STC6720-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01642-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mar\u00eda Teresa Araujo Calder\u00f3n le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, <\/p>\n
\u00abi) Se declare que como consecuencia de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n de 19 de noviembre de 2018 expedida por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta dentro del radicado 128-154, la sentencia de primera instancia del 23 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta Sala Penal y la de Segunda Instancia SP4867-2021, fechada 27 de octubre de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 [sus] derechos fundamentales. <\/p>\n
ii) Se deje sin efectos la Resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n de 19 de noviembre de 2018 expedida por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta, la sentencia de Primera Instancia de la Sala Penal del Tribunal y la de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
iii) Se ordene a la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta; al Tribunal Superior de C\u00facuta y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal emitir decisiones de reemplazo que se preserve la indemnidad de los derechos fundamentales referidos y que se ajuste a los par\u00e1metros constitucionales y normativos expuestos en este documento\u00bb. <\/p>\n
Del denso escrito se extrae que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, mediante la cual el 23 de junio de 2020 conden\u00f3 a la accionante en su condici\u00f3n de Fiscal Novena Especializada de esa ciudad a 59 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb y le concedi\u00f3 el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria, al estimar que \u00abes evidente que la procesada dirigi\u00f3 su voluntad a la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n del 22 de marzo de 2005, que revoc\u00f3 la medida de aseguramiento y precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n a favor de Pedro Barrera Duarte, con conciencia de su contrariedad con el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (SP4867-2021, 27 oct.), notificada por edicto el 23 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Sostuvo la actora que con tales pronunciamientos se lesionaron sus prerrogativas esenciales, toda vez que a pesar que el proceso tiene unos t\u00e9rminos para su desarrollo, toda la etapa de instrucci\u00f3n estuvo afectada por \u00abla mora por parte de la Fiscal\u00eda tanto para adelantar esa etapa como para [comunicarle] la existencia de la investigaci\u00f3n\u00bb, dilaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que \u00abpor el paso del tiempo no fuera posible recaudar pruebas para desvirtuar la hip\u00f3tesis de la Fiscal\u00eda\u00bb, lo que \u00abinfluy\u00f3 negativamente en las decisiones de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en las determinaciones de los juzgadores de primer y segundo grado, no solo se desconoci\u00f3 la \u00abirregularidad acaecida en la etapa de investigaci\u00f3n, que condujo a iniciar un proceso viciado\u00bb, sino que tambi\u00e9n incurrieron en una \u00abnueva afectaci\u00f3n al hacer una valoraci\u00f3n probatoria errada\u00bb, por cuanto, de \u00abla interpretaci\u00f3n en conjunto de los elementos probatorios y circunstancias que rodearon la toma de la decisi\u00f3n que se acusa de prevaricadora, es evidentemente descartable cualquier intencionalidad de transgredir manifiestamente el ordenamiento jur\u00eddico, como lo exige el tipo penal\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta defendieron la legalidad de su proceder y allegaron copia del paginario. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Novena Especializada de esa urbe manifest\u00f3 que \u00abrespecto de lo relatado por la accionante, verificando en el sistema SIJUF se pudo obtener las actuaciones que se adelantaron en contra de Pedro Barrera Duarte por el delito de Tr\u00e1fico, Fabricaci\u00f3n o Porte de Estupefacientes, por hechos ocurridos el 27 de febrero de 2005 en el barrio Juan XXIII de C\u00facuta\u00bb, allegando copia de los correspondientes registros de actuaciones. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 93 Judicial Penal II expres\u00f3 que \u00ablos operadores judiciales hicieron una valoraci\u00f3n probatoria ce\u00f1ida a los par\u00e1metros legales, observ\u00e1ndose el respeto a las garant\u00edas que le asisten a la actora en condici\u00f3n de sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal, por lo que debe denegarse el amparo\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal de esa localidad refiri\u00f3 que se pretende por parte de la quejosa \u00abconvertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia, lo que es improcedente\u00bb. <\/p>\n
