenta para, desde ese momento, se considere la existencia de la sociedad patrimonial. Esta entidad a trav\u00e9s de la cual los compa\u00f1eros permanentes manejan sus activos y pasivos solo necesita de la existencia de la uni\u00f3n marital y el transcurso de dos a\u00f1os de ese evento, para que, junto con la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal vigente, de ser el caso, pueda considerarse como una realidad. El per\u00edodo se\u00f1alado, en rigor, no constituye un elemento determinante en la consolidaci\u00f3n de esa realidad social. Es un lapso de tiempo que, si bien aparece en el texto de la regla jur\u00eddica invocada por el casacionista, dada su intrascendencia a la hora de salvaguardar los intereses de los compa\u00f1eros permanentes o de sociedades conyugales anteriores, la Corte desde el a\u00f1o 2006, consider\u00f3 que no deb\u00eda exigirse tal condici\u00f3n\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
En dicho prove\u00eddo, adem\u00e1s de rese\u00f1ar algunos precedentes atinentes al entendimiento y aplicabilidad del aparte censurado, contenido en la norma en estudio, remarc\u00f3 que \u00abese espacio de tiempo (un a\u00f1o), no debe hacer parte de la condici\u00f3n para encontrar estructurada la sociedad patrimonial\u00bb y para reforzar su planteamiento trajo a cuento lo dictaminado en la sentencia C-193 de 2016, aun cuando haciendo la salvedad de su inaplicabilidad al caso en estudio, puesto que la sentencia impugnada en casaci\u00f3n hab\u00eda sido proferida en junio de 2013. <\/p>\n
5. Confrontados los anteriores pronunciamientos con lo decidido por el Tribunal ad quem, bien pronto se advierte el fracaso de los embates formulados como pasa a verse. <\/p>\n
5.1. En el primer reproche no se demostr\u00f3 el dislate endilgado, habida cuenta que las disposiciones que gobernaron la decisi\u00f3n fueron aplicadas en la plenitud del entendimiento que de anta\u00f1o se les viene dando, tanto por esta Corporaci\u00f3n como por la Corte Constitucional, atendiendo su actual literalidad y teleolog\u00eda, hermen\u00e9utica arm\u00f3nica con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica vigente, m\u00e1xime que para el momento en que se profiri\u00f3 la sentencia impugnada no pod\u00eda el juzgador por expresa imposici\u00f3n legal aplicar el aparte que otrora fue declarado inexequible, am\u00e9n que para cuando aquella declaratoria de inexequibilidad se dio la uni\u00f3n marital de la cual deviene el reclamo patrimonial perviv\u00eda. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el ad quem hizo clara referencia al sometimiento a la regla general del fallo de constitucionalidad C-193 de 2016 y tambi\u00e9n puso de presente que esta Corte (minuto 1.10.50) \u00abdesde antes, ven\u00eda aplicando en estos eventos la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n \u00abliquidados y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, vale decir hab\u00eda lugar a declarar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes existiendo Uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a 2 a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho, mientras que convalid\u00f3 la posibilidad de que si la uni\u00f3n marital inici\u00f3 antes que la sociedad al previa de una de los compa\u00f1eros siempre y cuando fuese disuelta era posible declarar los efectos patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
Apoyado en tales premisas apuntal\u00f3, que (Minuto 1.15.18) \u00abEl anterior criterio entonces simplemente se afianz\u00f3 con la declaraci\u00f3n de inexequibilidad de la Corte Constitucional, empero, reit\u00e9rese el plazo l\u00edmite de un a\u00f1o que contemplaba la norma era inaplicado por el \u00f3rgano de cierre en esta especialidad, no existiendo discusi\u00f3n que despu\u00e9s de disolverse sociedad conyugal anterior del se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Benjumea y hasta su fallecimiento estaban conviviendo como compa\u00f1eros permanentes desde mucho tiempo atr\u00e1s, ninguna raz\u00f3n plausible vislumbra est\u00e1 colegiatura para aniquilar la sentencia de primer grado que accedi\u00f3 a la declaraci\u00f3n de los efectos patrimoniales renegados en el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir ello, que al no haberse determinado un efecto particular a los efectos de la sentencia C-193 del 21 de abril de 2016, estos obviamente se proyectan hac\u00eda el futuro, pero el tribunal estim\u00f3 que exigir aquel interregno temporal en la soluci\u00f3n del caso resultaba abiertamente inconstitucional, por lo que amparado en el a\u00f1ejo criterio de esta Corte aplic\u00f3 el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, modificado por la ley 979 de 2005, en la extensi\u00f3n que permanec\u00eda indemne para el momento en que adopt\u00f3 su fallo. <\/p>\n
Tal proceder se acompasa con los precisos preceptos y principios que en la Carta Pol\u00edtica propenden por la protecci\u00f3n de la instituci\u00f3n familiar, los cuales, por dem\u00e1s, son posteriores a la expedici\u00f3n de la ley cuya indebida aplicaci\u00f3n se endilga e, incluso, podr\u00eda decirse que conforme con el precedente de esta Sala, referido a su inaplicaci\u00f3n por v\u00eda de control difuso de constitucionalidad. <\/p>\n
