SC1788-2022 (2018-01928-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC1788-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-01928-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, que decide sobre la solicitud de exequatur presentada por Yennys Grethel Gamboa Guerrero respecto del fallo proferido el catorce de enero de dos mil ocho, por el Juzgado de Breda, Pa\u00edses Bajos. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 homologar el veredicto que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre la gestora y Luis Filipe Moreira Da Luz (folio 34 cno. Corte, expediente digital). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 31 de diciembre de 2003, la solicitante, de nacionalidad colombiana, y Luis Filipe Moreira Da Luz, de origen portugu\u00e9s, contrajeron nupcias en C\u00facuta \u2013 Norte de Santander (Folio 4, idem), uni\u00f3n en la cual no se procrearon hijos, ni se adquirieron bienes en Colombia. <\/p>\n
2. Por cuanto el \u201cmatrimonio se interrumpi\u00f3 irremediablemente\u201d, la se\u00f1ora Gamboa Guerrero present\u00f3 demanda de divorcio ante el Juzgado de Breda, Pa\u00edses Bajos, tr\u00e1mite al cual fue vinculado, sin presentar oposici\u00f3n el c\u00f3nyuge, quien guard\u00f3 silencio (folios 11 y 12, ib). <\/p>\n
3. El juzgador for\u00e1neo, en sentencia de 14 de enero de 2008, accedi\u00f3 a las pretensiones, por lo cual decret\u00f3 el divorcio, orden\u00f3 la repartici\u00f3n de los activos y pasivos de la sociedad conyugal e impuso una cuota alimentaria en favor de la reclamante (folios 13 y 14, ib). <\/p>\n
4. Afirm\u00f3 la precursora que la determinaci\u00f3n se encuentra en firme conforme a la jurisdicci\u00f3n donde se origin\u00f3; fue emitida con la citaci\u00f3n del demandado; \u201cno se opone a las leyes o disposiciones colombianas de car\u00e1cter p\u00fablico\u201d, no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos; ni existe proceso judicial, terminado o en curso, relativo al mismo asunto. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequatur <\/p>\n
1. El 12 de septiembre de 2018 se admiti\u00f3 la demanda, otorg\u00e1ndose el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (folio 41, ib\u00eddem). <\/p>\n
En dicha providencia se orden\u00f3 la citaci\u00f3n de Luis Filipe Moreira Da Luz, en tanto el divorcio fue contencioso (ib). <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia estim\u00f3 que no se encuentran reunidas \u201ctodas las exigencias previstas en la normativa aludida\u201d, porque \u201cla causal invocada ante el juez holand\u00e9s consistente en que ‘su matrimonio se ha interrumpido irremediablemente’, no guarda identidad con la que se pretende equiparar prevista en el numeral 8\u00ba de la Ley 25 de 1992 que precisa como causal ‘la separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os’; adem\u00e1s, no hall\u00f3 acreditada la reciprocidad estatal indispensable en estos tr\u00e1mites (folios 49 a 52, ib). <\/p>\n
La curadora designada para representar los intereses del citado, manifest\u00f3 dejar \u201ca la discrecionalidad del Magistrado para que resuelva con base en la observancia del cumplimiento de las garant\u00edas constitucionales de las partes en desarrollo del presente proceso\u201d (Folios 96 a 97, idem). <\/p>\n
3. En la debida oportunidad, se tuvieron como pruebas los documentos presentados con la demanda, orden\u00e1ndose librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y el Reino de los Pa\u00edses Bajos, existen convenios internacionales vigentes de reciprocidad en el reconocimiento de las sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de Colombia en \u00c1msterdam \u2013 Pa\u00edses Bajos, para que enviara, \u201ccon destino al proceso, copia debidamente legalizada, de la normatividad vigente en ese territorio, de conformidad con la cual se permita la ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras, as\u00ed como la concerniente a la materia de divorcio\u201d. <\/p>\n
Oficiosamente se pidi\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala verificar \u201csi a prop\u00f3sito de otros tr\u00e1mites de exequ\u00e1tur, se obtuvo informaci\u00f3n de normas del Reino de Pa\u00edses Bajos, Holanda, que regulen el divorcio\u201d y, de ser as\u00ed, adosarlas a la actuaci\u00f3n (folios 99 a 100, ib). <\/p>\n