Araujo Calder\u00f3n acerc\u00f3 \u00abescrito de aclaraci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela\u00bb en el que exterioriz\u00f3 que \u00abpor error involuntario en la p\u00e1gina 33 y 35 del memorial, se indicaron folios distintos a los correspondientes a la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como aspecto preliminar, se anuncia que la Sala restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al fallo dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (27 oct. 2021) porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el juzgador de primer grado y el ente acusador, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron la apelaci\u00f3n, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
2.- En el sub judice se advierte el fracaso del resguardo, porque en la providencia reprochada se expusieron las razones para \u00abconfirmar la sentencia proferida el 23 de junio de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta\u00bb que declar\u00f3 responsable a la tutelante del punible de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser criticada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, esboz\u00f3 anticipadamente que no hab\u00eda lugar a la nulidad deprecada por la gestora por la falta de enteramiento de la existencia de la actuaci\u00f3n durante la fase de investigaci\u00f3n previa, ya que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se tiene que el 2 de agosto de 2006 la Fiscal\u00eda 1\u00b0 Delegada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta, en concordancia con el art\u00edculo 332 de la Ley 600 de 2000, dispuso el inicio de la investigaci\u00f3n previa y orden\u00f3 algunas labores para acreditar la calidad de servidora p\u00fablica de MAR\u00cdA TERESA ARAUJO CALDER\u00d3N. <\/p>\n
En virtud de ello, mediante oficio suscrito el 25 de octubre de 2006 por un analista de desarrollo humano de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se aport\u00f3 la resoluci\u00f3n de nombramiento, acta de posesi\u00f3n y certificaci\u00f3n de tiempo de servicio de ARAUJO CALDER\u00d3N. <\/p>\n
Luego, el 13 de diciembre de 2010 se dispuso la apertura de la instrucci\u00f3n y se orden\u00f3: i) o\u00edr en declaraci\u00f3n a Manuel Gustavo Celis Rinc\u00f3n y a Alfredo Jurgensen Rangel; ii) solicitar a la oficina de Ad-Postal se sirva informar la fecha de recibido en la Fiscal\u00eda Especializada de la correspondencia enviada por la Fiscal\u00eda Seccional de Pamplona mediante oficio No. 312 de fecha 7 de marzo de 2005 que conten\u00eda el despacho comisorio que hac\u00eda parte de la investigaci\u00f3n 104264; iii) practicar diligencia de inspecci\u00f3n judicial a las diligencias adelantadas bajo el radicado 106724; iv) solicitar los antecedentes penales y disciplinarios de ARAUJO CALDER\u00d3N; y v) comisionar a la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena para llevar a cabo diligencia indagatoria. <\/p>\n
El 14 de octubre de 2015 se orden\u00f3 nuevamente o\u00edr en indagatoria a la precitada, para lo cual se dispuso nuevamente llevar a cabo labores investigativas para su ubicaci\u00f3n. El 26 de noviembre siguiente se insisti\u00f3 en la ubicaci\u00f3n de ARAUJO CALDER\u00d3N y el 26 de abril de 2016 se llev\u00f3 a cabo la diligencia indagatoria, quedando as\u00ed vinculada formalmente a la actuaci\u00f3n y con ello, habilitada para desplegar plenamente su actividad probatoria no s\u00f3lo de cara a las fases que se avecinaban sino de los elementos recaudados de manera previa\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, indic\u00f3: <\/p>\n
De acuerdo con lo descrito, la Sala observa que, si bien en esa etapa preliminar se desarrollaron algunas actividades de orden investigativo, ninguna de ellas fue determinante para la adopci\u00f3n del fallo o se impidi\u00f3 ejercer posteriormente el derecho de contradicci\u00f3n sobre dicho recaudo probatorio, a tal punto de afectar el derecho de defensa, pues verificada la actuaci\u00f3n, se tiene que la implicada cont\u00f3 con la oportunidad de conocer y controvertir las evidencias recaudadas en tal momento procesal, incluso pudo, al conocerlas, solicitar pruebas tendientes a enervar su valor probatorio. <\/p>\n
Por otra parte, si bien la procesada manifiesta que no pudo recaudar pruebas trascendentales, como lo son las declaraciones de Pedro Barrera Duarte y su defensor, lo cierto es que de manera alguna se le impidi\u00f3 solicitarlas y no explic\u00f3 las razones que le impidieron hacerlo una vez fue vinculada al proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, advierte ARAUJO CALDER\u00d3N que no pudo asegurar los elementos materiales probatorios favorables como lo eran las constancias de requerimiento a diferentes autoridades. Sin embargo, no explic\u00f3 de qu\u00e9 manera esa circunstancia resultaba trascendental dentro del presente asunto a efecto de derruir la responsabilidad penal. <\/p>\n
Como lo ha indicado la Sala, el hecho de que la recurrente pregone gen\u00e9ricamente que la defensa no pudo pedir o recolectar \u201cpruebas\u201d, sin precisar cu\u00e1les y su incidencia frente a su concreta situaci\u00f3n, en nada cambia las cosas, pues lo que se demuestra es que escasamente dej\u00f3 enunciado el reparo sin ocuparse de demostrar la trascendencia de lo alegado. <\/p>\n