Pero aun si en gracia de discusi\u00f3n pudiera llegarse al absurdo de afirmar que el aparte declarado en ese momento inexequible estaba llamado a operar y, por tanto, no se podr\u00eda contabilizar el tiempo transcurrido antes del proferimiento de la sentencia C-193 de 2016 para efecto de la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial reclamada, incurriendo el tribunal en el dislate endilgado, este resultar\u00eda intrascendente, toda vez que puesta la Corte en sede de instancia reiterar\u00eda su doctrina, en lo que hace a que dicho aparte resultaba contrario a la Carta de 1991 haci\u00e9ndolo inoperante, lo cual conducir\u00eda a que la decisi\u00f3n a adoptar fuera en el mismo sentido que el fallo impugnado. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto los cuestionamientos del casacionista se direccionaron, exclusivamente, a la declaratoria de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, dejando de lado lo dictaminado en torno a la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que se hall\u00f3 acreditada desde junio 1\u00b0 de 2011 hasta el 13 de febrero de 2018, cuando falleci\u00f3 Jairo Hern\u00e1n Benjumea, y si esto es as\u00ed, tal determinaci\u00f3n queda por completo ajena al escrutinio de la Corte, de suerte que al tenerse por acreditada la uni\u00f3n marital por tiempo superior a dos (2) a\u00f1os, y haber desaparecido -en vigencia de \u00e9sta- el impedimento legal en cabeza del finado Benjumea, a ra\u00edz de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal en antes conformada, era pasible predicar el surgimiento de los efectos patrimoniales invocados por la actora. <\/p>\n
5.1.1. Consecuente con esto el cargo no prospera. <\/p>\n
5.2. La segunda acusaci\u00f3n se perfil\u00f3 por la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, arguyendo dislate de derecho \u00abderivados del desconocimiento de normas probatorias, concretamente de los art\u00edculos 244 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por la apreciaci\u00f3n que hiciera el tribunal de la escritura p\u00fablica n\u00famero 206 de 30 de enero de 2016 de la Notar\u00eda 44 del c\u00edrculo de Bogot\u00e1, contentiva de la declaraci\u00f3n cesaci\u00f3n de los efectos civiles por mutuo acuerdo del matrimonio religioso celebrado el 20 de junio de 1991, entre Jairo Hern\u00e1n Benjumea y Esmeralda Ballesteros Quintero y la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Soport\u00f3 la acusaci\u00f3n, en s\u00edntesis, en que desde la contestaci\u00f3n de la demanda se indic\u00f3 que dicho instrumento \u00abconten\u00eda una falsedad que la hac\u00eda nula, toda vez que en ella se consign\u00f3 que la sociedad conyugal estaba \u00aben ceros\u00bb, cuando est\u00e1 demostrado que dicha sociedad conyugal ten\u00eda varios bienes sociales que no fueron incluidos en la dicha liquidaci\u00f3n\u00bb, de tal manera que siendo \u00e9sta nula \u00abno pod\u00eda surgir la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes por estar vigente la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
5.2.1. Sabido es que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas en casaci\u00f3n por pifias en el trabajo anal\u00edtico que acomete el fallador frente a los elementos de cognici\u00f3n, debido a dislates que lo conducen a una defectuosa contemplaci\u00f3n de los hechos, que a su vez lo hace transitar hacia la anotada falta contra preceptos de estirpe sustancial, de ah\u00ed que se le catalogue como una \u201cviolaci\u00f3n medio\u201d, que puede ocurrir de dos (2) maneras: por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb, siendo el primer modo el que interesa para el caso. <\/p>\n
El error de derecho alude a la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, cuestionando su indebida estimaci\u00f3n, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria, que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n o producci\u00f3n; tipolog\u00eda que al decir de esta Corte presupone \u00abcomo es apenas natural entender, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 al constatar la existencia material de los medios en el proceso, tampoco al fijar su contenido objetivo. De ah\u00ed, el recurrente, al estructurar el error de derecho, debe hacerlo sobre la base de aceptar tales t\u00f3picos, esto es, que la prueba, al decir de la Corte, \u201c(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234). <\/p>\n
Acorde con esto, cuando se enfile la acusaci\u00f3n por esta senda, deber\u00e1 el casacionista demostrar cu\u00e1les fueron los requisitos que en el caso examinado resultaron desatendidos en la producci\u00f3n de la prueba que se endilga indebidamente apreciada y que conllev\u00f3 al enjuiciador a no valorar la probanza pretextando la trasgresi\u00f3n del principio de legalidad o darle m\u00e9rito a un medio ineficaz, o dejar de d\u00e1rselo al que s\u00ed lo ten\u00eda. Esta Corte en punto de la configuraci\u00f3n de este tipo de dislates ha adoctrinado que se incurre en este si el juzgador <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 de abril de 2005, Rad. 1998-0056-02; CSJ SC de 24 de noviembre de 2008, Rad. 1998-00529-01; CSJ SC de 15 de diciembre de 2009, Rad. 1999-01651-01, reiterada SC17162-2015 de 14 de dic. Rad. 2010-00026-01, entre otras). <\/p>\n
5.2.2. Revisados los precisos argumentos en que descansa la acusaci\u00f3n, bien temprano se advierte que carecen de idoneidad para generar el quiebre de la sentencia que por v\u00eda del recurso extraordinario se confuta, habida cuenta que lo que realmente se advierte es la intenci\u00f3n del recurrente de imponer su criterio personal sobre la forma en que tribunal interpret\u00f3 o aplic\u00f3 las normas probatorias que se dicen quebrantadas, amen que se limit\u00f3 en enrostrar la pretensa nulidad de un documento p\u00fablico como elemento determinante para enervar las pretensiones econ\u00f3micas contenidas en la demanda, sin acometer la carga demostrativa que el legislador le impone. <\/p>\n
