STC6746-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6746-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00342-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que la Agencia de Servicios Administrativos y de Personal SAS – ASAP SAS, formul\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional radicado bajo el n\u00b0 13001-31-87-002-2021-00225-00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, trabajo y seguridad social [estabilidad laboral reforzada]. <\/p>\n
Para lo anterior, explic\u00f3 en s\u00edntesis, que en anterior ocasi\u00f3n promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la UGPP, por la falta de respuesta al recurso de reconsideraci\u00f3n que elev\u00f3 contra la Resoluci\u00f3n N\u00b0 RDO-2019-02465, mediante la cual se le impuso una sanci\u00f3n, acto administrativo que, pese a no encontrarse en firme se llev\u00f3 a cobro coactivo, donde fueron libradas \u00f3rdenes de embargo, lo cual transgredi\u00f3 \u00abno solo la legislaci\u00f3n colombiana vigente, sino tambi\u00e9n la posibilidad de discutir en la v\u00eda gubernativa y en el proceso judicial, si a ello hubiere lugar, la existencia o no de los incumplimientos y sanciones que fueron se\u00f1aladas en la resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena el 25 de octubre de 2021 neg\u00f3 el amparo, con fundamento en la existencia de otro medio judicial para tales efectos, sentencia que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cartagena el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
Inconforme con dichas determinaciones, en esta oportunidad insisti\u00f3 en que, \u00abpor causa del actuar negligente de la entidad administrativa, resulta inviable la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo imposible [\u2026] controvertir judicialmente el contenido de un acto administrativo que no ha sido puesto en [su] conocimiento, as\u00ed como llevar a fin correspondiente los reparos objeto del recurso de reconsideraci\u00f3n inicialmente planteados, los cuales, ante la eventualidad de no ser procedente la presente acci\u00f3n, no podr\u00e1n ser objeto de estudio por el juez natural, esto es, por el juez contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3: <\/p>\n
(i) Revocar \u00abla sentencia de [\u2026] 13 de enero de 2022, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la proferida en fecha 25 de octubre de 2021, por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad\u00bb; (ii) Declarar \u00abla nulidad de lo actuado dentro del proceso administrativo de cobro No. 117506 adelantado por la (UGPP), por ejecutar un acto administrativo que no se encuentra en firme\u00bb y; (iii) ordenar a la (UGPP): Resolver \u00abel recurso de reconsideraci\u00f3n presentado mediante escrito de fecha seis (06) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), admitido mediante auto No. ADC-2019- 01536 de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)\u00bb y, \u00abel levantamiento de las medidas cautelares que fueren practicadas en contra de la sociedad Agencia de Servicios Administrativos y de Personal S.A.S. – ASAP S.A.S., identificada con el NIT No. 800.002.721 \u2013 3\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, inform\u00f3 las acciones realizadas en el proceso administrativo de cobro No. 117506, y consider\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la sociedad accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, por ausencia de los requisitos necesarios para controvertir fallos de la misma naturaleza, y porque adem\u00e1s, en las providencias objeto de reproche no se incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho, por estar soportadas en argumentos razonables. <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad actora sin especificar ning\u00fan reparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La jurisprudencia ha reiterado, en incontables oportunidades, que los mecanismos contemplados para controlar las providencias proferidas en sede de amparo son, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional e, incluso, la formulaci\u00f3n de insistencia, dado que, \u00abLas equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u00bb. [CSJ STC4618-2022 y STC6012-2022]. <\/p>\n
Solo en especial\u00edsimas situaciones, se ha admitido la procedencia de una tutela dirigida contra una sentencia emitida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre y cuando, adem\u00e1s de los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales1, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb 2. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Agencia de Servicios Administrativos y de Personal SAS – ASAP SAS, con fundamento en argumentos similares a los expuestos en la acci\u00f3n de tutela que en anterior ocasi\u00f3n formul\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, bajo el radicado n\u00b013001-31-87-002-2021-00225-00\/01, pretende que se acceda a id\u00e9nticas solicitudes a las que ya fueron estudiadas, atacando en esta ocasi\u00f3n, las sentencias constitucionales proferidas en aqu\u00e9lla oportunidad, sin argumentar alg\u00fan hecho novedoso o la incursi\u00f3n de las autoridades accionadas en el precitado \u00abfraude\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En efecto, en la acci\u00f3n constitucional debatida se determin\u00f3 que, pese al defecto procedimental en el que \u00abal parecer\u00bb incurri\u00f3 la UGPP al momento de notificar ciertos actos administrativos a la aqu\u00ed accionante, \u00e9sta ten\u00eda a su disposici\u00f3n un medio de defensa judicial ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para discutir tal situaci\u00f3n, no siendo la acci\u00f3n de amparo la v\u00eda id\u00f3nea para esos fines, m\u00e1xime ante la ausencia de un perjuicio irremediable con la caracter\u00edsticas necesarias para activarla de manera excepcional, en la situaci\u00f3n estudiada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora, al consultar la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional3, se pudo constatar que la acci\u00f3n varias veces mencionada a\u00fan no ha sido radicada, por lo que a la fecha no se ha sometido a la eventual revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, panorama que, a su vez, refleja que tampoco se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiaridad, puesto que la accionante a\u00fan cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, y sobre el que esta Sala ha establecido: <\/p>\n
\u00abcualquier presunta irregularidad a recriminar en punto de las acciones constitucionales iniciales, habr\u00e1 ser planteada ante la Corte Constitucional (a la que le compete pronunciarse acerca de ellas en caso de seleccionarla para revisi\u00f3n) en ejercicio de las herramientas al efecto instauradas enantes enunciadas, posibilidad a la que bien puede recurrir la peticionaria en tanto que, como se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de la aludida Corporaci\u00f3n, y seg\u00fan esta Sala puso de manifiesto en un asunto de an\u00e1loga naturaleza, \u2018a la presente data a\u00fan no ha sido radicada la acci\u00f3n de tutela materia de este pronunciamiento, lo cual comporta que [el censor], si lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello, de acuerdo a la normativa de marras\u00bb [CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00. Reiterado en STC5822-2019. Mayo 13 de 2019. Rad. 2019-0016-01; reiterado en STC4618-2022 y STC6012-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
5. De tal manera, es claro que el mecanismo constitucional dise\u00f1ado por el propio Constituyente, es la aludida revisi\u00f3n, para evitar \u00abque toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto Cfr. CSJ STC5420-2022. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional SU627-2015. <\/p>\n