Es m\u00e1s, si se revisa con detenimiento la actuaci\u00f3n, se observa que, entre el inicio de la investigaci\u00f3n previa y la diligencia de indagatoria, no se alleg\u00f3 elemento de convicci\u00f3n alguno que comprometiera la responsabilidad de la implicada, adicional a que fue necesario insistir en la ubicaci\u00f3n de la misma, lo cual termina por desvirtuar por completo el supuesto desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa. <\/p>\n
Precisado lo anterior, respecto a la existencia del elemento subjetivo del prevaricato por acci\u00f3n, resalt\u00f3: <\/p>\n
Para la Corte no hay duda que dicho elemento se encuentra configurado, pues se ha establecido que MAR\u00cdA TERESA ARAUJO CALDER\u00d3N obr\u00f3 con absoluto conocimiento y voluntad, pues determin\u00f3 c\u00f3mo apreciar las pruebas a efecto de decretar la libertad y precluir la investigaci\u00f3n a favor de Pedro Barrera Duarte. Lo anterior a pesar de que la probabilidad de coautor\u00eda que reca\u00eda sobre Pedro Barrera Duarte permanec\u00eda vigente e inc\u00f3lume, y adem\u00e1s de ello que, una vez valoradas de manera objetiva e imparcial las pruebas hasta ese momento recaudadas, \u00e9stas no demostraban que el referido ciudadano no hab\u00eda participado en la comisi\u00f3n de la conducta punible relacionada con el transporte de sustancias estupefacientes. <\/p>\n
De la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de su decisi\u00f3n se colige que conoc\u00eda el contenido de los art\u00edculos 39 y 363 de la Ley 600 de 2000, es decir que dominaba la norma aplicable y el est\u00e1ndar probatorio que deb\u00eda ser observado, no obstante, se apart\u00f3 del mismo al brindarle a las declaraciones de Jos\u00e9 Iv\u00e1n T\u00e9llez Hern\u00e1ndez y Jaime Morales Villarreal un valor probatorio que no ten\u00edan, pues como ya se indic\u00f3, esas pruebas sobrevinientes en manera alguna resultaban suficientes, id\u00f3neas y conducentes para sacar avante la determinaci\u00f3n finalmente adoptada. <\/p>\n
El hecho que la procesada haya desconocido concurrentemente mandatos legales claros, un\u00edvocos y consolidados en los art\u00edculos 39 y 363 de la Ley 600 de 2000, para conceder una libertad y decretar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a todas luces improcedente es algo que apunta a acreditar un comportamiento que no es producto de un error (como lo aduce la defensa), sino que se orient\u00f3 a lograr ese resultado con plena conciencia de su ilicitud\u00bb <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, <\/p>\n
Ello se consolida en mayor medida al constatarse que ARAUJO CALDER\u00d3N, a efecto de precluir la investigaci\u00f3n, no esper\u00f3 a que arribaran al proceso las declaraciones de los miembros de la Polic\u00eda Nacional que efectuaron el procedimiento de captura e incautaci\u00f3n del estupefaciente, los cuales, tal como lo indic\u00f3 la propia procesada al momento de decretarlos, resultaban necesarios para la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Agr\u00e9guese que la trayectoria profesional de la enjuiciada, quien se desempe\u00f1\u00f3 como juez penal municipal en Valledupar, fiscal de circuito, fiscal especializada en delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico y fiscal de orden p\u00fablico, permite aseverar que no se trataba de una novel en la materia que le impidiera asumir una correcta interpretaci\u00f3n de las normas descritas. <\/p>\n
De otra parte, no aparece acreditado un estado de ignorancia como cualidad negativa en grado m\u00e1ximo en cabeza de la acusada y, por tanto, s\u00f3lo se puede deducir una voluntad consciente de derivar una consecuencia no prevista por la ley. En suma, para la Corte es evidente que MAR\u00cdA TERESA ARAUJO CALDER\u00d3N dirigi\u00f3 su voluntad y su inteligencia a la emisi\u00f3n de esa decisi\u00f3n y que lo hizo con conciencia de su contrariedad con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Consideraciones que resultan suficientes para verificar igualmente el contenido subjetivo del comportamiento atribuido a la enjuiciada, esto es, que de manera dolosa emiti\u00f3 una decisi\u00f3n manifiestamente contraria a la ley. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la promotora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Ahora, que Araujo Calder\u00f3n disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.– Ergo, surge infructuoso el amparo instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Mar\u00eda Teresa Araujo Calder\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6720-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6720-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01642-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Mar\u00eda Teresa Araujo Calder\u00f3n le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64150"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64150\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}