5.2.2.1. Resulta pertinente recordar que la Carta Pol\u00edtica, en su art\u00edculo 29, reconoce a todas las personas vinculadas a una actuaci\u00f3n judicial el derecho a aportar pruebas y a controvertir las que se aleguen en su contra, de d\u00f3nde surge el correlativo deber de los funcionarios de soportar todas sus decisiones \u00aben las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u00bb (art. 164 CGP). <\/p>\n
Sin desconocer la complejidad en su estudio derivado de las diferentes nociones de documento8 \u2013 su fuente-9, y, la dificultad que los avances tecnol\u00f3gicos generan especialmente sobre si el medio a utilizar para incorporar al proceso las nuevas fuentes de prueba (medios inform\u00e1ticos) es aut\u00f3nomo o debe ser el documental, el legislador nacional entre los diversos medios autoriza la documental. El documento seg\u00fan Carnelutti \u00aben sentido etimol\u00f3gico, es una cosa que docet, esto es, que lleva en s\u00ed la virtud de hacer conocer; esta virtud se debe a su contenido representativo [..]; por eso, documento es una cosa que sirve para representar otra. Por otra parte, siendo la representaci\u00f3n siempre obra del hombre, el documento, m\u00e1s que una cosa, es un opus (resultado de un trabajo)\u00bb10. <\/p>\n
En el r\u00e9gimen interno, a voces del art\u00edculo 243 del C\u00f3digo General del Proceso, ostentan esta calidad \u00ablos escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotograf\u00edas, cintas cinematogr\u00e1ficas, discos, grabaciones magnetof\u00f3nicas, videograbaciones, radiograf\u00edas, talones, contrase\u00f1as, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga car\u00e1cter representativo o declarativo, y las inscripciones en l\u00e1pidas, monumentos, edificios o similares\u00bb, pudiendo ser p\u00fablicos o privados. \u00abDocumento p\u00fablico es el otorgado por el funcionario p\u00fablico en ejercicio de sus funciones o con su intervenci\u00f3n. As\u00ed mismo, es p\u00fablico el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas o con su intervenci\u00f3n. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento p\u00fablico; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 257 \u00cddem, \u00abLos documentos p\u00fablicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. Las declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica tendr\u00e1n entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en el art\u00edculo 250; respecto de terceros se apreciar\u00e1n conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Se entiende por escritura p\u00fablica el documento que se otorga ante notario para ser incorporado al protocolo, en el que se hace constar un determinado acto o hecho jur\u00eddico con los requisitos previstos en la ley, cuyo \u201cproceso de perfeccionamiento\u201d, de acuerdo con el art\u00edculo 13 del Decreto 960 de 1970, \u00ab… consta de recepci\u00f3n, extensi\u00f3n, el otorgamiento y la autorizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 960 de 1970 \u00abLos Notarios responden de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 30 del decreto en menci\u00f3n, en cuanto a las estipulaciones que en ella se consignan, no impone a los intervinientes en el acto exponer la verdad absoluta, sino que se limita a indicar que estas se redacten \u00abcon toda claridad y precisi\u00f3n de manera que se acomoden los m\u00e1s exactamente posible a sus prop\u00f3sitos y a la esencia y naturaleza del acto o contrato que se celebra\u2026\u00bb (negrillas de la Sala). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 99 del mentado cuerpo normativo es perentorio al se\u00f1alar, que: <\/p>\n
Desde el punto de vista formal, son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando el Notario act\u00fae fuera de los l\u00edmites territoriales del respectivo C\u00edrculo Notarial. <\/p>\n
2. Cuando faltare la comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobaci\u00f3n al texto del instrumento extendido. <\/p>\n
4. Cuando no aparezcan la fecha y el lugar de la autorizaci\u00f3n, la denominaci\u00f3n legal del Notario, los comprobantes de la representaci\u00f3n, o los necesarios para autorizar la cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificaci\u00f3n de los otorgantes o de sus representantes, o la forma de aquellos o de cualquier compareciente. <\/p>\n
6. Cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones. <\/p>\n
Mientras que los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil establecen: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 1740. CONCEPTO Y CLASES DE NULIDAD. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato seg\u00fan su especie y la calidad o estado de las partes. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o causa il\u00edcita, y la nulidad producida por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. <\/p>\n
Hay as\u00ed misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. <\/p>\n
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisi\u00f3n del acto o contrato\u00bb. <\/p>\n
