STC6724-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6724-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01671-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Gema Tours S.A. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los intervinientes en el consecutivo 2019-00262-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante, actuando por medio de apoderado, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, igualdad, violaci\u00f3n de los principios sustanciales procesales y seguridad jur\u00eddica\u00bb para que \u00abi) se [ordene] al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (\u2026) REVOCAR la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de marzo de 2022, por medio del cual el despacho judicial decidi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el 23 de abril de 2021 (\u2026)\u00bb y \u00abii) ordenar al Tribunal (\u2026) CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2021 (\u2026) por haber actuado en desatenci\u00f3n a las pruebas recaudas a lo largo del proceso y en contrav\u00eda a las normas jur\u00eddicas que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que la Magistratura convocada en el juicio ejecutivo que Meico S.A. formul\u00f3 en su contra, revoc\u00f3 el fallo proferido el 23 de abril de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena \u00abque declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n a la acci\u00f3n cambiaria contemplada en el art\u00edculo 784, numeral 12 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb y, en su lugar, dispuso \u00abdeclarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la ejecutada\u00bb y seguir adelante con el cobro (30 mar. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal pronunciamiento transgredi\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al no valorar en su integridad el material probatorio y desconoci\u00f3 las normas jur\u00eddicas aplicables al caso\u00bb, ya que \u00ablas facturas de venta no cumplen con los requisitos de ley para que pueda hacerse el cobro de obligaciones generadas entre las partes (\u2026) el ad quem desconoci\u00f3 el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 1231 de 2008 al estimar que oper\u00f3 la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las facturas, sin embargo, err\u00f3 al considerar que el fen\u00f3meno de la aceptaci\u00f3n es en s\u00ed mismo, una comprobaci\u00f3n del recibido a satisfacci\u00f3n de los bienes (\u2026) pues frente a la negaci\u00f3n de haberse recibido las mercanc\u00edas, le correspond\u00eda al ejecutante probarlo y frente a ello la actora no aport\u00f3 ninguna prueba que acredite que las mercanc\u00edas fueron efectivamente entregadas\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 igualmente que \u00abcon el fallo se desconoci\u00f3 absolutamente la falsedad en la que incurri\u00f3 la demandante pese que ello se argument\u00f3 a trav\u00e9s de una excepci\u00f3n (\u2026) no se valor\u00f3 el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Meico lo que constituye un defecto (\u2026) no se tuvo en cuenta que aunque en la factura se observa pre impresa la frase de \u201caceptaci\u00f3n de la factura a satisfacci\u00f3n\u201d y sellos de \u201cpendientes de pago\u201d lo cierto es que tal manifestaci\u00f3n y situaci\u00f3n no eman\u00f3 directamente del deudor por lo que no se pod\u00eda inferir que expres\u00f3 su voluntad inequ\u00edvoca de aceptar las obligaciones en la forma all\u00ed indicada (\u2026) fue errada la valoraci\u00f3n probatoria respecto a la tradici\u00f3n comercial entre las empresas, pues no exist\u00edan las caracter\u00edsticas para realizar esa inferencia\u00bb, aunado a que \u00abfrente a la carga de infirmar o rechazar las facturas se ignor\u00f3 que no conoci\u00f3 de la existencia de las facturas hasta que las mismas fueron presentadas para su cobro judicialmente, por lo que lo afirmado por el Tribunal no corresponde a la realidad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cartagena manifest\u00f3 que adopt\u00f3 su resoluci\u00f3n \u00abcon fundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa que en la decisi\u00f3n emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (30 mar. 2022) se expusieron los motivos para \u00abrevocar\u00bb el veredicto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad para, en su lugar, entre otras determinaciones, \u00abdeclarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte ejecutada y ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser censurada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, preliminarmente memor\u00f3 jurisprudencialmente las caracter\u00edsticas y vicisitudes de la factura cambiaria y bajo ese derrotero descendi\u00f3 al sub examine y extrajo lo ocurrido en la Litis controvertida en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
