STC6735-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6735-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00153-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 4 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Martha Cecilia Batista de la Hoz promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco- Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al que fue vinculado Bancolombia SA y citadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo de radicado 2021-0121. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como sustento de lo pretendido, sostuvo que Bancolombia adelant\u00f3 en su contra proceso de restituci\u00f3n de inmueble en la modalidad de leasing habitacional, en el que Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco admiti\u00f3 la demanda el 19 de julio de 2021, advirti\u00e9ndole que, para poder ser escuchada deb\u00eda consignar los c\u00e1nones de arrendamiento \u00abque alude el demandante o presentar el recibo de pago o consignaci\u00f3n conforme a lo de ley\u00bb, sin embargo procedi\u00f3 a radicar la contestaci\u00f3n de la demanda dentro del t\u00e9rmino, oponi\u00e9ndose a las pretensiones y proponiendo las excepciones de m\u00e9rito que consider\u00f3 pertinentes. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en la sentencia de 5 de abril de 2022, orden\u00f3 no escucharla dentro del proceso y declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento de leasing habitacional, y su consecuente restituci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que, en el caso concreto, se trata de un contrato de arrendamiento financiero de leasing habitacional, con cl\u00e1usulas especiales y formas de pago distintas, siendo de connotaciones especiales, y lo m\u00e1s importante, con direccionamiento de pagos diferentes, toda vez que el recaudo del dinero que realiza Bancolombia SA, se dirige al abono de capital y el otro se dirige al pago por locatario o arrendamiento del inmueble e intereses. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, que el Juzgado accionado no debi\u00f3 aplicar la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto no se trata de un contrato de arrendamiento. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 \u00abordenar al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBACO – BOLIVAR, que a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, deje sin efectos jur\u00eddicos la sentencia de fecha 05 de abril de 2022 (radicado: 13836310300120210012100), donde resolvi\u00f3 de conformidad con el c\u00f3digo general del proceso, ordenar no escucharme dentro del proceso de la referencia Y DECLARAR terminado el contrato de arrendamiento de leasing habitacional, celebrado entre BANCOLOMBIA S.A. identificada con NIT: 890.903.938-8 y MARTHA CECILIA BATISTA DE LA HOZ identificada con C.C. 30.774.665, Ordenando su restituci\u00f3n, entre otros. Y a su vez, rehaga el tr\u00e1mite del proceso restitutorio, en el que deber\u00e1 o\u00edr a la demandada aqu\u00ed accionante, a efecto de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia entre otros\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de restituci\u00f3n objeto de queja constitucional, se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela indicando que lo que pretende la actora es dejar sin efectos providencias legitimas proferidas en el proceso con apeg\u00f3 a la ley, donde no se incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Mediante representante judicial, Bancolombia SA, solicit\u00f3 negar las pretensiones de la actora, en tanto que, el Juzgado de conocimiento no vulner\u00f3 los derechos alegados por la accionante porque actu\u00f3 con total apego a las leyes que rigen la materia, puesto que, el proceso deriv\u00f3 del comportamiento de pago presentado por la demandada en atenci\u00f3n a su contrato de Leasing. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena concedi\u00f3 el amparo, al considerar que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un defecto sustancial, al aplicar -por analog\u00eda- una sanci\u00f3n no prevista en el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de leasing habitacional, para lo cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa equivocaci\u00f3n en el asunto, radica en que tal precepto no resultaba aplicable en este caso, pues ya han referido las Altas Cortes que la sanci\u00f3n contenida en dicha normatividad tiene que ver con el contrato presentado para lograr la restituci\u00f3n, as\u00ed que, al tratarse de un leasing financiero, resultaba desacertado deso\u00edr la defensa de la accionante. As\u00ed se\u00f1al\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en prove\u00eddo STC5878-2020: <\/p>\n