Al tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, trat\u00e1ndose de la nulidad absoluta, el juez puede y debe declararla a\u00fan de oficio, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, mientras que la relativa deber\u00e1 siempre alegarse y s\u00f3lo pueden invocarla \u00abaquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, una es la nulidad formal del instrumento p\u00fablico y otra la del acto o negocio jur\u00eddico, dada la autonom\u00eda que cada uno tiene, muy a pesar de que en determinados casos sea indispensable la satisfacci\u00f3n integral de los requisitos de validez del instrumento que lo contiene al ser este exigencia ad substantiam actus; sin embargo, tanto el r\u00e9gimen de nulidad de las escrituras p\u00fablicas como el de los actos y negocios jur\u00eddicos, es de alcance restrictivo, por lo que \u00fanicamente podr\u00e1n invalidarse por los precisos motivos que prev\u00e9 la ley, sin que en modo alguno se pueda hacer una aplicaci\u00f3n extensiva o anal\u00f3gica de las causales invalidantes, de suerte que las posibles inexactitudes en que puedan incurrir los intervinientes en las atestaciones que hacen en el acto que se instrumentaliza no tienen la virtualidad per se de viciar de nulidad ni el acto jur\u00eddico ni el instrumento p\u00fablico que lo recoge. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan se pudo apreciar, la falta de sinceridad en las estipulaciones contenidas en el instrumento p\u00fablico o en un determinado negocio no est\u00e1 contemplado por s\u00ed mismo como supuesto para invalidar uno u otro, m\u00e1s all\u00e1 de la relevancia que pudieran tener en un caso espec\u00edfico. <\/p>\n
M\u00edrese, que esa falta de concordancia entre lo plasmado en una escritura p\u00fablica y la veracidad del acto o de la intencionalidad de los intervinientes, no es ex\u00f3tica, pues han sido innumerables los pronunciamientos emitidos por esta Corte en los que estudia tal circunstancia, al ser impugnados en acciones simulatorias o, incluso, propiamente de nulidad, en donde aquellas si adquieren el car\u00e1cter de fundamentales. <\/p>\n
No se discute que ante el alcance demostrativo que pueden tener los documentos, la persona contra quien estos se esgrimen tienen derecho no solo a tacharlos de falsos, siempre que se den cualquiera de las circunstancias que, expresamente, indica el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso, sino a controvertir su contenido, eficacia y validez; empero, para alcanzar tales cometidos deber\u00e1 el opositor soportar sus reproches en los precisos motivos que autoriza el legislador para confutarlos y trat\u00e1ndose de la alegaci\u00f3n de nulidad tendr\u00e1 en su haber el labor\u00edo de demostrar la configuraci\u00f3n del preciso supuesto f\u00e1ctico que produce su invalidez. <\/p>\n
5.2.3. En este orden de ideas, sin necesidad de mayores elucubraciones resulta ostensible que los argumentos que esgrimi\u00f3 la defensa frente a la escritura p\u00fablica n\u00famero 206 de 2016 no se enmarcan en alguno de los supuestos que generan la nulidad de la escritura p\u00fablica como instrumento, ni del acuerdo de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que ella contiene. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, habida cuenta que el hecho de que los c\u00f3nyuges en dicho instrumento, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad privada, en el aparte destinado al finiquito y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, hubieran consignado que el inventario de bienes y deudas ten\u00eda un <ACTIVO: 0,oo> y <PASIVO: 0,oo>, aun cuando hubieran podido existir alg\u00fan patrimonio social, en nada afecta la validez del acto liquidatorio, amen que son los c\u00f3nyuges quienes est\u00e1n llamados a denunciar los bienes y deudas que durante su vigencia adquirieron y que puedan constituir el haber social y su eventual silencio al respecto no repercute en la legalidad del acto, sin perjuicio de las acciones que uno u otro pudieran adelantar con posterioridad para reclamar por el eventual menoscabos de derechos que aquel acto le pudo ocasionar, por sustracci\u00f3n u ocultamiento de bienes. <\/p>\n
Ocurre empero, que en el sub-lite, a m\u00e1s que los part\u00edcipes en el acto (Benjumea y Ballesteros) en el numeral octavo del instrumento manifestaron que \u00abse declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto proveniente de gananciales, igualaciones, compensaciones y restituciones y que renuncian expresamente a cualquier reclamaci\u00f3n que por estos conceptos pudiere ocurrir comprometi\u00e9ndose a responder ante terceros por cualquier concepto resultante de la sociedad conyugal habida entre ellos y liquidada por este instrumento\u2026\u00bb (negrillas de la Sala), no se acredit\u00f3 la existencia de acci\u00f3n judicial alguna tendiente a la declaraci\u00f3n de nulidad formal de la escritura o de los actos que contiene, en especial de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, por lo que su eficacia demostrativa desde la arista examinada se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
Por otra parte, es pertinente acotar que, de conformidad con el art\u00edculo 34 de la ley 962 de 2005 \u00abPodr\u00e1 convenirse ante notario, por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura p\u00fablica, la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley. El divorcio y la cesaci\u00f3n de los efectos civiles ante notario producir\u00e1n los mismos efectos que el decretado judicialmente\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido el decreto 4436 del mismo a\u00f1o, en su art\u00edculo 1\u00b0 habilit\u00f3, que \u00abEl divorcio del matrimonio civil, o la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges, podr\u00e1 tramitarse ante el Notario del c\u00edrculo que escojan los interesados y se formalizar\u00e1 mediante escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, al margen de la existencia o no de bienes sociales al momento