SC1643-2022 (2016-00158-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1643-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-002-2016-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por The Shopping Metal Inc. frente a la sentencia proferida el 25 de junio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 contra Aluminio Nacional S.A. \u00abAl\u00famina S.A.\u00bb, Empresa Metalmec\u00e1nica de Aluminio S.A. \u00abEmma y C\u00eda. S.A.\u00bb, Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. en liquidaci\u00f3n judicial \u00abReynolds S.A.\u00bb y Michael Gil G\u00f3mez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su reforma, la promotora solicit\u00f3, de forma principal, declarar nulas las \u00f3rdenes de compra n\u00fameros 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011, emitidas en desarrollo del contrato de suministro suscrito por las tres empresas accionadas, como contratantes \u00abconjuntas y solidarias\u00bb, con la convocante, como contratista, por incurrir en fraude a la ley al usar la figura societaria \u00abGrupo Al\u00famina\u00bb y las propias empresas para evadir el pago de los bienes. <\/p>\n
Por consecuencia, condenar a tales compa\u00f1\u00edas y a Michael Gil G\u00f3mez de forma solidaria, como su representante legal -previo levantamiento del velo corporativo-, a devolver, a t\u00edtulo de restituciones mutuas, las mercanc\u00edas vendidas o, en caso de ser imposible el retorno, pagar U$746.732,48 para el 25 de agosto de 2011, o su equivalente en pesos colombianos a la fecha del desembolso, m\u00e1s los intereses moratorios comerciales. <\/p>\n
Y como pretensiones subsidiarias reiter\u00f3 las anteriores, salvo la condena solidaria respecto de Michael Gil G\u00f3mez, la que, por ende, excluy\u00f3. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de tales pretensiones relat\u00f3, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de contrato celebrado el 20 de noviembre de 2010, The Shopping Metal Inc. se oblig\u00f3 a suministrar aluminio primario al 99.7% de pureza a las empresas convocadas, quienes se anunciaron como miembros del Grupo Al\u00famina, al punto que se denominaron en tal convenio como \u00abEL CONTRANTANTE\u00bb, que Michael Gil G\u00f3mez lo suscribi\u00f3 en nombre de las tres y que todas las negociaciones, representaci\u00f3n del grupo y \u00f3rdenes de compra las lider\u00f3 \u00e9l, como representante de Aluminio Nacional S.A. <\/p>\n
2.2. En desarrollo del contrato, el 22 de agosto de 2011 una dependiente del contratante solicit\u00f3, a trav\u00e9s de una cuenta de correo electr\u00f3nico del Grupo Al\u00famina, el suministro de 254,16 y 25,62 toneladas de aluminio con destino a Reynolds S.A., que fueron provistas por valores de U$678.352,70 y U$68.379,78, incluidos los fletes. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, desde el 17 de junio de 2011 la junta directiva de Aluminio Reynolds Santodomingo hab\u00eda decidido, seg\u00fan Acta 525, solicitar la liquidaci\u00f3n judicial de tal empresa, lo cual muestra que la contratante, a trav\u00e9s de su representante legal, Michael Gil G\u00f3mez, sab\u00eda que el valor de estos pedidos no ser\u00eda erogado, de all\u00ed que lo solicit\u00f3 con destino a Reynolds S.A.; am\u00e9n de que la aludida demanda fue radicada el 10 de octubre de 2011 -15 d\u00edas despu\u00e9s de recibido el aluminio- y admitida el 4 de noviembre siguiente, fecha \u00e9sta en que la misma junta directiva ratific\u00f3 en asamblea extraordinaria la decisi\u00f3n de 17 de junio. <\/p>\n
2.4. Para la admisi\u00f3n del proceso liquidatorio Reynolds S.A. certific\u00f3, a trav\u00e9s de su contador, que ten\u00eda deudas de m\u00e1s de 90 d\u00edas de vencidas a favor de Al\u00famina S.A. y Emma y C\u00eda. S.A., por valor superior a $24.000\u2019000.000; tambi\u00e9n reconoci\u00f3 el cr\u00e9dito de The Shopping Metal Inc., el que no ha sido saldado en tal juicio, como tampoco lo han sido las obligaciones laborales que tiene la deudora con sus trabajadores. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 la promotora que el referido actuar premeditado y de mala fe de las sociedades enjuiciadas, as\u00ed como el mal uso de la figura societaria Grupo Al\u00famina, vicia de nulidad los negocios referidos al tenor del literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso y por mandato del art\u00edculo 29 de la ley 222 de 1995; y al fungir Jos\u00e9 Eugenio Mu\u00f1oz Men\u00e9ndez y Michael Gil G\u00f3mez como integrantes de las juntas directivas y como representantes legales de las tres empresas, este \u00faltimo debe ser declarado solidariamente responsable. <\/p>\n
2.6. En adici\u00f3n, el sindicato de trabajadores de Reynolds denunci\u00f3, ante la Superintendencia de Sociedades, que desde el a\u00f1o 2008 fueron realizadas operaciones para insolventar a la empresa y proteger a sus accionistas, como la transferencia de paquetes mayoritarios de acciones a las compa\u00f1\u00edas extranjeras New Arfel LLC y Plover Investments Inc., actuales controlantes del grupo, as\u00ed como la transferencia del inmueble donde operaba Reynolds, por lo cual enfrenta un juicio por simulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez vinculados al pleito, Michael Gil G\u00f3mez, Al\u00famina S.A. y Emma y C\u00eda. S.A. se opusieron a las pretensiones y propusieron la excepci\u00f3n meritoria de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. en liquidaci\u00f3n judicial guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. La Coordinaci\u00f3n del Grupo de Jurisdicci\u00f3n Societaria II de la Superintendencia de Sociedades, una vez agotadas las fases del proceso, con sentencia de 14 de marzo de 2018 desestim\u00f3 las pretensiones, tras considerar que Al\u00famina S.A., Emma y C\u00eda. S.A. y Michael Gil G\u00f3mez no tuvieron injerencia en la compra de aluminio de que dan cuenta las \u00f3rdenes 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011, en tanto las realiz\u00f3 una dependiente de Reynolds, de acuerdo con los requerimientos de su almac\u00e9n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la mala situaci\u00f3n financiera de Reynolds S.A., conocida en el medio desde hac\u00eda m\u00e1s de 15 a\u00f1os, no implicaba la par\u00e1lisis en su operaci\u00f3n al punto que s\u00ed pag\u00f3 pedidos anteriores suministrados por la propia demandante, como tambi\u00e9n lo estaban las obligaciones laborales de aquella, por lo menos hasta cuando fue admitida en liquidaci\u00f3n judicial, tr\u00e1mite al que no compareci\u00f3 la accionante; y porque es inaplicable la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 42 de la ley 1258 de 2008 en contra de Al\u00famina S.A. y Emma y C\u00eda. S.A. como grupo societario, porque esta situaci\u00f3n f\u00e1ctica no se enmarca en tal precepto. <\/p>\n
5. Contra tal decisi\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n la promotora, se\u00f1alando que el fundamento legal de sus pretensiones es el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, no el canon 42 de la ley 1258 de 2008, menos respecto de la pretensi\u00f3n subsidiaria porque con esta no persigue el levantamiento de la personalidad jur\u00eddica, sino la declaratoria de responsabilidad directa de las tres empresas enjuiciadas para anular unas espec\u00edficas operaciones comerciales, con las consecuentes restituciones mutuas, de donde la valoraci\u00f3n del acervo probatorio igualmente fue omisiva y sesgada, lo que a rengl\u00f3n seguido describi\u00f3. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Al resolver tal alzada, con prove\u00eddo de 25 de junio de 2019, el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tras considerar, luego de memorar la regulaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica, que: <\/p>\n
1. El estrado judicial de primera instancia no err\u00f3 al interpretar las pretensiones de la accionante, pues en las principales deprec\u00f3 el levantamiento del velo corporativo para que Michael Gil G\u00f3mez y las sociedades convocadas fueran condenadas a restituir las mercanc\u00edas vendidas o pagar su valor, lo cual ratific\u00f3 en los alegatos de conclusi\u00f3n que expuso ante el juzgador a-quo, m\u00e1xime cuando tal penalidad no es aut\u00f3noma, al requerir el uso indebido del instrumento societario. <\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que aun cuando fue acreditada la existencia del grupo societario integrado por las compa\u00f1\u00edas enjuiciadas y la situaci\u00f3n de control que sobre \u00e9l ejerce New Arfel LLC, no fue demostrado acto o maniobra enga\u00f1osa concertada para desconocer el pago de las \u00f3rdenes de compra a que alude el libelo, ni que Michael Gil G\u00f3mez persiguiera un beneficio personal mediante el uso de su condici\u00f3n de representante legal de tales entes, elemento volitivo necesario para acoger el petitum. <\/p>\n
