STC6710-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01629-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Alberto Castro Supelano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas con radicado 2013-00765. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, a la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en calidad de copropietarios de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos.50N-858598 y 50N-20270765 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 y, 156-90532 del municipio de Facatativ\u00e1, Cundinamarcacon, promovi\u00f3 con Maritza Castro Supelano proceso de rendici\u00f3n de cuentas contra V\u00edctor Hugo, Juan Carlos, Luis Enrique, Henry y Germ\u00e1n Castro Supelano. <\/p>\n
En cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, explic\u00f3 que el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 18 de mayo de 2017 accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones y orden\u00f3 a tres de los demandados rendir las cuentas solicitadas, las que una vez presentadas objet\u00f3, por lo que se fij\u00f3 el 19 de septiembre de 2019 como fecha para la pr\u00e1ctica de las respectivas pruebas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, posteriormente el 16 de diciembre de 2020, se declar\u00f3 la prosperidad parcial de la r\u00e9plica promovida, determinaci\u00f3n contra la cual promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, con fundamento en que \u00abel Despacho descart\u00f3 argumentos de la objeci\u00f3n presentada, no se pronunci\u00f3 respecto de otros que fueron demostrados lo que condujo a que los saldos a pagar fueran irrisorios y no correspondieran a lo realmente adeudado, adem\u00e1s que los ingresos recibidos fueron mayores a los reportados, y el Juzgado no tuvo en cuenta las pruebas, indicios y declaraciones donde se evidencia que para los a\u00f1os 2011 y 2012 cuando a\u00fan no hab\u00eda conflicto entre las partes, los ingresos y utilidades a cada comunero era mayores y a partir del 2013 disminuyeron notablemente y aumentaron los gastos\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia de 19 de abril de 2022. <\/p>\n
Indic\u00f3 que acude a la presente acci\u00f3n de tutela, como quiera que \u00aben ambas instancias, se omiti\u00f3 revisar y dar el valor justo a todo el material probatorio allegado, entre lo que se encuentra no haber visto el video de la audiencia realizada el 19 de septiembre de 2019 y como consecuencia de ello, sacando conclusiones alejadas de la realidad\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene: <\/p>\n
Al Tribunal Superior accionado revocar la providencia que profiri\u00f3, y, en consecuencia \u00abdeclarar la prosperidad absoluta de la objeci\u00f3n a las cuentas presentada por mi apoderada y as\u00ed las cosas ordenarle realizar una nueva liquidaci\u00f3n de las cuentas que deber\u00e1n cancelar los demandados condenados a la parte demandante, todo ello de acuerdo con las pruebas aportadas y las confesiones hechas por los demandados en la audiencia del 19 de septiembre del 2019 dentro del proceso de marras\u00bb. <\/p>\n
A sus hermanos (demandados en el juicio base del reclamo), que \u00abcancele[n] los arriendos que [le] adeudan de los apartamentos donde (\u2026) viven ya que como ellos confiesan en la audiencia, no hubo acuerdo entre todos los comuneros\u00bb. <\/p>\n
La compulsa de copias a quien corresponda, para la iniciaci\u00f3n de las acciones legales que en contra de \u00e9stos procedan, en vista de \u00abel fraude procesal en la audiencia, [de] (\u2026) 19 de Septiembre del 2019, en el Juzgado 50 Civil del Circuito\u00bb, y, <\/p>\n
La iniciaci\u00f3n de una \u00abinvestigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb contra la titular del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n de amparo fue admitida en auto de 20 de mayo de 2022, orden\u00e1ndose la notificaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n de los accionados y de todas las partes e intervinientes en el juicio base de las s\u00faplicas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 negar el amparo y para el efecto manifest\u00f3 que los argumentos que el accionante esgrimi\u00f3 para fundamentar su queja constitucional no revelan que la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 esa Corporaci\u00f3n sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho, y, lo que reflejan, es su inter\u00e9s particular en reanudar el debate de una controversia que ya se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la providencia de 19 de abril de 2022, donde se confirm\u00f3 la que profiri\u00f3 el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 2020 y corrigi\u00f3 el 18 de marzo de 2021, donde resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas presentada por el demandado en el proceso cuestionado. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente digital contentivo de las actuaciones reprochadas, realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido en el juicio de rendici\u00f3n de cuentas, y afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n de la que se queja en concreto el accionante es la proferida por el Tribunal, motivo por el cual, \u00abno consider[a] pertinente referir[s]e a los hechos de la tutela donde se cuestionan sus argumentos\u00bb. <\/p>\n
3. Maritza Castro Supelano, quien obra como demandante en el pleito memorado, coadyuv\u00f3 las peticiones del escrito de tutela y solicit\u00f3 otorgar el amparo requerido. <\/p>\n
Al momento de proferir esta sentencia, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n
Sin embargo, se han establecido criterios para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, que se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada que atenta contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el reclamo constitucional se enfila, contra los autos proferidos por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 [16 de diciembre de 2020] y por el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial [19 de abril de 2022], por medio de los cuales, en su orden, se declar\u00f3 parcialmente probada la objeci\u00f3n presentada por el aqu\u00ed interesado frente a las cuentas rendidas por los demandados y, se mantuvo esa determinaci\u00f3n en sede de alzada, en el proceso objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Sin embargo, esta Sala entrar\u00e1 a revisar la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia, esto es, la providencia de la Sala Civil de la Corporaci\u00f3n accionada, en tanto que en ella se defini\u00f3 la controversia planteada en el proceso reprochado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n memorado. <\/p>\n
