STC6706-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6706-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01599-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Camilo L\u00f3pez Tob\u00f3n, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo No. 2018-00334. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Como fundamento de la acci\u00f3n y luego de hacer alusi\u00f3n al contrato de compraventa presuntamente incumplido, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de responsabilidad civil contractual contra \u00c1ngela Mar\u00eda L\u00f3pez Tob\u00f3n, quien pese a proponer la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, no explic\u00f3 los hechos ni la normativa en que fundaba la misma, ni mucho menos revel\u00f3 por qu\u00e9 la demanda no interrumpi\u00f3 tal fen\u00f3meno. <\/p>\n
Indic\u00f3 que pese a ello, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en la sentencia anticipada de 10 de septiembre de 2021 la declar\u00f3 probada, decisi\u00f3n que apel\u00f3, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn la mantuvo inc\u00f3lume, en fallo de 28 de marzo de 2022. <\/p>\n
Que puestas de ese modo las cosas, decide acudir a la presente v\u00eda excepcional, pues no puede ser que se abra paso a un medio exceptivo que no fue debidamente sustentado. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos\u00bb las referidas providencias. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior de Medell\u00edn, afirm\u00f3 que el amparo es improcedente, porque \u00ab[e]l actor no cumple con las cargas argumentativas de la tutela contra providencias judiciales y el asunto no tiene relevancia constitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00ab[l]a discusi\u00f3n propuesta por el actor tiene que ver con la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 a lo anterior, <\/p>\n
\u00abSe\u00f1ala que cumpli\u00f3 la carga de notificar a la parte demandada por aviso, entre enero de 2019 y enero de 2020, dentro del a\u00f1o siguiente a la admisi\u00f3n de la demanda. Esto incidir\u00eda a su favor en el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, durante el tr\u00e1mite de la primera instancia, mediante auto del 23 de julio de 2020, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 repetir la notificaci\u00f3n por aviso por considerarla irregular; ni la citaci\u00f3n ni el aviso conten\u00edan fecha de entrega en la gu\u00eda de recibo, por lo que no se pod\u00eda determinar el tiempo de comparecencia del demandado para el ejercicio de la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a este auto, la parte actora no present\u00f3 recurso ni pronunciamiento alguno. Por el contrario, agot\u00f3 nuevamente el procedimiento de notificaci\u00f3n, lo que muestra una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de esa decisi\u00f3n. S\u00f3lo ante la declaraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en la sentencia alega que ese auto es irregular y que busca favorecer a su contraparte, pues considera que la notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 adecuadamente. Este punto fue objeto de discusi\u00f3n, motivaci\u00f3n y decisi\u00f3n de fondo tanto en primera como en segunda instancia, rechazando fundada y razonablemente esos argumentos\u00bb. <\/p>\n
2. \u00c1ngela Mar\u00eda L\u00f3pez Tob\u00f3n, vinculada al tr\u00e1mite constitucional en calidad de demandada dentro del proceso base de las s\u00faplicas, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo, luego de exponer, que lo que pretende el accionante es \u00abenderezar\u00bb la gesti\u00f3n que no adelant\u00f3 con la diligencia suficiente, lo que, en ultimas, ocasion\u00f3 que la demanda no interrumpiera la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Al momento de proferirse esta sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que existen causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto:1 act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
Igualmente, resulta pertinente mencionar que la forma m\u00e1s detallada del defecto f\u00e1ctico, se encuentra relacionado con errores probatorios durante el proceso, el cual se configura cuando la decisi\u00f3n judicial se toma: \u00abi) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de una omisi\u00f3n en el decreto o valoraci\u00f3n de las pruebas; (iii) de una valoraci\u00f3n irrazonable de las mismas; (iv) de la suposici\u00f3n de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios\u00bb.2 <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha dicho que, un funcionario incurre en el defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, cuando: <\/p>\n
\u00absin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb 3. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del accionante radica en el hecho que, el Tribunal Superior de Medell\u00edn al conocer en apelaci\u00f3n, mantuvo inc\u00f3lume la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, que resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, de manera anticipada. <\/p>\n
