STC6739-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6739-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2021-01792-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo promovido por Tatiana Eugenia Valderruten Rengifo contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y las partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, buen nombre, seguridad social e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas en el proceso disciplinario con radicado 2016-02094-01. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas recaudadas se establece que se adelant\u00f3 el mencionado tr\u00e1mite contra la accionante, ante la queja disciplinaria presentada por el se\u00f1or Juan de la Cruz Trujillo Mart\u00ednez, quien manifest\u00f31 que le hab\u00eda otorgado poder a la abogada Tatiana Eugenia Valderruten Rengifo, para adelantar un proceso ordinario laboral contra Colpensiones, a fin de obtener el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Sostuvo el quejoso que \u00abella me solicit\u00f3 la suma de $6.000.000 para pagar las cotizaciones adeudadas y me saliera la pensi\u00f3n\u00bb y que, por sugerencia de ella, \u00abproced\u00ed a adquirir un pr\u00e9stamo a trav\u00e9s de la misma apoderada\u00bb, pagando intereses mensuales \u00abinicialmente a la apoderada y luego de 7 meses que ella se colg\u00f3 con los intereses me empez\u00f3 a llegar un prestamista al que actualmente le vengo pagando la suma de $240.000\u00bb. Mencion\u00f3 que la abogada nunca realiz\u00f3 el pago a Colpensiones, lo que origin\u00f3 que no le fuera reconocida la pensi\u00f3n. <\/p>\n
La queja fue conocida en primera instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial, despacho que, en sentencia del 30 de junio de 2021, resolvi\u00f3 sancionar a la referida abogada \u00abcon SUSPENSI\u00d3N en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de DOCE (12) MESES y MULTA DE CINCO (5) SMLMV (\u2026) por haber infringido los deberes profesionales previstos en los numerales 8\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, incurriendo con ello en las faltas descritas en los art\u00edculos 35 numeral 4\u00b0 y 37 numeral 2\u00b0, faltas que se calificaron a t\u00edtulo de DOLO y CULPA, respectivamente, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia\u00bb2. <\/p>\n
Presentado recurso de apelaci\u00f3n por la disciplinada contra aquella sentencia3, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en fallo del 8 de septiembre de 2021, luego de negar la nulidad propuesta, confirm\u00f3 en su totalidad la sentencia sancionatoria4. <\/p>\n
3. Se\u00f1al\u00f3 la parte actora que i) se vulner\u00f3 el principio de legalidad, dado que los hechos denunciados y que dieron origen a la imputaci\u00f3n de cargos disciplinarios (pr\u00e9stamo de dinero), no se adelantaron en desarrollo de la profesi\u00f3n de abogada; ii) se tuvieron por probados los hechos con fundamento en el testimonio del se\u00f1or Diego Fernando Ocampo, a quien tach\u00f3 como \u00absospechoso\u00bb, por haber presentado anteriormente una queja disciplinaria en su contra, que fue archivada; y iii) se negaron las pruebas por ella solicitadas en la etapa de juzgamiento. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que era madre cabeza de familia y que sus ingresos dependen del ejercicio de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, pidi\u00f3 dejar sin efecto los fallos del 30 de junio y del 8 de septiembre de 2021 y que se ordene \u00abrehacer la providencia dictada el 30 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca adujo, entre otros, que en el proceso disciplinario la accionante \u00abfue citada durante el curso de la instrucci\u00f3n a las direcciones consignadas en el Registro Nacional de Abogados\u00bb, en cumplimiento del numeral 15 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007 y que el oficio de citaci\u00f3n presentado por la disciplinable con la apelaci\u00f3n se libr\u00f3 en otro proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial destac\u00f3 la improcedencia de la tutela, dado que la actora manifest\u00f3 su inconformidad con la valoraci\u00f3n probatoria efectuada y reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, demostrando con ello que pretende acudir a esta herramienta como si se tratara de una tercera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia afirm\u00f3 que su actuaci\u00f3n estuvo referida al registr\u00f3 de la sentencia emitida en el proceso disciplinario de marras. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras considerar que la providencia acusada contiene argumentos razonables. En cuanto a la falta de oportunidad de la actora para ejercer su derecho de defensa, se\u00f1al\u00f3 que este se le garantiz\u00f3 cuando se resolvi\u00f3 la nulidad por ella presentada, pues se estableci\u00f3 que fue citada debidamente al proceso y, como no compareci\u00f3, se le design\u00f3 un defensor de oficio; adem\u00e1s, se tuvo en cuenta su versi\u00f3n libre, oportunidad en la que se decret\u00f3 una de las pruebas que solicit\u00f3. Por \u00faltimo, aludi\u00f3 a los medios de convicci\u00f3n recaudados en el tr\u00e1mite controvertido y concluy\u00f3 que fueron debidamente analizados, comprob\u00e1ndose as\u00ed su responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de lo decidido en las sentencias del 8 de septiembre y del 30 de junio de 2021, proferidas en el curso del proceso disciplinario 2016-02094, a trav\u00e9s de las cuales las autoridades accionadas la sancionaron con suspensi\u00f3n en el ejercicio del cargo y la imposici\u00f3n de una multa. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que, en el fallo disciplinario de segunda instancia, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se pronunci\u00f3 inicialmente sobre la nulidad solicitada y consider\u00f3 que \u00abno es cierto, como lo afirm\u00f3 la recurrente en el recurso de apelaci\u00f3n, que se efectuaron 2 citaciones a dos defensoras de oficio (\u2026) para el 11 de marzo de 2020\u00bb, pues la \u00fanica defensora designada, ante \u00absu incomparecencia reiterada a las diligencias que motiv\u00f3 que se le declarara persona ausente\u00bb, fue la doctora Mar\u00eda Graciela Marmolejo de la Torre, a quien \u00abse le cit\u00f3 correctamente para realizar la diligencia del 11 de marzo de 2020, lo que permiti\u00f3 que, en efecto, la abogada asistiera a la audiencia\u00bb. <\/p>\n
En cuanto \u00aba la citaci\u00f3n que adjunt\u00f3 la recurrente con el recurso de apelaci\u00f3n, dirigida a la doctora Liliana Poveda Herrera\u00bb, aclar\u00f3 que \u00abesta se envi\u00f3 a esa profesional como disciplinada al interior del proceso No. 2016- 531, en el cual se le informaba la fijaci\u00f3n de una audiencia para el 12 de marzo de 2020, sin que esa citaci\u00f3n tenga alguna relaci\u00f3n con el proceso de marras y menos, como se explic\u00f3 que esa abogada fungiera como defensora de oficio de la inculpada\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, encontr\u00f3 que el a quo le comunic\u00f3 a la investigada durante todo el proceso \u00abla realizaci\u00f3n de las diligencias a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados\u00bb, siendo escuchada en versi\u00f3n libre durante la audiencia de juzgamiento \u00aby que las solicitudes probatorias que efectu\u00f3 en esa audiencia, una fue decretada de oficio (la entrega de unos recibos) y la otra fue negada por impertinente\u00bb, a pesar de haber prelucido la oportunidad probatoria, todo ello para garantizar su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y porque la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n establece como procedente la pr\u00e1ctica de pruebas de oficio en esa etapa. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el testimonio del se\u00f1or Diego Fernando Ocampo advirti\u00f3 que fue decretado de oficio desde la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional el 10 de septiembre de 2019, raz\u00f3n por la cual fue practicado en la etapa de juicio, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 106 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Descartada la nulidad, se refiri\u00f3 a los argumentos de la apelaci\u00f3n. Sobre la \u00abAusencia de tipicidad\u00bb, cit\u00f3 el numeral 4 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, seg\u00fan el cual: \u00abConstituyen faltas a la honradez del abogado: (\u2026) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u00bb. <\/p>\n