En lo que al presente asunto ata\u00f1e, obs\u00e9rvese que las cinco facturas allegadas por MEICO S.A., respecto de las cuales se soport\u00f3 el mandamiento de pago, se libraron con ocasi\u00f3n a la prestaci\u00f3n de servicios contratados por MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N MART\u00cdNEZ, empleada en el cargo de asistente de congresos ferias y convenciones de GEMA TOURS S.A. <\/p>\n
As\u00ed mismo, es de advertir que las aludidas facturas fueron recibidas y aceptadas en debida forma por MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N MART\u00cdNEZ, pues en cada una de ellas fue plasmada la fecha y la firma de esta, quien, entre sus funciones, estaba encargada de recibirlas o, por lo menos en el expediente no obra prueba que desvirt\u00fae ese aspecto, conforme pasa a verse. <\/p>\n
En efecto, si bien MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N MART\u00cdNEZ en la audiencia de descargos llevada a cabo el 1 de junio de 2019, dentro de un proceso disciplinario laboral adelantado en su contra por su empleadora GEMA TOURS S.A., afirm\u00f3 que hizo uso arbitrario del nombre de su empleadora desde el a\u00f1o 2018 y en lo que iba corrido del a\u00f1o 2019, lo cierto es que, de conformidad con la certificaci\u00f3n laboral expedida el 6 de noviembre de 2019 por el representante legal de la sociedad ejecutada, entre el 1 de julio de 2012 al 1 de junio de 2019, MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N MART\u00cdNEZ, empleada de GEMA TOURS S.A., en calidad de \u201cASISTENTE DE CONGRESOS FERIAS Y CONVENCIONES\u201d ten\u00eda las funciones de \u201ccotizar, negociar, organizar y operar la log\u00edstica de eventos sociales\u201d luego, en ejercicio de tales funciones, ten\u00eda la facultad de comprometer a la empresa a la que representaba en la \u00f3rbita de sus funciones. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que entre las partes se hab\u00eda creado una historia transaccional que muestra los h\u00e1bitos de pedidos, despachos, entregas y pagos, lo cual, sin duda, indujo a MEICO S.A. a asumir, de buena fe, que estaba contratando con GEMA TOURS S.A. Las negociaciones y comunicaciones se hac\u00edan a trav\u00e9s de la plataforma de la demandada, lo que de ninguna manera permit\u00eda ponerlas en duda. <\/p>\n
As\u00ed entonces, se desprende de esa tradici\u00f3n forjada en las cotidianas transacciones gestadas desde el seno de la empresa demandada, con todos los visos de veracidad, conduce a considerar que llev\u00f3 a la demandante tener por ciertas y leg\u00edtimas las negociaciones, lo cual se debe entender fundado sobre el principio de la buena fe -art. 53 constitucional-, sobre el que, como lo ha sentado la jurisprudencia civil, \u201c El principio general de la buena fe est\u00e1 en indisociable conexi\u00f3n con la confianza leg\u00edtima, legalidad y probidad de los ciudadanos, protege de cambios sorpresivos e inesperados que, aunque amparados en las reglas de derecho, contradigan las serias expectativas gestadas con la conducta anterior, en funci\u00f3n de las cuales estructuran su programa de vida por la confianza inspirada en la seriedad, estabilidad, coherencia y plenitud del comportamiento futuro, tutelando su buena fe y convicci\u00f3n en la proyecci\u00f3n de la situaci\u00f3n anterior\u201d. <\/p>\n
Acto seguido y con soporte en los art\u00edculos 640 del C\u00f3digo del Comercio que establece los \u00ab[r]equisitos para el suscriptor de t\u00edtulo en calidad de representante o mandatario\u00bb, 842 ibidem que trata la \u00abrepresentaci\u00f3n aparente\u00bb y \u00ab2\u00b0 de la Ley 1231 sic)\u00bb en torno a la aceptaci\u00f3n de la factura, esgrimi\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) [c]omo se ve, hay todo este plexo normativo y jurisprudencial que lleva a considerar que la simple apariencia, en circunstancias como las que muestra el presente proceso, tiene la entidad suficiente para generar efectos vinculantes para terceros, como aqu\u00ed, en el que los contratos celebrados o pedidos realizados a nombre de la demandada, por una representante aparente, obligan a la firma que parec\u00eda representar, GEMA TOURS S.A., debido a que, se reitera, la empleada ten\u00eda todas las facultades para realizar las negociaciones, lo cual condujo a la proveedora demandante a despachar todo el producto requerido, por la confianza inspirada por la trabajadora en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
La aceptaci\u00f3n de la factura no resiste reparos, pues como se dijo, no se devolvieron, ni se hizo reparo alguno a su contenido, en s\u00edntesis, no fue rechazada, y no puede invocarse la falta de representaci\u00f3n de quien las acept\u00f3 y recibi\u00f3 la mercader\u00eda. <\/p>\n