de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada entre Jairo Hern\u00e1n Benjumea y Esmeralda Ballesteros Quintero, la escritura p\u00fablica 206 de 30 de enero de 2016 conserva su presunci\u00f3n de legalidad, ya que legalmente se autoriza que tales actos sean surtidos ante notario y se instrumentalice en un documento de este linaje, sobre todo el primero que es el determinante para poner fin a la sociedad conyugal cuya existencia es la que impide la conformaci\u00f3n de sociedad patrimonial, de suerte que no se atisba impedimento legal para que a la luz de lo previsto en los art\u00edculos 244, 250 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso el tribunal hallara probado que los consortes Benjumea – Ballesteros acordaron mediante la documental criticada el rompimiento y finiquito de cuentas de la sociedad conyugal que con ocasi\u00f3n a su matrimonio se conform\u00f3. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, la pluricitada escritura estaba llamada a ser medio de prueba id\u00f3neo para acreditar la superaci\u00f3n del impedimento legal para que el se\u00f1or Benjumea pudiera constituir sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes derivada de la uni\u00f3n marital de hecho que estableci\u00f3 con Sandra Meyer Artunduaga. <\/p>\n
En este orden de ideas, atendiendo que en el error de derecho \u00abdiversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal\u201d (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, exp.3986\u00bb, y en el sub examine la estimaci\u00f3n de la escritura en estudio se realiz\u00f3 atendiendo las precisas exigencias que el ordenamiento sustancial y adjetivo prescriben, pues constitu\u00eda medio probatorio adecuado para la demostraci\u00f3n del acto jur\u00eddico de disoluci\u00f3n y, contrario a lo endilgado por el recurrente, no aparece en el plenario prueba que acredite la existencia de alguna causal de nulidad que afecten el instrumento o el acto contenido en \u00e9l, es pasible afirmar que no incurri\u00f3 en error el tribunal al hallar probada a partir de este la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal preexistente entre el se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Benjumea y Esmeralda Ballesteros. <\/p>\n
5.2.4. Por lo dicho el cargo no prospera. <\/p>\n
5.3. La tercera cr\u00edtica cuestiona, en lo medular, la determinaci\u00f3n del tribunal de confirmar el fallo de primera instancia que declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial deprecada desde el 31 de enero de 2016, cuando en el escrito de demanda se pidi\u00f3 dicha declaraci\u00f3n, pero desde el 30 de ese mes del a\u00f1o 2017, con lo cual se pregona incursi\u00f3n en incongruencia. <\/p>\n
5.3.1. De manera inicial es importante recordar que \u00abel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art. 11 C\u00f3digo General del Proceso), y que en todos los casos es imperativo garantizar a los sujetos intervinientes en las actuaciones judiciales el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho de contradicci\u00f3n, el derecho de defensa; prop\u00f3sitos que se alcanzan mediante el respeto, entre otros, a los principios de consonancia o congruencia, y el de la no reformatio in pejus, constitucionalmente amparados, cuya trasgresi\u00f3n puede afectar la validez de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El principio de congruencia est\u00e1 reconocido en el ordenamiento adjetivo civil en el art\u00edculo 281, seg\u00fan el cual <\/p>\n
\u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. <\/p>\n
No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. <\/p>\n
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo. <\/p>\n
Del mentado postulado emerge, que el juzgador incurrir\u00e1 en el vicio de inconsonancia cuando su determinaci\u00f3n no se ajuste al marco decisorio fijado por las partes. Sin embargo, cuando se alegue pifia de esta estirpe deber\u00e1 tenerse en consideraci\u00f3n al evaluar dicha cr\u00edtica que existen circunstancias y disposiciones que habilitan tal proceder, como ocurre cuando el juez halla acreditada la existencia de alguna excepci\u00f3n de m\u00e9rito que puede ser declarada de oficio, o bien en asuntos de familia en los cuales \u00abel juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. Potestad que, igualmente, se extiende a los asuntos agrarios en los precisos t\u00e9rminos que indica el precepto en cita. <\/p>\n
Y es que las referidas limitantes, son reflejo del principio dispositivo que campea el proceso civil, por lo que la petici\u00f3n de justicia que realicen las partes delimitar\u00e1 la tarea decisoria del juez, siendo entonces, en l\u00ednea de principio, la demanda, su contestaci\u00f3n y las excepciones que hubieran sido propuestas las piezas procesales que delinearan dicho escenario, salvo aquellos eventos en que el propio legislador autoriza fallar extra, o ultra petita. As\u00ed lo ha adoctrinado esta Corte al decir que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precis\u00f3 que (\u2026) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisi\u00f3n, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de \u00e9stas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideraci\u00f3n, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 c\u00f3mo (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304, reiterado SC575-2022 de 4 de abr. Rad. 2006-00226-01)). <\/p>\n