3. Empero, revisado el enlace que contiene el proceso ordinario No. 2018-00334 promovido por el aqu\u00ed interesado contra \u00c1ngela Mar\u00eda L\u00f3pez Tob\u00f3n, se encuentra que la referida Corporaci\u00f3n, al resolver como lo hizo en la sentencia de 28 de marzo de 2022, no incurri\u00f3 en ninguno de los defectos enrostrados por el se\u00f1or Juan Camilo L\u00f3pez Tob\u00f3n. <\/p>\n
Y es que para resolver la apelaci\u00f3n, empez\u00f3 por explicar que dos eran los problemas jur\u00eddicos por resolver: el primero de ellos, atinente a no se aleg\u00f3 en debida forma la excepci\u00f3n declarada, por lo que, en \u00faltimas, el Juez de conocimiento la declar\u00f3 de oficio, y de otra parte, que no se hubiere tenido por interrumpida la prescripci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, pues si bien era cierto la notificaci\u00f3n de la parte demandada no se logr\u00f3 dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la misma, esto se produjo como consecuencia de conductas imputables al Juzgado y a la misma parte opositora. <\/p>\n
As\u00ed entonces, luego de traer a colaci\u00f3n los art\u00edculos 93 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso, expuso que <\/p>\n
\u00abtrat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n extintiva, el opositor debe manifestar expresamente y con total claridad, que el derecho que reclama el demandante en su pretensi\u00f3n se extingui\u00f3 por haber transcurrido el t\u00e9rmino legal de prescripci\u00f3n. No es necesario que se utilice una f\u00f3rmula o un ritualismo espec\u00edfico, pero s\u00ed debe ser claro que el demandante se opone a la pretensi\u00f3n, por considerar extinguido el derecho del actor en raz\u00f3n del paso del tiempo. Si se cumple esta carga m\u00ednima, la excepci\u00f3n debe estudiarse de fondo y resolverse\u00bb, tal y como ocurri\u00f3 en el sub examine. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hizo \u00e9nfasis en que \u00ab[l]a carga legal de alegar la prescripci\u00f3n fue declarada exequible por la Corte Constitucional -sentencia C-091 de 2018-. La Corte consider\u00f3 que esta carga es un medio razonable para proteger la autonom\u00eda de la voluntad\u00bb, y frente a la pregunta de si \u00bf[d]ebe entenderse alegada la prescripci\u00f3n, aunque no se realicen los c\u00f3mputos del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n al momento de alegarla?, concluy\u00f3 que s\u00ed, porque, <\/p>\n
\u00aben muchos casos, la interpretaci\u00f3n conjunta de la contestaci\u00f3n de la demanda con sus anexos \u2013no s\u00f3lo el ac\u00e1pite de pretensiones- pueden resultar suficientemente claros sobre el fundamento f\u00e1ctico de la prescripci\u00f3n, aunque no se realice el c\u00f3mputo expresamente. <\/p>\n
Es importante considerar que al imponer la carga de alegar la prescripci\u00f3n, la ley no est\u00e1 intentando proteger la t\u00e9cnica argumentativa para proponer excepciones, sino la autonom\u00eda de la voluntad de la parte. Por eso, basta que sea clara la intenci\u00f3n del opositor de beneficiarse de la prescripci\u00f3n, su voluntad de no renunciar a ella, que lo alegue expresamente en la contestaci\u00f3n de la demanda, para que el juez est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de realizar los c\u00f3mputos respectivos y resolver las excepciones\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente al tema de la interrupci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno, se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
\u00ab[s]eg\u00fan el art\u00edculo 94 del CGP, la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado en un a\u00f1o a partir de la notificaci\u00f3n de ese auto al demandante. Si la notificaci\u00f3n ocurre despu\u00e9s, los efectos de la interrupci\u00f3n solo se producen con la notificaci\u00f3n efectiva al demandado. <\/p>\n
Ahora bien \u00bfpuede alegarse que la prescripci\u00f3n se interrumpi\u00f3 desde la presentaci\u00f3n de la demanda, a pesar de que la notificaci\u00f3n al demandado es posterior a ese a\u00f1o? Desde luego, la respuesta es negativa como regla general, en atenci\u00f3n al mandato legal del art\u00edculo 94 del CGP. <\/p>\n
No obstante, pueden darse casos en que la tardanza para notificar al demandado no se deba a omisiones imputables a la parte demandante, quien puede probar diligencia al intentar cumplir sus cargas, sino a fallas del juzgado por negligencia o mora judicial, o por maniobras o actividades elusivas del demandado, contrarias a su deber de lealtad procesal. Si estos hechos se encuentran probados, entonces debe reconocerse la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, y otra tantas reflexiones, concluy\u00f3 que no hab\u00eda otro camino que confirmar el fallo apelado, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab[d]esde el traslado a las excepciones (cfr. arch. 34), la parte demandada se opuso a la prosperidad de la excepci\u00f3n, alegando que \u00e9sta no se hab\u00eda fundamentado ni jur\u00eddica ni f\u00e1cticamente. <\/p>\n
