STC6754-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6754-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2022-00699-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., Primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Jorge Armando P\u00e1ez Orozco promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda y el Juzgado Penal del Circuito de Lorica -C\u00f3rdoba-, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2016-80558. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en el tr\u00e1mite del proceso atr\u00e1s se\u00f1alado. <\/p>\n
En compendio sostuvo que, fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica por el delito de abuso de confianza calificado en mediante sentencia de 2 de marzo de 2020 a una pena de 48 meses de prisi\u00f3n, y le concedido el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena por acreditarse los requisitos objetivos para ello, decisi\u00f3n que fue apelada por el representante de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal Superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n el 19 de febrero de 2021, determinaci\u00f3n que le fue notificada a su abogado m\u00e1s no a \u00e9l, quien se enter\u00f3 de manera posterior, raz\u00f3n por la cual no le fue posible proponer el recurso de casaci\u00f3n para solicitar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n al igual que la preclusi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Por lo anterior, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, formul\u00f3 queja disciplinaria en contra de su apoderado el pasado 24 de febrero de 2022, dependencia que se\u00f1al\u00f3 fecha para la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional para el d\u00eda 17 de marzo de 2022, sin embargo, el abogado no compareci\u00f3. <\/p>\n
Finalmente refiri\u00f3 que las autoridades accionadas, vulneraron su derecho al debido proceso, en tanto que, profirieron las decisiones pese a que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior solicit\u00f3 \u00abAnular los fallos tanto de primera como de Segunda Instancia y declarar la Extinci\u00f3n de la Acci\u00f3n Penal por Prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Penal del Circuito de Lorica -C\u00f3rdoba-, relat\u00f3 las actuaciones del proceso penal referido, se\u00f1alando que, una vez se recibi\u00f3 el expediente del Tribunal Superior en donde se desat\u00f3 la apelaci\u00f3n, procedi\u00f3 el 4 de mayo de 2021, a remitir la carpeta a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda, para la vigilancia del cumplimiento de la pena. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, inform\u00f3 que, el fallo proferido el 19 de febrero de 2021, dentro del proceso penal con radicado 2016 80558 01, se le notific\u00f3 al abogado James Javier Payares Otero el 10 de marzo de 2021 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico jampay@hotmail.com. <\/p>\n
3. La Fiscal 26 Seccional de Lorica, solicit\u00f3 ser excluida de la acci\u00f3n constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
4. El representante de las v\u00edctimas en el proceso penal, indic\u00f3 que, \u00abno debe proceder esta acci\u00f3n de tutela porque el delito por la cual fue condenado es el de abuso de confianza calificado, el cual se le se\u00f1ala una pena en el c\u00f3digo penal en su art\u00edculo 250, que oscila entre 48 meses y 108 meses, equivalente al cuarto punitivo en que se fund\u00f3 la sentencia en primera instancia, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y no como err\u00f3neamente se\u00f1ala el accionante que la pena va de 3 a 6 a\u00f1os\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, al no advertir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que el accionante, cuenta con otro mecanismo de defensa para debatir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, siendo esta la revisi\u00f3n, contemplada en el art\u00edculo 355 de la ley 1407 de 2010. En este sentido refiri\u00f3, <\/p>\n
\u00abAunado a lo anterior, el demandante no cuestiona la falta de idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario que tiene a su alcance, ni justifica la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional del amparo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Por otra parte, si bien el se\u00f1or P\u00c1EZ OROZCO, manifest\u00f3 que dentro del proceso penal no se present\u00f3 la debida notificaci\u00f3n, lo cierto es que no aport\u00f3 ning\u00fan elemento probatorio que diera certeza de este hecho, por lo cual, no podr\u00eda la Sala desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de la aludida sentencia, y mucho menos, las actuaciones surtidas dentro del proceso penal de referencia, que demuestran todo lo contrario a lo expuesto por el actor\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 tras afirmar que el juez constitucional no tuvo en cuenta la omisi\u00f3n del abogado de oficio de notificarle la sentencia de segunda instancia, por lo que fue privado de la oportunidad para instaurar el recurso de Casaci\u00f3n, lo que llev\u00f3 a que formulara la queja disciplinaria. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el a quo constitucional hace menci\u00f3n que tiene a su alcance el mecanismo ordinario establecido en la ley 1407 de 2010, siendo esta la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, sin embargo, \u00aberradamente se cita el C\u00f3digo Penal Militar, le reitero y aclaro No soy militar ni he sido parte de esta fuerza armada\u00bb, por lo que se\u00f1ala se puede estar refiriendo al art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de procedimiento Penal. <\/p>\n
