SC1641-2022 (2016-00522-01) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1641-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-035-2016-00522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales – REII S.A.S., frente a la sentencia del 13 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora pidi\u00f3 que se declarara la resoluci\u00f3n del contrato de obra civil a todo costo n.\u00b0 01, celebrado con el demandado, y que, como consecuencia, se ordenara \u00abcorregir todas las anomal\u00edas que presenta la obra ejecutada, por cuenta suya o de un tercero\u00bb (folio 27 del cuaderno principal). <\/p>\n
Adem\u00e1s, deprec\u00f3 que se condenara al accionado a pagar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, equivalente a $761.181.802, junto a los intereses moratorios \u00abdesde que se caus\u00f3 cada perjuicio hasta el d\u00eda en que se efect\u00fae el pago, liquidados a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente\u00bb, as\u00ed como la multa del 4% y la cl\u00e1usula penal del 5%, calculadas sobre el valor del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Como sustento (folios 24 a 27 ibidem), el reclamante hizo el relato que se compendia a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El 12 de junio de 2012 se celebr\u00f3 el contrato n.\u00b0 01, para la \u00abconstrucci\u00f3n a todo costo de la planta de horno t\u00e9rmico\u00bb, por valor de $1.775.660.895,46. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de cancelar \u00abmil seiscientos cuarenta y un pesos con doscientos ochenta y ocho pesos\u00bb (sic), contrat\u00f3 un estudio para la medici\u00f3n de los componentes arquitect\u00f3nicos ejecutados, encontrando que equival\u00edan a $1.014.479.093, por lo que \u00abfaltar\u00eda por ejecutar\u2026 $761.181.802\u00bb. En resumen, \u00abse cancel\u00f3 m\u00e1s del 95% del valor del contrato y el contratista no ejecut\u00f3 ni el 50%\u00bb. <\/p>\n
2.3. El art\u00edfice no efectu\u00f3 las obras pendientes, ni realiz\u00f3 las reparaciones estructurales advertidas en el estudio aludido. <\/p>\n
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento, el demandado clarific\u00f3 los hechos, se opuso a las pretensiones, expuso las razones f\u00e1cticas de la defensa y propuso las excepciones que intitul\u00f3 \u00abcontrato no cumplido por parte del contratante\u00bb, \u00abmala fe del demandante\u00bb, \u00abbuena fe de la demandada\u00bb, \u00abcumplimiento de las actividades a cargo del contratista\u00bb y la gen\u00e9rica (folios 495 a 508 ejusdem). <\/p>\n
4. El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 25 de abril de 2019, profiri\u00f3 decisi\u00f3n de primera instancia en la que neg\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda por falta de prueba del incumplimiento del demandado\u00bb (folios 711 a 720). <\/p>\n
5. El ad quem, al desatar la alzada, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida, aunque con argumentos diferentes, los cuales se resumen en lo subsiguiente (audiencia de 13 de agosto de 2019, archivo CP_0813093933665). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de precisar el objeto de la apelaci\u00f3n remarc\u00f3 que, a la fecha de radicaci\u00f3n de la demanda, se hab\u00eda extinguido el t\u00e9rmino para ejecutar la obra civil, sin que hubiera ocurrido, como fue confesado por el demandado al contestar el libelo genitor -acept\u00f3 un avance de obra del 75%- y al absolver el interrogatorio de parte -acept\u00f3 que faltaba la pavimentaci\u00f3n y la parte administrativa-. <\/p>\n
Colof\u00f3n compartido por los peritos Marco Tulio Escobar Rinc\u00f3n y Liliana Garz\u00f3n Morera, quienes calcularon un valor ejecutado inferior al contratado. <\/p>\n
2. Precis\u00f3 que las obras adicionales o modificaciones de ninguna manera exim\u00edan al contratista de cumplir con sus obligaciones negociales, pues su deber era entregar las edificaciones en una fecha m\u00e1xima, lo que no sucedi\u00f3. En consecuencia, encontr\u00f3 probado el error de juzgamiento del juez de instancia. <\/p>\n
3. No obstante, asegur\u00f3 que como la prosperidad de la resoluci\u00f3n requer\u00eda de que el demandante fuera un contratante cumplido, analiz\u00f3 esta materia por fuerza del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso; m\u00e1xime por cuanto el a quo no hizo un examen juicioso de la materia, \u00abcondici\u00f3n que si bien acepta el demandante a\u00fan en esta audiencia, no tiene la virtualidad de aceptarse como tal por ser circunstancia propia que le favorece y no se acredita con su solo decir, sin que en el sub lite exista prueba que respalde esa afirmaci\u00f3n\u00bb (minuto 10:41 de la audiencia). <\/p>\n
Encontr\u00f3 que en el proceso no se prob\u00f3 el cumplimiento de las obligaciones de la convocante, esto es, el pago oportuno del anticipo y la forma en que fue distribuida o aplicada la suma solucionada, carga que estaba sobre sus hombros para demostrar su legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Descart\u00f3 que la afirmaci\u00f3n del demandado sirviera para suplir las actas del contrato, como pretendi\u00f3 la sociedad reclamante; con todo, a\u00fan de otorgarle valor, esta manifestaci\u00f3n ratifica el incumplimiento, porque el anticipo deb\u00eda pagarse a los ocho (8) d\u00edas del inicio de la ejecuci\u00f3n de la obra, sin que as\u00ed hubiere ocurrido, pues se solucion\u00f3 una cifra mucho menor. <\/p>\n
4. Descart\u00f3 una purga de la mora, ya que el demandante manifest\u00f3 su determinaci\u00f3n de no cumplir con sus obligaciones -ante la desconfianza en la finalizaci\u00f3n de la obra- y, en todo caso, la demora frustr\u00f3 la finalidad contractual de la convocada, quien reclam\u00f3 el cumplimiento y la superaci\u00f3n de los efectos negativos de la tardanza. <\/p>\n
5. Concluy\u00f3 que la dilaci\u00f3n en el pago del precio gener\u00f3 perjuicios al art\u00edfice y, como consecuencia, excluye que la demandante pueda calificarse como contratante cumplida, motivo para rehusar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocante formul\u00f3 oportunamente dos (2) embistes, el primero por la causal tercera y el final por el motivo segundo, los cuales se resolver\u00e1n en el mismo orden de proposici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Denunci\u00f3 falta de congruencia entre la sentencia de alzada y los argumentos de la apelaci\u00f3n, al tener a la demandante como contratante incumplida, en transgresi\u00f3n del derecho de defensa reconocido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en soporte de lo cual invoc\u00f3 el fallo del 10 de octubre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2. Argument\u00f3 que \u00abel d\u00eda 2 de mayo del 2019 se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por parte de la sociedad REII S.A.S, cuyo objeto fue \u00fanica y exclusivamente cuestionar el fallo de primera instancia en aquella parte que consideraba que no se hab\u00eda acreditado el incumplimiento del demandado, frente a lo dem\u00e1s se se\u00f1al\u00f3, que se estaba conforme con los considerandos de la providencia, como as\u00ed lo demuestra el escrito de apelaci\u00f3n presentado el 2 de mayo de 2019\u00bb, consideraci\u00f3n ratificada en la audiencia del 13 de agosto de2019. <\/p>\n
Censur\u00f3 que, a pesar de reconocerse que Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo incumpli\u00f3 sus deberes, el Tribunal se adentrara en \u00abargumentos que no se hab\u00edan mencionado siquiera en la sustentaci\u00f3n del recurrente\u00bb, en concreto, la satisfacci\u00f3n de sus obligaciones, en transgresi\u00f3n del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso y sin advertir que el demandado no cuestion\u00f3 este colof\u00f3n por los remedios reconocidos en la legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Critic\u00f3 que se revisaran las pruebas consistentes en el contrato g\u00e9nesis, la declaraci\u00f3n del representante legal de REII S.A.S. y un documento remitido por el contratista, por ser ajenas a la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En los procesos civiles y comerciales, am\u00e9n de la naturaleza de los asuntos objeto de litigio, que por regla general son patrimoniales y de libre disposici\u00f3n, predomina el principio dispositivo, seg\u00fan el cual, las partes tienen la iniciativa de la acci\u00f3n, el impulso del proceso, la disposici\u00f3n del derecho material, la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites de la decisi\u00f3n, la formulaci\u00f3n de los recursos, e incluso, los efectos de la cosa juzgada1. <\/p>\n
En particular, las partes tienen la potestad para acotar las materias sobre las cuales versar\u00e1 el debate probatorio y la decisi\u00f3n judicial, sin que sea posible que el juzgador desatienda el thema decidendum – tema sobre lo que el juez decidir\u00e1- o la causa petendi -causa de la petici\u00f3n-, so pena de exceder el \u00e1mbito de sus atribuciones. <\/p>\n