4. Mediante prove\u00eddo de 13 de abril de 2021, se orden\u00f3 incorporar la respuesta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, as\u00ed como el informe de la Relator\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, d\u00e1ndolas a conocer a los interesados. As\u00ed mismo, se dispuso insistir ante la Divisi\u00f3n de Asuntos Consulares de la se\u00f1alada Cartera, en la remisi\u00f3n de la normatividad que regula el divorcio en el pa\u00eds donde se dict\u00f3 el fallo objeto de esta solicitud. <\/p>\n
En auto de 1\u00ba de septiembre de 2021, se tuvo por recepcionada la contestaci\u00f3n del Consulado de Colombia en \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos y se reiter\u00f3 la necesidad de obtener \u201ccopia debidamente legalizada de las normas vigentes que regulan el divorcio en ese territorio, esto es, aquellas que contemplan las causas y los efectos de dicha figura jur\u00eddica\u201d, por cuanto las aportadas \u201c\u00fanicamente hacen referencia a las reglas procedimentales y de competencia aplicables a la materia (\u2026) mas no a los aspectos sustanciales que permiten su declaratoria\u201d. <\/p>\n
5. Finalmente, el 22 de abril del a\u00f1o en curso se puso en conocimiento de las partes la informaci\u00f3n recopilada y se decret\u00f3 el cierre de la fase probatoria, para que una vez adquiriera firmeza esa determinaci\u00f3n, ingresaran las diligencias al despacho a fin de decidir anticipadamente el decurso. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, por lo que si en curso de la actuaci\u00f3n de \u00e9ste, se encuentra que no existen pruebas que practicar deber\u00e1 entonces proferirse la correspondiente sentencia, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Lo que ocurre en el asunto que ocupa a la Sala, por cuanto se ha configurado con claridad la causal en comento, como quiera que no existen pruebas por practicar, de ah\u00ed que sea necesario proferir el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb. (CSJ, SC4714-2020, 7 dic., 2017-01493-00 reiterada en CSJ, SC4102-2021, 11 ag., rad. 2010-00359-00). <\/p>\n
2. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicci\u00f3n, los jueces de cada Estado son los \u00fanicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos pa\u00edses, pues de no ser ello as\u00ed se violar\u00eda la soberan\u00eda nacional. De ah\u00ed que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial competente, que seg\u00fan la Carta Pol\u00edtica es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Esa excepci\u00f3n a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperaci\u00f3n internacional y reciprocidad, en atenci\u00f3n a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra, siempre y cuando en aqu\u00e9llas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano. <\/p>\n
Esa reciprocidad se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro pa\u00eds y la naci\u00f3n donde se profiri\u00f3 el fallo, de modo que en su territorio se les otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicci\u00f3n colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse la reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, en la consagraci\u00f3n en ambos Estados de disposiciones legales con igual sentido. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00ab[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u00bb. (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 mayo 2012, rad. 2008-02100-00; CSJ, SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00 y CSJ, SC3394-2021, 11 ag., rad. 2019-00359-00) <\/p>\n
Adem\u00e1s del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo ese contexto, el tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se pretende, deber\u00e1 cumplir con los requerimientos previstos en el art\u00edculo 606 del mismo ordenamiento, particularmente del numeral segundo, seg\u00fan el cual para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en territorio patrio no se debe oponer \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
