STC6742-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6742-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00426-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 10 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jorge Alberto Rengifo L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2018-00292. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en su contra se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n penal por hechos relacionados con narcotr\u00e1fico, conducta que origin\u00f3 la apertura del caso n\u00ba 06-CR799 (S-2) (BMC) de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Oriental de Nueva York, juicio en el que acept\u00f3 su responsabilidad y fue sentenciado a 136 meses de prisi\u00f3n, por lo cual estuvo privado de la libertad desde el 30 de marzo de 2010 hasta el 27 de mayo de 2015. <\/p>\n
Relat\u00f3 que luego de su regreso a Colombia, el 14 de septiembre de 2017 fue nuevamente privado de la libertad por un asunto de narcotr\u00e1fico ocurrido en diciembre de 2004, investigaci\u00f3n donde aleg\u00f3 la transgresi\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem, teniendo en cuenta que se estructuraba bajo la misma modalidad f\u00e1ctica y temporal en la que se fundament\u00f3 la condena en Estados Unidos, petici\u00f3n que fue negada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que opt\u00f3 por aceptar los cargos endilgados en Colombia, y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, en sentencia de 19 de noviembre de 2018 lo conden\u00f3 a 129 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n y, adicionalmente, neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de penas y la libertad condicional pedida. <\/p>\n
Expuso que la vigilancia de la condena correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, ante el cual solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas con la sanci\u00f3n impuesta en Estados Unidos, en atenci\u00f3n al principio de la unidad procesal y el criterio de conexidad entre las conductas. <\/p>\n
El 26 de julio de 2021 el mencionado Juzgado neg\u00f3 su petici\u00f3n, tras argumentar que desconoc\u00eda el fallo proferido en el exterior por no ser compatible con los hechos del caso sometido a su direcci\u00f3n, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 25 de octubre de 2021, seg\u00fan afirm\u00f3, porque no tuvo conocimiento de la sentencia proferida en Estados Unidos para poder pronunciarse sobre la conexidad alegada. <\/p>\n
Adujo que los funcionarios accionados incurrieron en indebida motivaci\u00f3n, pues, en su sentir, las referidas decisiones carecen de un adecuado razonamiento y valoraci\u00f3n probatoria, contrariando est\u00e1ndares internacionales m\u00ednimos sobre la materia, y adem\u00e1s, desconocieron las reglas b\u00e1sicas de la conexidad procesal, contenidas en el art\u00edculo 90 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto las determinaciones cuestionadas y, en su lugar, ordenar que \u00aben el t\u00e9rmino legal el servidor judicial que tiene el deber de resolver haga efectivo el derecho a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas a que [tiene] derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso e inform\u00f3 que Jorge Alberto Rengifo L\u00f3pez estuvo privado de la libertad desde el 14 de septiembre de 2017 fecha en la cual se produjo su captura y posteriormente le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n domiciliaria, hasta el 22 de noviembre de 2018, cuando funcionarios adscritos al INPEC se percataron que ya no se encontraba en su residencia cumpliendo la medida, por tanto al \u00abno ser agraciado\u00bb con la prisi\u00f3n domiciliaria ni la suspensi\u00f3n condicional de la pena, existe en su contra orden de captura vigente pendiente de materializar. <\/p>\n
Expuso que luego de haber realizado un estudio completo y detallado de la informaci\u00f3n obrante en el expediente, concluy\u00f3 que no se trat\u00f3 de delitos conexos que se hubiesen fallado de manera independiente, incluso, la competencia para investigar y judicializar la conducta delictiva objeto de la sentencia proferida en Estados Unidos, la asumi\u00f3 ese pa\u00eds en virtud a su soberan\u00eda, por tanto, result\u00f3 improcedente su acopio con una sentencia proferida por una autoridad nacional. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rese\u00f1\u00f3 la gesti\u00f3n surtida y alleg\u00f3 copia de la providencia de 25 de octubre de 2021 a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 el auto dictado en primera instancia que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas al aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
3. El Procurador 316 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por considerar que no existen elementos suficientes para atender la acci\u00f3n de tutela contra las decisiones cuestionadas ni se han vulnerado las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras argumentar que la postura acogida por las autoridades judiciales accionadas no revelaba un proceder caprichoso o infundado, destac\u00f3 que contrario a ello, la misma parti\u00f3 de una formula jurisprudencial seg\u00fan la cual, para poder declarar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas entre una causa donde ya se cumpli\u00f3 la sanci\u00f3n y otra donde no se ha ejecutado, primero debe acreditarse la conexidad entre los sucesos que motivaron uno y otro proceso, por tanto si ello no se lograba, la acumulaci\u00f3n de penas deb\u00eda ser negada. <\/p>\n