La emisi\u00f3n de las \u00f3rdenes de compra era funci\u00f3n asignada a otra empleada, no del resorte de Gil G\u00f3mez en su condici\u00f3n de Vicepresidente Financiero, seg\u00fan se desprende del texto de estos documentos y del relato de la testigo Mar\u00eda Carolina Mej\u00eda; adem\u00e1s la labor financiera de \u00e9l no denota intenci\u00f3n deshonesta porque carec\u00eda de poder decisorio para comprometer a Reynolds, y si lo tuviera tampoco era forzosa la suspensi\u00f3n de las actividades, ya que correspond\u00eda a la asamblea de accionistas; por \u00faltimo, \u00e9l no funge como socio de las entidades demandadas. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a las peticiones subsidiarias, agreg\u00f3 el tribunal, que las pruebas documentales muestran que aun cuando en la asamblea de accionistas de 17 de junio de 2011 se constat\u00f3 la mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica de Reynolds, tambi\u00e9n fueron planteadas opciones para evitar su liquidaci\u00f3n, de donde la disoluci\u00f3n s\u00f3lo era una posibilidad, al punto que fue autorizada la contrataci\u00f3n de un proveedor adicional, denominado Alcoa, para el segundo semestre del a\u00f1o 2011. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la buena fe de las encartadas y que no tuvieron comportamiento defraudador brota del propio relato del representante legal de la promotora, al reconocer que ten\u00edan v\u00ednculos desde el a\u00f1o 2008, que los anteriores suministros de mercanc\u00eda fueron saldados por las tres compa\u00f1\u00edas accionadas y que Reynolds s\u00f3lo omiti\u00f3 el pago de las \u00f3rdenes de compra n\u00fameros 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011, lo cual aparece ratificado con la declaraci\u00f3n detallada de Mar\u00eda Carolina Mej\u00eda, con el certificado aportado por las demandadas que da cuenta del flujo de ventas, con otros instrumentos que evidencian la adquisici\u00f3n por Reynolds de divisas que entreg\u00f3 como abono a la peticionaria y con correo electr\u00f3nico en el cual le manifest\u00f3 la intenci\u00f3n de cederle un cr\u00e9dito, lo que \u00e9sta no acept\u00f3. <\/p>\n
Igualmente, el estado contable de Reynolds al entrar en liquidaci\u00f3n denotaba activos por $115.978\u2019000.000, por lo que The Shopping Metal Inc. habr\u00eda colmado su cr\u00e9dito si hubiera concurrido a ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Finalmente, aun cuando pesa en contra de las sociedades convocadas la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, por no contestar oportunamente la demanda, as\u00ed como confesi\u00f3n ficta respecto de todos los demandados por sus respuestas evasivas e inconclusas en los interrogatorios de parte que absolvieron, estas pruebas son insuficientes por tratarse de presunciones legales y confesiones que admiten prueba en contrario, tal cual se desprende de la valoraci\u00f3n probatoria en conjunto precedentemente expuesta. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
1. Al amparo del segundo motivo de casaci\u00f3n consagrado en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la promotora endilga al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1603, 1746 del C\u00f3digo Civil, 871 del C\u00f3digo de Comercio y literal d) del numeral 5 del precepto 24 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, estos \u00faltimos por desconocimiento de los c\u00e1nones 96 a 97, 166 a 167, 192, 205 y 372 numeral 4 del estatuto adjetivo mencionado. <\/p>\n
2. En apoyo del reproche afirm\u00f3 la recurrente que el juzgador ad-quem cometi\u00f3 error de derecho al no aplicar plenamente la presunci\u00f3n de certeza que, conforme a los art\u00edculos 97 y 166 del C\u00f3digo General del Proceso, reca\u00eda sobre Al\u00famina S.A., Emma y C\u00eda. S.A. y Reynolds S.A. respecto de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el libelo, las dos primeras por contestarlo tard\u00edamente y la \u00faltima por no hacerlo. <\/p>\n
Otros yerros de derecho son la falta de aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de certeza prevista en el numeral 4 del art\u00edculo 372 de la misma obra respecto de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n plasmados en el escrito genitor de la contienda, en contra de Reynolds S.A., por su inasistencia injustificada a la audiencia inicial; as\u00ed como igual presunci\u00f3n prevista en el canon 205 ib\u00eddem en relaci\u00f3n con los hechos sobre los cuales versaron las preguntas asertivas dirigidas a Al\u00famina S.A. y Emma y C\u00eda. S.A. en el interrogatorio que absolvi\u00f3 su representante legal, Marino Montoya, como quiera que dio respuestas evasivas y reticentes acerca de la relaci\u00f3n crediticia por m\u00e1s de $19.000\u2019000.000 entre Al\u00famina y Reynolds que sirvi\u00f3 para la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite liquidatorio, la pertenencia de aquella al Grupo Al\u00famina, los detalles de las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011 y la precaria situaci\u00f3n financiera en que estaba Reynolds. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el tribunal no fue contundente en valorar tales confesiones, pues s\u00f3lo las insinu\u00f3 como meros principios de prueba, no obstante debi\u00f3 tener por acreditados los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda para, seguidamente, analizar si el restante acervo probatorio los desvirtuaba; m\u00e1s no proceder a calificar como probable la ocurrencia de aquellas circunstancias, pues tal inversi\u00f3n argumentativa genera el desconocimiento del aludido ordenamiento adjetivo porque sigue pesando en hombros de la demandante la carga de la prueba, cuando ya reposaba en los demandados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, por v\u00eda de reflejo, esas confesiones tienen valor de testimonio en relaci\u00f3n con el accionado Michael Gil G\u00f3mez, por mandato del art\u00edculo 192 del ordenamiento adjetivo en cita. <\/p>\n
3. As\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3, el fallo adolece de error de derecho porque omiti\u00f3 aplicar las presunciones de certeza reguladas en los art\u00edculos 96 numeral 2\u00b0 y 97 inciso 1 ejusdem, con ocasi\u00f3n de la contestaci\u00f3n deficiente que a la demanda hizo Michael Gil G\u00f3mez, y que respecto a las dem\u00e1s accionadas tiene el valor de testimonio al tenor del canon 192, en la medida en que \u00e9l respondi\u00f3 estarse a lo probado frente a los hechos de la demanda en los cuales la promotora afirm\u00f3 que Reynolds ten\u00eda pasivo laboral para la fecha de radicaci\u00f3n de su libelo liquidatorio y que enfrentaba un juicio paralelo de simulaci\u00f3n por transferir el inmueble donde operaba, que constitu\u00eda el activo m\u00e1s valioso de la empresa, aspectos que \u00e9l conoc\u00eda en su condici\u00f3n de vicepresidente financiero de las compa\u00f1\u00edas enjuiciadas. <\/p>\n
Entonces, el juzgador de \u00faltima instancia debi\u00f3 reparar en que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda Reynolds carec\u00eda de recursos para pagar sus deudas, incluidas las laborales que tienen prelaci\u00f3n legal, lo que tuvo por desvirtuado con base en estados financieros a\u00f1ejos, de los cuales extract\u00f3 que la demandante habr\u00eda obtenido la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito de haber concurrido al juicio liquidatorio. <\/p>\n
4. Igualmente constituye error de derecho por desarticular la carga de la prueba, en desmedro del art\u00edculo 167 de C\u00f3digo General del Proceso, exigir demostrar que Michael Gil G\u00f3mez obtuvo un lucro personal porque tal requisito no est\u00e1 previsto en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 de tal obra, \u00abnorma que estableci\u00f3, respecto de todos los tipos societarios, la acci\u00f3n ejercida\u00bb, como quiera que \u00abla nulidad de los actos defraudatorios y\/o la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de la sociedad y\/o el resarcimientos de los perjuicios derivados del acto defraudatorio, [solo] exige en primer lugar la utilizaci\u00f3n de la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Ahora bien, si se pretende adicionalmente trascender el principio de separaci\u00f3n patrimonial y extender los efectos de la responsabilidad a los administradores, accionistas o a empresas vinculadas integrantes de un mismo grupo econ\u00f3mico, se requiere adicionalmente acreditar que las respectivas personas naturales o jur\u00eddicas hubieren participado en o facilitado los actos defraudatorios.\u00bb <\/p>\n
En adici\u00f3n, la nulidad suplicada no necesariamente debe estar aparejada al levantamiento del velo corporativo, pues interpretaci\u00f3n contraria implicar\u00eda limitar la acci\u00f3n, por dem\u00e1s erigida en desarrollo del principio de la buena fe; pero si se persigue tal desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica puede vincularse solidariamente como responsables a los accionistas y administradores que hubiere realizado, participado o facilitado los actos colusivos, as\u00ed como a las sociedades vinculadas que est\u00e9n sometidas a control matriz, por aplicaci\u00f3n del canon 83 de la Carta Pol\u00edtica y 61 de la ley 1116 de 1996. <\/p>\n
5. As\u00ed mismo, el despacho judicial de segunda instancia err\u00f3 de hecho al tergiversar el contenido de la demanda, pues asever\u00f3 que la recurrente fragment\u00f3 su acci\u00f3n al solicitar la nulidad de las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011 desprovista de un presupuesto: la declaratoria de interposici\u00f3n jur\u00eddica de la compa\u00f1\u00eda en fraude a la ley o de terceros. No obstante, esto s\u00ed fue deprecado tanto en las pretensiones principales como en las subsidiarias, ya que inst\u00f3 proclamar que interponiendo a Reynolds como instrumento de defraudaci\u00f3n, las demandadas usaron de forma ilegal la figura del Grupo Al\u00famina. <\/p>\n