Bien conocido es el broc\u00e1rdico \u00abne eat iudex ultra petita partium\u00bb -la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de las partes-, utilizado desde anta\u00f1o para reconocer el se\u00f1or\u00edo de los litigantes sobre la causa y, por esta v\u00eda, impedir que la actividad jurisdiccional se desv\u00ede de los puntos planteados en la demanda y su oposici\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1xima recogida en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, a saber: \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
Sobre este precepto, la Corporaci\u00f3n doctrin\u00f3: <\/p>\n
[C]umple recordar que la congruencia de la sentencia es principio cardinal del conjunto de garant\u00edas del debido proceso, que evita el exceso o el defecto de esa decisi\u00f3n respecto del marco jur\u00eddico de lo que compete resolver, previsto en el art\u00edculo 305 del citado estatuto [se refiere al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma equivalente al art\u00edculo 281 del C.G.P.], bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la soluci\u00f3n del conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o dem\u00e1s oportunidades autorizadas, as\u00ed como las defensas frente a esta \u00faltima, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio. <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporaci\u00f3n, acatar la congruencia implica que debe haber armon\u00eda entre lo pedido y lo resistido (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00114-01). <\/p>\n
2. La vulneraci\u00f3n del principio de congruencia, dentro de este contexto, puede emanar de: (I) la ausencia de correspondencia entre la decisi\u00f3n y las pretensiones, por contener aqu\u00e9lla determinaciones extra petita, ultra petita o citra petita; (II) la falta de resoluci\u00f3n sobre las excepciones alegadas por los convocados o que, sin ser personales -prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa-, refulgen de las pruebas recabadas en el tr\u00e1mite; (III) decidir sobre la defensas personales, a pesar de que no haber sido invocadas; y (IV) el completo alejamiento del fallo con la plataforma f\u00e1ctica invocada en la demanda y contestaci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia es pac\u00edfica en que: <\/p>\n
[E]l principio de congruencia constituye una garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de las partes en el proceso, hoy regulado en los art\u00edculos 281 y 328 de la citada disposici\u00f3n, cuya desatenci\u00f3n, se ha dicho, se presenta cuando: i) el juzgador decide el caso por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita); ii) cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u2018afirmaciones formuladas por las partes\u2019, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas; y, iii) en los eventos en los que se presenta \u2018una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u2019 (SC4106, 16 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2018-02233-00). <\/p>\n
3. Adicionalmente, la Corte ha acudido a la incongruencia para invalidar las decisiones judiciales que, al desatar la alzada, se desv\u00edan \u00abdel tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u201d (SC5453, 16 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00085-01)2; significa que \u00abla incongruencia\u2026 tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensi\u00f3n del derecho sustancial controvertido\u00bb (SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00197-01). <\/p>\n
Lo anterior con fundamento en el inciso primero del art\u00edculo 328 del C.G.P., seg\u00fan el cual: \u00abEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb; luego, como el juzgador debe circunscribir su an\u00e1lisis a las referencias f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y argumentativas que aduce el recurrente en contra de la decisi\u00f3n censurada, su desconocimiento trasluce falta de consonancia. <\/p>\n
Entendimiento que constituye la doctrina probable vigente sobre la materia, por haber sido acogida en las providencias del 2 de noviembre (SC3627, rad. n.\u00b0 2014-58023-01), 13 de octubre (SC4174, rad. n.\u00b0 2013-11183-01), 16 de septiembre (SC4106, rad. n.\u00b0 2018-02233-00), 30 de junio de 2021 (AC2610, rad. n.\u00b0 2012-00100-01), 16 de diciembre de 2020 (SC5142, rad. n.\u00b0 2010-00197-01), y muchas m\u00e1s. <\/p>\n
Entonces, \u00abla incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensi\u00f3n del derecho sustancial controvertido\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00; reiterada SC3627, 2 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2014-58023-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, la regla enunciada en precedencia no es absoluta, ya que el sentenciador, al margen del contenido de la apelaci\u00f3n, tiene el deber de decidir las materias: (I) tocantes a presupuestos del proceso, la acci\u00f3n o la sentencia favorable, (II) que tengan conexi\u00f3n necesaria con la decisi\u00f3n de alzada o (III) cuyo pronunciamiento sea oficioso. <\/p>\n
As\u00ed lo establecen los siguientes preceptos de la actual codificaci\u00f3n procesal: <\/p>\n
Art\u00edculo 281. Congruencias\u2026 En la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio\u2026 <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1o. En los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita\u2026 <\/p>\n
Art\u00edculo 282. Resoluci\u00f3n sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia\u2026 Si el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia. <\/p>\n
Art\u00edculo 328. El juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u2026 El juez no podr\u00e1 hacer m\u00e1s desfavorable la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, salvo que en raz\u00f3n de la modificaci\u00f3n fuera indispensable reformar puntos \u00edntimamente relacionados con ella (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose al anterior estatuto procesal, en consideraciones que mantienen vigencia, doctrin\u00f3: \u00abse tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento\u00bb (SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2008-00106-01). <\/p>\n
Significa que el sentenciador, de forma excepcional, debe ir m\u00e1s all\u00e1 de los argumentos blandidos por el apelante, para (I) proteger los derechos de ciertas personas, (II) reconocer situaciones sobrevinientes que afectan el derecho controvertido, (III) resolver materias que no fueron falladas por el a quo, o (IV) revisar aspectos inescindiblemente conectados con la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta \u00faltima posibilidad la Corte ha se\u00f1alado: \u00abque existen puntos \u00edntimamente ligados al tema objeto de la alzada que, aun cuando no hayan sido cuestionados, no se encuentran vedados para el ad quem\u00bb (SC444, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2012-02003-00). Por tanto, si bien es cierto que \u00ablos jueces de apelaci\u00f3n no pueden fallar de oficio sobre ning\u00fan asunto que no les haya sido propuesto\u00bb, tambi\u00e9n lo es que esta regla no tiene cabida frente a t\u00f3picos que \u00abest\u00e9n \u00edntimamente ligados con el objeto de la impugnaci\u00f3n. De suerte que cuando la apelaci\u00f3n ha sido puntual, los dem\u00e1s aspectos de la sentencia -esto es los que no fueron objeto de recurso- adquieren la autoridad de la cosa juzgada\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
De forma concreta, y sin \u00e1nimo de exhaustividad, se consideran tem\u00e1ticas inescindiblemente vinculadas las relativas a: (I) satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la acci\u00f3n (SC5473, 16 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2017-40845-01); (II) restituciones mutuas a consecuencia de la extinci\u00f3n retroactiva de negocios jur\u00eddicos (SC2217, 9 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00633-02); (III) presupuestos procesales, esto es, los requisitos exigidos por la ley para la regular formaci\u00f3n y el perfecto desarrollo del proceso (SC, 15 may. 1985, reiterado AC3048, 28 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00487-01); (IV) orden p\u00fablico, como sucede con la nulidad absoluta de ciertos actos o declaraciones de voluntad (idem); y (V) satisfacci\u00f3n de los requisitos de los t\u00edtulos ejecutivos para ordenar el cumplimiento coactivo (STC15169, 7 nov. 2019, rad. n.\u00b0 2019-01721-01). <\/p>\n
Respecto al anterior listado, por ser de inter\u00e9s al sub examine, conviene remarcar: <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el juzgador ad-quem lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u2018[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2019 (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02) (negrilla fuera de texto, SC3918, 8 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2008-00106-01). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente explic\u00f3: <\/p>\n
[L]a resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o negando, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente por v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva (negrilla fuera de texto, SC5473, 16 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2017-40845-01). <\/p>\n
Espec\u00edficamente, \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada\u00bb (CSJ, SC2642, 10 mar. 2015, rad. n.\u00b0 1993-05281-01). <\/p>\n