Anot\u00f3 que si bien era cierto que las causas penales seguidas contra Jorge Alberto Rengifo L\u00f3pez tuvieron como base el punible de tr\u00e1fico de estupefacientes, no era menos que los hechos por los que fue condenado en Estados Unidos difer\u00edan de aquellos por los que fue procesado en Colombia. <\/p>\n
As\u00ed, advirti\u00f3 que no se evidenciaba que las autoridades accionadas hubieran afectado los derechos fundamentales invocados por el actor al no haber accedido a su petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, habida cuenta que las determinaciones proferidas eran razonables y se ajustan a los postulados del art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000 y los lineamientos jurisprudenciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en los argumentos iniciales; en adici\u00f3n, adujo que la respuesta a uno de los aspectos fundamentales de la acci\u00f3n presentada, esto es la conexidad como elemento de la acumulaci\u00f3n punitiva, se apartaba del sentido y alcance conforme al contenido del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal que subyace en criterios de conveniencia y econom\u00eda procesal, habida cuenta que el juicio de valor sobre ese aspecto en el fallo impugnado, asumi\u00f3 su inaplicabilidad porque el contenido f\u00e1ctico a comparar no guardaba relaci\u00f3n espacio-temporal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Advierte la Sala, que si bien el reclamo se dirige contra las decisiones que, en primera y segunda instancia, negaron la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas en dos procesos adelantados contra el aqu\u00ed reclamante, en virtud de lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 25 de octubre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto (Ver CSJ STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022),. <\/p>\n
2. Examinada la mencionada providencia se observa que la Corporaci\u00f3n accionada luego de exponer los antecedentes del asunto y referir el contenido del art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000 y la sentencia C-1086 de 2008, indic\u00f3 que la expresi\u00f3n \u00abpenas ya ejecutadas\u00bb fue declarada exequible en la aludida sentencia, bajo el entendido que, la Corte Suprema de Justicia como m\u00e1ximo \u00f3rgano encargado de su aplicaci\u00f3n, la ha interpretado de manera acorde con el debido proceso, al indicar que esa proposici\u00f3n no es predicable de las condenas proferidas por delitos conexos, comoquiera que son eventos amparados por el principio de la unidad del proceso, el cual cobra pleno vigor en el momento de la ejecuci\u00f3n de las distintas sentencias. <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 que en el caso estudiado la defensa afirm\u00f3 que se trataba de delitos conexos con los que se juzgaron en el exterior, no obstante, no se encontraron elementos que as\u00ed los certificaran, en especial porque se desconoc\u00eda esa providencia, adem\u00e1s, porque no exist\u00edan medios que permitieran inferir dicha conexidad, contrario a ello, \u00aben esta causa el enjuiciado fue sancionado por unos hechos en los que no se hizo menci\u00f3n de los Estados Unidos, como el pa\u00eds destino del tr\u00e1fico de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n
En seguida, expuso: <\/p>\n
\u00abEsa disparidad f\u00e1ctica se corrobora, si se tiene en cuenta que al resolver la apelaci\u00f3n en contra del fallo condenatorio, el tribunal encontr\u00f3 que en este caso oper\u00f3 el principio de extraterritorialidad de la ley penal, ya que se trat\u00f3 de un nacional, que estaba en Colombia luego de haber cometido el delito en territorio mexicano, lugar en el cual se incautaron 1.305 kilos de coca\u00edna que proven\u00edan del puerto de Buenaventura, de all\u00ed que uno de los verbos rectores endilgados fue el de \u201csacar del pa\u00eds\u201d. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el fallo proferido por el juzgado especializado de esta ciudad, se explic\u00f3 que el concepto favorable de extradici\u00f3n de Rengifo L\u00f3pez obedeci\u00f3 a hechos dis\u00edmiles a esta causa, al exponer: \u201c\u2026 ese cuerpo colegiado iter\u00f3 que \u00e9ste [el enjuiciado] era propietario de alrededor 3.000 kilogramos de coca\u00edna que estaban siendo custodiados por Luis Enrique Calle Serna, alias \u201ccomba\u201d o \u201ccombatiente\u201d, a quien el alto tribunal defini\u00f3 como uno de los narcotraficantes m\u00e1s poderosos del Colombia\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reiter\u00f3 que al fallador le est\u00e1 vedado aplicar esa figura jur\u00eddica de manera indiscriminada, puesto que la misma est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los requisitos legales descritos y destac\u00f3 que en el asunto examinado no se acredit\u00f3 la conexidad de los hechos juzgados en las sentencias cuya pena se solicit\u00f3 acumular, en consecuencia, dispuso confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. De los argumentos transcritos, advierte la Sala que la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser ratificada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por el accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 examin\u00f3 el expediente y luego de efectuar el an\u00e1lisis de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, determin\u00f3 que no se hab\u00eda logrado establecer la conexidad entre las conductas punibles juzgadas en las sentencias condenatorias cuyas penas pretend\u00eda el actor que se acumularan. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
4. La Sala recuerda que en m\u00faltiples oportunidades ha reiterado, que el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC811-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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