Tal falencia gener\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad pedida, supuestamente por no estar reunidos los requisitos consagrados en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando s\u00ed lo estaban. <\/p>\n
6. Tambi\u00e9n err\u00f3 de facto el fallador ad-quem porque: <\/p>\n
6.2. Tergivers\u00f3 el Acta 525 de 17 de junio de 2011 de la junta directiva de Reynolds S.A., la solicitud de apertura de esta entidad al proceso de liquidaci\u00f3n judicial y la relaci\u00f3n de compras anexa a la contestaci\u00f3n de la demanda, en tanto de la primera extract\u00f3 que tal compa\u00f1\u00eda no actu\u00f3 con intenci\u00f3n defraudadora porque busc\u00f3 opciones para evitar su liquidaci\u00f3n y adem\u00e1s autoriz\u00f3 la contrataci\u00f3n de un proveedor adicional denominado Alcoa para el segundo semestre del a\u00f1o 2011, a pesar de que tales menciones de la junta directiva no refer\u00edan a la situaci\u00f3n de Reynolds sino a las sociedades Al\u00famina S.A. y Emma y C\u00eda. S.A., de donde emerge que s\u00ed se acord\u00f3 la liquidaci\u00f3n inmediata de Reynolds por su mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica para esa fecha, al punto que la junta directiva ni siquiera analiz\u00f3 la posibilidad de reestructuraci\u00f3n o reorganizaci\u00f3n, y tambi\u00e9n evidencia que las tres entidades accionadas ten\u00edan administraci\u00f3n com\u00fan. <\/p>\n
De la segunda se desprende que, para el 28 de octubre de 2011, data de radicaci\u00f3n de la petici\u00f3n de liquidaci\u00f3n judicial, Reynolds presentaba m\u00e1s de 90 d\u00edas de haber cesado el pago de sus deudas, es decir desde el 26 de julio del mismo a\u00f1o, no desde el 4 de noviembre de 2011 cuando se admiti\u00f3 dicho juicio. <\/p>\n
Y con la tercera quedaba en evidencia que Reynolds no adquiri\u00f3 aluminio a Alcoa, pues sus \u00faltimos pedidos correspondieron a las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011 dirigidos a The Shopping Metal Inc. <\/p>\n
6.3. Pretiri\u00f3 la comunicaci\u00f3n de 26 de octubre de 2011, con la cual Reynolds justific\u00f3 ante sus proveedores la radicaci\u00f3n de su solicitud de liquidaci\u00f3n judicial, al indicar que obedeci\u00f3 a la mala situaci\u00f3n de la industria de aluminio, sin aludir a la multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio y que, seg\u00fan el Acta 525 de 17 de junio de 2011 de su junta directiva, fue la detonante final de su petici\u00f3n de liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
6.4. Deform\u00f3 los testimonios de Ra\u00fal Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Carolina Mej\u00eda, porque de estos extrajo que las sociedades demandadas actuaron de buena fe, a pesar de que el relato de las testigos aludi\u00f3 al historial de pagos anteriores a las \u00f3rdenes de compra objeto de la presente acci\u00f3n, aspecto ajeno al litigio por su temporalidad, m\u00e1xime cuando todo acto defraudador est\u00e1 precedido de un proceso de creaci\u00f3n de confianza. <\/p>\n
Convicci\u00f3n que, seg\u00fan el testigo Gonz\u00e1lez, como representante de ventas de la convocante, y Jos\u00e9 Rafael Soler, representante legal -versi\u00f3n preterida por el tribunal-, llev\u00f3 a The Shopping Metal a la convicci\u00f3n de que Al\u00famina S.A., Emma y C\u00eda. S.A. y Reynolds S.A. ten\u00edan solidez y que ejecutaban el contrato de suministro conjuntamente como Grupo Al\u00famina, conglomerado empresarial que las demandadas negaron a lo largo del juicio. <\/p>\n
De all\u00ed que la sentencia criticada tambi\u00e9n desfigur\u00f3 la prueba documental con base en la cual coligi\u00f3 que Reynolds compr\u00f3 divisas para cubrir la deuda que ten\u00eda con la demandante, porque este actuar tuvo el mismo prop\u00f3sito generador de confianza. <\/p>\n
6.5. La providencia atacada igualmente alter\u00f3 los correos electr\u00f3nicos de 4 y 11 de octubre de 2011, adem\u00e1s omiti\u00f3 los dem\u00e1s cruzados entre las partes, al absolver a Michael Gil G\u00f3mez y concluir que las convocadas actuaron de buena fe al proponer a la promotora, como pago de su acreencia, la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito con un tercero. <\/p>\n
Por el contrario, esos documentos dejan ver que The Shopping Metal fue quien busc\u00f3 acercamientos para obtener el pago; que las enjuiciadas usaron cuentas de correo electr\u00f3nico del Grupo Al\u00famina y directivos comunes reconociendo la deuda y haciendo creer a la demandante que estaba negociando con este, no con tres empresas separadas; que inicialmente Michael Gil G\u00f3mez respondi\u00f3 esas comunicaciones con evasivas y despu\u00e9s las remiti\u00f3 al \u00e1rea jur\u00eddica; que no es obligaci\u00f3n de un comerciante cambiar a un deudor conocido como grupo industrial por uno que no lo es y desconocido; que tampoco inform\u00f3 de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de Reynolds, tan calamitosa que rechazar la cesi\u00f3n implicaba dejar de recibir el pago de las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106; que las convocadas omitieron la devoluci\u00f3n del aluminio vendido a pesar de ser una opci\u00f3n v\u00e1lida; que no informaron del inminente inicio del juicio liquidatorio de Reynolds -lo que no se logra de un d\u00eda para otro- con el enga\u00f1o de que s\u00f3lo ten\u00eda problemas de caja; que Michael Gil G\u00f3mez, aun cuando no ejerciera la representaci\u00f3n legal de las accionadas, siempre estuvo al frente de todas las negociaciones derivadas del contrato de suministro. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 la recurrente que la valoraci\u00f3n correcta de esas probanzas llevaba a concluir la falta de transparencia acerca de la separaci\u00f3n patrimonial de Reynolds en la ejecuci\u00f3n del pacto de suministro. <\/p>\n
6.6. La providencia censurada tergivers\u00f3 las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106 y, de nuevo, el testimonio de Mar\u00eda Carolina Mej\u00eda, pues coligi\u00f3 que Michael Gil G\u00f3mez no intervino en la creaci\u00f3n de aquellas, pero esto no desvirt\u00faa su papel en el \u00abmontaje de la puesta en escena\u00bb que llev\u00f3 a la demandante a creer que negociaba con el Grupo Al\u00famina. <\/p>\n
6.7. Por \u00faltimo, pretiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de Michael Gil G\u00f3mez, de la cual brota que la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a Reynolds S.A. fue el principal motivo para solicitar la liquidaci\u00f3n de esta entidad, no su reorganizaci\u00f3n, sanci\u00f3n que era anterior a las \u00f3rdenes de compra 500105 y 500106, lo que en adici\u00f3n muestra que conscientemente fue trasladado a los proveedores el riesgo de solventar el pago de la multa dentro del tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n
7. Todos los anteriores errores del tribunal le impidieron acoger la sanci\u00f3n jur\u00eddica deprecada para declarar la nulidad de los actos defraudatorios, con la consecuente responsabilidad solidaria del administrador de las sociedades convocadas y de estas mismas, actos desplegados a trav\u00e9s de dos conductas consistentes en la creaci\u00f3n por las demandadas de la apariencia de integrar el Grupo Al\u00famina, quien fung\u00eda como contratante en el pacto de suministro, y el ocultamiento de la real situaci\u00f3n econ\u00f3mica de Reynolds, que estaba ad portas de un juicio liquidatorio, sigilo patrocinado por sus agentes, especialmente por Michael Gil G\u00f3mez, todo en contrav\u00eda del deber de informaci\u00f3n y del principio de la buena fe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen procesal aplicable al recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
La constituci\u00f3n de las sociedades an\u00f3nimas, de responsabilidad limitada, por acciones simplificadas, entre otras que tienen un marcado rasgo de capital, tiene como uno de sus principales prop\u00f3sitos que, al crear una persona jur\u00eddica distinta de sus socios (art. 98 C. de Co., inc. 2), se limita la responsabilidad de estos y de aquellas frente a los terceros con quienes despliega relaciones en desarrollo de su objeto social, entre otros aspectos. <\/p>\n
La concepci\u00f3n separatista de los patrimonios de la sociedad y de sus socios o accionistas, incentivo propio de la actividad empresarial, impide a los acreedores de estos, en ejercicio de su derecho de prenda general (art. 2488 C.C.), dirigirse sobre el patrimonio de la compa\u00f1\u00eda, y lo propio corresponde a los acreedores del ente por verse imposibilitados de valerse de los bienes de aquellos para satisfacer su cr\u00e9dito, en tanto \u00fanicamente pueden centrar su mirada en el acervo patrimonial de la persona deudora. <\/p>\n