3. El sub iudice involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Pa\u00edses Bajos, naci\u00f3n frente a la cual inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores \u201cno reposa informaci\u00f3n relacionada con convenios internacionales sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias judiciales, en los que la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de los Pa\u00edses Bajos sean Estados Parte\u201d (folio 111), lo que se traduce en la ausencia de prueba de reciprocidad diplom\u00e1tica entre estas dos patrias frente a la homologaci\u00f3n de sentencias en temas civiles; empero, tal correspondencia si existe en el orden legislativo, como lo acreditan las probanzas recaudadas. <\/p>\n
4. Del compendio normativo neerland\u00e9s adosado al plenario (folios 128 a 150), se extracta que el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Civil de esa latitud, prev\u00e9 el reconocimiento judicial de la eficacia de las resoluciones de divorcio adoptadas en el extranjero, bajo la condici\u00f3n de haber sido emitidas por autoridad con \u201cjurisdicci\u00f3n para hacerlo\u201d, con observancia del debido proceso (folio 137); en eventos donde la parte contraria hubiere consentido expresa o t\u00e1citamente en el respectivo tr\u00e1mite, aun sin el lleno de los anteriores requisitos, o cuando hubiere \u201cdimitido en la sentencia despu\u00e9s de haber concluido el procedimiento\u201d (folio 138). <\/p>\n
As\u00ed reza textualmente el aludido canon: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Articulo 57 <\/p>\n
2. No obstante, se reconocer\u00e1 en los Pa\u00edses Bajos la disoluci\u00f3n del matrimonio o de la separaci\u00f3n legal obtenida en el extranjero que no cumpla una o varias de las condiciones establecidas en el apartado 1, si resulta evidente que la otra parte ha consentido expresa o t\u00e1citamente dicha disoluci\u00f3n o separaci\u00f3n legal durante el procedimiento en el extranjero, o que ha dimitido en la sentencia despu\u00e9s de haber concluido el procedimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De cara a los anteriores apartes normativos y a las referencias hechas al pronunciamiento de la autoridad extranjera sobre la materia objeto de la determinaci\u00f3n de la Corte, ha de concluirse que son ejecutables en Colombia las sentencias proferidas por los jueces de Pa\u00edses Bajos, en virtud de la memorada reciprocidad legal. <\/p>\n
5. Sin embargo, para la procedencia del exequatur no resulta suficiente la acreditaci\u00f3n de la mencionada correspondencia internacional, pues tambi\u00e9n es forzoso corroborar que la decisi\u00f3n no contraviene el orden p\u00fablico, raz\u00f3n por la cual ha de procederse en este caso a realizar dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella, \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb (subrayado para destacar) (CSJ SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional objeto de la petici\u00f3n de exequatur y los principios fundamentales inspiradores de la normatividad nacional en la materia, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas nacionales. <\/p>\n
5.1. En lo que respecta al instituto jur\u00eddico del divorcio, consagrado en los T\u00edtulos VI y VII del Libro Primero de nuestro Estatuto Civil, el art\u00edculo 152, modificado por la regla 5\u00b0 de la Ley 25 de 1992, se\u00f1ala: \u00ab[e]l matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los c\u00f3nyuges o por divorcio judicialmente decretado\u00bb. A su turno, el canon 154 idem, establece, como causales para finiquitar un lazo nupcial, las siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los c\u00f3nyuges (\u2026) <\/p>\n
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. <\/p>\n
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. <\/p>\n
4. La embriaguez habitual de uno de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
5. El uso habitual de sustancias alucin\u00f3genas o estupefacientes, salvo prescripci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, f\u00edsica o s\u00edquica, de uno de los c\u00f3nyuges, que ponga en peligro la salud mental o f\u00edsica del otro c\u00f3nyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. <\/p>\n
7. Toda conducta de uno de los c\u00f3nyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que est\u00e9n a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. <\/p>\n
