STC6713-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6713-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01517-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Diego Alberto Garc\u00eda L\u00f3pez le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, extensiva a la Corte Constitucional, al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y la Fiscal\u00eda Cincuenta y Dos Seccional, ambos de Palmira, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 76520 31 03 003 2021 00105 00 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que \u00abdeclarar[a] la ilegalidad de las sentencias de tutela\u00bb de primera (15 sep. 2021) y segunda instancia (27 oct.) \u00abpor fundamentarse[n] en una falsedad\u00bb y, en tal virtud, nulitara \u00ablas sentencias objeto de control constitucional\u00bb en aras que el a quo emita el pronunciamiento que en derecho corresponda \u00abintegrando al contradictorio, el acta de restituci\u00f3n No 129 del 04 de mayo de 1998 y el acta de entrega No. 132\/98. por medio de las cuales se prueba la falsedad, que afectaron las sentencias debatidas en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
Adujo que en el juicio de \u00abregulaci\u00f3n de canon de arrendamiento\u00bb que Aerocali S.A.S. le inco\u00f3 (rad. 2019-00044), el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Palmira emiti\u00f3 fallo de \u00fanica instancia, adverso a sus intereses (4 may. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en consecuencia, promovi\u00f3 acci\u00f3n tuitiva contra dicho juzgador (rad. 2021-00105), la cual fue admitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la mencionada urbe, quien requiri\u00f3 a la aludida sociedad para que aportara todos los elementos probatorios que respaldaban la relaci\u00f3n contractual demandada (3 sep. 2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el resguardo fue denegado (15 sep. 2021); veredicto que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga convalid\u00f3 (27 oct.), al paso que la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Acus\u00f3 a dichas autoridades constitucionales de incurrir en v\u00eda de hecho, porque: i) No emitieron providencia frente a todos los defectos endilgados al estrado Municipal ni, ii) Advirtieron que la parte demandada los \u00abindujo en error\u00bb para que dieran valor al \u00abcontrato de arrendamiento de local comercial CL4103AR del 08 de febrero de 1995, suscrito entre las partes de la Litis, [que] resultaba INEPTO\u00bb, al no haberse integrado a la Litis constitucional y civil \u00abel ACTA DE RESTITUCI\u00d3N No 129 del 04 de mayo de 1998, por medio del cual el cedente \u2013 arrendatario, restituyo el local comercial arrendado bajo el contrato CL4103AR, suscrito el 08 de febrero de 1995, que inicialmente ten\u00eda un \u00e1rea de 11.00 mts2\u00bb y, \u00abel ACTA DE ENTREGA No. 132\/98, por la cual se reubica al cedente \u2013 arrendador de la miscel\u00e1nea, (\u2026) [que] describe el local objeto de reubicaci\u00f3n con un \u00e1rea de: 4.55 M2\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que tales documentales no fueron allegadas por \u00abAerocali S.A.S. de manera dolosa, con el fin, de contar con [un] \u00e1rea mucho mayor a la real[mente] ocupada\u00bb para calcular el valor del canon a regular; evidenci\u00e1ndose as\u00ed la estructuraci\u00f3n de un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, derivado de la \u00abfalsedad\u00bb en que incurri\u00f3 dicha sociedad \u00aben todas las instancias judiciales\u00bb, de las causas \u00abciviles y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acot\u00f3 que la Fiscal\u00eda Cincuenta y Dos Seccional de Palmira conoce la denuncia penal que le formul\u00f3 al representante legal de Aerocali S.A.S. por el delito de \u00abfraude procesal\u00bb (SPOA: 76001 60 99 165 2022 53344). <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Buga se atuvo a las reflexiones vertidas en el prove\u00eddo de 27 de octubre de 2021, manifestando que \u00abel ocultamiento doloso\u00bb de las actas a las que alude el precursor \u00abtipificar\u00eda una causal de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira se opuso al amparo por improcedente, debido a que no satisface el presupuesto de la inmediatez, ya que el accionante acude a esta especial v\u00eda 8 meses despu\u00e9s de haberse dictado la sentencia \u00abconstitucional de primera instancia\u00bb (sep. 2021) ni, la subsidiariedad, dado que al libelista \u00abse le han resuelto todas (\u2026) [las] inconformidades [que plante\u00f3] a trav\u00e9s de los recursos y solicitudes de nulidad\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional y la Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Palmira relat\u00f3 lo surtido en el pleito controvertido, defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 146 Seccional de la Coordinaci\u00f3n Seccional de la mencionada ciudad inform\u00f3 que: a) \u00abcorrespondi\u00f3 por asignaci\u00f3n el conocimiento y coordinaci\u00f3n del programa metodol\u00f3gico y actividades dispuestas para el esclarecimiento de la 760016099165202253344, adelantada ante la posible comisi\u00f3n del tipo penal de fraude procesal, dentro del cual se vincula en calidad de (\u2026) indiciado el ciudadano Ricardo Lenis Steffens, representante legal de la Aerocali S.A.S.