Por supuesto que la aludida noci\u00f3n separatista de los patrimonios revela m\u00faltiples y valiosos beneficios1, como la disminuci\u00f3n para los socios de los costos de coadministraci\u00f3n o vigilancia de los administradores de la sociedad, porque de concebirse la extensi\u00f3n de la responsabilidad de tales personas jur\u00eddicas a sus accionistas, las cargas producidas por el albur normal de la actividad econ\u00f3mica o, incluso, la deficiente administraci\u00f3n del ente moral, irradiar\u00edan de forma directa a los socios; asimismo torna innecesaria la vigilancia de las actividades entre coasociados y de la sociedad para con ellos, pues en un sistema de responsabilidad ilimitada la insolvencia de cualquiera comporta mayor riesgo para los dem\u00e1s, ante su solidaridad y la posibilidad para los acreedores de la sociedad de perseguir a los socios y viceversa; la circulaci\u00f3n libre de las acciones en el mercado de valores incentiva a los equipos directivos a ser eficientes, por la posibilidad de verse relevados ante el ingreso de nuevos grupos inversionistas; no es necesario para conocer el valor real de una compa\u00f1\u00eda que los inversionistas tengan que asumir mayores costos, al poder extraerlo, en principio, del valor de las acciones en las condiciones del mercado; y por los factores precedentes resulta viable la diversificaci\u00f3n de inversiones de portafolio; entre muchas otras ventajas. <\/p>\n
Incluso, la separaci\u00f3n patrimonial y, por ende, la responsabilidad de la sociedad respecto de sus socios, igualmente genera m\u00e1s beneficios para los acreedores que adversidades. De lo contrario estos ser\u00edan forzados a exigir garant\u00edas al ente moral cada vez que realicen cualquier negocio; traducir\u00eda menos empresas y m\u00ednima diversificaci\u00f3n de actividades comerciales por el temor de que en cada una los socios arriesgan la totalidad de su patrimonio; y ser\u00eda en sumo m\u00e1s ardua para los acreedores la persecuci\u00f3n de los socios en aras de obtener la satisfacci\u00f3n de la deuda, en vez de conminar a la sociedad. <\/p>\n
Precisamente, la jurisprudencia constitucional sobre el punto, in extenso, razon\u00f3 que \u00ab[n]egar la garant\u00eda de la separaci\u00f3n patrimonial entre socios y sociedad es desconocer la naturaleza jur\u00eddica aut\u00f3noma de una persona moral, e implica privar a la econom\u00eda, al derecho y al Estado de la principal herramienta para fortalecer el crecimiento y el desarrollo como pilares fundamentales de la Constituci\u00f3n Econ\u00f3mica. La canalizaci\u00f3n de recursos financieros a trav\u00e9s de acciones constituye una t\u00edpica formula de inversi\u00f3n social y econ\u00f3mica. Es inversi\u00f3n econ\u00f3mica, pues los grandes capitales logran realizar importantes proyectos econ\u00f3micos en beneficio del pa\u00eds. Es inversi\u00f3n social, ya que la empresa constituye no s\u00f3lo el principal generador de empleo y bienestar, sino tambi\u00e9n el mayor contribuyente fiscal del Estado. (\u2026) En consecuencia, la inexistencia de limitaci\u00f3n de responsabilidad pondr\u00eda fin al mercado de valores, pues ser\u00eda imposible conocer el valor real de una acci\u00f3n. En efecto, ya no s\u00f3lo ser\u00eda necesario tener conocimiento acerca de la informaci\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda a la cual se pretende invertir (loable prop\u00f3sito que cumplen los estados financieros debidamente registrados), sino que tambi\u00e9n deber\u00eda estudiarse las declaraciones tributarias, las constancias de ingresos, los recursos patrimoniales, los gastos familiares y a\u00fan los personales de cada uno de los socios. Misi\u00f3n que adem\u00e1s de ser excesivamente onerosa y poco eficiente, en la pr\u00e1ctica podr\u00eda llegar a constituir una manifiesta violaci\u00f3n a la garant\u00eda constitucional de la intimidad. As\u00ed las cosas, si las personas jur\u00eddicas de riesgo limitado son pilares estructurales para el desarrollo del pa\u00eds, no admite discusi\u00f3n alguna que el hecho de asistir al desaparecimiento de sus atributos pondr\u00eda en riesgo la estabilidad y el orden econ\u00f3mico como fines esenciales del Estado, previstos tanto en el pre\u00e1mbulo como en los art\u00edculos 1\u00b0, 25, 39, 150-8, 189-24, 333 y 334 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004). <\/p>\n
2.1. Sin embargo, como el modelo asociativo puede ser empleado para abusar de los derechos propios, defraudar a terceros o a la ley, verbi gratia, con la interposici\u00f3n societaria, que ocurre cuando la asociaci\u00f3n tiene el prop\u00f3sito de servir de intermediario para realizar actos prohibidos a una persona natural o cuando el ente moral es utilizado con el prop\u00f3sito de eludir normas reguladoras del comercio, de la competencia desleal, tributaria, pol\u00edticas, entre otras, comenz\u00f3 a hablarse de la \u00abcrisis de la personalidad jur\u00eddica\u00bb2. <\/p>\n
La doctrina especializada ense\u00f1a: <\/p>\n
La sociedad an\u00f3nima, que fue instituci\u00f3n predilecta del dogmatismo positivista, que se pensara manifestaci\u00f3n directa de la libertad de asociaci\u00f3n y que se creyera que pod\u00eda servir de modelo o de explicaci\u00f3n al mismo Estado, est\u00e1 en un momento de crisis: en los distintos pa\u00edses se dictan nuevas leyes o se preparan reformas y la doctrina se muestra inquieta y dividida\u2026 <\/p>\n
Con la p\u00e9rdida de confianza en los dogmas del individualismo liberal, ha terminado tambi\u00e9n el creer en que la libertad de asociaci\u00f3n y la autonom\u00eda de la voluntad sin l\u00edmites sean siempre beneficiosas para la libertad personal y la experiencia no permite dudar de que, sin la vigilancia constante del Estado, han sido y ser\u00e1n utilizadas para despojar y esclavizar a los econ\u00f3micamente d\u00e9biles\u2026 <\/p>\n
El inter\u00e9s pr\u00e1ctico y general que ofrece la cuesti\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de la sociedad an\u00f3nima parece indudable y no menos evidente resulta su importancia desde el punto de vista de la justicia. Nada lo mostrar\u00e1 con mayor claridad que un ejemplo tomado de la jurisprudencia inglesa. Mister Salomon vendi\u00f3 su negocio a una compa\u00f1\u00eda de responsabilidad limitada, con un capital nominal de 40.000 acciones de una libra cada una, estando formada la compa\u00f1\u00eda (Salomon and Co) por el vendedor (Mr. Salomon), su mujer, una hija y cuatro hijos, cada uno de los que suscribi\u00f3 una acci\u00f3n. Despu\u00e9s se emitieron nuevas acciones (20.000) en favor de Mr. Salomon y tambi\u00e9n obligaciones especialmente garantizadas. Llegan malos negocios, la Compa\u00f1\u00eda se liquida y Mister Salomon reclama todo el activo de la Compa\u00f1\u00eda como acreedor privilegiado, no dejando nada para los dem\u00e1s, los verdaderos acreedores. Ante esta situaci\u00f3n el sentido de justicia se inclinar\u00e1 a considerar que el artificio de la sociedad no otorga inmunidad para realizar tal g\u00e9nero de maniobras\u20263 <\/p>\n
Total, las banderas de la separaci\u00f3n patrimonial y personificaci\u00f3n jur\u00eddica de los entes morales no pueden alzarse como patente de corso, con el fin de autorizar la realizaci\u00f3n de actos contrarios a m\u00e1ximas que, integradas a los sistemas jur\u00eddicos modernos, llegaron a morigerar los alcances de la autonom\u00eda privada, tales como la buena fe, la prohibici\u00f3n de abuso del derecho y la ineficacia del fraude a la ley. <\/p>\n
La Sala tiene doctrinado que: <\/p>\n
Con todo, las indudables ventajas que ostenta esta separaci\u00f3n m\u00e1s o menos absoluta de los patrimonios de los constituyentes y socios ulteriores frente al de la sociedad constituida, y cuyas bondades no hay para qu\u00e9 ponderarlas ahora, es lo cierto que el legislador ha establecido excepciones y por tanto, contempla una responsabilidad solidaria en casos espec\u00edficos que alcanzan tanto a socios como a administradores\u2026 <\/p>\n
No obstante, con el prop\u00f3sito de defraudar al fisco, a empleados y a terceros, de esa personificaci\u00f3n jur\u00eddica se abus\u00f3, fen\u00f3meno experimentado en las m\u00e1s diversas latitudes, y cuya consecuencia fue la reacci\u00f3n del legislador y la jurisprudencia de numerosos Estados, para prevenir, frenar y buscar indemnizar los perjuicios irrogados. Se ech\u00f3 mano de figuras ya decantadas como la del abuso del derecho, la simulaci\u00f3n, la buena fe, y a\u00fan del postulado general del neminen laedere, entre nosotros consagrado en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil (SC2837, 25 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2001-00115-01). <\/p>\n
2.2. Rem\u00e1rcase, como el dispositivo de separaci\u00f3n patrimonial entre la sociedad y sus asociados o accionistas no puede convertirse en suced\u00e1neo de fraudes, ya que el ente empresarial despliega sus actividades erigido en el principio de la buena fe (art. 83 C.P., 1603 C.C. y 871 C. de Co.), no para disfrazar actividades fraudulentas, ni para prop\u00f3sito distinto para el que fue creado conforme a sus estatutos (art. 99 C. de Co.), entre otros eventos, en el ordenamiento jur\u00eddico floreci\u00f3 a t\u00edtulo exceptivo a la regla general de la separaci\u00f3n patrimonial y consecuente limitaci\u00f3n de responsabilidades entre los socios y la entidad de capitales (art. 252 C. de Co.)4, la figura de la \u00abdesestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de la sociedad\u00bb, tambi\u00e9n denominada levantamiento del velo corporativo, entre otros. Bien se ha dicho que la \u00abfalta de lealtad respecto a un acto o una conducta debe ser sancionada con la desestimaci\u00f3n\u00bb5. <\/p>\n