Para asegurar el respeto al mentado principio el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso en su numeral tercero, habilita para cuestionar las sentencias judiciales cuando quiera que el mismo resulte infringido, teniendo en su haber el casacionista la carga de demostrar la ocurrencia del desprecio ostensible a aquel marco definitorio que le fue trazado en las oportunidades de ley, que brote palmario de la simple confrontaci\u00f3n entre lo consignado en la sentencia y la causa y pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Consecuente con esto es dable afirmar, que el juzgador incurre en vicio de incongruencia cuando \u00abdecide el [juicio] por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita). Tambi\u00e9n se configura cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u2018afirmaciones formuladas por las partes\u2019, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas. Y se ha reconocido, asimismo, que la incongruencia como causal de casaci\u00f3n se da en los eventos en los que se presenta \u2018una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb (subraya ajena al texto) (AC280-2021, 8 feb., Rad. 2013-00031-02, reiterado AC999-2022 Rad. 2017-00409-01) <\/p>\n
Atendiendo lo anterior, para la sustentaci\u00f3n cabal de este motivo de casaci\u00f3n se ha resaltado por la Corporaci\u00f3n, que <\/p>\n
\u00abEn lo esencial, la cumplida sustentaci\u00f3n del embiste exige que haya una verdadera contrastaci\u00f3n entre los asuntos introducidos por el recurrente y los que finalmente terminaron enjuiciados, con la explicaci\u00f3n de las razones por las cuales la decisi\u00f3n judicial es desatinada -por exceso o por defecto-, as\u00ed como los raciocinios que permitan excluir que estas materias carecen de una \u00edntima conexi\u00f3n con las debatidas o que su estudio no pod\u00eda acometerse oficiosamente. <\/p>\n
Total, \u00abla incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en\u2026 [las] piezas del proceso -demanda, contestaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n- y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy, art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso]; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas\u00bb (AC2745, 29 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00136-01, <\/p>\n
En funci\u00f3n de lo planteado, \u00abpara establecer la presencia de esta irregularidad [se refiere a la incongruencia], se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra\u00bb (SC, 16 dic 2005, rad. n\u00b0 1993-0232-01, reiterada en AC8732, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2012-00242-01, SC3627-2021 de 2 de nov. Rad. 2014-58023-01). <\/p>\n
5.3.2. El tribunal en la determinaci\u00f3n acusada confirm\u00f3 lo decidido por el juzgador de primer grado, que declar\u00f3 que \u00abentre la se\u00f1ora SANDRA MEYER ARTUNDUAGA identificada con la C.C. 40.362.640 y, el se\u00f1or JAIRO HERN\u00c1N BENJUMEA (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la C.C. 19.306.502, por el periodo comprendido entre el 31 de enero de enero de 2016 y que termin\u00f3 el 13 de febrero de 2018, la cual se declara disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto dijo el fallador de primera instancia, que (minuto 1.26.58) \u00abcon la prueba documental aportada por la parte demandante diremos que ese v\u00ednculo estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2016 fecha en que se suscribi\u00f3 el divorcio y \/o cesaci\u00f3n de efectos civiles entre dichos c\u00f3nyuges y con dicho acto p\u00fablico se disolvi\u00f3 la sociedad conyugal que entre ellos existi\u00f3; y ese era el requisito necesario para que se pudiera hablar de la sociedad patrimonial, tal como lo narr\u00f3 el apoderado de la parte demandada en su contestaci\u00f3n, antes la ley 54 de 1990 exig\u00eda que si uno de los compa\u00f1eros era casado ten\u00eda que haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, pero por el proyecto de la v\u00eda jurisprudencial y de la expedici\u00f3n de varias normas, pues inicialmente se dijo que ya no hab\u00eda necesidad de liquidar la sociedad conyugal y que bastaba solamente declararla disuelta; y posteriormente la sentencia C-193 de 2016, la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas Silva se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que no era necesario esperar el a\u00f1o que tra\u00eda la norma, sino simplemente que al d\u00eda siguiente de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal pod\u00eda nacer la sociedad patrimonial y eso tiene fundamento, por cuanto no hab\u00eda necesidad de esperar un a\u00f1o como m\u00ednimo y que se liquidara la sociedad conyugal cuando lo importante era disolverla, que son los t\u00f3picos que se determinan en una posible diligencia de inventarios y aval\u00faos para determinar qu\u00e9 bienes fueron adquiridos en vigencia de esa sociedad y \u00bfhasta cu\u00e1ndo estuvo la sociedad? hasta el d\u00eda que se decret\u00f3 el divorcio. Y en nuestro caso, el matrimonio de Jairo Hern\u00e1n Benjumea estuvo vigente como lo dijimos hasta el 30 de enero de 2016, fecha en que se disolvi\u00f3 igualmente la sociedad de bienes que hab\u00eda nacido por el hecho del matrimonio. (minuto 1.30.00) \u00abde manera que frente a la sociedad patrimonial diremos que \u00e9sta se declarar\u00e1 desde el 31 de enero de 2016 hasta el 13 de febrero de 2018 y no antes por los aspectos que se dijeron anteriormente sociedad patrimonial que se declarar\u00e1 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El reparo del recurrente en apelaci\u00f3n se perfil\u00f3 contra la valoraci\u00f3n que se dio al dicho de la actora y a la prueba testimonial, para extraer de estos la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y al incumplimiento del requisito de los dos (2) a\u00f1os para la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial, por causa de los efectos de la sentencia C-193 de 2016. <\/p>\n