\u00bb y, b) \u00abse ha generado actividad de Polic\u00eda judicial No. 7886787, asignada al CTI., y orientada a inspeccionar la carpeta correspondiente al radicado 76520400300720190004400 del Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Palmira, encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino otorgado para su gesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aerocali S.A. pregon\u00f3 la inviabilidad del ruego, pues \u00absi el tutelante ha manifestado que ha formulado una denuncia penal ante la Fiscal\u00eda 52 Seccional de Palmira (No. SPOA 760016099165202253344) por la falsedad que le sirve de fundamento en su escrito de tutela, esto significa que existe otro mecanismo legal para resolver esa situaci\u00f3n que no ha sido decidido por el juez penal, existiendo por lo tanto una falta del car\u00e1cter residual que debe tener toda tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es procedente el examen de las \u00abtutelas\u00bb dirigidas contra el decurso de otra guarda, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb o \u00abcuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude\u00bb o \u00absi se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso\u00bb ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC11220-2020; STC2551-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite el accionante reprocha las \u00absentencias\u00bb emitidas (15 sep. y 27 oct. 2021) en el auxilio que adelant\u00f3 contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Palmira (rad. 2021-00105), aduciendo para ello que, son producto de una \u00abprueba inepta, que no pod\u00eda valorarse de manera aislada de los dos elementos no arrimados al proceso hasta hoy (\u2026) [que] cambian totalmente el panorama jur\u00eddico en el caso (\u2026), pues (\u2026) prueba[n] que, en la acci\u00f3n constitucional existi\u00f3 falsedad (\u2026)\u00bb y, no analizaron la totalidad de v\u00edas de hecho que denunci\u00f3. De modo que la inconformidad es con el sentido de tales fallos, lo que torna inviable la injerencia supralegal implorada. <\/p>\n
Aunado a ello, se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, que la actuaci\u00f3n constitucional (T8579381) no fue seleccionada para revisi\u00f3n (18 mar. 2022) y, pese a que el gestor pod\u00eda hacer uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb, la desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En punto a dichos instrumentos esta Corte ha predicado: <\/p>\n
(\u2026) como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (\u2026). <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 20141-2012-00, reiterada en STC10007-2020 y CSJ STC568-2021). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese orden y, comoquiera que el precursor guard\u00f3 silencio respecto de la providencia que resolvi\u00f3 \u00abexcluir de revisi\u00f3n\u00bb la actuaci\u00f3n tutelar aqu\u00ed reprochada, pasando por alto el mecanismo de control y defensa con el que contaba para rebatirla, se colige que aqu\u00e9l debe soportar las resultas adversas que tal omisi\u00f3n conlleva y, por tanto, esta Colegiatura no puede evaluar la legalidad o no de las resoluciones emitidas, puesto que ha operado el fen\u00f3meno de la \u00abcosa juzgada constitucional derivada de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a la incuria, mem\u00f3rese que esta Sala ha explicado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020; STC9102-2021). <\/p>\n
En torno a la figura jur\u00eddica de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, ha de tenerse en cuenta que esta Corte ha esgrimido, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012), STC11577-2019, reiterada en STC4997-2020 y STC9102-2021. <\/p>\n
3.- Valga resaltar que, si bien, el querellante denunci\u00f3 que las decisiones criticadas fueron producto de un presunto \u00abfraude procesal\u00bb, evento que tornar\u00eda procedente el an\u00e1lisis de fondo de la queja sometida a estudio, cierto es que, dicha aseveraci\u00f3n no fue probada en estas diligencias, si se tiene en cuenta que una situaci\u00f3n de \u00abfraude\u00bb \u00abse predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad\u00bb (CC SU-627-2015). <\/p>\n
Criterio que ha sido avalado por esta Sala al colegir: <\/p>\n
\u00abDe tal manera que, la cosa juzgada fraudulenta se materializa cuando, culminada la totalidad de las etapas procesales, la decisi\u00f3n del juez es producto de la infracci\u00f3n directa a la ley derivada de una interpretaci\u00f3n normativa contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial lo que traduce en un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad, por ende la finalidad de esta excepci\u00f3n frente a la improcedencia general de la tutela contra tutela es evitar que las situaciones consolidadas y derivadas de actos fraudulentos permanezcan indemnes\u00bb (CSJ STC13370-2021, rad. n\u00ba 2021-00132-01). <\/p>\n
4.- Ergo, como no se constat\u00f3 la estructuraci\u00f3n de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, surge claro el fracaso del auxilio supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Diego Alberto Garc\u00eda L\u00f3pez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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