Consiste en el desconocimiento, por v\u00eda judicial, del sistema de separaci\u00f3n patrimonial surgido con ocasi\u00f3n de la constituci\u00f3n regular del ente mercantil, para hacer responsable patrimonialmente a alguno o algunos de sus socios o accionistas, a los administradores o a quienes se beneficiaron de un determinado acto fraudulento, de las obligaciones derivadas de este, as\u00ed como de cualquier da\u00f1o causado a terceros. <\/p>\n
Sobre tal instituto la Corte Constitucional doctrin\u00f3 que \u00ablas personas asociadas no pueden ser llamadas a responder por el beneficio o lucro que reporten de la explotaci\u00f3n de una actividad l\u00edcita, pues el supuesto del cual depende la existencia de la responsabilidad es la comisi\u00f3n de un da\u00f1o sobre los derechos de los dem\u00e1s. En este orden de ideas, cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el prop\u00f3sito de lograr un fin constitucional v\u00e1lido, sino con la intenci\u00f3n de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jur\u00eddico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuaci\u00f3n maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un da\u00f1o para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitaci\u00f3n de la responsabilidad y exigir de los socios la reparaci\u00f3n del da\u00f1o acontecido.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004). <\/p>\n
Y en la misma providencia refiri\u00f3 que \u00ab[e]stas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teor\u00eda del levantamiento del velo corporativo o \u2018disregard of the legal entity\u2019 o \u2018piercing the corporate veil\u2019 cuya finalidad es desconocer la limitaci\u00f3n de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilizaci\u00f3n defraudatoria del beneficio de la separaci\u00f3n. Al respecto, ha sostenido la doctrina: \u201cEl ente herm\u00e9tico se abre siempre que surja o se perciba un asomo de mala fe, fraude, abuso del derecho o simulaci\u00f3n. As\u00ed mismo cuando se forma para burlar el ordenamiento jur\u00eddico, o si despu\u00e9s de constituida con arreglo a la ley se desv\u00eda de su finalidad, o la persona es utilizada para actos o prop\u00f3sitos il\u00edcitos, se configura el ejercicio anormal de un derecho que merece correctivos para que no persista el abuso\u201d\u00bb. (Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004). <\/p>\n
2.3. Los casos prototipo de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica est\u00e1n vinculados a la utilizaci\u00f3n de la sociedad para transgredir una disposici\u00f3n legal, causar perjuicios o evadir obligaciones contractuales, por un comportamiento atribuible a los socios o a los administradores, tales como -aunque sin \u00e1nimo de exhaustividad-: <\/p>\n
I) La instrumentalizaci\u00f3n de una filial por parte del controlador, con el fin de realizar prop\u00f3sitos que \u00fanicamente interesan a la \u00faltima. Significa que el ente moral se vuelve un utensilio del socio con mayor poder econ\u00f3mico o pol\u00edtico, quien lo emplea para satisfacer sus necesidades individuales, sin consideraci\u00f3n a su propia personificaci\u00f3n. <\/p>\n
Desde hace a\u00f1os se admite que \u00abhay evidencia de una tendencia general a desconocer la separaci\u00f3n patrimonial de las compa\u00f1\u00edas dentro de un grupo, para mirar en su lugar a la entidad econ\u00f3mica de todo el grupo\u2026 Este sucede especialmente cuando una empresa matriz posee todas las acciones de las subsidiarias, de modo que puede controlar cada movimiento de las subsidiarias. Estas subsidiarias est\u00e1n atadas de pies y manos a la empresa matriz y deben hacer exactamente lo que la empresa matriz dice\u00bb6. <\/p>\n
II) La administraci\u00f3n de la sociedad en transgresi\u00f3n de las formalidades legales y estatutarias; huelga decirlo, la realizaci\u00f3n del objeto social en conculcaci\u00f3n directa del ordenamiento que rige a la sociedad, siempre que este proceder se haga de forma dolosa o para satisfacer un inter\u00e9s que es propio de los asociados. <\/p>\n
Famoso el caso Hibernia Insurance Company v. St. Louis & New Orleans Trans. Co, en el que no fue permitido a los accionistas de una corporaci\u00f3n transferir los activos a una nueva, sin pagar las deudas sociales de la anterior7. <\/p>\n
III) Confusi\u00f3n de patrimonios y negocios entre la sociedad y todos o algunos de socios; esto es, una intercomunicaci\u00f3n patrimonial y\/u operacional que dificulta distinguir entre los bienes de los aportes de capital y los del ente moral, al punto de comportarse como unidad. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoce la jurisprudencia for\u00e1nea: <\/p>\n
La ley permite la creaci\u00f3n de una empresa con diversos prop\u00f3sitos y permitiendo que los propietarios escapen a la responsabilidad personal (ver, por ejemplo, Bartle v. Home Owners Co-op., 309 N. Y. 103, 106) pero, obviamente, este privilegio no est\u00e1 exento de l\u00edmites. En t\u00e9rminos generales, los tribunales desestiman la forma corporativa o, para usar la terminolog\u00eda aceptada, \u201clevantar\u00e1n el velo corporativo\u201d, siempre que sea necesario \u201cpara prevenir el fraude o lograr equidad\u201d. (International Aircraft Trading Co. v. Manufacturers TrustCo., 297 N. Y. 285, 292.) Al determinar si la responsabilidad debe extenderse para alcanzar activos m\u00e1s all\u00e1 de los que pertenecen a la sociedad, nos guiamos, como se\u00f1al\u00f3 el juez Cardozo, por las \u201creglas generales de agencia\u201d. (Berkey v. Third Ave. Ry. Co., 244N. Y. 84, 95.) En otras palabras, siempre que alguien use el control de la sociedad para promover su propio negocio en lugar de los negocios de la aqu\u00e9lla, ser\u00e1 responsable por los actos de la corporaci\u00f3n\u2026 (Rapid Tr. Subway Constr.Co. v. City of New York, 259 N. Y. 472, 488.) Dicha responsabilidad, adem\u00e1s, se extiende no solo a las transacciones comerciales de la corporaci\u00f3n (ver, por ejemplo, Natelson v. A. B. L. Holding Co., 260 N.Y. 233; Quaid v. Ratkowsky, 224 N. Y. 624; Luckenbach S.S. Co. v. Grace & Co., 267 F. 676, 681, cert. den. 254 U. S. 644; Weisser v. Mursam Shoe Corp., 127 F. 2d 344 ) sino tambi\u00e9n a sus actos negligentes. (Ver Berkey v. Third Ave. Ry. Co., 244 N. Y. 84, supra; Gerard v. Simpson, 252 App. Div. 340, mot. for lv. to app. den. 276 N. Y. 687; Mangan v. TerminalTransp. System, 247 App. Div. 853 mot. for lv. to app. den.272 N. Y. 676.)8. <\/p>\n
IV) Fraude a socios o acreedores, como cuando la sociedad es usada para evadir el cumplimiento de obligaciones, responsabilidades, disimular bienes, burlar intereses del fisco, servir de testaferro, etc. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n se producir\u00e1, por ejemplo, \u00abcuando dos personas se comprometen frente a una tercera a no realizar actos similares frente a otras personas; pero para evitar tal compromiso los dos primeros constituyen una sociedad a fin de que se realicen los actos que a los socios est\u00e1n impedidos a t\u00edtulo personal\u00bb9. <\/p>\n
V) Infracapitalizaci\u00f3n de la sociedad, que ocurre cuando la sociedad se crea sin el capital razonablemente requerido para desarrollar el objeto social propuesto. <\/p>\n
No en vano se tiene dicho que \u00ab[l]a creaci\u00f3n de una sociedad con responsabilidad limitada, como la sociedad an\u00f3nima, se basa en la dotaci\u00f3n por parte de los socios de capital suficiente y adecuado al objeto social, es decir, se debe mantener en la empresa un equilibrio razonable entre recursos propios y recursos ajenos, los socios absorben una cantidad de riesgo razonable, en relaci\u00f3n con las actividades de la sociedad de que se trate\u00bb; por ende, \u00ab[s]i se quiere mantener, por los socios, una responsabilidad limitada, deber\u00e1n dotar a la sociedad del capital suficiente\u00bb10. <\/p>\n
Para recapitular, en respuesta a la necesidad de evitar que las sociedades se utilicen de forma contraria a su raz\u00f3n de ser, como es desarrollar una actividad productiva, el ordenamiento patrio regul\u00f3 distintas modalidades de desestimaci\u00f3n de su personalidad jur\u00eddica, como facultad concedida a las autoridades judiciales para soslayar la separaci\u00f3n patrimonial que es connatural a las sociedades de capital -y asimiladas- frente a sus socios, con el fin de hacer responsables a \u00e9stos de los actos de aqu\u00e9llas, todo en aras de proteger a las personas defraudadas o afectadas. <\/p>\n
2.4. Nuestro pa\u00eds ha avanzado en la senda antes descrita por medio de diversas normas que, de forma progresiva, han reconocido la viabilidad de desestimar la personalidad jur\u00eddica de las sociedades. <\/p>\n
2.4.1. El primer antecedente legislativo expreso se encuentra en materia de empresas unipersonales, por medio de la ley 222 de 1995, contentiva de la reforma al r\u00e9gimen societario, que en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 71 consagr\u00f3 que: <\/p>\n
Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responder\u00e1n solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. <\/p>\n
Se trata de acci\u00f3n establecida a favor de toda persona que se haya visto perjudicada -legitimada por activa- y en contra del titular de las cuotas de capital as\u00ed como de los administradores que realizaron, participaron o facilitaron cualquier fraude -quienes ser\u00e1n los sujetos pasivos-, dirigida \u00fanicamente a obtener la declaraci\u00f3n de responsabilidad solidaria de dichos convocados con la empresa unipersonal en el pago de las obligaciones incumplidas por esta y de los da\u00f1os causados, si los hubiere. <\/p>\n