8. La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
9. El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5.2. En el sub judice se corrobora que el procedimiento fue promovido por Yennys Grethel Gamboa Guerrero sin oposici\u00f3n del demandado, quien, enterado del litigio, guard\u00f3 silencio, circunstancia que, a la par con la interrupci\u00f3n \u201cirremediable\u201d del matrimonio de la pareja, como lo aleg\u00f3 la convocante y no lo desvirtu\u00f3 su c\u00f3nyuge, llevaron al juzgador for\u00e1neo a acoger las pretensiones, es decir, a declarar la disoluci\u00f3n del matrimonio, mediante providencia de 14 de enero de 2008. <\/p>\n
Confrontada nuestra legislaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital de los esposos Gamboa Guerrero y Moreira Da Luz, esto es, que \u201csu matrimonio se ha interrumpido irremediablemente\u201d, pronto se advierte la imposibilidad de convalidar la decisi\u00f3n de la autoridad neerlandesa en nuestro territorio, debido a que no tuvo fundamento en ninguna de las hip\u00f3tesis ante las cuales el ordenamiento colombiano autoriza la ruptura de la comentada uni\u00f3n. <\/p>\n
Ello, por cuanto del prove\u00eddo extranjero no logra extraerse cu\u00e1l fue la raz\u00f3n que llev\u00f3 a la \u201cinterrupci\u00f3n irremediable\u201d de la vida conyugal ni se hizo alusi\u00f3n en esa providencia a la separaci\u00f3n de cuerpos, por m\u00e1s de dos a\u00f1os, como lo asevera la reclamante en su escrito genitor. <\/p>\n
De otra parte, no se logr\u00f3 la obtenci\u00f3n de los textos legales que disciplinan el divorcio en los Pa\u00edses Bajos, con miras a determinar en qu\u00e9 eventos se configura en ese Estado la ruptura del v\u00ednculo conyugal y si ellos coinciden con alguno de los enlistados por el legislador nacional. <\/p>\n
N\u00f3tese que, pese a los m\u00faltiples requerimientos oficiosos de esta Sala, los funcionarios diplom\u00e1ticos a quienes se solicit\u00f3 remitir el contenido de la normatividad sustancial sobre la materia de divorcio en la naci\u00f3n europea, no contestaron las diferentes comunicaciones emitidas por esta Corporaci\u00f3n y, siendo deber de la interesada allegar los mencionados elementos de cognici\u00f3n a la foliatura, seg\u00fan lo instituye el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 78, en concordancia con los preceptos 173 y el 177 del estatuto adjetivo, nada hizo para satisfacer esa carga procesal. <\/p>\n
5.3. Fue por lo discurrido que la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, conceptu\u00f3 desfavorablemente sobre la petici\u00f3n de exequatur, aduciendo que \u201cla causal invocada por la demandnate Yennys Grethel Gamboa Guerrero para el divorcio fue el que ‘su matrimonio se ha interrumpido irremediablemente’, que en la demanda se pretende equiparar a la prevista en el numeral 8 de la Ley 25 de 1992 que se\u00f1ala: ‘la separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os’ la que NO es compatible con la normativa colombiana, pues no contempla la interrupci\u00f3n irremediable del matrimonio como causal de divorcio sin el elemento del periodo m\u00ednimo de dos a\u00f1os, el que no est\u00e1 demostrado en el texto de la sentencia a cuya homologaci\u00f3n se aspira\u201d. <\/p>\n
5.4. Al respecto, en asuntos donde se han sometido a consideraci\u00f3n de la Sala determinaciones extranjeras apoyadas en hechos a los cuales la normatividad patria no les da la connotaci\u00f3n necesaria para avalar un divorcio, se ha puntualizado que: \u00abnuestro r\u00e9gimen exige la configuraci\u00f3n de alguno de los motivos taxativamente establecidos por el legislador, los cuales se encuentran asociados al desconocimiento de los deberes y obligaciones conyugales, la imposibilidad sobreviniente, la separaci\u00f3n de cuerpos por un tiempo prolongado, y el consentimiento de los consortes (\u2026) (CSJ SC1319-2019, 12 abr., rad. 2015-00787-00). <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, en un caso semejante al que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se consider\u00f3 que la conclusi\u00f3n del fallo materia de refrendaci\u00f3n, acerca de encontrarse \u00ab[e]l matrimonio de las partes (\u2026) roto de manera irreparable\u00bb, no otorgaba certeza sobre los hechos que dieron al traste con la vida marital; luego, no era posible corroborar si, como lo aduc\u00eda el solicitante, ellos estaban relacionados con \u00abla separaci\u00f3n de cuerpos\u00bb y, de cualquier manera: <\/p>\n