5. Aplicado el anterior estado del arte al ataque inicial, deviene indiscutible que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no incurri\u00f3 en incongruencia al proferir la providencia de 13 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 en lo subsiguiente. <\/p>\n
5.1. Fuera de discusi\u00f3n se encuentra que el demandante, al recurrir la decisi\u00f3n de primer grado, fue contundente en acotar su cr\u00edtica a un aspecto particular de la providencia, como expresamente fue indicado al formular los reparos concretos contra la misma: <\/p>\n
[E]l fallo del Aquo se centr\u00f3 en determinar que (sic) presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria se hab\u00edan cumplido en este caso en concreto; frente a la existencia y validez del contrato encontr\u00f3 que estaba plenamente acreditada en el proceso; frente al cumplimiento del demandante, es decir, la empresa REII S.A.S., el despacho encontr\u00f3 que efectivamente hab\u00eda cumplido con el contrato\u2026 no obstante lo anterior, no encontr\u00f3 acreditado el incumplimiento por parte del demandado. Esto es importante para <\/p>\n
efectos de delimitar el objeto de esta apelaci\u00f3n, as\u00ed las cosas, no se va a tocar la existencia y validez del contrato pues esta qued\u00f3 demostrada en el proceso y fue reconocida en el fallo de primera instancia\u2026, as\u00ed como el cumplimiento del contrato por parte de la empresa demandante que igualmente quedo acreditada en el proceso\u2026; por esta raz\u00f3n solo vamos a enfocar esta apelaci\u00f3n en aquello que nos fue desfavorable y de lo cual estamos en desacuerdo con la Sentencia de primera instancia, esto es, el incumplimiento por parte del demandado (negrilla fuera de texto, folios 773 y 774 del cuaderno principal). <\/p>\n
Delimitaci\u00f3n corroborada en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo: <\/p>\n
En la sentencia que apelamos, y esto para delimitar el objeto de la apelaci\u00f3n, se llegaron a cuatro conclusiones\u2026 las tres primeras tienen que ver con los presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria\u2026 el juzgador de primera instancia se\u00f1al\u00f3 que el primer requisito, de la existencia y validez del contrato se hab\u00eda cumplido, por tanto frente a este tema no\u2026 tenemos reparo\u2026 Igualmente en la aseveraci\u00f3n que se hizo en la sentencia, de que la empresa REII era contratante cumplido tampoco tenemos reparo, y s\u00f3lo nos vamos a enfocar hoy en el incumplimiento que seg\u00fan el parecer del juzgado de primera instancia no se acredit\u00f3 (minutos 09:46 a 09:47 de la audiencia de 13 de agosto de 2019). <\/p>\n
Luego, por decisi\u00f3n del recurrente, la \u00fanica materia objeto de la alzada era la insatisfacci\u00f3n de los deberes negociales de la convocada. <\/p>\n
5.2. El Tribunal anduvo en la direcci\u00f3n indicada, revisando las pruebas tendientes a establecer las obligaciones a cargo del convocado y su cumplimiento, punto en el que encontr\u00f3 que el a quo se equivoc\u00f3. Sin embargo, una vez establecido el yerro de juzgamiento, era imperativo que se adentrara en la revisi\u00f3n de los requisitos para la prosperidad de la pretensi\u00f3n, as\u00ed como resolver las excepciones propuestas por el demandado y que no fueron resueltas en primera instancia. <\/p>\n
Y como la doctrina probable de la Sala, frente a la acci\u00f3n resolutoria, ten\u00eda dicho que \u00abluego de que sea establecida la existencia de un contrato v\u00e1lido que ligue a los contratantes, la labor del juzgador deber\u00e1 estar dirigida a determinar\u2026 la legitimaci\u00f3n del actor, esto es, a escudri\u00f1ar si su conducta contractual evidencia que puede beneficiarse de la facultad para pedir la resoluci\u00f3n del contrato o su cumplimiento, con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, porque tal derecho le asiste \u00fanicamente a quien ha cumplido o se ha allanado a hacerlo\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, 16 jun. 2006, exp. n.\u00b0 7786), halla justificaci\u00f3n que el colegiado de segundo grado se adentrara a esta materia, en desarrollo de resolver las materias inescindiblemente vinculadas y verificar los presupuestos de la sentencia favorable. <\/p>\n
Sumado al hecho de que, dentro de las excepciones propuestas por el demandando, se incluy\u00f3 la denominada \u00abcontrato no cumplido por parte del contratante\u00bb, la que no fue decidida por el a quo, como se extrae del hecho de que en el ac\u00e1pite resolutivo no se incluy\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento sobre ella, siendo necesario que se hiciera junto al remedio vertical. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la actividad decisional del Tribunal no contravino el principio de congruencia, sino que actu\u00f3 dentro de las excepciones reconocidas para su aplicaci\u00f3n, que encuentra asidero en los art\u00edculos 282 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En este punto conviene recordar lo dicho por esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a legitimaci\u00f3n en causa, esto es, el inter\u00e9s directo, leg\u00edtimo y actual del \u201ctitular de una determinada relaci\u00f3n o estado jur\u00eddicos\u201d (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2\u00aa reimpresi\u00f3n, Temis-Depalma, Bogot\u00e1, Buenos Aires, 1983, pp. 360), es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial, ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n y es un presupuesto o condici\u00f3n para su prosperidad. <\/p>\n
Por tal motivo, el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, seg\u00fan quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular\u2026 (CSJ SC de 1\u00b0 de jul. de 2008, Rad. 2001-06291-01, reiterada SC2768-2019 de 25 de jul. de 2019, rad. 2010-00205-03) (negrilla fuera de texto, SC4888, 3 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00247-01). <\/p>\n
5.3. En resumen, como la materia que fue estudiada por el colegiado de segundo grado es de aquellas que deben resolverse oficiosamente, por estar vinculada de forma inescindible con el reconocimiento del derecho pretendido, as\u00ed como en garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n, se desestima la incongruencia alegada, raz\u00f3n para cerrar la prosperidad de la acusaci\u00f3n en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.4. Con todo, advierte esta Corporaci\u00f3n que, en verdad, el a quo no adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n respecto a la condici\u00f3n de contratante cumplido de la demandante, de all\u00ed que el estudio de esta materia fuera imperativo para emitir un fallo de fondo. <\/p>\n
5.4.1. Para dilucidar, conviene transcribir las ideas centrales del razonamiento del sentenciador de primera instancia: <\/p>\n
Constituyen presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria: (i) la existencia de contrato bilateral v\u00e1lido, (ii) El incumplimiento del demandado total o parcial, de sus obligaciones generadas en el pacto, porque en eso consiste la realizaci\u00f3n de la condici\u00f3n t\u00e1cita; y (iii) Que el demandante a su vez, haya cumplido los deberes que le impone la convenci\u00f3n, o que al menos se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo debidos. <\/p>\n
La existencia del contrato bilateral v\u00e1lido no amerita discusi\u00f3n, porque los folios 3 y s.s., dan cuenta del mismo, sin que hubiere sido tachado de falso por el extremo pasivo. <\/p>\n
El segundo, referente a la prueba del incumplimiento, si ha de extenderse el an\u00e1lisis a partir de las pruebas allegadas para tal fin\u2026 <\/p>\n
Bajo este supuesto, el segundo elemento no tuvo suerte, quedando estancada la acci\u00f3n civil, en la medida que el actor no demostr\u00f3 el incumplimiento que se le atribuye al demandando, porque las pruebas interrogatorio, testimonial o pericial no descubrieron las especificas falencias sobre las cuales se fundament\u00f3 el incumplimiento. Veamos. <\/p>\n
El actor, como contratante cumplido, present\u00f3 como prueba del \u2018incumplimiento\u2019 de su contraparte, un estudio y medici\u00f3n de obra planta de tratamiento REII realizado por la Ingeniera Liliana Garz\u00f3n, con el cual, deb\u00eda quedar establecido con claridad los elementos estructurales faltantes de la construcci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
[E]l Despacho queda sin soporte probatorio que le permita conceder al actor, veracidad sobre faltantes de obra, por cuanto la exclusi\u00f3n del referido \u2018estudio\u2019 deja hu\u00e9rfana su pretensi\u00f3n. Y, como \u00e9ste constituye un presupuesto sustancial, no formal que impidiera admitir la acci\u00f3n, corresponde negar las pretensiones por falta de \u2018presupuestos\u2019 (negrilla fuera de texto, folios 715 a 717 del cuaderno principal). <\/p>\n
Descuella, de una lectura ecu\u00e1nime, que el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en su providencia, se limit\u00f3 a analizar dos (2) presupuestos de la acci\u00f3n impetrada, como son la existencia y validez del negocio jur\u00eddico, y el incumplimiento del demandado, sin adentrarse en el \u00faltimo de ellos, esto es, el cumplimiento de las cargas contractuales de la demandante. <\/p>\n