3. En este sentido, estudiados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior en la providencia censurada, se encuentra que comenz\u00f3 por sintetizar los motivos en los que fundament\u00f3 el demandante la inconformidad, de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
* No existi\u00f3 pronunciamiento acerca de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados por los demandados Henry y V\u00edctor Castro Supelano, desde el a\u00f1o 2011, debi\u00e9ndose los mismos liquidar \u00aben la forma prevista en el art\u00edculo 18 de la Ley 820 de 2003\u00bb.<\/p>\n
* Tampoco se incluyeron los c\u00e1nones del local comercial ubicado en el predio ubicado en el sector de Aures, que a la fecha se utiliza como garaje de uno de los comuneros, m\u00e1xime cuando, ninguna autorizaci\u00f3n se brind\u00f3 por los dem\u00e1s copropietarios.<\/p>\n
* No se tuvo en cuenta el incremento de los c\u00e1nones con base en el IPC.<\/p>\n
* No es posible tener como recibido por los demandantes la suma de $1\u2019345.400, pues ning\u00fan recibo se aport\u00f3 a afectos de demostrar ese supuesto pago.<\/p>\n
* Existe irregularidad en lo que refiere a las sumas de dinero que supuestamente se recibieron entre los meses de enero a junio de 2013.<\/p>\n
* No es cierto que la finca denominada Soplavientos, ubicada en el municipio de Villeta, no genere rentas pero s\u00ed gastos, ello, de conformidad a la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb efectuada por Henry Castro.<\/p>\n
* La juez de conocimiento no se pronunci\u00f3 acerca de la conducta de los demandados en las audiencias donde se practicaron las pruebas decretadas, como tampoco acerca del hecho que se puso en su conocimiento relativo a que los demandados \u00abfabricaron recibos y pruebas para ser aportadas a la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para comenzar el estudio de cada uno de los aspectos objeto de la alzada, puso de presente que de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso, y el canon 2323 del C\u00f3digo Civil, \u00ablos reparos del extremo recurrente resultan insuficientes para pretender incluir en las cuentas los c\u00e1nones de arrendamiento que, en su sentir, deben ser sufragados por los demandados que habitan parte de los inmuebles que administran, toda vez que adem\u00e1s que su calidad de comuneros les permite hacer uso y gozar de su derecho de propiedad, en la actuaci\u00f3n se logr\u00f3 establecer que entre las partes acordaron que los se\u00f1ores V\u00edctor Hugo y Henry Castro no recibir\u00edan ingresos por las rentas que produc\u00edan los inmuebles, a cambio de vivir en apartamentos que hacen parte de ellos sin pagar c\u00e1nones de arrendamiento, tal como lo refiri\u00f3 la testigo Abigail Villamil\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente al incremente anual de los c\u00e1nones pactados, observ\u00f3 que tal y como lo hab\u00eda aseverado la juez de primer grado, en los respectivos contratos no fue pactado. <\/p>\n
En lo que refiere a la \u00abfabricaci\u00f3n de recibos\u00bb, indic\u00f3 que \u00ablos demandantes aseguran hicieron los demandados para justificar m\u00e1s gastos, habida cuenta que como no fueron desconocidos por aquellos ni tachados de falsos en la oportunidad correspondiente, deviene improcedente realizar un pronunciamiento sobre tal aspecto en este estadio procesal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a los gastos generados por la Finca Soplavientos, que fueron incluidos en las cuentas, concluy\u00f3 que los motivos por los cuales, seg\u00fan lo alegado del objetante no pod\u00edan avalarse, hacen parte de una \u00abcontroversia [que] resulta ajena a esta etapa procesal, los documentos que los soportan, as\u00ed como los que demuestran que recibi\u00f3 determinados valores que, ahora asegura son menores porque una parte lo entreg\u00f3 otro comunero, tampoco fueron desvirtuados\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, la determinaci\u00f3n atacada en nada luce arbitraria o antojadiza, menos a\u00fan vulneradora del debido proceso, por cuanto, la Corporaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la normativa que rige la materia concatenada con las pruebas de las que daba cuenta el expediente, para arribar a la conclusi\u00f3n de que no se acredit\u00f3 ninguna de las alegaciones invocadas. <\/p>\n
As\u00ed entonces, los cuestionamientos del se\u00f1or Alberto Castro Supelano no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia cuestionada como pretende a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la apreciaci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso de rendici\u00f3n de cuentas o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser antojadiza o arbitraria. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. Ahora, si lo que aqu\u00ed pretende el accionante es que se analice la conducta de los demandados en el marco del proceso judicial en comento, debe se\u00f1alarse que, frente a aqu\u00e9llos no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto. <\/p>\n
6. En lo atinente a la petici\u00f3n de compulsar copias con destino a las autoridades respectivas para investigar el actuar de los accionados y vinculados, basta con decir que ello desborda objeto de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s, nada obsta para que el accionante formule directamente las denuncias pertinentes, si conoce de hechos susceptibles de ser investigados, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. (Ver CSJ STC13871-2016, STC14669-2016, STC605-2022 y STC2309-2022, entre muchas). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, no se observa la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo (ver entre muchos otros pronunciamientos, CSJ STC402-2021). <\/p>\n
8. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone negar la tutela de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Alberto Castro Supelano contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6710-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01629-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Alberto Castro Supelano contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}