2.4.2. La misma compilaci\u00f3n legal regul\u00f3 en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 148 que, trat\u00e1ndose de empresas sometidas a juicio concursal, <\/p>\n
Cuando la situaci\u00f3n de concordato o de liquidaci\u00f3n obligatoria haya sido producida por causa o con ocasi\u00f3n de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinaci\u00f3n y en inter\u00e9s de \u00e9sta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responder\u00e1 en forma subsidiaria por las obligaciones de aqu\u00e9lla. Se presumir\u00e1 que la sociedad se encuentra en esta situaci\u00f3n concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, seg\u00fan sea el caso, demuestren que \u00e9sta fue ocasionada por una causa diferente. <\/p>\n
Este arquetipo de levantamiento del velo corporativo hizo responsable de forma subsidiaria a la sociedad matriz o controlante por la insolvencia de su subordinada, causada con las decisiones de aquella para su beneficio o el que cualquiera otra subordinada. <\/p>\n
Aunque tal dispositivo fue derogado expresamente por el art\u00edculo 126 de la ley 1116 de 2006, este nuevo ordenamiento reprodujo el instituto en su art\u00edculo 61, aunque ampliando la causa a actuaciones de la propia empresa subordinada en beneficio de la controlante o de otras subordinadas y sin que sea necesario acto fraudulento alguno. <\/p>\n
Art\u00edculo 61. De los controlantes. Cuando la situaci\u00f3n de insolvencia o de liquidaci\u00f3n judicial, haya sido producida por causa o con ocasi\u00f3n de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinaci\u00f3n y en inter\u00e9s de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganizaci\u00f3n o proceso de liquidaci\u00f3n judicial, la matriz o controlante responder\u00e1 en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumir\u00e1 que la sociedad est\u00e1 en esta situaci\u00f3n concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, seg\u00fan el caso, demuestren que esta fue ocasionada por una causa diferente. <\/p>\n
Cual se desprende del aludido precepto legal, se trata de una acci\u00f3n vinculada al juicio concursal, en virtud de la que se pretende veredicto de condena en contra de la compa\u00f1\u00eda matriz, controlante o de algunas de sus subordinadas -por ende legitimadas por pasiva-, al pago de las obligaciones insolutas de otra subordinada o controlada actualmente sometida a juicio de liquidaci\u00f3n judicial -consecuencia jur\u00eddica-, porque las decisiones de aquellas, directa o indirectamente, generaron la situaci\u00f3n de insolvencia o liquidaci\u00f3n al dar prevalencia a los intereses de aquellas \u2013situaci\u00f3n f\u00e1ctica-. <\/p>\n
Y como la condena en contra de la matriz, controlada o subordinada enjuiciada opera de forma subsidiaria -de donde la legitimaci\u00f3n por activa la ostentan los acreedores reconocidos en el proceso concursal-, es presupuesto adicional que habilite el fallo estimatorio acreditar que el patrimonio de la sociedad concursada es insuficiente para cubrir sus pasivos. <\/p>\n
2.4.3. Enfocada en los procesos concursales, la ley 222 de 1995 regul\u00f3 en su art\u00edculo 207 que los socios pagar\u00edan, en subsidio de la sociedad y en proporci\u00f3n de los derechos de cada uno en el ente moral, los cr\u00e9ditos del pasivo externo que no alcanzaren a ser cubiertos con el patrimonio de la empresa en liquidaci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n de que los socios emplearon a la sociedad para defraudar a los acreedores, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Cuando los bienes de la liquidaci\u00f3n sean insuficientes para cubrir el total de los cr\u00e9ditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, ser\u00e1n responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporci\u00f3n a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deber\u00e1 promoverse por el acreedor respectivo y se tramitar\u00e1 por el proceso ordinario. <\/p>\n
La responsabilidad aqu\u00ed establecida se har\u00e1 exigible sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar y sin consideraci\u00f3n al tipo societario. <\/p>\n
La ley 1116 de 2006 igualmente derog\u00f3 este mecanismo, pero lo reiter\u00f3 en su numeral 8 del art\u00edculo 49, ampliando como sujetos pasivos a los administradores de la sociedad y a sus controlantes, al se\u00f1alar que \u00ab[s]i el juez del concurso verifica previamente que el deudor no cumple con sus deberes legales, especialmente en cuanto a llevar la contabilidad regular de sus negocios, conforme a las leyes vigentes, podr\u00e1 ordenar la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del ente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 225 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio, caso en el cual los acreedores podr\u00e1n demandar la responsabilidad subsidiaria de los administradores, socios o controlantes.\u00bb <\/p>\n
Al igual que la herramienta inmediatamente anterior, fue consagrado un remedio procesal a favor de los acreedores reconocidos en el juicio concursal -legitimaci\u00f3n por activa- y en contra de los administradores, socios o controlantes de la entidad mercantil sometida a liquidaci\u00f3n -legitimaci\u00f3n por pasiva-, para que estos sean condenados al pago de las acreencias insolutas de forma subsidiaria, bastando el incumplimiento de los deberes legales de dichos accionados, como el de llevar la contabilidad regular de la entidad, es decir, sin que sea necesario acto defraudatorio alguno, en tanto s\u00f3lo es requerido el desacato a sus obligaciones profesionales. <\/p>\n
De la misma forma, es menester que el patrimonio de la sociedad concursada sea insuficiente para cubrir sus pasivos. <\/p>\n
2.4.4. Este nuevo R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial, instituido con la Ley 1116 de 2006, previ\u00f3 una nueva modalidad de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica, al concebir, respecto de las empresas en proceso de liquidaci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de sus socios, administradores, revisores fiscales y empleados que cometieron conductas culposas o dolosas generadoras de la disminuci\u00f3n de la prenda com\u00fan de los acreedores, de pagar el pasivo externo faltante: <\/p>\n
Art\u00edculo 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados. Cuando la prenda com\u00fan de los acreedores sea desmejorada con ocasi\u00f3n de conductas, dolosas o culposas de los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados, los mismos ser\u00e1n responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo. <\/p>\n
No estar\u00e1n sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido conocimiento de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos, ser\u00e1 presumida la culpa del interviniente. <\/p>\n
Igualmente, ser\u00e1n tenidas por no escritas las cl\u00e1usulas contractuales que tiendan a absolver a los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. <\/p>\n
Si el administrador es persona jur\u00eddica, la responsabilidad ser\u00e1 de ella y de quien act\u00fae como su representante legal. <\/p>\n
La demanda deber\u00e1 proponerse por cualquier acreedor de la deudora y ser\u00e1 tramitada por el proceso abreviado regulado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ante el juez del concurso, seg\u00fan sea el caso en uso de facultades jurisdiccionales y en tr\u00e1mite independiente al de la insolvencia, el cual no ser\u00e1 suspendido. <\/p>\n
La responsabilidad aqu\u00ed establecida ser\u00e1 exigible sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones a que haya lugar y sin consideraci\u00f3n al tipo societario. <\/p>\n
Para esta Corte, del canon normativo inmediatamente anterior se desprenden como presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n: I) el adelantamiento de un juicio de liquidaci\u00f3n judicial de una entidad de \u00edndole mercantil; II) la existencia de conductas dolosas o culposas de sus socios, administradores, revisores fiscales o empleados; III) que estas conductas hubieren generado la disminuci\u00f3n de la prenda general de los acreedores reconocidos en tal tr\u00e1mite; IV) y que los activos de la sociedad se muestren insuficientes para saldar el pasivo externo. <\/p>\n
Por contera, sujeto activo de esta pretensi\u00f3n ser\u00e1 cualquier acreedor externo reconocido en el juicio concursal, al paso que sujetos pasivos pueden ser los socios del ente moral, los administradores, revisores fiscales o empleados; y la responsabilidad de marras seguir\u00e1 siendo subsidiaria, como es la prevista en los art\u00edculos 49 numeral 8 y 61 de la aludida compilaci\u00f3n legal, por lo cual necesario es demostrar el estado de merma del patrimonio objeto de distribuci\u00f3n para el buen suceso del petitum. <\/p>\n
2.4.5. La ley 1258 de 2008, por medio de la cual fue creada la sociedad por acciones simplificada, ide\u00f3 que cuando el ente sea utilizado \u00aben fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responder\u00e1n solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.\u00bb (Art. 42). <\/p>\n