As\u00ed se extrae, no s\u00f3lo del hecho de que en el fallo \u00fanicamente se revisaron las pruebas tocantes a dos (2) requisitos, sino que en la argumentaci\u00f3n ninguna referencia se hizo a la satisfacci\u00f3n del tercero de ellos, menos a\u00fan de las pruebas que serv\u00edan para su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
5.4.2. Ciertamente, en las consideraciones del fallo de 25 de abril de 2019, se incorpor\u00f3 el siguiente enunciado: \u00ab[e]l actor, como contratante cumplido, present\u00f3 como prueba del \u2018incumplimiento\u2019 de su contraparte un estudio y medici\u00f3n de obra planta de tratamiento REll realizado por la Ingeniera Liliana Garz\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
La expresi\u00f3n en negrilla, s\u00f3lo a trav\u00e9s de una lectura descontextualizada, puede servir para afirmar que el sentenciador de primera instancia afirm\u00f3 que el demandante era un cumplidor de sus obligaciones, como lo pretende la casacionista; en verdad corresponde a una frase suelta, que carece de apoyadura en la estructura del veredicto, ausente de justificaci\u00f3n o comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
Pretender una interpretaci\u00f3n diferente es tergiversar la ilaci\u00f3n de los argumentos de la sentencia, m\u00e1xime por cuanto, como ya se dijo, la excepci\u00f3n propuesta por el convocado no fue analizada ni decidida. <\/p>\n
Por ende, ante la ausencia de una resoluci\u00f3n judicial, era forzoso que el ad quem revisara las pruebas tendientes a establecer la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la promotora, en descr\u00e9dito de la incongruencia invocada. <\/p>\n
6. Por las razones expuestas se desestima la acusaci\u00f3n inicial. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1495, 1540, 1546, 1602, 1609, 1613 a 1617 del C\u00f3digo Civil, 167 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, por no advertir que (I) REII S.A.S. pag\u00f3 $1.641.288.000, (II) \u00e9stos se destinaron al contrato n.\u00b0 01, (III) la demandante se allan\u00f3 a cumplir, y (IV) no se probaron los gastos administrativos y alteraciones de presupuesto. <\/p>\n
1. Invoc\u00f3 la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato y la constancia de abonos emitida por Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo, para denotar que al 5 de diciembre de 2012 se hab\u00eda pagado $1.641.288.000, superior al anticipo pactado, equivalente al 50% de $1.775.660.895, como fue reconocido en la contestaci\u00f3n de la demanda y en las declaraciones procesales rendidas por el convocado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 \u00abque el saldo restante, para completar el valor total de $1.775.660.895.46, deb\u00eda cancelarse mediante acta parcial de obra ejecutada recibida a satisfacci\u00f3n; situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3, de hecho se encontr\u00f3, que ni siquiera el contratista hab\u00eda ejecutado los $1.641.288.000,00 que la Sociedad REII S.A.S., le hab\u00eda pagado en virtud del contrato objeto del presente contrato\u00bb. Invoc\u00f3 la declaraci\u00f3n del representante legal del convocado para corroborar su incumplimiento. <\/p>\n
Coligi\u00f3 que existi\u00f3 \u00abuna violaci\u00f3n indirecta a la ley sustancial por un error de hecho\u2026 por parte del A quem (sic) al omitir valorar el contrato de obra civil a todo costo N\u00b0 01 del 13 de junio de 2012, la contestaci\u00f3n de la demanda (Folio 499 Cuaderno del Principal) y el informe del propio Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo\u2026; y as\u00ed mismo se cometi\u00f3 una violaci\u00f3n indirecta a la ley sustancial por un error de derecho\u2026 por desconocimiento de una norma probatoria, al no valorar en conjunto los medios de prueba como lo dispone el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00abel Tribunal no valor\u00f3 las cl\u00e1usulas del contrato\u2026 y tampoco las analiz\u00f3 con las dem\u00e1s pruebas tales como la constancia de abonos vista a folio 15 del expediente del cuaderno principal y la declaraci\u00f3n del representante legal; aqu\u00ed se evidencia en primer lugar una omisi\u00f3n al no valorar el contrato\u2026 y una violaci\u00f3n del art\u00edculo 176\u2026 por no analizar en su conjunto las pruebas debidamente aportadas\u00bb. <\/p>\n
2. Con base en el documento \u00abRespuesta Informe Econ\u00f3mico Contrato No. 01\u00bb, asegur\u00f3 que el demandado asinti\u00f3 en que $1.641.288.000 fueron entregados para el contrato n.\u00b0 01; adem\u00e1s, de haberse destinado parcialmente al contrato n.\u00b0 02, esta circunstancia no se prob\u00f3 en el proceso, siendo una carga del accionado por su cercan\u00eda con los medios demostrativos, en aplicaci\u00f3n del canon 167 del C.G.P., a pesar de lo cual \u00abdurante el proceso no hubo ni una sola prueba que demostrara este hecho y tanto es as\u00ed, que la Sentencia de Primera Instancia, la cual no fue apelada por la parte demandada, se pronunci\u00f3 en este sentido\u00bb. En este punto desech\u00f3 que, la simple afirmaci\u00f3n del convocado, fuera suficiente para su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abse observa en el expediente en folio 403 que el contrato No. 02 se suscribi\u00f3 el 30 de mayo de 2013, es decir una fecha posterior a los pagos que ascienden a la suma de $1.641.288,00 (sic); y adem\u00e1s n\u00f3tese que este contrato tiene como partes contratantes al Banco de Bogot\u00e1\u2026, es decir la obligaci\u00f3n de pagar era del Banco m\u00e1s no de la empresa REII SAS; y por otro lado, no se encuentra en el mismo ninguna alusi\u00f3n a que el contratista ya hab\u00eda ejecutado m\u00e1s de 200 millones de pesos, que de darse as\u00ed hubiera generado un enriquecimiento sin justa causa, por cuenta de este contrato No. 02 se celebr\u00f3 por la suma de $2.000.000 millones de pesos, es decir el valor corresponde como si no se hubiera ejecutado nada del objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
Achac\u00f3 error de hecho por pretermisi\u00f3n y de derecho por transgresi\u00f3n del precepto 167 del C.G.P., relativa a la carga din\u00e1mica de la prueba. <\/p>\n
3. Censur\u00f3 que el Tribunal dijera que el demandante repudi\u00f3 cumplir sus obligaciones, por desvelar una lectura errada y fuera de contexto de la declaraci\u00f3n del representante legal de REII SAS. <\/p>\n
Rememor\u00f3 que, una vez pagado el anticipo, el saldo deb\u00eda solucionarse mediante acta parcial a satisfacci\u00f3n del contratante, lo que no ocurri\u00f3, por cuanto el peritaje arroj\u00f3 que ni siquiera se ejecut\u00f3 lo pagado. Por ende, la ausencia de obras recibidas a entera satisfacci\u00f3n, hac\u00eda inexigible la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Dijo: \u00abAqu\u00ed el primer error del Tribunal a la hora de valorar las pruebas, consisti\u00f3 una vez m\u00e1s en omitir el an\u00e1lisis de las obligaciones consignadas en el contrato; lo cual configura, de conformidad con el art\u00edculo 336 num 2 del C.G.P, una violaci\u00f3n indirecta por (error de hecho) en la apreciaci\u00f3n de la prueba, espec\u00edficamente de la Cl\u00e1usula S\u00e9ptima del aludido contrato; y el segundo error fue no analizar la declaraci\u00f3n rendida por el Representante Legal en contexto con las cl\u00e1usulas del Contrato de Obra Civil a todo costo N\u00b0 01 del 13 de junio de 2012, esto gener\u00f3, de conformidad con el art\u00edculo 336 num 2 del C.G.P, una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por (error de derecho) derivado del desconocimiento de una norma probatoria consagrada en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
4. Asever\u00f3 que la existencia de contratiempos y dificultades no puede entenderse como una alteraci\u00f3n del presupuesto o aumento de gastos, pues no se prob\u00f3 cu\u00e1les fueron, ni su valor, menos a\u00fan se arrimaron sus soportes, carga procesal del demandado, que no puede entenderse satisfecha con una comunicaci\u00f3n ambigua o su declaraci\u00f3n en el proceso, so pena de desatender el citado art\u00edculo 167; \u00abesto sin perjuicio de que el contrato objeto del presente proceso era a Todo Costo y como se aleg\u00f3 enf\u00e1ticamente\u2026 las implicaciones jur\u00eddicas de la naturaleza de estos contratos es que el contratista, en este caso el demandado, deb\u00eda asumir esas presuntas alteraciones y obras adicionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Defectos t\u00e9cnicos de la acusaci\u00f3n <\/p>\n
1.1. Dentro de la clasificaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n a que se refiere el t\u00edtulo \u00fanico de la Secci\u00f3n Sexta del C\u00f3digo General del Proceso, la casaci\u00f3n conserva su naturaleza extraordinaria, como se infiere de su procedencia limitada respecto a determinadas sentencias (art\u00edculo 334), por causales taxativas (art\u00edculo 336) y previo cumplimiento de los requisitos para su concesi\u00f3n (art\u00edculos 337, 338 y 340) y admisi\u00f3n (art\u00edculos 342, 344 y 346). <\/p>\n
Esta calidad, como lo sostiene la doctrina especializada, es connatural a este mecanismo de impugnaci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a casaci\u00f3n no es solamente un simple recurso; sino que se califica como un recurso extraordinario. En efecto, como afirma Guasp, mientras que la apelaci\u00f3n es el recurso ordinario por antonomasia, la casaci\u00f3n es el recurso extraordinario, por antonomasia tambi\u00e9n. Y el mismo autor describe as\u00ed los rasgos que caracterizan a la casaci\u00f3n como recurso extraordinario: <\/p>\n