Frente a tal mecanismo, indic\u00f3 que ese recurso equivaldr\u00eda \u00abfenecer mucho tiempo en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, por lo que se cumplir\u00eda la pena impuesta y continuar\u00eda la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, advierte la Corte que la solicitud que formul\u00f3 el peticionario se circunscrib\u00eda a que se anularan los fallos de primera y segunda instancia para en su lugar declarar la extinci\u00f3n de dominio de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso objeto de estudio, una vez examinados los argumentos del presente reclamo cotejados con las piezas digitales allegadas a esta acci\u00f3n constitucional, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en tanto que la acci\u00f3n no alcanza a superar el presupuesto de subsidiariedad, como enseguida se explica: <\/p>\n
3.1 En el Juzgado Penal del Circuito de Lorica C\u00f3rdoba se adelant\u00f3 proceso penal en contra del accionante por el delito de Administraci\u00f3n desleal en concurso con abuso de confianza calificado, juicio en el que se profiri\u00f3 fallo condenatorio el 2 de marzo de 2020, imponiendo una pena de prisi\u00f3n de 48 meses, concedi\u00e9ndosele el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, decisi\u00f3n que fue apelada por el representante de las v\u00edctimas. [Derivado expediente digital. Carpeta 123344.Respuestas. Archivo 123344.zip. Sentencia Jorge Armando P\u00e1ez Orozco y Oscar David Doria-Condenatoria.pdf]] <\/p>\n
3.2 La Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, en sentencia de 19 de febrero de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, disponiendo que contra tal determinaci\u00f3n procede el recurso de casaci\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 183 de la ley 906 de 2004. [Derivado expediente digital. Carpeta 123344.Respuestas. Archivo 123344.zip. Sentencia Tribunal Jorge P\u00e1ez y Oscar David Doria.pdf]] <\/p>\n
3.3 La sentencia que fue notificada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico al apoderado del accionante James Javier Payares Otero al correo jampay@hotmail.com., el 10 de marzo de 2021 [Derivado expediente digital. Carpeta 123344.Respuestas. Archivo 123344.zip.4. constancia de notificaci\u00f3n 1.pdf] <\/p>\n
3.4 Obra en la foliatura, correo remitido el 1\u00ba de octubre de 2021 por el accionante, al juzgado de conocimiento, en el que pone de presente que no le fue notificado el fallo de segunda instancia, por lo que solicita cita para la firma del acta de compromiso, documento que aparece suscrito el 4 de octubre siguiente. [Derivado expediente digital. Archivo 0002 123344 Demanda.pdf. P\u00e1gs. 127 y 131] <\/p>\n
3.5. Al tiempo fue allegada la queja formulada por el accionante contra su apoderado judicial, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, adiada del 24 de febrero de 2022, la que fundament\u00f3 en que, \u00abEl Dr. JAMES JAVIER PAYARES OTERO, lo contacte en varias oportunidades para consultarle si hab\u00eda sido Notificado de la Sentencia de Segunda Instancia por el Tribunal, para lo cual me respondi\u00f3 que NO HABIA SIDO NOTIFICADO\u00bb [May\u00fasculas del texto original]; enter\u00e1ndose de la decisi\u00f3n 3 meses despu\u00e9s por consulta efectuada directamente al juzgado de origen, lo que impidi\u00f3 formular el recurso de casaci\u00f3n. [Derivado expediente digital. Archivo 0002 123344 Demanda.pdf. P\u00e1g. 74 a 76] <\/p>\n
4. N\u00f3tese como, el accionante reprocha que no pudo ejercer el recurso de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda en segunda instancia, por cuanto no le fue informado por su apoderado judicial sobre la citada decisi\u00f3n, sin embargo, tiene a su alcance otro mecanismo ordinario para debatir lo que se trae en sede constitucional. <\/p>\n
Y es que si bien, el a quo constitucional, incurri\u00f3 en error al referir la norma que contempla la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para el caso en concreto, pues hizo alusi\u00f3n al C\u00f3digo Penal Militar [art\u00edculo 355 de la ley 1407 de 2010]; lo cierto es que, en efecto, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, contempla la citada acci\u00f3n en su art\u00edculo 192, para alegar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, sin que sea de recibo que el peticionario afirme, que dicha herramienta no es efectiva o que su resoluci\u00f3n abarcar\u00eda el cumplimiento de la pena impuesta. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, los reproches formulados no pueden salir adelante, ante la existencia de medios ordinarios de defensa, puesto que, esta acci\u00f3n extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa al alcance de los interesados, pues, como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1399-2021). <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, lo pretendido a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n extraordinaria carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en consideraci\u00f3n a que el juez de tutela no puede intervenir en el asunto que por competencia le corresponde resolver al juzgador natural, que encuentra sustento en que esta especial acci\u00f3n no se ha concebido como un mecanismo alterno o sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que concierte proferir al competente, dado su eminente car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
6. Ahora bien, frente al reparo referente a que no se tuvo en cuenta la omisi\u00f3n del apoderado judicial de notificarle la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal en segunda instancia, lo que le impidi\u00f3 formular el recurso de casaci\u00f3n, ha de se\u00f1alarse que, no se arrim\u00f3 al expediente prueba alguna que respalde tal manifestaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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