El avance de esta regulaci\u00f3n resulta innegable, en raz\u00f3n a que, aun cuando acotado al nuevo tipo societario, no supedit\u00f3 el levantamiento del velo corporativo al proceso liquidatorio de la sociedad, ni lo previ\u00f3 como soluci\u00f3n subsidiaria tras la imposibilidad de cubrimiento de sus pasivos externos, sino que lo concibi\u00f3 respecto de cualquiera de sus operaciones, lo extendi\u00f3 para obtener el pago de perjuicios e hizo solidariamente responsables de dichos desembolsos a los accionistas y administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos colusorios. <\/p>\n
En efecto, no se limit\u00f3 el ordenamiento a regular el levantamiento del velo corporativo para cuando la compa\u00f1\u00eda es creada con fines ilusorios, en raz\u00f3n a que tambi\u00e9n extendi\u00f3 su campo de acci\u00f3n para aquellos eventos en los cuales, a pesar de que la empresa naci\u00f3 con fines leg\u00edtimos, es empleada en un negocio jur\u00eddico torticero. <\/p>\n
En este orden, se vislumbran como requisitos de este mecanismo de defensa judicial: I) La utilizaci\u00f3n de la sociedad para ejecutar negocios jur\u00eddicos defraudatorios; II) y, que este acto genere perjuicios para cualquier tercero, concepto que involucra, en su sentido m\u00e1s amplio, a todo afectado, incluido el propio Estado. <\/p>\n
Y como consecuencia de dicha concurrencia la condena ir\u00e1 dirigida en contra de los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos an\u00f3malos, representada en el pago solidario de las obligaciones contra\u00eddas por la sociedad, as\u00ed como los perjuicios causados, evidenci\u00e1ndose que estar\u00e1n legitimados para incoar la petici\u00f3n esos terceros que vieron menoscabados sus derechos. <\/p>\n
2.4.6. Igualmente, esta Corte por v\u00eda jurisprudencial en pret\u00e9rita oportunidad sent\u00f3, fundada en principios como la buena fe, la prohibici\u00f3n que pesa sobre toda persona de evitar el abuso de sus prerrogativas y aquella m\u00e1xima seg\u00fan la cual toda consecuencia de un acto fraudulento es as\u00ed mismo falaz, la posibilidad de develar el velo corporativo para castigar actos perversos o malignos de los asociados, ejecutados mediante la creaci\u00f3n o el uso de un ente moral. <\/p>\n
As\u00ed lo refiri\u00f3 la Sala al indicar que: <\/p>\n
Con todo, m\u00e1ximas como la buena fe, la prohibici\u00f3n del abuso del derecho y fraus omnia corrumpit (el fraude todo lo corrompe), que integran el basamento del derecho privado nacional, permiten que, en dem\u00e9rito de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades, se castiguen los comportamientos maliciosos, torticeros o fraudulentos de los asociados, en tanto el d\u00e9bito resarcitorio nace de manera individual y sin que puedan excusarse los responsables en la existencia de un ente que fue creado o utilizado para estos fines\u2026 <\/p>\n
Mas, aun cuando pareciera redundante, resultaba garantista y seguro establecer de manera tipificada y aut\u00f3noma un instituto, ya de viejo cu\u00f1o en otros pa\u00edses, que permitiese levantar el velo corporativo, esto es, de descorrer, descubrir, allanar, desestimar la personalidad interpuesta y en fin, considerar inoponible la personalidad jur\u00eddica con el solo prop\u00f3sito de atribuir responsabilidades espec\u00edficas a los socios, buscar la ineficacia del negocio jur\u00eddico por raz\u00f3n de su simulaci\u00f3n, nulidad, inoponibilidad, abuso, fraude, entre otras consecuencias\u2026 (CSJ SC 2476 de 2019, rad. 2014-01635). <\/p>\n
2.4.7. Debido a la necesidad de ampliar tal regulaci\u00f3n a los dem\u00e1s tipos societarios, la ley 1564 de 2012, a trav\u00e9s de la cual se expidi\u00f3 el C\u00f3digo General del Proceso y se dictaron otras disposiciones, consagr\u00f3 en el literal d) del numeral 5 de su art\u00edculo 24 que la Superintendencia de Sociedades tendr\u00e1 facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a: \u00ab[l]a declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades sometidas a su supervisi\u00f3n, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicios de terceros, (sic) [L]os accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responder\u00e1n solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. As\u00ed mismo, conocer\u00e1 de la acci\u00f3n indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.\u00bb (Resaltado impropio). <\/p>\n
A pesar de que tal disposici\u00f3n est\u00e1 contenida en una compilaci\u00f3n legal de indudable connotaci\u00f3n procesal, como es el C\u00f3digo General del Proceso, el car\u00e1cter sustancial del aparte intermedio del literal de marras resulta innegable, en la medida en que a una situaci\u00f3n espec\u00edfica -como es el uso de la sociedad sometida a supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades para cometer actos contrarios a la ley o en perjuicio de terceros- atribuy\u00f3 una consecuencia jur\u00eddica determinada, esto es el levantamiento del velo corporativo para hacer extensiva la responsabilidad -de forma solidaria- por las obligaciones de all\u00ed derivadas, con respecto a los accionistas y administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto tiene sentado la doctrina de esta Corporaci\u00f3n que tienen tal connotaci\u00f3n aquellas normas que a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica espec\u00edfica dan una consecuencia tambi\u00e9n concreta, esto es, declaran, crean, modifican o extinguen la relaci\u00f3n jur\u00eddica que media entre los intervinientes, al decir \u00abque por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica\u2026\u00bb (CSJ AC de 18 nov. 2010, rad. 2002-00007). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Seg\u00fan se desprende de la precedente y breve reconstrucci\u00f3n normativa en materia mercantil, la declaraci\u00f3n de nulidad de las \u00f3rdenes de compra n\u00fameros 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011, as\u00ed como la consecuente desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de los convocados, deprecadas con base en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, resulta aplicable a partir de la entrada en vigencia de tal ordenamiento adjetivo, el cual fue expedido a trav\u00e9s de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, publicada en el Diario Oficial 48489, pues por mandato del numeral 1 de su art\u00edculo 627, \u00ab[l]os art\u00edculos 24, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrar\u00e1n a regir a partir de la promulgaci\u00f3n de esta ley.\u00bb <\/p>\n
Traduce esto que el instituto de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica societaria invocado por la demandante y consagrado en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, entr\u00f3 a regir a partir del 12 de julio de 2012. <\/p>\n
Recu\u00e9rdase, porque viene al caso, que la regla general en materia de aplicabilidad de la ley en el tiempo es su irretroactividad, por mandato del art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, a cuyo tenor \u00abla propiedad y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles [\u2026] no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u2026\u00bb; en concordancia con el canon 29 de la misma obra, seg\u00fan el cual \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb (inc. 2, C.P.). <\/p>\n
Por consecuencia, la Corte colige la inaplicabilidad del mandato legal invocado en el sub-examine, por ser posterior y no gobernar la controversia, al margen de lo deprecado por la demandante con insistencia en las instancias del juicio as\u00ed como en sede extraordinaria, habida cuenta que los hechos genitores de la contienda ocurrieron en el a\u00f1o 2011, como abreva del relato factual plasmado en el libelo. <\/p>\n
En efecto, The Shopping Metal Inc. pidi\u00f3 la nulidad de las \u00f3rdenes de compra n\u00fameros 500105 y 500106 de 22 de agosto de 2011, porque desde el 17 de junio de ese mismo a\u00f1o la junta directiva de Aluminio Reynolds Santodomingo hab\u00eda decidido, seg\u00fan Acta 525, solicitar la liquidaci\u00f3n judicial de tal empresa, lo cual concret\u00f3 al radicar esta demanda ante la Superintendencia de Sociedades el 10 de octubre de 2011 -15 d\u00edas despu\u00e9s de recibido el aluminio- y ese libelo fue admitido el 4 de noviembre siguiente, fecha en que la misma junta directiva ratific\u00f3 en asamblea extraordinaria la decisi\u00f3n de 17 de junio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, di\u00e1fano surge que los hechos juzgados a petici\u00f3n de The Shopping Metal son anteriores al surgimiento de la consecuencia implorada, temporalidad que imped\u00eda e impide la prosperidad de las pretensiones de la promotora. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la censura bajo estudio carece de la trascendencia necesaria para que esta Corporaci\u00f3n acceda al recurso extraordinario, pues a\u00fan de concluir que el tribunal cometi\u00f3 los errores probatorios alegados, la Corte situada en sede de instancia no podr\u00eda acceder a las peticiones de la accionante, tema sobre el cual ha expresado que: <\/p>\n