a) no es admisible el recurso de casaci\u00f3n si no se han agotado los recursos ordinarios que procedan contra el fallo\u2026 <\/p>\n
b) las partes no pueden ejercer este recurso a base de un simple inter\u00e9s, sino que tiene que fundarlo en un motivo legalmente determinado, es decir, en un motivo de casaci\u00f3n precisamente; <\/p>\n
c) el \u00f3rgano jurisdiccional no puede conocer los problemas litigiosos en los mismos t\u00e9rminos de amplitud que corresponde a los Tribunales de instancia, sino que se encuentran limitados sus poderes a temas determinados y taxativos, coincidentes, precisamente, con las circunstancias que funcionan como motivos de casaci\u00f3n3. <\/p>\n
La Sala ha admitido la mencionada caracter\u00edstica: <\/p>\n
[L]a casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, cuyo prop\u00f3sito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, [por lo que se] exige que el escrito presentado para sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, pues, por cuanto se trata de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, la labor de la Corte queda reducida al marco que el acusador establezca, de donde se sigue que es a \u00e9ste a quien con exclusividad le toca delimitar el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el Tribunal incurri\u00f3 en el desatino. <\/p>\n
De este modo, sea cual fuere la causal que se aduzca, esto es, independientemente que la cr\u00edtica cuestione vicios de juzgamiento o in procedendo, ese libelo constituye la moldura dentro de la cual la Corporaci\u00f3n debe discurrir su actividad; de ah\u00ed que competa al censor atender un m\u00ednimo de exigencias en procura de tornar id\u00f3nea la respectiva sustentaci\u00f3n; pues es a \u00e9l a quien corresponde delinear los perfiles dentro de los que ha de discurrir la Corte como Tribunal de Casaci\u00f3n (AC219, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00048-01). <\/p>\n
1.2. Dentro del anterior marco, el numeral 2\u00b0 del precepto 344 del actual estatuto adjetivo establece, como requisitos particulares del escrito de sustentaci\u00f3n, \u00abla formulaci\u00f3n\u2026 de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
La claridad consiste en que \u00abla persona que acude a este mecanismo debe formular sus embates\u2026 con la indicaci\u00f3n de las razones por las cuales considera que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 y c\u00f3mo tal dislate tiene la virtualidad de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n. No es posible soportar la acusaci\u00f3n en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (AC3919, 20 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00650-01). <\/p>\n
La precisi\u00f3n obliga a \u00abque los embistes [est\u00e9n] orientados hacia los fundamentos reales de la decisi\u00f3n atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminaci\u00f3n no pueda ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentaci\u00f3n de la providencia cuya anulaci\u00f3n se pretende\u00bb (AC5922, 16 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00046-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la completitud \u00abimpone al promotor que ataque la totalidad de las premisas del fallo cuestionado, de suerte que las controvierta en su integridad, sin que ninguna de ellas pueda quedar desprovista de cuestionamiento\u00bb (AC4921, 9 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2017-00431-01). <\/p>\n
1.3. De forma agregada, y por su importancia para el presente caso, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 346 del C.G.P. establece que la acusaci\u00f3n es inadmisible \u00abcuando en la demanda se planeen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocados en las instancias\u00bb. <\/p>\n
Se positiviz\u00f3 la denominada prohibici\u00f3n de \u00abmedios nuevos\u00bb, \u00abo sea, aspectos\u2026 que por no haberse planteado ni alegado en ninguna de las instancias del proceso, o por ser contrarios a los que all\u00ed se debatieron, fueron desconocidos por el sentenciador de instancia, y que, por consiguiente, s\u00f3lo buscan que el litigio se solucione mediante el estudio por la Corte Suprema de extremos absolutamente distintos a los que fueron base de la demanda y su contestaci\u00f3n (SC, 19 ene. 1982)\u00bb (SC3604, 25 ag. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00063-01). <\/p>\n
1.4. En la acusaci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, antic\u00edpese, la impugnante incurri\u00f3 en incompletitud y falta de claridad, as\u00ed como en invocaci\u00f3n de un medio nuevo, razones para desechar su estudio, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 346 del vigente estatuto adjetivo. <\/p>\n
1.4.1. Remem\u00f3rese que el Tribunal deneg\u00f3 la resoluci\u00f3n negocial pretendida, por cuanto la demandante no demostr\u00f3 el cumplimiento de sus obligaciones, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
De cara al documento, b\u00e1culo de la acci\u00f3n impetrada, se tiene que el contratante, aqu\u00ed demandante, se comprometi\u00f3\u2026 a pagar al contratista el valor del contrato en la forma y condiciones que se estipulan en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, es decir, la suma de $1.775.660.895,46, de la siguiente forma: un anticipo que equivale al 50% del valor del contrato\u2026 de $1.880.424.568,61, dentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes de legalizado el contrato, el saldo restante, dice la estipulaci\u00f3n, se cancelar\u00e1 mediante actas parciales de obra ejecutada y\/o al recibo de las obras a entera satisfacci\u00f3n del contratante. As\u00ed, de la descripci\u00f3n del precitado pliego se advierte que le existe raz\u00f3n al demandado, en cuanto a que existi\u00f3 un contrato g\u00e9nesis, del cual se deriv\u00f3 el que aqu\u00ed pretende resolverse, pues el clausulado rese\u00f1ado ni siquiera fue modificado, tal as\u00ed que el primer pago de que se habla\u2026 se relaciona por un valor superior al del total del negocio\u2026, sin que exista prueba de su pago oportuno. Afirmase as\u00ed por cuanto, aunque el demandante asegur\u00f3 haber hecho un abono por cuant\u00eda de $1.641.288.000, el que se corrobora con el documento visto a folios 58\u2026, lo cierto es que no hay certeza sobre la forma en que fue distribuida o aplicada la suma pagada como abono, carga que le correspond\u00eda al demandante\u2026 y que no puede tenerse por cumplida con el legajo a que se ha hecho menci\u00f3n\u2026 habida cuenta que en \u00e9l no est\u00e1 establecido cada pago, seg\u00fan concepto u obra realizada, de suerte que aqu\u00e9l no puede reemplazar las actas a que hace alusi\u00f3n la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de la relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
Pero si en gracia de discusi\u00f3n se tuviera dicho folio como constancia de pago hechos al contrato 01, en todo caso ser\u00eda \u00e9ste prueba del incumplimiento\u2026, en la medida en que seg\u00fan lo convenido en el clausulado deb\u00eda pagarse la mitad del valor del contrato a los ocho (8) d\u00edas de su suscripci\u00f3n, que como se dijo\u2026 ser\u00eda el 21 de junio de 2012, ya no por $1.880.424.568,61\u2026 pero s\u00ed por el equivalente al 50% del valor contratado en esta ocasi\u00f3n, $1.775.660.895,46, que corresponde a $887.830.447,50, sin que as\u00ed hubiere ocurrido, ya que seg\u00fan el listado de pagos all\u00ed contenido, en junio de 2012, tan s\u00f3lo se hab\u00eda abonado el valor de $403.560.000, es decir, mucho menos del valor establecido como anticipo. <\/p>\n
No puede aplicarse\u2026 el contenido de la jurisprudencia por \u00e9l citada\u2026 que consider\u00f3 el incumplimiento tard\u00edo y su purga por quien lo acepta. Primero, porque en el asunto all\u00ed dilucidado se habla de retraso en el cumplimiento, que no del repudio a seguir cumpliendo, como sucede en este caso, en tanto la propia sociedad demandante, a trav\u00e9s de su representante legal\u2026 sostuvo que adeuda un porcentaje del valor total del contrato, y que decidi\u00f3 no pagarlo, y se reh\u00fasa a hacerlo, ante el temor que no fuera ha ejecutarse el faltante de la obra\u2026 <\/p>\n
En resumen, el sentenciador encontr\u00f3 que (I) falt\u00f3 acreditar el pago del anticipo con destino al contrato n.\u00b0 01, ante la ausencia de las actas de avance de obra; (II) el anticipo por valor de $887.830.447,50, aunque se tuviera por realizado con base en la documentaci\u00f3n aportada, no fue solucionado oportunamente, pues el expediente da cuenta de que s\u00f3lo se pagaron $403.560.000 dentro del plazo negocial; (III) no hubo purga de la mora, pues el encargante manifest\u00f3 su decisi\u00f3n de no querer cumplir y, en todo caso, fue requerido por el contratista para que lo hiciera; y (IV) la demora en cumplir gener\u00f3 erogaciones que debi\u00f3 sufragar el convocado, tales como mayores costos de vigilancia. <\/p>\n