Y, luego de realizar un recuento f\u00e1ctico a la luz de las pruebas arrimadas a ese proceso, estableci\u00f3 que se encontraban acreditados los requisitos para la configuraci\u00f3n de la mencionada falta, dado que: <\/p>\n
A. \u00abExiste material probatorio que acredita que la abogada recibi\u00f3 los $6.000.000 que fueron tomados como pr\u00e9stamo por el quejoso\u00bb, seg\u00fan i) lo expuesto por el prestamista Diego Fernando Ocampo, quien afirm\u00f3 haber entregado el dinero a Valderruten Rengifo, para un tr\u00e1mite pensional (testimonio que no fue tachado de falso), ii) lo declarado por Blanca Nidia Villegas Varay, esposa del quejoso, iii) el pagar\u00e9 a favor de Diego Fernando Ocampo, suscrito el 28 de febrero de 2013 por Juan de la Cruz Trujillo Mart\u00ednez y Blanca Nidia Villegas Varay como deudores, iv) la \u00absupuesta consignaci\u00f3n ante el Banco Agrario por $5.000.000 por la abogada bajo el t\u00edtulo aportes seguridad social\u00bb, entidad bancaria que certific\u00f3 que a nombre del quejoso s\u00f3lo existieron dos consignaciones de $5.000, v) las consignaciones que de marzo a noviembre de 2013 efectuaron los querellantes a la abogada a t\u00edtulo de intereses y vi) los pagos que posteriormente realizaron los deudores directamente al prestamista, luego de que este les comunicara que no hab\u00eda recibido los intereses anteriores. <\/p>\n
B. \u00abLa abogada no entreg\u00f3 el dinero a quien correspond\u00eda\u00bb, esto es, a Colpensiones, ni al Juzgado en el que cursaba el proceso laboral ni al quejoso, circunstancia que se dedujo de la coherencia entre los testimonios y la prueba documental aportada. <\/p>\n
C. \u00abLa recepci\u00f3n del dinero fue en virtud de la gesti\u00f3n profesional\u00bb, por cuanto la disciplinada, \u00aben ejecuci\u00f3n de su compromiso con su cliente, hoy quejoso, le indic\u00f3 que deb\u00eda consignar $5.000.000 a COLPENSIONES, esto es que la necesidad de obtener el dinero surgi\u00f3, en primer lugar, por la asesor\u00eda que adelant\u00f3 la togada frente a sus prohijados\u00bb; y porque aqu\u00e9lla admiti\u00f3 que sirvi\u00f3 de intermediaria para conseguir el dinero prestado, actuando bajo la representaci\u00f3n de su cliente y teniendo como m\u00f3vil el reconocimiento de la pensi\u00f3n, demostr\u00e1ndose con ello el \u00abnexo causal entre el dinero recibido y la gesti\u00f3n profesional encomendada a la abogada\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abla abogada actu\u00f3 con dolo con el fin de obtener un dinero destinado para su cliente\u00bb, lo cual result\u00f3 acreditado \u00abcon la entrega de una presunta consignaci\u00f3n, que como se ha reiterado no se adelant\u00f3 ante el Banco Agrario ni hubo dep\u00f3sito de aportes a COLPENSIONES\u00bb y porque \u00abmantuvo bajo la expectativa a su poderdante\u00bb de que con ese aumento de cotizaciones saldr\u00eda avante su causa ente el juzgado laboral, circunstancia que finalmente no ocurri\u00f3. <\/p>\n
De otro lado, sobre la \u00abDuda razonable\u00bb, adem\u00e1s de reiterar algunos de los argumentos expuestos, estableci\u00f3 que la investigada tampoco rindi\u00f3 el informe escrito a su cliente al finalizar su gesti\u00f3n, seg\u00fan lo dispuesto por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, lo cual no se supl\u00eda con las llamadas o mensajes de WhatsApp que afirm\u00f3 haber realizado. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, a partir de lo cual la Comisi\u00f3n accionada consider\u00f3 que se configuraban los requisitos para imputar las faltas disciplinarias contempladas en los numerales 4\u00b0 del art\u00edculo 35 y 2\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el escrito de tutela, los reparos contra la providencia analizada se dirigieron principalmente a refutar la valoraci\u00f3n probatoria realizada por los accionados, la cual, como se dijo, se encuentra razonable y debidamente soportada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 2, archivo \u00ab01CuadernoOrigina.pdf\u00bb <\/p>\n
2\u0002 Archivo 37, expediente 2016-02094. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 42, expediente 2016-02094. <\/p>\n
4\u0002 Documento 05, Carpeta Segunda Instancia, expediente 2016-02094. <\/p>\n
<\/p>\n
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