A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, tiene establecido la jurisprudencia vern\u00e1cula de la Corte que dicho medio de impugnaci\u00f3n, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores en la apreciaci\u00f3n probatoria, resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia m\u00e1s en la que pueda intentarse una aproximaci\u00f3n al litigio, de suerte que, trat\u00e1ndose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, ser\u00e1 necesario que el recurrente demuestre, si de error de hecho se trata, no s\u00f3lo que la equivocaci\u00f3n es manifiesta, abultada o evidente, es decir, que \u201cpuede detectarse a simple golpe de vista, tanto que para descubrirlo no se exigen mayores esfuerzos o razonamientos, bastando el cotejo de las conclusiones de hecho a que llega el sentenciador y lo que las pruebas muestren\u201d (cas. civ. de 2001; exp. 6347), sino que tambi\u00e9n es trascendente, \u201cesto es, influyente o determinante de la decisi\u00f3n ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, seg\u00fan lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ning\u00fan efecto pr\u00e1ctico producir\u00eda\u201d (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo que, en esa hip\u00f3tesis, no se ver\u00eda lesionado. (CSJ S-158 de 2001, rad. n\u00ba 5993, resaltado impropio). <\/p>\n
En suma, aun cuando el tribunal de segunda instancia hubiera cometido los errores en la valoraci\u00f3n probatoria a \u00e9l endilgados a trav\u00e9s del presente mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n, lo cierto es que la nulidad deprecada con sus consecuentes condenas estaba conminada al fracaso, en raz\u00f3n a que el ordenamiento jur\u00eddico sustancial que prev\u00e9 tal efecto, seg\u00fan la demanda de casaci\u00f3n y sobre el cual fue erigido el petitum, resulta inaplicable al caso de autos, por surtir efectos temporales con posterioridad a la ocurrencia de los hechos auscultados. <\/p>\n
3.2. Aunque los precedentes razonamientos bastan para desestimar el reproche de que se trata, en adici\u00f3n la Sala observa que el embate carece de claridad en la medida en que, seg\u00fan se anot\u00f3 en esta providencia, las diversas regulaciones adoptadas en nuestra legislaci\u00f3n mercantil para instituir el levantamiento del velo corporativo poseen marcadas diferencias, en materia de legitimaci\u00f3n activa y pasiva, requisitos axiol\u00f3gicos, temporalidad, entre otros aspectos. <\/p>\n
Sin embargo, el reproche casacional amalgama la nulidad y la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica deprecadas con base en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, con la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica -que consagra el principio de la buena fe-, as\u00ed como respecto del precepto 61 de la ley 1116 de 1996 \u2013que prev\u00e9 la responsabilidad de los controlantes en la incursi\u00f3n de una entidad en situaci\u00f3n de insolvencia o liquidaci\u00f3n judicial-. <\/p>\n
Es decir, el cargo yuxtapone diversas modalidades levantamiento del velo corporativo, cual si se tratara de una totalizadora, sin siquiera explicar por qu\u00e9 ser\u00eda viable esa uni\u00f3n, o si se trata de la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n legal o, por el contrario, es consecuencia indemnizatoria fruto del da\u00f1o o del abuso del derecho. Tampoco argumenta si en esta oportunidad est\u00e1 acudiendo a la aplicaci\u00f3n de principios generales del derecho tras al desconocimiento de reglas de legalidad, m\u00e1xime cuando a lo largo del litigio la demandante invoc\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica erigida en el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso y el canon 29 de la ley 222 de 1995, al punto que en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n radicada contra el fallo de primera instancia reiter\u00f3 que era aquel precepto el pilar fundamental de sus s\u00faplicas. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el embate casacional est\u00e1 ayuno de claridad para intentar el empleo de la supuesta sanci\u00f3n de nulidad solicitada con base en otra regla o principio de derecho diversa a la invocada en las instancias del litigio. <\/p>\n
Por ende, el cuestionamiento resulta obscuro, aspecto sobre el cual ha sido enf\u00e1tica la Corte en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u2026 las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
Lo considerado traduce que el reproche no es de recibo, al estar vedado para la Corte suplir esta falencia en virtud del principio dispositivo que rige este mecanismo extraordinario de defensa. <\/p>\n
Dest\u00e1case, sobre estos aspectos, que los errores de hecho y de derecho en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio, con virtualidad de ocasionar el quiebre de una sentencia de instancia por v\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, exigen que esas falencias llevaran al juzgador a obtener conclusiones probatorias manifiestamente equivocadas; y que como consecuencia vulner\u00f3, como m\u00ednimo, una norma sustancial que haya sido, o debido ser, base esencial de la providencia recurrida, presupuesto \u00e9ste que en el sub lite aparece incumplido, en tanto que el literal d) del numeral 5 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso es atemporal al caso y la supuesta conculcaci\u00f3n de otros preceptos sustanciales no fue desarrollada de manera clara. <\/p>\n
Por supuesto que trat\u00e1ndose las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, que aluden a la violaci\u00f3n de la ley sustancial, la disposici\u00f3n invocada ser\u00e1 la que determine el reconocimiento o no del derecho en disputa, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de la norma presuntamente vulnerada en los t\u00e9rminos indicados a espacio es imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada, falencia que bastar\u00eda para desestimar el cargo en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
4. Total, la decisi\u00f3n del tribunal, cuestionada por esta v\u00eda extraordinaria, no vulner\u00f3 el ordenamiento sustancial invocado en el \u00fanico cargo de la demanda de casaci\u00f3n, por lo que este reproche es impr\u00f3spero. <\/p>\n
5. De todo lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que Michael Gil G\u00f3mez y Al\u00famina S.A. replicaron la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: NO CASAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 The Shopping Metal Inc. contra Aluminio Nacional S.A. \u00abAl\u00famina S.A.\u00bb, Empresa Metalmec\u00e1nica de Aluminio S.A. \u00abEmma y C\u00eda. S.A.\u00bb, Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. en liquidaci\u00f3n judicial \u00abReynolds S.A.\u00bb y Michael Gil G\u00f3mez. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la recurrente en casaci\u00f3n y a favor de Michael Gil G\u00f3mez y Al\u00famina S.A. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 ib\u00eddem, incluyendo por concepto de agencias en derecho en casaci\u00f3n la suma de $6\u2019000.000 que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Tercero: Reconocer personer\u00eda a Tamayo Jaramillo y Asociados S.A.S. como apoderada judicial de Michael Gil G\u00f3mez y Al\u00famina S.A. <\/p>\n
En firme esta providencia, vuelva el proceso al despacho de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Easterbrook, F.H., & Fischel, D.R. (1985). Limited Liability and the Corporation. The University of Chicago Law Reviem, 51(1), 89-117. https:\/\/doi.org\/10.2307\/1599572. <\/p>\n
2\u0002 People\u2019s Pleasure Park Co., Inc., et al . v. Rohleder. June 11, 1908 [61 S. E. 794.]. (1908). The Virginia Law Register, 14(7), 548-549. https:\/\/doi.org\/10.2307\/1102494. En el mismo sentido: John Walkovszky, Respondent, v. William Carlton, Appellant, et al., Defendants. Court of appeals of New Yirk Argued september 26, 1966; decide november 29, 1966. Walkovszky v Carlton.pdf <\/p>\n
3\u0002 Federico de Castro y Bravo, La sociedad an\u00f3nima y la deformaci\u00f3n del concepto de persona jur\u00eddica. En Anuario de derecho civil, Vol. 2, n.\u00b0 4, 1949. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 252. Improcedencia de acci\u00f3n de tercero contra socios por sus obligaciones sociales en sociedad an\u00f3nima. En las sociedades por acciones no habr\u00e1 acci\u00f3n de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estar acciones s\u00f3lo podr\u00e1n ejercitarse contra los liquidadores y \u00fanicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos. <\/p>\n
En las sociedades por cuotas o partes de inter\u00e9s las acciones que procedan contra los asociados, en raz\u00f3n de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitar\u00e1n contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la liquidaci\u00f3n como despu\u00e9s de consumada la misma, pero dichos asociados tambi\u00e9n deber\u00e1n ser citados al juicio respectivo. <\/p>\n
5\u0002 Carlos Ducci Claro, Derecho Civil, Parte General, Editorial Jur\u00eddica de Chile, 2005, p. 398 <\/p>\n
6\u0002 Inglaterra, Court of Appeal, 2, 3 y 4 mar. 1976, D.H.N. LTD. v. Tower Hamlets L.B.C. (traducci\u00f3n propia). <\/p>\n
7\u0002 Estados Unidos de Am\u00e9rica, Supreme Court, 31 en. 1887, caso 120 Hibernia Ins. Co. v. St. Louis Transportation. <\/p>\n
8\u0002 Estados Unidos de Am\u00e9rica, Court of Appeals of New York, 29 nov. 1966, caso 414 John Walkovszky vs William Carlton (traducci\u00f3n propia). <\/p>\n
9\u0002 Juan Trujillo Espinel, El abuso de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades mercantiles y su desestimaci\u00f3n. En Revista Jur\u00eddica On Line, 2010, p. 112. <\/p>\n
10\u0002 Vicente Rodolfo Walde J\u00e1uregui, La infracapitalizaci\u00f3n. En Vox Juris, Vol. 29, n.\u00b0 1, 2015. <\/p>\n
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