1.4.2. A pesar de la multiplicidad de razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n judicial, en la acusaci\u00f3n bajo estudio \u00fanicamente se cuestionaron los tocantes a la prueba de los pagos realizados con destino al contrato n.\u00b0 01, la inexistencia de una decisi\u00f3n de incumplir por parte del demandado y la ausencia de demostraci\u00f3n de los gastos administrativos, dejando sin cr\u00edtica los dem\u00e1s puntos que sirvieron para denegar las pretensiones, huelga decirlo: (I) la carencia de actas de entrega parcial de obra que soporten los pagos realizados, (II) el retraso en el soluci\u00f3n del anticipo del contrato, (III) la falta de purga de la mora por los requerimientos realizados por el demandado, y (IV) la afectaci\u00f3n del inter\u00e9s contractual de este \u00faltimo. <\/p>\n
De esta forma se desvela que la acusaci\u00f3n deviene insuficiente para derruir el fallo confutado, al dejar inc\u00f3lume m\u00faltiples de las razones que sirvieron al ad quem para rehusar la pretensi\u00f3n resolutoria, en contravenci\u00f3n de la exigencia de completitud a que se refiere el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ante la poquedad de los reclamos deviene inane su estudio, pues, aunque tuvieran vocaci\u00f3n de prosperidad, lo mismos carecer\u00edan de trascendencia para modificar el sentido de la decisi\u00f3n, en tanto \u00e9sta se mantendr\u00e1 apoyada en las bases no criticadas, las cuales seguir\u00e1n resguardadas por las presunciones de acierto y legalidad que son connaturales a las sentencias judiciales. <\/p>\n
En este punto resulta pertinente recordar el pensamiento de la Sala: <\/p>\n
\u2018[u]na acusaci\u00f3n incompleta, esto es, una imputaci\u00f3n en casaci\u00f3n que deje intacto un argumento del Tribunal que por s\u00ed mismo preste base suficiente al fallo, es inane porque la Corte, dado lo dispositivo del recurso, no puede de oficio enmendar o suplir la omisi\u00f3n o falencia en que incurri\u00f3 el censor\u2019 (SC563, 1\u00b0 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00639-01); dicho en positivo, \u2018los cargos [deben ser] id\u00f3neos, en el sentido de que combatan todos los fundamentos esgrimidos como soporte de la decisi\u00f3n de instancia, pues de quedar en pie alguno de ellos ser\u00e1 suficiente para mantener la determinaci\u00f3n que pretende anularse\u2019 (SC, 5 ab. 2021, rad. n.\u00b0 2006-00215-01) (SC4670, 9 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00370-01). <\/p>\n
Deviene, it\u00e9rese, que la escasez de la acusaci\u00f3n conduce a su rechazo. <\/p>\n
1.4.3. Se agrega a lo dicho que, varios de los cuestionamientos izados por la demandante, realmente desvelan una aceptaci\u00f3n del contenido del fallo de segundo grado, lo que desdice sobre su claridad. <\/p>\n
As\u00ed sucede con las censuras relativas a(I) el valor del anticipo que deb\u00eda pagar la contratante con ocasi\u00f3n del contrato n.\u00b0 01, (II) el total de los recursos recibidos por art\u00edfice, o (III) la viabilidad de exonerarse de responsabilidad por la realizaci\u00f3n de obras adicionales, aspectos en que el casacionista arriba a conclusiones iguales a los de fallo de segundo grado, en la cual se asinti\u00f3 en que: (I) el monto del anticipo seg\u00fan el contrato era de $887.830.447, (II) el demandado recibi\u00f3 del demandante $1.641.288.000 para las obras del horno de incineraci\u00f3n, y (II) las modificaciones, as\u00ed como las obras agregadas no justifican el incumplimiento de los deberes negociales del art\u00edfice. <\/p>\n
Ante la ausencia de cuestionamientos reales, en las materias antes citadas, el cargo se viste de obscuridad, por revelar que se utiliz\u00f3 la casaci\u00f3n sin atender a su finalidad, huelga decirlo, sin observar que el thema decisum de la impugnaci\u00f3n es la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
La Corte tiene dilucidado que: \u00abno es el litigio como cuesti\u00f3n decidendum, sino la sentencia proferida por el tribunal de segunda instancia como thema decisum, sentencia \u00e9sta que es el objetivo propio del Juzgamiento de la Corte en casaci\u00f3n, quien, en el \u00e1mbito de cualquiera de las causales espec\u00edficas en que puede fundarse tal recurso y dentro de los l\u00edmites que le trace la impugnaci\u00f3n, se limita a decidir si ese procedimiento de segundo grado se conforma, si o no, con el derecho\u00bb (SC, 22 mar. 1995, exp. n.\u00b0 5250). <\/p>\n
1.4.4. Sumado a lo expuesto se tiene que, en la acusaci\u00f3n se incluyeron medios nuevos, que deben ser rechazados de forma categ\u00f3rica, como son la invocaci\u00f3n de un enriquecimiento injustificado, por el no reconocimiento de los abonos efectuados al contrato n.\u00b0 02 al momento de su suscripci\u00f3n, y la aplicaci\u00f3n de la carga din\u00e1mica de la prueba, para resolver lo relativo a la causa de los pagos realizados. <\/p>\n
Total, elevar razonamientos de \u00faltimo minuto, sin permitir que se agote el debate probatorio propio del proceso, desvela una afrenta a la lealtad y probidad procesal, por sorprender a la administraci\u00f3n de justicia y a la contraparte con alegaciones sorpresivas y que trastornan el objeto de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que se proscriban los razonamientos tard\u00edos, con el consecuente rechazo de su estudio, como sucede con las anotadas tesis del enriquecimiento sin causa y la inversi\u00f3n del deber probatorio, materias que no fueron arg\u00fcidas por la parte demandante en ninguno de los momentos procesales que tuvo a buen recaudo, por lo que mal podr\u00edan estudiarse al desatar el remedio extraordinario. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis de fondo de la acusaci\u00f3n <\/p>\n
Con todo, aunque se dejaran de lado los yerros t\u00e9cnicos antes denunciados, las acusaciones tampoco est\u00e1n llamadas a abrirse paso, pues la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad quem encuentra soporte en la ontolog\u00eda de los medios suasorios. <\/p>\n
2.1. Es bien sabido que, para la prosperidad del remedio extraordinario, por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial, los errores de juzgamiento deben ser evidentes, en el sentido de que reluzcan con facilidad. <\/p>\n
As\u00ed se extrae del canon 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abel recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb; y de forma especial, para el dislate de hecho, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336 impuso que el yerro sea \u00abmanifiesto y trascendente\u00bb. <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a este motivo de casaci\u00f3n, asegur\u00f3: <\/p>\n
Solo el error manifiesto, evidente y trascedente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario (negrilla fuera de texto, SC876, 23 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00624-01). <\/p>\n
Colof\u00f3n que encuentra apoyo en \u00abla autonom\u00eda que abriga a los jueces de instancia en la valoraci\u00f3n de los instrumentos persuasivos\u00bb, raz\u00f3n para admitir que \u00absus conclusiones son intangibles e inmodificables en casaci\u00f3n, salvo los casos en que se advierta una conclusi\u00f3n contraevidente, \u2018porque se aparta groseramente y de manera trascendente de las normas que regulan la materia sometida a composici\u00f3n del Estado por intermedio de sus jueces, ora en la consideraci\u00f3n f\u00e1ctica, ya en la estimaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n\u2019 (CSJ, SC, 28 nov. 2013, rad. n.\u00b0 1999-07559-01)\u00bb (SC3346, 14 sep. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00822-01). <\/p>\n
De forma m\u00e1s reciente reliev\u00f3: <\/p>\n
[E]l juzgador de instancia, con sujeci\u00f3n a los aspectos objetivos y jur\u00eddicos de los medios de prueba, tiene la clara atribuci\u00f3n de estimarlos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y arribar a las conclusiones pertinentes que sustenten el correspondiente fallo. Por esta raz\u00f3n en principio, tales conclusiones deber\u00e1n mantenerse, a menos que el sentenciador hubiese incurrido en error evidente de hecho o en error de derecho trascendente, para quebrar el fallo atacado (CSJ SC de 10 de dic. de 1999, exp. 5277, reiterada SC de 19 de sept. de 2006, exp. 1999-00633-01)\u2026 (negrilla fuera de texto, SC5142, 16 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00197-01) <\/p>\n
2.2. En el sub examine se advierte que las pretermisiones y tergiversaciones probatorias alegadas no se configuraron, lo que descarta el error de juzgamiento del Tribunal, como se dilucidar\u00e1 en lo sucesivo. <\/p>\n
2.2.1. Para iniciar, conviene rememorar que la impugnante cuestion\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato n.\u00b0 01, por desconocer el monto del anticipo que debi\u00f3 pagarse, en olvido de la contestaci\u00f3n de la demanda y el interrogatorio de parte del convocado. <\/p>\n
Sobre esta acusaci\u00f3n conviene resaltar que la supuesta omisi\u00f3n brilla por su inexistencia, pues el sentenciador de segunda instancia valor\u00f3 expresamente el instrumento negocial objeto de discusi\u00f3n y, en particular, el contenido de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima (cfr. minuto 10:41 del audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo), lo que le permiti\u00f3 concluir que el anticipo debi\u00f3 ser por $887.830.447,50, encontrando que la cifra contenida en el contrato -$1.880.424.568,61- corresponder a un error, fruto de la utilizaci\u00f3n del \u00abcontrato g\u00e9nesis\u00bb como modelo. <\/p>\n
