STC6712-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6712-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01644-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Ra\u00fal Alberto Cotes Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en proceso verbal con radicado N\u00b0 2019-00119-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar su queja, indic\u00f3 que inici\u00f3 el litigio reprochado contra Reinaldo M\u00e1rquez Rueda, con el prop\u00f3sito de que se declarara resuelto el contrato de compraventa que en calidad de vendedor celebr\u00f3 con \u00e9ste el 15 de mayo de 2012, puesto que no fueron pagados \u00ablos cr\u00e9ditos hipotecarios de primer y segundo grado asumidos por el comprador\u00bb all\u00ed demandado, y, reclam\u00f3 adem\u00e1s, la restituci\u00f3n \u00abde la propiedad, posesi\u00f3n material, uso, goce y usufructo (\u2026) del bien inmueble\u00bb objeto del negocio, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 040-32954, as\u00ed como el pago de los perjuicios causados, junto con los frutos civiles y naturales producidos por el predio. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla en sentencia de 23 de febrero de 2021, desestim\u00f3 sus pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y revoc\u00f3 el Tribunal accionado el 29 de marzo de 2022 para, en su lugar, declarar la nulidad absoluta del contrato por objeto il\u00edcito, y disponer, en consecuencia, el pago al demandado de $188.839.096,32, \u00abpor concepto del precio pagado (\u2026) [por] la venta realizada\u00bb, m\u00e1s $75.167.180, \u00abpor concepto de intereses civiles\u00bb y, asimismo, la restituci\u00f3n al demandante del inmueble objeto del negocio y de los c\u00e1nones de arrendamiento generados por el bien, representados \u00aben los dep\u00f3sitos judiciales recaudados al interior del (\u2026) proceso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, al no estar de acuerdo con los pagos ordenados a su cargo, reclam\u00f3 la aclaraci\u00f3n del citado fallo, lo que se neg\u00f3 el 8 de abril de 2022 y, de igual modo, present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero \u00e9ste no fue concedido en auto del 10 de mayo siguiente. <\/p>\n
Explic\u00f3 que acude a este amparo porque, en su criterio, se lesionaron sus garant\u00edas como \u00abapelante \u00fanico\u00bb, puesto que la providencia de la Corporaci\u00f3n accionada agrav\u00f3 su situaci\u00f3n, imponi\u00e9ndole pagos que no le corresponden y beneficiando al demandado, quien no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de inscribir la compraventa en el folio de matr\u00edcula, antes de que se anotara el embargo que gener\u00f3 la nulidad del negocio. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicita dejar sin efectos el punto 1.2 de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, \u00abal trasgredir la prohibici\u00f3n constitucional consagrada en el inciso 2\u00ba del Art. 31 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 23 de mayo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Barranquilla se opuso a la prosperidad del amparo, y afirm\u00f3 que \u00abdio aplicaci\u00f3n a los mandatos y deberes impuestos por las normas procesales y sustanciales\u00bb, pues decretar la nulidad absoluta de la compraventa por objeto il\u00edcito, \u00abconllevaba (\u2026) la orden de restituciones mutuas, cuya finalidad es la de devolver las situaciones al estado en que se encontraban previa a la fallida celebraci\u00f3n del contrato. (\u2026) [L]a sentencia se\u00f1al\u00f3 que se trataba de un expreso mandato legal, y cit\u00f3 al art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 los antecedentes del asunto y expres\u00f3 que no lesion\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Ra\u00fal Alberto Cotes Ram\u00edrez reprocha, la sentencia de 29 de marzo de 2022, no aclarada el 9 de abril siguiente, mediante la cual el Tribunal Superior de Barranquilla revoc\u00f3 la del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, para en su lugar, decretar la nulidad de la compraventa materia del litigio por objeto il\u00edcito y disponer restituciones mutuas, pues, seg\u00fan advierte, se infringieron sus garant\u00edas porque \u00abcomo apelante \u00fanico\u00bb se agrav\u00f3 su situaci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
2.1 Revisada la citada decisi\u00f3n, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n rogada, como quiera que la Corporaci\u00f3n accionada desat\u00f3 el asunto bajo su conocimiento atendiendo a las normas y jurisprudencia aplicable y sin desconocer las alegaciones del recurrente, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En efecto, basta observar que tras relatar los antecedentes del asunto y precisar que el apelante hab\u00eda cimentado su recurso en que el a quo no hab\u00eda apreciado con suficiencia las pruebas e, incluso, en que ese funcionario \u00abdebi\u00f3 haber decretado la nulidad absoluta del contrato por objeto o causa il\u00edcita\u00bb, el Tribunal Superior comenz\u00f3 por referirse a los presupuestos de validez de los contratos, relacionando los requisitos para contraer obligaciones, conforme al art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil y anot\u00f3 que, de acuerdo con el art\u00edculo 1741 \u00eddem, un negocio pod\u00eda encontrarse viciado por nulidad absoluta o relativa. A ese efecto, aludi\u00f3 al contenido de los art\u00edculos 1519 y 1521 \u00eddem, en cuanto al \u00abobjeto il\u00edcito en la enajenaci\u00f3n\u00bb y la nulidad absoluta que de ello se deriva. <\/p>\n
Enseguida, advirti\u00f3 que respeto del inmueble materia del negocio figur\u00f3, inicialmente, un embargo decretado por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual fue cancelado por la Oficina de Registro el 14 de mayo de 2012, perfeccion\u00e1ndose, al d\u00eda siguiente, la compraventa celebrada entre los extremos del litigio, elevada a escritura p\u00fablica N\u00b0 1585 de 15 de mayo de 2012. <\/p>\n
Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el Tribunal Superior, a pesar de la situaci\u00f3n antes descrita, no proced\u00eda el an\u00e1lisis del incumplimiento de las obligaciones contractuales planteadas por el demandante, pues, en realidad, el levantamiento de la medida cautelar antes mencionada, \u00abobedeci\u00f3 a una comunicaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u00bb remitida a la Oficina de Registro. <\/p>\n
Para el efecto, relacion\u00f3 como pruebas, la Resoluci\u00f3n 00033 del 23 de marzo de 2017, emitida por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, en la que se pon\u00eda de presente que el mencionado despacho de Bogot\u00e1 hab\u00eda advertido que el desembargo informado era inexistente, pues esa decisi\u00f3n no se hab\u00eda adoptado en el asunto bajo su conocimiento y el oficio allegado para la cancelaci\u00f3n de la medida, no proven\u00eda de esa autoridad judicial, por tanto, el Registrador orden\u00f3 dejar sin efectos las anotaciones que daban cuenta del levantamiento del embargo, \u00abal tiempo que se orden\u00f3 bloquear los (\u2026) folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la Corporaci\u00f3n accionada estim\u00f3 procedente dar aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil, como quiera que concluy\u00f3 que la compraventa referida reca\u00eda sobre un objeto il\u00edcito, puesto que, adem\u00e1s de versar sobre un inmueble que estaba fuera del comercio por el embargo inscrito -sin que se contara con autorizaci\u00f3n del acreedor o de la autoridad judicial para la venta-, la conducta \u00abfraudulenta a trav\u00e9s de la cual se comunic\u00f3 el supuesto levantamiento de la medida cautelar\u00bb, reforzaba la ilicitud del objeto del contrato, todo lo cual suscitaba la declaratoria de nulidad absoluta del mismo, aunque no se hubiese reclamado por los interesados, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 1742 \u00eddem. En sus palabras, expuso: <\/p>\n
\u00abCabe precisar que la ilicitud no se configura solamente porque el inmueble realmente permanec\u00eda embargado, sino adem\u00e1s por la conducta fraudulenta a trav\u00e9s de la cual se comunic\u00f3 el supuesto levantamiento de la medida cautelar. De esta forma, se insiste que, si bien es cierto al momento de perfeccionarse el contrato de venta no se encontraba registrado el embargo en el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria, ello se present\u00f3 como consecuencia de una conducta perniciosa y fraudulenta que imped\u00eda reflejar la situaci\u00f3n jur\u00eddica real del inmueble objeto de la negociaci\u00f3n. Esta ilicitud tiene la virtualidad de invalidar de forma irremediable el negocio jur\u00eddico celebrado. <\/p>\n
Ante la naturaleza de la nulidad que aqueja el contrato, por configurarse un objeto il\u00edcito, resulta inexorable su declaratoria, puesto que de lo que se trata en \u00faltimas es de preservar el inter\u00e9s y orden p\u00fablico. De modo que, al estructurarse una causal de nulidad absoluta se impone al operador judicial la obligaci\u00f3n de declararla aun cuando no haya sido solicitada por alguna de las partes\u00bb. <\/p>\n
Fijado lo anterior, indic\u00f3 el Tribunal que ante la declaratoria de la nulidad comentada, correspond\u00eda ordenar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil las \u00abrestituciones mutuas\u00bb y, para ello, tuvo en cuenta que el demandante deb\u00eda devolverle al demandado $188.839.096,32, \u00abpor concepto del precio pagado (\u2026) de la venta realizada, suma que se encuentra debidamente indexada\u00bb y, respecto de los intereses, advirti\u00f3 que los civiles ascend\u00edan a $75.167.180.00. <\/p>\n
Por su parte, le impuso al demandado restituir al actor la posesi\u00f3n del inmueble y \u00abla suma constitutiva de los c\u00e1nones de arrendamiento desde que se materializ\u00f3 la medida de embargo, la cual se encuentra representada en los dep\u00f3sitos judiciales recaudados al interior del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
No reconoci\u00f3 el pago de frutos, en tanto que no contaba con elementos probatorios suficientes para establecer el monto de ese concepto, salvo lo relativo a los c\u00e1nones de arrendamiento mencionados, y para finalizar, destac\u00f3 que tampoco hab\u00eda lugar a reconocer las mejoras plantadas en el inmueble ni la suma pagada por el comprador al Banco de Occidente por concepto de un cr\u00e9dito hipotecario, <\/p>\n
\u00aben el cual fung\u00eda como deudor el demandante RA\u00daL COT\u00c9S RAM\u00cdREZ, toda vez que no existen elementos suficientes que permitan su cuantificaci\u00f3n. Si bien es cierto, hab\u00eda lugar a restituir a la parte demandada \u2013comprador- la suma pagada al Banco de Occidente por concepto del cr\u00e9dito hipotecario, de igual modo no existen elementos que permitan su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2 De acuerdo con lo expuesto, tal como antes se indic\u00f3, no hay lugar a otorgar el amparo peticionado, pues el Tribunal Superior de Barranquilla resolvi\u00f3 en asunto bajo su conocimiento con suficiencia, aplicando las normas pertinentes y valorando las pruebas allegadas, de lo cual extrajo que resultaba forzoso decretar la nulidad del contrato de compraventa por objeto il\u00edcito, dado el embargo que no logr\u00f3 levantarse y las maniobras fraudulentas realizadas para ello, asimismo, defini\u00f3 lo concerniente a las restituciones mutuas, apoyado en los elementos demostrativos, resultando beneficiado el aqu\u00ed actor, incluso, con la negativa de reconocer al demandado el pago de uno de los pr\u00e9stamos hipotecarios, que, en todo caso, figura a nombre del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Ra\u00fal Alberto Cotes Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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