STC6747-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6747-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2022-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso [recta administraci\u00f3n de justicia] y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial y la entidad accionadas. <\/p>\n
Explic\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que Pedro Luis Zamora Filigrana present\u00f3 en su contra, el Juzgado Segundo de Familia de Cali en sentencia de 25 de septiembre de 2012, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y accedi\u00f3 a las de la de reconvenci\u00f3n, y aun cuando decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles acogiendo la causal fundada en el maltrato que invoc\u00f3 de mutua petici\u00f3n, no accedi\u00f3 a fijarle alimentos como forma de reparaci\u00f3n por ser \u00abv\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que el Juzgado debi\u00f3 \u00abesperar sentencia penal\u00bb decisoria de su denuncia de violencia intrafamiliar tramitada por la Fiscal\u00eda Quince Local \u00abpara establecer el c\u00f3nyuge culpable [\u2026] teniendo en cuenta que no existi\u00f3 reparaci\u00f3n como v\u00edctima y que [\u2026] no est[aba] facultad[a] para instruir sumarios\u00bb; que su apoderado no apel\u00f3 la sentencia para solicitar en segunda instancia la suspensi\u00f3n del proceso por \u00abprejudicialidad penal\u00bb y as\u00ed determinar la indemnizaci\u00f3n y, que la petici\u00f3n de alimentos buscaba mejorar su calidad de vida como v\u00edctima por el mencionado delito. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no se agot\u00f3, porque seg\u00fan lo acordado y documentado mediante acta de 6 de diciembre posterior, suscrita ante el Juez de Paz de la Comuna Diecis\u00e9is de Cali, ambas partes desistieron de \u00abtodos los procesos penales y civiles\u00bb, as\u00ed como de la sentencia proferida por lo que continuaron conviviendo bajo el mismo techo con todos los \u00abefectos\u00bb establecidos en la \u00abLey 54 de 2012\u00bb (sic). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fallecido su c\u00f3nyuge el 18 de julio de 2017 -el que hab\u00eda sido pensionado por la sociedad Puertos de Colombia-, la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social, UGPP mediante Resoluci\u00f3n RDP-027246 de 13 de octubre de 2021, le neg\u00f3 la solicitud de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes en calidad de \u00abesposa y compa\u00f1era permanente\u00bb, sin valorar las pruebas aportadas y que indican que tiene derecho a recibir el beneficio. <\/p>\n
Relat\u00f3, que la inscripci\u00f3n de la sentencia en la partida eclesi\u00e1stica y el folio de registro civil de matrimonio fue determinante para la negativa de la pensi\u00f3n por parte de la UGPP, a la que le atribuy\u00f3 haber incurrido en v\u00eda de hecho por desconocer la prueba documental y el \u00abtestamento\u00bb que \u00abanula cualquier documento contrario como los que presenta\u00bb dicha entidad para denegarle la pensi\u00f3n, sin contar con que tiene obligaciones con sus nietos estudiantes de medicina en Cuba y en primar\u00eda, todo lo cual estima lesivo de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3, declarar: (i) la nulidad de la sentencia de 25 de septiembre de 2012; (ii) el levantamiento o la nulidad de su inscripci\u00f3n en la partida eclesi\u00e1stica y en el folio de registro civil de matrimonio y, (iii) la nulidad de la Resoluci\u00f3n RDP-027246 de 13 de octubre de 2021, y ordenar a la UGPP entregarle la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Cali, resalt\u00f3 la ausencia de los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez, y adujo que en su sentencia expres\u00f3 las razones de la negaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n de condena alimentaria, sin que fuese preciso esperar a la definici\u00f3n del asunto penal por tener prueba libre la demostraci\u00f3n de los hechos fundantes de la causal del art\u00edculo 154-3 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s que, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 161-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la decisi\u00f3n no depend\u00eda de la investigaci\u00f3n a cargo de la Fiscal\u00eda 15 Local, en la que bien pudo pedir la reparaci\u00f3n pretendida, como lo permite \u00abreciente creaci\u00f3n jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, por mandato de los art\u00edculos 5 y 22 del Decreto 1260 de 1970, el fallo se debe inscribir en los folios de registro civil de nacimiento y matrimonio, lo que descarta el afirmado perjuicio \u00abantijur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social, UGPP inform\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 27246 de 13 de octubre de 2021, confirmada en la RDP 00121 de 4 de enero de 2022, sustentaron la negaci\u00f3n de la solicitud pensional al encontrarse demostrado que la se\u00f1ora Amparo Caicedo de Zamora se encontraba separada de hecho del causante desde el 2010, y disuelto su matrimonio desde el 2012, por la declaratoria de cesaci\u00f3n de efectos civiles, sin que en ese tr\u00e1mite hubiese demostrado \u00abfehaciente[mente]\u00bb que, a pesar del divorcio, convivi\u00f3 con el causante durante cinco a\u00f1os continuos anteriores a su deceso, puesto que lo demostrado mediante declaraci\u00f3n suscrita en vida por este, fue que estaban separados desde esa primera anualidad, todo lo cual qued\u00f3 consignado en dichos actos administrativos, cuyo cuestionamiento debe hacerse ante el juez contencioso administrativo, adem\u00e1s, de que transcurrieron m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde el fallecimiento el 19 de julio de 2017 hasta la fecha de la solicitud pensional, lo que entra\u00f1a ausencia del requisito de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensora de Familia manifest\u00f3 que en el asunto no intervienen menores. <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, declar\u00f3 improcedente el amparo, al observar la ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, en la medida en que la accionante no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia criticada, respecto de la cual transcurrieron casi diez (10) a\u00f1os desde su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Consider\u00f3 igualmente adecuado lo decidido en el acto administrativo emitido por la UGPP, puesto que la \u00abnegativa de reconocimiento pensional no se afianz\u00f3 propiamente en el hecho del divorcio, como s\u00ed en la ausencia de demostraci\u00f3n de la convivencia en el periodo inmediatamente anterior al fallecimiento por ser el supuesto f\u00e1ctico del art. 13 de la Ley 797 de 2003\u00bb [\u2026] para cuyo cuestionamiento dispone [\u2026] de medio judicial id\u00f3neo por la v\u00eda de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones e indicar que \u00abno se [pod\u00eda] rechazar por falta de inmediatez [\u2026] porque est[\u00e1] reclamando es una pensi\u00f3n que se da de manera sucesiva mes a mes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede, ni respecto a providencias judiciales, ni en contra de actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero legal, previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadra en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos1, entre otros, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio. (Al respecto, Cfr. las Sentencias STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con el presupuesto de la inmediatez, esto es, el plazo dentro del que se debe reclamar la protecci\u00f3n constitucional, esta Corte ha puntualizado, que: <\/p>\n
\u00abSi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, [\u2026] [por tanto] [\u2026] muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser\u00bb [m\u00e1ximo seis (6) meses] (Cfr. CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00 y STC6331-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, en cuanto al requisito de la subsidiariedad, debe reiterarse que esta acci\u00f3n no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas, habida cuenta que: <\/p>\n
\u00abno se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320- 01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme a lo se\u00f1alado, y en consideraci\u00f3n a que en esta queja se discute lo resuelto por el Juzgado Segundo de Familia de Cali, en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso iniciado por Pedro Luis Zamora Filigrana contra la aqu\u00ed accionante, concretamente, en la Sentencia de 25 de septiembre de 2012, se resalta que, de una parte, se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando y, adem\u00e1s, que la interesada no acredit\u00f3 haber presentado recurso alguno, para controvertir lo que hasta ahora pretende por esta v\u00eda expedita y sumaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente el incumplimiento de los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad necesarios para asumir el estudio a fondo de situaciones como la relatada, en la medida en que, desde que el Juzgado Segundo de Familia de Cali profiri\u00f3 el fallo mencionado [a\u00f1o 2012] y, hasta el momento en el que se radic\u00f3 la presente acci\u00f3n [19 de abril de 20222] transcurrieron m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os, sin que la tutelante hubiese alegado la supuesta transgresi\u00f3n originada en dicha Sentencia, dentro de un t\u00e9rmino razonable, o hubiere acreditado alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad3, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada, con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales presuntamente afectadas, adem\u00e1s que, la se\u00f1ora Amparo Caicedo de Zamora, aqu\u00ed accionante, no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n4 frente a la sentencia que ahora alega le vulner\u00f3 los derechos fundamentales que reclama. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La omisi\u00f3n en comento se repiti\u00f3, a su vez, frente a la Resoluci\u00f3n n\u00b0 RDP-027246 del 13 de octubre de 2021, confirmada por la Resoluci\u00f3n n\u00b0 RPD 000212 de 4 de enero de 2022, proferidas ambas por la UGPP, pues tampoco se encuentra demostrado que se hubiese iniciado la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho que procede en estos casos, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en la que, inclusive, es viable solicitar medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De esa manera, los errores expuestos hacen improcedente la acci\u00f3n, pues debido a su finalidad ius fundamental, la misma \u00abno est\u00e1 concebida para [\u2026] subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01, STC2009- 2022 y STC2738-2022) <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adem\u00e1s de lo anterior, no puede perderse de vista que, de la situaci\u00f3n relatada por la accionante no emerge la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas necesarias para abrirle paso a la tutela, ni siquiera de forma extraordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 y SU-090 de 2018 de la C.C. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Acta de reparto archivo: \u00ab03.00 acta de reparto 000 2022 00052 00\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abi) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n.\u00bb [Corte Constitucional T-344-14, T249\/18]. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 352 del entonces vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Cfr. Folios 1 a 319 Archivo: \u00ab1CuadernoPrincipal\u00bb carpeta: \u00ab760013110002201100225 00\u00bb. <\/p>\n
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