Se agrega a lo dicho que, como la propuesta interpretativa de la casacionista es igual a la que arrib\u00f3 el juzgador, en el sentido de que el valor del anticipo deb\u00eda calcularse sobre el precio del contrato, con independencia de que las partes se\u00f1alaran expresamente otro en el instrumento negocial, la insubstancialidad de la acusaci\u00f3n se erige como incuestionable. <\/p>\n
Colof\u00f3n que, ciertamente, tiene asidero en la lectura arm\u00f3nica de las estipulaciones tercera y s\u00e9ptima del contrato de obra n.\u00b0 01, en las cuales se convino que \u00ab[p]ara efectos fiscales el valor del contrato es por la suma de mil setecientos setenta y cinco millones seiscientos sesenta mil ochocientos noventa y cinco pesos con 46\/100 moneda corriente ($1.775.660.895,46)\u00bb, de la cual se pagar\u00eda \u00abun anticipo equivalente al 50% del valor del contrato\u00bb (folio 3 y 11 del cuaderno principal), que corresponde a $887.830.447,50, los cuales deb\u00edan satisfacerse \u00abdentro de los ocho (8) d\u00edas siguientes de legalizado el contrato\u00bb (folio 11), esto es, a partir del 13 de junio de 2012 -fecha de suscripci\u00f3n (folio 16)-, con vencimiento el d\u00eda 21 del mismo mes. <\/p>\n
Que en la contestaci\u00f3n de la demanda se aseverara que el anticipo era por cuant\u00eda de $1.880.424.568.61 (folio 497), en nada desdice del anterior an\u00e1lisis, pues el convocado realmente se refiri\u00f3 al contrato g\u00e9nesis, identificado con n.\u00b0 001, cuyo monto era por $3.760.849.137,23, diferente al que es objeto de discusi\u00f3n en el sub lite nominado como n.\u00b0 01. <\/p>\n
En consecuencia, como el instrumento persuasivo fue expresamente valorado por el juzgador se descarta el olvido alegado, y, al no existir una verdadera discrepancia sobre la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato, se desestima la tergiversaci\u00f3n acusada. <\/p>\n
2.2. De otro lado, la opugnante increp\u00f3 que no se tuviera en cuenta que el saldo final del precio deb\u00eda pagarse contra acta parcial de obra; adem\u00e1s, que el valor entregado por $1.641.288.000, no fue totalmente ejecutado por el demandado en desarrollo del contrato n.\u00b0 01. <\/p>\n
2.2.1. Sobre el primer aspecto, nuevamente se descarta la existencia de una verdadera censura, pues el Tribunal arrib\u00f3 a igual conclusi\u00f3n que la propuesta por la demandante, relativa a que \u00ablas actas a que hace alusi\u00f3n la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de la relaci\u00f3n contractual\u00bb son las id\u00f3neas para probar \u00abla forma en que fue distribuida o aplicada la suma pagada\u00bb. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que no admite una lectura diferente, pues en el contrato n.\u00b0 01 expresamente se previ\u00f3 que el saldo, despu\u00e9s de pagado el anticipo, se cancelar\u00eda \u00abmediante actas parciales ejecutadas y\/o al recibo de las obras a entera satisfacci\u00f3n del contratante\u00bb (folio 11), por lo que estos \u00faltimos documentos son los convencionalmente dispuestos para acreditar las obras realizadas y definir el valor a pagar por cada una de ellas. <\/p>\n
2.2.2. No existe la misma avenencia trat\u00e1ndose de la imputaci\u00f3n que deb\u00eda hacerse de los $1.641.288.000 pagados por REII S.A.S. a Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo, pues el Tribunal ech\u00f3 de menos las pruebas que permitieran clarificar su destinaci\u00f3n, mientras que el impugnante consider\u00f3 que eran para el contrato n.\u00b0 01 soportado en la constancia de abonos -folio 15 del expediente- y la declaraci\u00f3n del representante legal. <\/p>\n
Sobre la anterior contrariedad, observa la Corte que el documento intitulado \u00ababonos hechos por REII S.A.S. al contratista\u00bb no suministra la claridad pretendida por el casacionista, pues en el mismo \u00fanicamente se relacionan los valores recibidos por el contratista y la fecha de su realizaci\u00f3n, sin particularizar si eran para el contrato g\u00e9nesis, o los identificados con el n.\u00b0 01 o el n.\u00b0 02. <\/p>\n
De hecho, como la relaci\u00f3n de abonos se encuentra replicada en el documento \u00abvalor ejecutado de obra por actividad hasta febrero 16 de 2013\u00bb (folio 434), este \u00faltimo descubre que el convocado decidi\u00f3 destinar lo apropiado a las actividades contenidas en el negocio g\u00e9nesis, sin diferenciarlas seg\u00fan la posterior divisi\u00f3n contenida en los contratos n.\u00b0 01 y 02. <\/p>\n
Y es que, de acuerdo con la enumeraci\u00f3n de obras, Jos\u00e9 Rodr\u00edguez emple\u00f3 el dinero que le entreg\u00f3 REII S.A.S. para avanzar en los \u00edtems \u00ab0.0 actividades preliminares generales\u00bb, \u00ab1.0 excavaciones, rellenos y retiros \u00e1rea total\u00bb, \u00ab2.0 construcci\u00f3n de sistema de aguas lluvias y aguas negras\u00bb, \u00ab3.0 construcci\u00f3n oficinas principales\u00bb, \u00ab4.0 construcci\u00f3n bater\u00eda de ba\u00f1os y comedor\u00bb, \u00ab5.0 construcci\u00f3n de andenes\u00bb, \u00ab6.0 construcci\u00f3n de muro de contenci\u00f3n concreto reforzado\u00bb, \u00ab7.0 construcci\u00f3n bodega de mantenimiento\u00bb, \u00ab8.0 construcci\u00f3n taller el\u00e9ctrico\u00bb, \u00ab9.0 construcci\u00f3n bodega lavado de canecas\u00bb, \u00ab10.0 construcci\u00f3n lavadero de carros\u00bb, \u00ab11.0 construcci\u00f3n zona tanque de gas\u00bb, \u00ab12.0 construcci\u00f3n bodega principal (horno incinerador)\u00bb, \u00ab13.0 construcci\u00f3n caseta porter\u00eda\u00bb, \u00ab16.0 construcci\u00f3n cerramiento\u00bb, siguiendo la enumeraci\u00f3n del contrato g\u00e9nesis (folios 250 a 262), los cuales fueron divididos a la postre en los contratos n.\u00b0 01 y 02 de la siguiente forma: los numerales 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0 y 13.0 en el primero, y los ordinales 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0 y 16.0 en el segundo. <\/p>\n
Esta anfibolog\u00eda respecto al destino que debi\u00f3 darse a los recursos, se mantiene de acudirse al \u00abinforme econ\u00f3mico obra planta horno t\u00e9rmino REII\u00bb, contenida en la \u00abrespuesta informe econ\u00f3mico contrato n.\u00b0 01\u00bb, pues aqu\u00ed se indic\u00f3 que los \u00ababonos hechos por REII S.A.S. al contratista\u00bb por $1.641.288.000, fueron \u00abpara contrato N\u00b0 01 y N\u00b0 02\u00bb (folio 451), sin diferenciarlos. <\/p>\n
Lo mismo se advierte en el \u00abInforme general de junio de 2012 a marzo de 2013\u00bb del \u00abcontrato de obra N\u00b0 001 de 2012\u00bb, esto es, el contrato g\u00e9nesis, presentado por Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo, pues se relacionaron las actividades mensuales ejecutadas, dentro de las cuales est\u00e1n comprendidas las que hacen parte del objeto negocial n.\u00b0 01 y n.\u00b0 02, de acuerdo con el siguiente listado: <\/p>\n
Dado que en el expediente no aparecen las actas de avance de obra, que permitan ratificar la correcci\u00f3n del proceder del art\u00edfice, m\u00e1s all\u00e1 de la oposici\u00f3n que en juicio ha efectuado la convocante con base en los documentos antes transcritos, encuentra justificaci\u00f3n la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal, en el sentido de que en el legajo \u00abno est\u00e1 establecido cada pago, seg\u00fan concepto u obra realizada\u00bb. <\/p>\n
Tampoco puede acudirse a las atestaciones de Jos\u00e9 Rodr\u00edguez para clarificar el punto en discusi\u00f3n, pues en la audiencia de 8 de febrero de 2018 declar\u00f3 que el monto recibido corresponde a \u00abla suma que ten\u00edan que pagar por anticipo del contrato inicial 001 [g\u00e9nesis]\u2026 la plata que ellos hab\u00edan dado inicialmente se trabaj\u00f3 en un contrato global, no es un contrato de $1.775\u2026 sino en un contrato de $3.700\u00bb (minuto 16:12), de lo cual reluce que hizo una imputaci\u00f3n global, sin acotarlo al v\u00ednculo negocial en concreto. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, al ser indagado sobre el anticipo recibido, insisti\u00f3 en que \u00abese valor\u2026 hacen parte del anticipo que ellos ten\u00edan que entregarme del contrato de $3.775, que el contrato lo dice muy claramente, se ten\u00eda que entregar a los ocho d\u00edas de haber legalizado el contrato\u2026 ese valor\u2026 se entreg\u00f3 durante siete (7) meses\u00bb (minuto 16:23). <\/p>\n
De las anteriores pruebas, analizadas tanto de forma individual como en conjunto, reluce que los valores entregados por REII S.A.S. -en desarrollo de la construcci\u00f3n del horno de incineraci\u00f3n- se destinaron a todas las actividades contratadas, con independencia de que fueran incluidas en los convenios n.\u00b0 01 o n.\u00b0 02, sin que haya pruebas que permitan determinar la adecuaci\u00f3n, o no, de este proceder, como acertadamente lo sostuvo el sentenciador de segundo grado, en descr\u00e9dito de la censura casacional. <\/p>\n
