STC6726-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01697-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Alfredo Guillermo Juliao Santana le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Once Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 08001 31 53 011 2020 00057 00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abdebido proceso\u00bb para que se revocaran los prove\u00eddos de 11 de enero y 7 de abril de 2022 y, en consecuencia, se ordenara \u00absuscribir el documento pedido dentro del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla libr\u00f3 mandamiento de pago (7 oct. 2020) en el juicio coactivo que junto con Carmen Santana de Anzola promovi\u00f3 contra Osvaldo Rafael Barrios D\u00edaz y otros para la suscripci\u00f3n de escritura p\u00fablica donde les transfirieran la propiedad de media hect\u00e1rea para cada uno del predio \u00ablas delicias\u00bb (M.I. 045-3879), y dos hect\u00e1reas y media para cada uno del denominado \u00abpunta gorda\u00bb (045-3880); libelo que precis\u00f3, se reform\u00f3 en el sentido de tener a Santana de Anzola como ejecutante (27 oct.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que al efectuar un control de legalidad frente a los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y evidenciar que la obligaci\u00f3n no era clara, en tanto la minuta de la promesa de compraventa de inmuebles que serv\u00eda como base del recaudo, no establec\u00eda una fecha cierta en la que los demandados deb\u00edan comparecer a suscribir el instrumento p\u00fablico y tampoco identificaba la Notar\u00eda en la que ello se materializar\u00eda y, que, por tanto, no se cumpl\u00edan las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, revoc\u00f3 dichos autos (11 en. 2022), decisi\u00f3n que el superior ratific\u00f3 (7 abr.). <\/p>\n
Acus\u00f3 tales providencias de incurrir en v\u00eda de hecho, porque el t\u00edtulo en el que se ciment\u00f3 el coactivo no era una \u00abpromesa de venta de un inmueble\u00bb sino un \u00abacuerdo de voluntades\u00bb, cuyo objeto reca\u00eda en dar por terminado un proceso de petici\u00f3n de herencia y varias denuncias penales entabladas entre las partes, que torna procedente la orden de suscripci\u00f3n del contrato reclamada en el escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra el veredicto proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente el dictado en segunda instancia, comoquiera que fue el que dirimi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- De entrada, se observa el decaimiento del resguardo, por cuanto el auto emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la mencionada ciudad (7 abr. 2022), que convalid\u00f3 el de primer grado (11 en.), mediante el cual revoc\u00f3 la orden de apremio, as\u00ed como la aceptaci\u00f3n de la reforma de la demanda que tuvo a Carmen Santana de Anzola como ejecutante, no luce antojadizo, ni arbitrario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, trajo a colaci\u00f3n la documental aportada como \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb titulada \u00abModelo de Acuerdo de Voluntades\u00bb, cuyo contenido reza <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: ACUERDO ENTRE LAS PARTES: <\/p>\n
Los se\u00f1ores ALFREDO GUILLERMO JULIAO SANTANA y CARMEN SANTANA DE ANZOLA, a trav\u00e9s de su apoderado, previo reconocimiento de los derechos que le asisten a los hermanos BARRIOS DIAZ y BARRIOS RINC\u00d3N, herederos del se\u00f1or JOSE DE LOS REYES BARRIOS FONTALVO (q.e.p.d.), Acuerdan lo siguiente: <\/p>\n
Primera: Participaci\u00f3n ponderada y proporcional en la distribuci\u00f3n de los predios relacionados en el hecho 2.6 que precede. <\/p>\n
Segunda. Respecto al primer predio denominado \u201cLAS DELICIAS\u201d con un \u00e1rea de 30 Hts, con Matr\u00edculaN\u00b0 045-3879 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sabana Larga, se le reconozcan TRES HECT\u00c1REAS (3Hts) a los se\u00f1ores ALFREDO GUILLERMO JULIAO SANTANA y CARMEN SANTANA DE ANZOLA, UNA y Media Hect\u00e1rea (1 \u00bd hts) para cada uno, y <\/p>\n
En cuando al segundo denominado \u201cPUNTA GORDA\u201d con un \u00e1rea de 45 Hts, con Matr\u00edcula N\u00b0 045-3880 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sabana Larga, se le reconocen CINCO HECT\u00c1REAS (5Hts) a los se\u00f1ores ALFREDO GUILLERMO JULIAO SANTANA y CARMEN SANTANA DE ANZOLA, DOS HECT\u00c1REAS CINCO MIL METROS CUADRADOS (2Hts 5.000 mts2) para cada uno (…). <\/p>\n
Cuarta: Que este Acuerdo de Voluntades resuelva la falsa tradici\u00f3n de los bienes rurales aqu\u00ed descritos. <\/p>\n