Se alega que no se incluy\u00f3 el c\u00f3mputo prescriptivo. En la apelaci\u00f3n, se insiste en que esto afect\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n. Aunque al formular la excepci\u00f3n efectivamente no se realiz\u00f3 un c\u00f3mputo ni se citaron normas concretas, de la lectura de este apartado citado, en consonancia con los hechos de la contestaci\u00f3n de la demanda y la estrategia defensiva que puede interpretarse en ella, el razonamiento del opositor resulta claramente comprensible: en tanto se deneg\u00f3 la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, la compraventa es v\u00e1lida y sus obligaciones se hicieron exigible en el 2009. <\/p>\n
Por tanto, el t\u00e9rmino para cuestionar el cumplimiento o la resoluci\u00f3n del contrato se encuentra prescrito. <\/p>\n
Esta alegaci\u00f3n cumple con las condiciones m\u00ednimas de razonabilidad para entender alegada la excepci\u00f3n porque: 1. Resulta claro cu\u00e1l es el derecho que se excepciona: la exigibilidad del cumplimiento o la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa. 2. Tambi\u00e9n hay certeza sobre la fecha de celebraci\u00f3n del contrato y la exigibilidad de sus obligaciones: 23 de febrero de 2009, lo que permite hacer el c\u00f3mputo prescriptivo 3. No queda duda de que la parte demandada tiene intenci\u00f3n de beneficiarse de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Se considera que el hecho de que la parte opositora no realizara expresamente los c\u00f3mputos prescriptivos, ni hiciera distinciones entre presentaci\u00f3n, admisi\u00f3n o notificaci\u00f3n de la demanda, aunque es una falta de t\u00e9cnica, no se advierte en ello ni deslealtad ni tampoco una afectaci\u00f3n real al derecho de contradicci\u00f3n de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque contrario a lo alegado por el demandante, no era posible establecer que la tardanza en la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la demandada a efectos de que se surtiera la interrupci\u00f3n reclamada, pudiera enrostrarse a \u00e9sta o al Juez de conocimiento, porque, primero, no hay prueba de ello, y, de otro lado, porque nada aleg\u00f3 en la primera instancia, cuando no fueron tenidos en cuenta los tr\u00e1mites que inicialmente adelant\u00f3 a efectos de tal enteramiento. <\/p>\n
Con todo, ultim\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aun al margen de todo lo anterior hay un hecho que resulta incontestable: la demanda se present\u00f3 el 6 de diciembre de 2018. Cumpliendo razonablemente con sus cargas, el juzgado la admiti\u00f3 y notific\u00f3 la providencia al demandante el 29 de enero de 2019. \u00bfPor qu\u00e9 se tard\u00f3 m\u00e1s de siete meses para intentar la notificaci\u00f3n personal y m\u00e1s de un a\u00f1o para el aviso? Esta pregunta no tiene justificaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, en este caso puede concluirse que si la notificaci\u00f3n a la parte demandada no se produjo dentro del a\u00f1o siguiente a la admisi\u00f3n de la demanda fue por dos razones fundamentales: <\/p>\n
1. La tardanza injustificada del demandante de m\u00e1s de siete meses para intentar la notificaci\u00f3n; <\/p>\n
2. Y el hecho de que ese intento se hiciera desconociendo las reglas sobre el procedimiento respectivo, como se concluy\u00f3 en el auto del 23 de julio de 2020 \u2013despu\u00e9s de transcurrido el a\u00f1o. Las tardanzas imputables al juzgado para avalar los intentos de notificaci\u00f3n, aunque existieron, no fueron determinantes, en parte porque se produjeron con posterioridad a la configuraci\u00f3n del t\u00e9rmino del art\u00edculo 94 del CGP, por lo menos en lo que respecta al aviso\u00bb. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, advierte la Corte que el Tribunal Superior de Medell\u00edn desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida por la juez de conocimiento, con fundamento en la normativa aplicable a la materia, la cual, analizada en conjunto con los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, le convencieron, tal y como al juez de conocimiento, que la prescripci\u00f3n alegada, s\u00ed se materializ\u00f3, conclusi\u00f3n que dicho sea de paso, se comparte por esta Sala. <\/p>\n
Como lo ha precisado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012 y, STC2738-2018, 28 feb. rad. 00383-00 entre muchas otras). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, no se observa la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo (ver entre muchos otros pronunciamientos, CSJ STC402-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida Juan Camilo L\u00f3pez Tob\u00f3n, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sent. T-729 de 1999 <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitutionnel Sent. SU-226 de 2013 <\/p>\n
3\u0002 Corte Suprema de Justicia STC de 27 de noviembre de 2013, exp. 1800122140002013-00109-01 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6706-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6706-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01599-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Camilo L\u00f3pez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}