Ciertamente, a pesar de las semejanzas que pueden existir entre aquel negocio y los \u201ccontratos de arrendamiento de inmueble\u201d, la disposici\u00f3n en comento se refiere, exclusivamente, a la \u201crestituci\u00f3n\u201d que tiene como b\u00e1culo el arrendamiento; de suerte que el pleito originado en un \u201cleasing\u201d se regula, inicialmente, por el art\u00edculo 385 ib\u00eddem, que remite, en lo pertinente, a la norma precedente, pero tal reenv\u00edo no cobija la sanci\u00f3n arriba transcrita. <\/p>\n
Aun cuando el litigio de \u201crestituci\u00f3n de leasing\u201d se rige por la mayor\u00eda de las pautas que orientan el de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d, esa circunstancia per se no autoriza extenderle el correctivo cuestionado, dise\u00f1ado, \u00fanicamente, para este \u00faltimo, entre otros motivos, porque como es sabido en esa materia opera el principio de nulla poena sine lege, esto es, \u201dno hay pena [sanci\u00f3n] sin ley\u201d; de modo que cualquier castigo, sustancial o procesal, exige mandato expreso del legislador y, por consiguiente, en tales t\u00f3picos est\u00e1n proscritas las interpretaciones por analog\u00eda (\u2026)\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El representante legal de Bancolombia SA, impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito de contestaci\u00f3n y afirm\u00f3 que, la accionante cont\u00f3 con la oportunidad procesal para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, siendo los mecanismos id\u00f3neos los recursos, contestaci\u00f3n de demanda, presentaci\u00f3n de excepciones sean previas o de m\u00e9ritos. Agreg\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela es improcedente en aquellos casos en los que exista otra v\u00eda judicial o cuando no se hayan agotado los mecanismos id\u00f3neos y necesarios antes de contemplar la misma, esto es, los recursos que le asist\u00edan a la demandada, puesto que el C\u00f3digo General del Proceso establece la oportunidad procesal para ello. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la peticionaria en ninguna oportunidad procesal interpuso recurso alguno en contra del auto que admiti\u00f3 la demanda, pese a ello, la contest\u00f3 proponiendo excepciones de m\u00e9rito, actuaci\u00f3n a la que el Juzgado de conocimiento se pronunci\u00f3 mediante providencia de 5 de noviembre de 2021 en la que manifest\u00f3, que no tendr\u00eda en cuenta la contestaci\u00f3n con oposici\u00f3n, por cuanto el poder conferido no cumpl\u00eda con las formalidades de la norma adjetiva civil, siendo esta la raz\u00f3n por la que no se tuvo en cuenta la contestaci\u00f3n allegada, m\u00e1s no por el hecho de haber acreditado el pago de los c\u00e1nones en mora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Consistentemente la Sala ha reiterado, que, por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Las piezas digitales allegadas al expediente constitucional dan cuenta de las siguientes actuaciones: <\/p>\n
2.1 En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, curs\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tenencia del bien inmueble objeto de contrato de leasing habitacional N\u00ba 214376, promovido por Bancolombia SA contra Martha Cecilia Batista de la Hoz, en el que en auto de 19 de julio de 2021 se admiti\u00f3 la demanda, contemplando en el numeral 3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) TERCERO: NOTIF\u00cdQUESE este auto a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 290 a 293 del C. G. del P. en armon\u00eda con el D.L. 806 de 2020 y c\u00f3rrasele traslado de la demanda y sus anexos por el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas. ADVIERTESELE a la parte demandada que para poder ser o\u00eddo deber\u00e1 consignar a \u00f3rdenes de este Juzgado los c\u00e1nones de arrendamiento que alude el demandante o presentar el recibo de pago o consignaci\u00f3n conforme a lo de ley. Bajo el mandato del art\u00edculo 8\u00ba del D.L. 806 del 2020; (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Pgs. 50 a 51] <\/p>\n
2.2 Notificada la demanda, mediante apoderada judicial contest\u00f3 la demanda y propuso como excepci\u00f3n la denominada \u00abCobro de lo no debido\u00bb, sin embargo, en auto del 5 de noviembre de 2021, el Juzgado de conocimiento dispuso sustraerse del estudio de la contestaci\u00f3n, en tanto que, el poder conferido no cumpl\u00eda con las ritualidades del C\u00f3digo General del Proceso [Derivado expediente digital. Pgs. 22 y 23] <\/p>\n