(\u2026) de aceptarse que si se trata del aludido motivo, nada se infiere o se dice en relaci\u00f3n al tiempo que estuvieron separados \u00e9ste y su c\u00f3nyuge, aspecto igualmente esencial para cotejar el mentado requisito, pues, recu\u00e9rdese que, en Colombia, la separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, solo es admisible como causal de divorcio cuando \u201chaya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u201d (Num. 8\u00ba Art. 154 C.C.), circunstancia que, por obvias razones, tambi\u00e9n impide que la providencia de marras pueda ser objeto de exequatur a la luz de la legislaci\u00f3n colombiana, toda vez que, de homologarse, se estar\u00eda vulnerando el orden p\u00fablico colombiano, dado que la raz\u00f3n sustentada no encuentra asidero en ninguna medida con las causales de divorcio previstas en el ordenamiento civil patrio. <\/p>\n
En casos de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente, la Corte ha predicado que, <\/p>\n
\u201cDe concederse exequ\u00e1tur, se socavar\u00eda el orden p\u00fablico, no solo porque la providencia est\u00e1 fundada en un motivo de ning\u00fan modo reconocido en el derecho patrio, sino tambi\u00e9n porque se habilitar\u00eda, sin m\u00e1s, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la instituci\u00f3n de la familia, concebida por la norma superior como el n\u00facleo fundamental de la sociedad, y contra la protecci\u00f3n integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
El orden p\u00fablico implica \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb (CSJ SC. Sentencia de 8 de julio de 2013, Rad. #2008-2099-00), y \u00ab(\u2026) se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ SC17371-2014, 18 dic., rad. 2013-02234-00, CSJ AC4768-2015, 25 ag. 2015, rad. 2015-01124-00, CSJ SC8300-2017, 13 jun., rad. 2013-02818-00, reiteradas en CSJ SC4101-2018, 26 sep., rad. 2016-01087-00). <\/p>\n
En la misma anualidad del \u00faltimo pronunciamiento citado, si bien la Sala homolog\u00f3 una providencia que decret\u00f3 el divorcio de una pareja originado en el mutuo consentimiento de los consortes y su separaci\u00f3n de cuerpos superior a un a\u00f1o, lapso inferior al previsto por el numeral 8 del art 154 del ordenamiento civil, precis\u00f3 que \u00abesta diferencia no contraviene el orden p\u00fablico patrio, pues lo fundamental es que la separaci\u00f3n devele la decisi\u00f3n de no restablecer la vida en com\u00fan, lo que fue acreditado en el caso, porque las pruebas recabadas en el extranjero condujeron a que se concluyera que el \u00abmatrimonio entre las partes ha fracasado. Su vida conyugal ya no existe y no se puede esperar que las partes la vuelvan a restablecer. Esto se ha establecido en la audiencia realizada a convicci\u00f3n del juzgado\u00bb (CSJ SC974, 9 abr. 2018, rad. 2016-02466-01, citada en CSJ SC2420-2019, 4 jul., rad. 2017-01497-00), acreditaci\u00f3n que, en el caso, no se avizora, pues en la determinaci\u00f3n judicial no se especifica si las partes han estado separadas de hecho, ni el tiempo por el cual se ha prolongado dicho apartamiento, de modo que pueda desprenderse de aquel, la com\u00fan decisi\u00f3n de los contrayentes de no restablecer su vida juntos. <\/p>\n
6. En ese orden de ideas, no puede abrirse paso la validaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NO CONCEDER el exequatur de la sentencia dictada el 14 de enero de 2008, por el Juzgado de Breda, Pa\u00edses Bajos, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que el 31 de diciembre de 2003, contrajeron Yennys Grethel Gamboa Guerrero y Luis Filipe Moreira Da Luz. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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SC1788-2022 (2018-01928-00)_1 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC1788-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-01928-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}