Por tanto, en tales condiciones, contrario a la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el a quo en la sentencia impugnada, no se encuentra configurada la excepci\u00f3n consagrada en el n\u00fam. 12 del art. 784 del C. Co., pues el negocio jur\u00eddico del que surgi\u00f3 la obligaci\u00f3n ac\u00e1 pretendida re\u00fane todos los requisitos concurrentes para su eficacia, en la medida que MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N MART\u00cdNEZ estaba autorizada por GEMA TOURS S.A. para suscribir en su nombre los t\u00edtulos valores base de ejecuci\u00f3n, por lo que no le era dable a esta \u00faltima alegar la excepci\u00f3n de falta de representaci\u00f3n del suscriptor. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud de que una vez fueron recibidas las facturas, la sociedad ejecutada no las devolvi\u00f3, ni mucho menos acredit\u00f3 haber elevado alg\u00fan reclamo u objeci\u00f3n dentro de los 3 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, habiendo quedado aceptadas las facturas no resultaba necesario que MEICO S.A. aportara la constancia de que los servicios cobrados fueron debidamente prestados, ni que allegara alg\u00fan documento adicional a efecto de revestirlas de m\u00e9rito ejecutivo, m\u00e1xime que aqu\u00e9lla no pretendi\u00f3 cobrar un t\u00edtulo complejo, sino que hizo uso de la acci\u00f3n cambiaria que prev\u00e9 el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Precisado lo anterior, procedi\u00f3 a evaluar los medios de defensa invocados por la empresa tutelante y al respecto apreci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) [los mismos] se han venido descartando en la medida en que se ha configurado la solidez de los t\u00edtulos valores aducidos como base del recaudo ejecutivo, los que huelga decir, no fueron infirmados Sobre los mencionados recursos de defensa, puntualmente se puede adicionar: <\/p>\n
i) Qued\u00f3 claro que las mercader\u00edas fueron recibidas por la persona autorizada por GEMA TOURS S.A., MAR\u00cdA ALEJANDRA CASTELL\u00d3N, como se infiere del mismo texto de las facturas, luego la alegaci\u00f3n de la falta de recibo y de la constancia de recibo queda desvirtuada. <\/p>\n
ii) En lo referente a la falta de aceptaci\u00f3n, ha sido bastante la argumentaci\u00f3n en contenida en los p\u00e1rrafos anteriores que llevan a la conclusi\u00f3n que se deben entender aceptadas, pues su recibo y aceptaci\u00f3n se funden en un solo acto como qued\u00f3 expuesto, realizados ambos actos por la misma empleada de la demandada, representante habilitada para el efecto, o por lo menos aparente, capaz de producir efectos vinculantes para la ejecutada. <\/p>\n
iii) De otra parte, se trata de una factura electr\u00f3nica – representaci\u00f3n gr\u00e1fica- en formato PDF que contiene c\u00f3digo QR y el C\u00f3digo \u00danico de Facturaci\u00f3n Electr\u00f3nica -CUFE-, a trav\u00e9s de los cuales se podr\u00e1 verificar la validez de la factura en la p\u00e1gina de la Dian y transmite la seguridad y confiabilidad de su texto. Ahora, en ellas aparece una r\u00fabrica que a las luces del art. 826 del C. Co. se entiende como un signo o s\u00edmbolo empleado como medio de identificaci\u00f3n personal por la demandante, lo cual no fue desvirtuado en el curso del proceso. <\/p>\n
iv) La demandada no prob\u00f3 v\u00e1lidamente que el comportamiento de la demandante qued\u00f3 incurso en mala fe, luego como se sustent\u00f3, el negocio resulta lo suficientemente v\u00e1lido para darle vida a las obligaciones por las que se ejecuta, debido a que la demandada debe tenerse como extremo contractual leg\u00edtimo. <\/p>\n
v) Frente a la falsedad y el fraude denunciados, fincados en la mala fe, no encuentran soporte que la evidencien, pues ha de reiterarse que la buena fe se presume, mientras la mala fe debe ser plenamente demostrada, circunstancia que no se dio en el presente asunto. Se suma a lo anterior que la excepci\u00f3n no puede entenderse como una tacha formalmente planteada en los t\u00e9rminos del art. 269 del CGP, adem\u00e1s porque solo la falsedad material da lugar a ella, no as\u00ed la falsedad ideol\u00f3gica. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, anunci\u00f3 que \u00aben virtud de que los documentos adosados al proceso son id\u00f3neos para soportar la ejecuci\u00f3n, se resolv\u00eda: \u00aba) revocar la sentencia de primera instancia; b) declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte ejecutada; c) ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n bajo los par\u00e1metros dispuestos en el mandamiento de pago de fecha 27 de septiembre de 2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la precursora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Ahora, que la sociedad accionante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Son estas razones las que conllevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA el amparo reclamado por Gema Tours S.A. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6724-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6724-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01671-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la tutela que Gema Tours S.A. le instaur\u00f3 a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}