Quinta: Que el presente Acuerdo se presente ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de soledad con la finalidad que la misma, haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada.\u201d <\/p>\n
Y en el punto tercero se indica: <\/p>\n
\u201cTERCERO: COMPROMISO <\/p>\n
A partir de la firma del presente Documento y su Administraci\u00f3n las Partes se Comprometen a poner en conocimiento del se\u00f1or Juez del Conocimiento y de los Fiscales que llevan las diferentes Denuncias de Parte y Parte el Presente Acuerdo de Voluntades con el objeto de darle fin y que hagan Tr\u00e1nsito a Cosa Juzgada. <\/p>\n
As\u00ed mismo se comprometen los se\u00f1ores BARRIOS DIAZ y BARRIOS RINC\u00d3N, a protocolizar las transferencias a que haya lugar para que los se\u00f1ores ALFREDO GUILLERMO JULIAO SANTANA y CARMEN SANTANA DE ANZOLA, Reciban los bienes que corresponden por sus Derechos Herenciales\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, afirm\u00f3 que \u00abla documental en que se ciment\u00f3 la ejecuci\u00f3n no constituye un contrato de promesa de compraventa\u00bb, puesto que no identific\u00f3 el negocio jur\u00eddico prometido ni determin\u00f3 cu\u00e1ndo \u00abdeb[\u00eda] celebrarse dicho contrato ulterior\u00bb. <\/p>\n
Luego, cit\u00f3 el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, aludiendo a la facultad-deber del juez de verificar de forma oficiosa el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, labor respecto de la cual destac\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n en STC3878-2019, ense\u00f1\u00f3 <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem (…)\u201d. <\/p>\n
Por tanto, el despacho judicial criticado err\u00f3 al indicar que los requisitos de los t\u00edtulos s\u00f3lo pod\u00edan ser estudiados a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio, zanjando as\u00ed cualquier discusi\u00f3n al respecto, pues, se itera, tal como qued\u00f3 visto, la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del Juez debe ser tambi\u00e9n en la sentencia que con posterioridad decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Por consiguiente, adver\u00f3 que lo develado era la configuraci\u00f3n de una transacci\u00f3n o acuerdo entre las partes, cuyo objeto concern\u00eda \u00abfiniquitar determinados procesos judiciales en los que participaban como demandantes y demandados rec\u00edprocos, o denunciantes y denunciados rec\u00edprocos\u00bb y, con fundamento en el cual los demandados se obligaron \u00aba \u201cprotocolizar las transferencias a que haya lugar para los se\u00f1ores ALFREDO GUILLERMO JULIAO SANTANA y CARMEN SANTANA DE ANZOLA, reciban los bienes que corresponden por sus Derechos Herenciales\u201d. <\/p>\n
Compromiso que, enfatiz\u00f3, est\u00e1 condicionado a la culminaci\u00f3n de litigios que no fueron identificados, hecho que tampoco encuentra respaldo probatorio en el dossier. De ah\u00ed, que hubiese colegido que el v\u00ednculo jur\u00eddico no era puro y simple, esto es, que se hubiese hecho \u00abexigible el d\u00eda 5 de diciembre del 2016, fecha de suscripci\u00f3n del contrato\u00bb, como lo invoca el apelante y, por ende, resultaba \u00abinexigible la prestaci\u00f3n cuya ejecuci\u00f3n se pretende\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en punto a la ausencia de claridad en relaci\u00f3n con la denegaci\u00f3n o inadmisi\u00f3n de la \u00aborden de pago\u00bb, asent\u00f3 que tal aspecto debi\u00f3 haber sido planteado por el impugnante a trav\u00e9s de solicitud de aclaraci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 285 del Estatuto Procesal. Con todo, acot\u00f3 que la coerci\u00f3n no pod\u00eda continuar por ausencia de mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
2.- Sobre la \u00abfacultad-deber de control de legalidad que de oficio le asiste al juez\u00bb frente a los t\u00edtulos ejecutivos, la Sala ha sostenido <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido (\u2026). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que, a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo\u2026\u00bb (STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, STC13992-2021, 20 oct. 2021, rad 00156-01, entre otras). Subraya la Sala. <\/p>\n
3.- Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente para estructura una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, como quiere el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, que no es la de servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, surge clara el fracaso del ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Ari Constructores S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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