2.3 Luego, en sentencia de 5 de abril de 2022, se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento de Leasing habitacional N\u00ba 214376 celebrado entre Bancolombia SA y la se\u00f1ora Martha Cecilia Batista de la Hoz, aqu\u00ed accionante, sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula N\u00ba 060-298206, ordenando a la demandada restituirlo dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la determinaci\u00f3n. [Derivado expediente digital. Pgs. 46 a 49] <\/p>\n
Providencia que tuvo como fundamento lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, al advertir, <\/p>\n
\u00abEn consecuencia y ante la falta de acreditaci\u00f3n de los c\u00e1nones de arrendamiento debidos, se sigue para la demandada la consecuencia jur\u00eddica de no ser o\u00edda, en la medida que, se itera, no se acredit\u00f3 el cumplimiento de la carga consagrada en el numeral 4 del art\u00edculo 384 ib\u00eddem. Situaci\u00f3n que faculta a este Despacho a dar por terminado el contrato de arrendamiento y a ordenar la restituci\u00f3n del inmueble objeto del mismo\u00bb <\/p>\n
3. Ante tal panorama, se concluye que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco incurri\u00f3 en v\u00eda hecho, como quiera que no apreci\u00f3 la normativa, ni la jurisprudencia aplicable, pues consider\u00f3 que la demandada Martha Cecilia Batista de la Hoz, no deb\u00eda ser escuchada hasta que cancelara los c\u00e1nones denunciados por el demandante como debidos, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 384 del Estatuto Procedimental. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, observa la Sala que no se tuvo en cuenta que, la sentencia T-734 de 2013 de la Corte Constitucional, al estudiar la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los contratos de leasing financiero, concluy\u00f3 que, pese a que para la restituci\u00f3n de bienes entregados en leasing se hac\u00eda una remisi\u00f3n normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la misma no se hac\u00eda extensiva a la referida sanci\u00f3n. Norma que en este aspecto no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la referida Corporaci\u00f3n, en esa providencia precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De anta\u00f1o esta Sala sobre el punto expuso que, la remisi\u00f3n que realiza el art\u00edculo 385 de la Ley 1564 de 2012 al art\u00edculo 384 \u00eddem, que consagra lo concerniente a la \u00abrestituci\u00f3n de inmueble\u00bb arrendado, no se ampl\u00eda a la sanci\u00f3n que \u00e9ste \u00faltimo regula en trat\u00e1ndose de la causal \u201cfalta de pago\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, con relaci\u00f3n a los art\u00edculos 424 y 426 del anterior estatuto procesal, que en ese especifico tema fueron reproducidos en el actual, se acot\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo obstante, se observa que no se tuvo en cuenta que, la sentencia T-734 de 2013 de la Corte Constitucional, al estudiar la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los contratos de leasing financiero, concluy\u00f3 que, pese a que para la restituci\u00f3n de bienes entregados en leasing se hac\u00eda una remisi\u00f3n normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la misma no se hac\u00eda extensiva a la referida sanci\u00f3n. Norma que en este t\u00f3pico no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
(\u2026) la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contemplado en el art\u00edculo 424 del C.P.C., no plantea ninguna discusi\u00f3n y por lo mismo resulta viable en tanto es la v\u00eda judicial que el legislador ha dise\u00f1ado para resolver este tipo de reclamaciones judiciales. Sin embargo, lo que no resulta aceptable, es que por v\u00eda de este mecanismo de integraci\u00f3n normativa se restrinja de manera dr\u00e1stica el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso y de defensa, cuando quiera que dicha limitaci\u00f3n no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada ante presuntos incumplimientos de contratos financieros como el leasing. De aceptarse dicha circunstancia, ello supondr\u00eda el desconocimiento del principio pro homine, el cual se pasar\u00e1 a explicar m\u00e1s adelante\u2026 <\/p>\n
7.2.8 En el presente caso, el fundamento jur\u00eddico que domina la actuaci\u00f3n judicial controvertida corresponde al proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u2026 En esta medida, la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica no plantea mayor dificultad\u2026 Sin embargo, no resulta aceptable, que dicha aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la norma procesal, se haga incluso respecto de aqu\u00e9l aparte normativo que restringe o limita el ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso. Tal y como sucede en el caso que nos ocupa, en el que, si bien el contrato de leasing inmobiliario plantea algunas similitudes con el contrato de arrendamiento de inmueble por nutrirse de algunas caracter\u00edsticas de \u00e9ste, ello no permite que pueda asimilarse en su integridad a este \u00faltimo pues contiene otras caracter\u00edsticas jur\u00eddicas muy distintas, propias de otros contratos t\u00edpicos o propias a \u00e9l. <\/p>\n