Para sustentar el reproche trajo a cuento lo expuesto por la demandante en el escrito inicial y en su juramentada, as\u00ed como lo sostenido por los testigos Jenny Carolina Espejo, Saul Diaz Ladino. Frente a la sociedad patrimonial indic\u00f3 que el a quo dio una aplicaci\u00f3n indebida a lo dispuesto en el art\u00edculo 45 de la ley 270 de 1996, en lo que respecta a los efectos de la sentencia C-193 del a\u00f1o 2016, de fecha 20 de abril de 2016, proferida por la Corte Constitucional, haciendo referencia al estado de casado de Jairo Hern\u00e1n Benjumea hasta el 30 de enero de ese a\u00f1o, cuando acord\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles, disolvi\u00f3 y liquid\u00f3 la sociedad conyugal, seg\u00fan se prob\u00f3 con la escritura 206 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 del alcance del mencionado fallo de inexequibilidad, insistiendo en que no ten\u00eda efectos retroactivos sino hacia futuro para colegir, que \u00abel a-quo err\u00f3, ya que eventualmente s\u00f3lo podr\u00eda haber iniciado la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os de la uni\u00f3n marital para la existencia de la sociedad patrimonial a partir del d\u00eda 21 de abril de 2016, fecha desde que desaparece del ordenamiento jur\u00eddico dicha disposici\u00f3n legal, y habida cuenta que desde el 21 de abril de 2016 hasta el d\u00eda 13 de febrero de 2018, fecha en que falleci\u00f3 el se\u00f1or JAIRO HERN\u00c1N BENJUMEA, tan solo hab\u00edan transcurrido 1 a\u00f1o, 9 meses y 22 d\u00edas, se hace imposible declarar la existencia de la pretendida sociedad patrimonial al no contarse con el t\u00e9rmino exigido por el legislador de manera taxativa para tal fin\u00bb. <\/p>\n
Al ampliar los mentados reparos ante el superior, retom\u00f3 la cr\u00edtica a la valoraci\u00f3n que se hiciera de las mencionadas probanzas para la demostraci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde el a\u00f1o 2011, echando de menos el presupuesto de la singularidad; y, ata\u00f1edero a la sociedad patrimonial, volvi\u00f3 sobre los efectos futuros de la sentencia C-193 de 2016, remiti\u00e9ndose a las citas jurisprudenciales contenidas en el escrito de ampliaci\u00f3n de reparos, para insistir en que el occiso estuvo casado desde junio de 1991 hasta el 30 de enero de 2016, por lo que adujo, que (minuto 18.43) \u00abel a quo err\u00f3 ya que eventualmente solo pod\u00eda haberse iniciado la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de los dos a\u00f1os de esa uni\u00f3n marital de hecho para la existencia de esa sociedad patrimonial a partir del 21 de abril de 2016, fecha desde la que desaparece del ordenamiento jur\u00eddico dicha disposici\u00f3n legal y habida cuenta que desde el 21 de abril de 2016 hasta el 13 de febrero de 2018 fecha en que falleci\u00f3 el se\u00f1or Jairo Hern\u00e1n Benjumea tan solo hab\u00edan transcurrido 1 a\u00f1o 9 meses y 22 d\u00edas situaci\u00f3n que hace imposible declarar la existencia igualmente de una sociedad patrimonial al no contarse con el t\u00e9rmino para esa fecha exigido por el legislador de manera taxativa para que se diera tal efecto\u2026\u00bb. <\/p>\n
Y ata\u00f1edero a la sociedad patrimonial que se declar\u00f3 probada y existente desde el d\u00eda siguiente a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal (31 de enero de 2016) y hasta la data del deceso de Jairo Hern\u00e1n Benjumea (13 de febrero de 2018), la r\u00e9plica \u00fanicamente se ocup\u00f3 de la insuficiencia del tiempo para habilitar la declaraci\u00f3n deprecada, por causa del periodo transcurrido entre la declaraci\u00f3n de inexequibilidad contenida en la sentencia C-193 de 2016 y el referido \u00f3bito, puesto que, en sentir del apelante, el t\u00e9rmino deb\u00eda contabilizarse desde el proferimiento de este, sin que se alcanzara a satisfacer debidamente la exigencia de ley. <\/p>\n
Significa esto, que el cuestionamiento que ahora se hace, en cuanto a que el juzgador excedi\u00f3 el marco de decisi\u00f3n que se fij\u00f3 en la demanda, en la cual se pidi\u00f3 declarar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 30 de enero del a\u00f1o 2017 y no desde el 31 de enero de 2016, como lo definieron los juzgadores -particularmente el de segundo grado al confirmar aquella decisi\u00f3n- constituye un medio nuevo inadmisible en casaci\u00f3n, que por s\u00ed s\u00f3lo torna infructuoso el cargo. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, debido a la modificaci\u00f3n que hiciera el C\u00f3digo General del Proceso al tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, cambiando de la apelaci\u00f3n panor\u00e1mica a la pretensi\u00f3n impugnativa, en virtud de lo cual el juez de la alzada s\u00f3lo \u00abdeber\u00e1 pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (art. 328), por lo que es incuestionable que ese preciso aspecto de la decisi\u00f3n de primer grado (fallo ultra petita) fue abandonado por el recurrente, de suerte que al no ser sometido a discusi\u00f3n en las instancias queda vedado al tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, de estimar el extremo demandado que exist\u00eda alguna diferencia entre lo solicitado por la demandante y lo dictaminado por los jueces de instancia, referente al hito temporal fijado por el a quo, era de rigor al apelante se\u00f1alar ese preciso aspecto para que el superior entrara a examinarlo, con el fin de establecer la existencia o no del exceso se\u00f1alado. <\/p>\n