2.3. Frente al cuestionamiento realizado por el recurrente, relativo a que no se ponder\u00f3 la fecha en que se firm\u00f3 el contrato n.\u00b0 02, posterior a los pagos realizados por $1.641.288.000, y por ser el Banco de Bogot\u00e1 el obligado, es menester se\u00f1alar que, ciertamente, la ad quem no mencion\u00f3 estos aspectos en su veredicto. <\/p>\n
Situaci\u00f3n explicable en virtud del principio de congruencia en la apelaci\u00f3n, en tanto estos argumentos, con la especificidad que se mencionan en casaci\u00f3n, no fueron objeto de invocaci\u00f3n dentro de los reparos concretos contra el fallo de primera instancia, encontr\u00e1ndose inhibido de su estudio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, era irrelevante hacer una revisi\u00f3n exhaustiva sobre la fecha en se sign\u00f3 el contrato n.\u00b0 02 o el momento en que el Banco de Bogot\u00e1 asumi\u00f3 el pago del precio, con el fin de establecer el valor que debi\u00f3 destinarse a cubrir las erogaciones derivadas de los acuerdos alcanzados entre los negociantes, siendo intrascendente el yerro imputado al ad quem. <\/p>\n
2.5. Critic\u00f3 la recurrente que el Tribunal coligiera que su representante legal manifest\u00f3 rehusar abiertamente el cumplimiento de sus obligaciones y que, por este motivo, era improcedente reconocer la purga de la mora. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que el interpelado, al ser cuestionado sobre el cumplimiento de sus deberes contractuales, afirm\u00f3: \u00abs\u00ed\u2026 nosotros realizamos todos los pagos correspondientes, hasta un faltante\u2026 hasta $1.641.288.000\u2026 lo que faltaba ser\u00edan $100.021.000 que ser\u00eda lo que se entregar\u00eda al final, cuando entregaran terminada la obra del contrato 01\u00bb (minuto 16:06 de la audiencia de 8 de febrero de 2018). <\/p>\n
Esta respuesta, en verdad, deja en evidencia que la demandante no expres\u00f3 una decisi\u00f3n de incumplir con sus deberes, sino que, por el contrario, estuvo dispuesto a hacerlo, aunque condicionado a se hiciera entrega final de la obra, proceder que encuentra amparo en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de la convenci\u00f3n negocial. <\/p>\n
Significa que el Tribunal, al haber sostenido que existi\u00f3 \u00abrepudio a seguir cumplimiento\u00bb, tergivers\u00f3 la atestaci\u00f3n de marras, en un evidente error de juzgamiento. Sin embargo, este dislate resulta del todo intrascendente, pues como la acusaci\u00f3n devino exigua para derruir todos los presupuestos que sirvieron al sentenciador de alzada para rehusar la purga t\u00e1cita de la mora, el fallo de instancia seguir\u00e1 soportado en los puntos no criticados. <\/p>\n
Y es que, como el Tribunal desestim\u00f3 que el demandado hubiera perdonado el incumplimiento del demandante, debido a los m\u00faltiples requerimientos que aqu\u00e9l realiz\u00f3 para que se hicieran los abonos requeridos y por los perjuicios que esta tardanza le gener\u00f3, estos argumentos, al no haber sido cuestionados en casaci\u00f3n, se mantienen inalterados y servir\u00e1n de soporte a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Finalmente, la casacionista insisti\u00f3 en la ausencia de pruebas sobre los mayores costos administrativos y las obras adicionales, por considerar que pretenden soportarse en una comunicaci\u00f3n ambigua y en la declaraci\u00f3n de parte del demandado. <\/p>\n
Sobre el primero de los aspectos es irrelevante cualquier consideraci\u00f3n, en tanto la realizaci\u00f3n de obras adicionales por parte de Jos\u00e9 Rodr\u00edguez, seg\u00fan las consideraciones del fallo confutado que no fueron criticadas, de ninguna manera lo exoneraba de cumplir con sus obligaciones dentro del plazo convenido, de all\u00ed que su demostraci\u00f3n carece de incidencia frente a la prosperidad de la resoluci\u00f3n alegada. <\/p>\n
En cuanto corresponde a los mayores costos administrativos, fruto de la demora en el pago del anticipo, existen variados instrumentos persuasivos que demuestran las dificultades que esta situaci\u00f3n gener\u00f3 sobre el peculio del convocado, como correctamente lo asever\u00f3 el ad quem: <\/p>\n
(I) En el \u00abinforme financiero\u00bb contenido en el \u00abinforme general de junio de 2012 a marzo de 2013\u00bb, elaborado por Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo, al referirse al pago del anticipo, aludi\u00f3 que \u00abpor la situaci\u00f3n de abonos y no anticipo se presentaron inconvenientes de tipo financiero, pues no habla un flujo de caja constante, pues se empezaron a presentar deudas a proveedores, falta de materiales en obra, es por esto que sin que el contrato lo mencione en ninguna de sus cl\u00e1usulas, el contratista empez\u00f3 a prestar dineros para pagar a subcontratistas y proveedores\u2026 para un valor total de $ 396.772.383,00\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 244 del cuaderno principal). <\/p>\n
(II) En el \u00abacta de suspensi\u00f3n de obra N\u00b0 01\u00bb del 3 de marzo de 2013, se se\u00f1al\u00f3 que la interrupci\u00f3n de actividades se origin\u00f3 en que \u00abno hay recursos econ\u00f3micos por parte de la entidad contratante para continuar con la ejecuci\u00f3n de la obra\u00bb, est\u00e1ndose \u00aba la espera que nuevos recursos de un cr\u00e9dito bancario se haga (sic) efectivo (sic) para poder dar reinicio a la obra\u00bb (folio 268). <\/p>\n
(III) La carta del 21 de mayo de 2013, dirigida por Jos\u00e9 Rodr\u00edguez a REII S.A.S., relat\u00f3: <\/p>\n
1. La empresa REII S.A.S debe tomar antes del 31 de mayo el contrato de celadur\u00eda, pues el contratista no se har\u00e1 m\u00e1s cargo de este, pues se debe renovar en un a\u00f1o m\u00e1s, siendo inconveniente para el contratista el renovar a su nombre este contrato\u2026 <\/p>\n
3. Otro tema que se ha comentado mediante cartas y del cual nunca he tenido respuesta es que se tengan en cuenta algunos reajustes pues se contin\u00faa trabajando con precios del a\u00f1o 2012, y algunos gastos administrativos que se presentan por el aumento en el tiempo de ejecuci\u00f3n, esto representa un desequilibrio econ\u00f3mico para el contratista, pues un contrato de 1 a\u00f1o se ha convertido en dos (2) a\u00f1os, esto por los inconvenientes de los cuales usted conoce y es responsable (folio 387). <\/p>\n
(IV) La misiva del 28 de octubre de 2013, remitida por el contratista a su contraparte negocial, puso de presente \u00abque el tiempo de ejecuci\u00f3n de estos contratos era por un periodo [de] 12 meses y se tienen en el momento 18 meses, sin que se tengan en cuenta algunos reajustes pues se contin\u00faa trabajando con precios del a\u00f1o 2012, y algunos gastos administrativos que se presentan por el aumento en el tiempo de ejecuci\u00f3n, esto representa un desequilibrio econ\u00f3mico para el contratista\u00bb (folio 420). <\/p>\n
(V) La comunicaci\u00f3n del 28 de mayo de 2014, dirigida por Jos\u00e9 Rodr\u00edguez a Atlanta C\u00eda. de Vigilancia Privada Ltda. (folio 446), demuestra que el contrato de vigilancia celebrado el 21 de junio de 2012 (folios 440 a 444) termin\u00f3 el 31 de mayo de 2014, esto es, m\u00e1s all\u00e1 del plazo inicialmente pactado de un (1) a\u00f1o. <\/p>\n
De estas pruebas, analizadas conjuntamente, se evidencia que el contratista advirti\u00f3 sobre los mayores costos que estaba asumiendo por la mora en el pago del precio, por fuerza de la extensi\u00f3n del plazo de ejecuci\u00f3n, expresados en la diferencia de precios de mercado y el aumento de costos administrativos, entre otros, la extensi\u00f3n del contrato de vigilancia por un plazo adicional. <\/p>\n
3. De todo lo expuesto dable es colegir que, ante las deficiencias t\u00e9cnicas del embate final, as\u00ed como la inexistencia e intrascendencia de los errores de juzgamiento imputados al ad quem, la prosperidad de la casaci\u00f3n decae en el vac\u00edo. <\/p>\n
En punto a la condena en costas, el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00ab[s]i no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenar\u00e1 en costas al recurrente, salvo en el caso de que la demanda de casaci\u00f3n haya suscitado una rectificaci\u00f3n doctrinaria\u00bb. <\/p>\n
Como el recurso de casaci\u00f3n no sali\u00f3 avante, procede disponer que las costas sean a cargo de la recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n por el magistrado ponente, con sujeci\u00f3n al numeral 3 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que el escrito de sustentaci\u00f3n del remedio fue replicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 13 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales – REII S.A.S. promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Mario Rodr\u00edguez Mazo. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de diez (10) s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Sobre la inconsonancia por este mismo aspecto, v\u00e9ase CSJ, SC14427-2016 y AC1385-2020. <\/p>\n
3\u0002 Jos\u00e9 Gabriel Sarmiento, Casaci\u00f3n Civil, Serie Estudios, Caracas, 1998, pp. 37-38. <\/p>\n
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SC1641-2022 (2016-00522-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC1641-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-035-2016-00522-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}