7.2.9 Por esta raz\u00f3n, cuando en el tr\u00e1mite del referido proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el accionado\u2026 aplic\u00f3 de manera anal\u00f3gica e integral el contenido del art\u00edculo 424 del C.P.C. al suponer que la reclamaci\u00f3n del contrato de leasing incumplido era asimilable a un contrato de arrendamiento com\u00fan y corriente, incurri\u00f3 en un causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela por defecto sustantivo o material, justificado en una indebida interpretaci\u00f3n de la citada norma a consecuencia de una indebida aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del citado aparte normativo. En efecto, no pod\u00eda la autoridad judicial imponer\u2026 la restricci\u00f3n al ejercicio del derecho al debido proceso y de defensa contemplada en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 del C.P.C. por no estar contemplada de manera expresa por el mismo Legislador para su aplicaci\u00f3n a los contratos financieros como el leasing\u2026 <\/p>\n
7.3 Ahora bien, el anotado defecto material o sustancial atr\u00e1s explicado, dio origen igualmente [a] un defecto f\u00e1ctico, pues el juez al aplicar de manera estricta el art\u00edculo 424 de C.P.C. ignor\u00f3 por completo el material probatorio que la sociedad tutelante hab\u00eda expuesto en su contestaci\u00f3n de la demanda y en sus objeciones de fondo, documentos en los que pon\u00eda en entredicho el referido contrato de leasing o arrendamiento financiero\u2026 <\/p>\n
A pesar de que estos argumentos fueron oportunamente presentados por la sociedad demandada como excepciones de fondo, no fueron objeto de an\u00e1lisis alguno por parte del Juzgado… En efecto esta instancia judicial atendiendo lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 424 C.P.C., decidi\u00f3 no estudiar los argumentos jur\u00eddicos planteados en las objeciones de fondo, raz\u00f3n por la cual, le fue imposible advertir las diferencias jur\u00eddicas entre el contrato financiero de leasing y el simple arrendamiento inmobiliario, y tampoco pudo analizar los argumentos jur\u00eddicos que pon\u00edan en entredicho el real incumplimiento contractual alegado (\u2026)\u00bb. (Postura acogida tambi\u00e9n por esta Corte mediante STC de 02 de agosto de 2017, exp. 2017-00194-01, en igual sentido; STC del 01 de diciembre de 2016 exp. 2016-00424-01; STC del 15 de abril de 2016, exp. 2016-4733; STC del 22 de mayo de 2015 exp. 2015-6302 y STC del 31 de julio de 2019 exp. 2019-1066 citada en STC5878-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y en el mismo sentido esta Sala en un caso de similares caracter\u00edsticas, resalt\u00f3 que si bien es cierto que, cuando se trata de un proceso de leasing habitacional, le es aplicable por remisi\u00f3n la normativa que regula la restituci\u00f3n de inmueble arrendado, no es menos cierto que, el juez de conocimiento, no puede aplicar la sanci\u00f3n de no ser o\u00eddo en juicio hasta no acreditar estar al d\u00eda en el pago de los c\u00e1nones, por la sencilla raz\u00f3n que, \u00abal existir certeza respecto a que el juicio no se edific\u00f3 en un contrato de arrendamiento sino en uno de leasing financiero, se hac\u00eda inaplicable la exigencia contenida en el numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb1. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, se concluye que el juzgado accionado no analiz\u00f3 la normativa y jurisprudencia aplicable emanada tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporaci\u00f3n, con lo que transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales de la demandada, concretamente su derecho de contradicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se confirmar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas providencias del Juzgado\u2026 que en suma se abstuvieron de escuchar a [la parte demandada]\u2026 bajo el criterio de que no prob\u00f3 el pago de los c\u00e1nones endilgados en mora conforme lo exige el numeral 2 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, constituyen una equivocaci\u00f3n por defecto sustantivo, derivado de una equivocada aplicaci\u00f3n de la norma y, por esa senda, por omitir un precedente establecido en un caso semejante\u00bb. CSJ STC, 22 may. 2015, rad. 2015-00796-01 y STC4523-2016). <\/p>\n
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