No obstante, el demandado, siendo apelante \u00fanico, no cuestion\u00f3 este aspecto, ni en sus reparos concretos ni en la sustentaci\u00f3n, llevando su cr\u00edtica a otros escenarios, que a no dudar s\u00ed fueron sometidos al an\u00e1lisis y definici\u00f3n por el tribunal, quien procedi\u00f3 acorde con la competencia que no s\u00f3lo le demarca el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, sino puntualmente el apelante; circunstancia que impide pregonar que el tribunal desbord\u00f3 el marco decisorio fijado en la demanda, habida cuenta que en parte alguna se cuestion\u00f3 lo que en este puntual aspecto defini\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
M\u00edrese que lo sometido al escrutinio del tribunal fue: (i) indebida valoraci\u00f3n del interrogatorio de parte de la actora, del escrito inaugural y las declaraciones de terceros para tener por acreditados los elementos que permiten declarar la existencia de uni\u00f3n marital de hecho; (ii) contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de los dos a\u00f1os para presumir la existencia de sociedad patrimonial, ante el impedimento legal de Jairo Hern\u00e1n Benjumea y los efectos ex tunc de la sentencia C-193 de 2016. <\/p>\n
Frente a estos el ad quem de un lado desestim\u00f3 las cr\u00edticas que se hicieron al ejercicio evaluativo, pues determin\u00f3 que la valoraci\u00f3n del material demostrativo permit\u00eda inferir la existencia de la uni\u00f3n convivencial deprecada; de igual forma amparado tanto en la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del aparte \u00abpor lo menos un a\u00f1o antes\u00bb que conten\u00eda el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005 y precedente de esta Sala, que desde antes frente de este aparte aplicaba la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, coligi\u00f3 que se aven\u00eda acertado tener por satisfecho el elemento temporal indispensable para abrir paso al reconocimiento patrimonial invocado en la demanda y, consecuente con tales inferencias, procedi\u00f3 a confirmar sin ambages la decisi\u00f3n apelada, amen que, en estrictez, la competencia del tribunal se circunscrib\u00eda a los reparos que puntualmente puso a su conocimiento el apelante, conforme se lo impone el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al ser estos los que demarcan la competencia del superior funcional. <\/p>\n
5.3.3. El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, ante el fracaso del recurso de casaci\u00f3n se condenar\u00e1 en costas al impugnante, en la forma y t\u00e9rminos que dispone el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, actuando en nombre de la Rep\u00fablica, NO CASA la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020, por la Sala Civil\u2013 Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso declarativo se\u00f1alado en la referencia. <\/p>\n
Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab…se ejerce por excepci\u00f3n, a solicitud de parte o de oficio; se circunscribe a determinar si en un caso determinado, hacerse actuar una norma de jerarqu\u00eda inferior a las constitucionales, vulnera abierta u ostensiblemente alguna de este linaje, caso en el cual debe preferirse la \u00faltima; es una facultad-deber a cargo de todos los jueces, las autoridades p\u00fablicas en general y los particulares que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos; no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional; y produce efectos inter partes\u201d (CSJ CS SC295-2021 de 15 feb. Rad. 2003-00233-01 <\/p>\n
2\u0002 La Corte Constitucional rememor\u00f3 las sentencias de 10 de septiembre de 2003 Exp. 7603, 4 de sept. de 2006, Rad. 2003-00068-01; 22 de marzo de 2011, rad. n\u00b0 2007 00091 01; 11 de sept. 2013 Rad. 2001-00011-01; 9 sept. 2015 Rad. 2008-00253-01. <\/p>\n
3\u0002 Rad. 2007-00491-01. <\/p>\n
4\u0002 Devis Echand\u00eda, Hernando. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial, tomo I, 5a. Edic, Edit. ABC, Bogot\u00e1 Colombia, 1995, p\u00e1g. 15 <\/p>\n
5\u0002 La prueba Civil, 2a. Edic, Edit. Desalma, Buenos Aires 1982 pp 67 y ss. <\/p>\n
6\u0002 La prueba-Los grandes temas del derecho probatorio, Edit. Ejea, Buenos Aires 1978 p\u00e1gs. 14 a 16 <\/p>\n
7\u0002 La prueba documental. Colecci\u00f3n de formaci\u00f3n continua Facultad de derecho Esade, Librer\u00eda Bosch S.L., Barcelona, 2010, pag.28 <\/p>\n
8\u0002 En el \u00e1mbito procesal, por ejemplo, son visibles tres orientaciones doctrinales: amplia (el acento se sit\u00faa en la movilidad); estricta (se sit\u00faa en la escritura) e intermedia( funci\u00f3n representativa). <\/p>\n
9\u0002 \u201cEl debate se ha centrado en la exigencia de la escritura y, en menor medida, del soporte papel, pues los avances de la t\u00e9cnica han permitido formas no escritas de representaci\u00f3n(el sonido y la imagen) y recogidas en soportes distintos del papel (audiovisuales, inform\u00e1ticos o electr\u00f3nicos\u201d -Montero Aroca,J.La prueba en el proceso civil, 5a. Edic,Edit. Civitas, Madrid 2007,pag. 288 <\/p>\n
10\u0002 Sistema de Derecho Procesal Civil Tomo II Composici\u00f3n del Proceso Editorial Uteha Argentina 1944, p\u00e1g. 414 <\/p>\n
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SC1413-2022 (2018-00120-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC1413-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-31-10-001-2018-00120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintid\u00f3s Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}