STC6755-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6755-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Restrepo frente al fallo proferido el 9 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto recriminado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la sede judicial acusada al rechazar una acci\u00f3n popular que \u00e9l interpuso y, en consecuencia, solicit\u00f3 ordenarle admitirla. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. El actor formul\u00f3 una demanda popular contra la Flota Occidental S.A. (rad. 2022-00030), la que el 4 de abril de 2022 inadmiti\u00f3 el Juzgado accionado y, al no haberse subsanado, el 18 posterior la rechaz\u00f3, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda 22 siguiente, sin objeci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, el gestor se duele de tales determinaciones porque, adujo, satisfizo los presupuestos del canon 18 de la Ley 472 de 1998, y si bien no agot\u00f3 all\u00ed el recurso de reposici\u00f3n, en casos id\u00e9nticos esta Corte ha accedido al resguardo supralegal. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel delegado de la procuradur\u00eda general naci[\u00f3]n en acciones populares ni el personero mpal hacen actuaci\u00f3n alguna en derecho para garantizar[l]e [el] art 29 CN y por ello pid[e] que la procuradora general [de la] naci\u00f3n, manifieste si el actuar del procurador delegado en acciones populares y el delegado del ministerio p[\u00fa]blico es normal a sus funciones deberes o por el contrario se investigar[\u00e1] tal situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se\u00f1al\u00f3 que esta \u00abacci\u00f3n es improcedente por falta de subsidiaridad, ya que el actor ten\u00eda otros medios ordinarios de defensa y no los propuso, toda vez que no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno ni dentro del t\u00e9rmino otorgado para que subsanara ni posterior a proferir el auto que la rechazaba, por lo que\u2026 no puede pretender por esta instancia revivir t\u00e9rminos y modificar decisiones cuando omiti\u00f3 hacerlo dentro de la oportunidad procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular criticada y, por lo tanto, se le comunic\u00f3 \u00abel auto que [la] admite\u00bb para que, de considerarlo \u00abconveniente\u00bb, intervenga all\u00ed; a m\u00e1s que la queja propuesta le es ajena porque su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada\u2026 en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el actor \u00abno [le] ha presentado\u2026 ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo alegado\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Risaralda tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante, y m\u00e1s a\u00fan cuando no\u2026 le ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, respecto de las decisiones del Juzgado acusado, porque el actor no las recurri\u00f3 en reposici\u00f3n; mientras que, en cuanto a los se\u00f1alamientos frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, consider\u00f3 inexistente la vulneraci\u00f3n aducida, comoquiera que el quejoso \u00abpretiri\u00f3 probar o cuando menos alegar que formul\u00f3 ante la autoridad ruego af\u00edn. Sin reclamo, imposible enrostrar conducta trasgresora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en la concesi\u00f3n del amparo \u00aba fin [de] que no se tipifique un exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, como acertadamente lo defini\u00f3 el a-quo constitucional, porque el auto de 18 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado encausado rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00030, tras no haber sido subsanada por el actor, no fue recurrido en reposici\u00f3n por \u00e9ste, siendo ese el medio ordinario de defensa procedente, acorde con el canon 36 de la Ley 472 de 1998, para exponer ante el juzgador natural las inconformidades tra\u00eddas en la presente demanda de amparo, circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa del derecho invocado. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que los precedentes aludidos por el censor son anteriores a la posici\u00f3n actualmente imperante en la jurisprudencia de esta Corte frente a casos como el propuesto, en tanto que, en asuntos de similares contornos, plenamente aplicables al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
…la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto el tutelante no hizo uso del recurso ordinario de defensa que cab\u00eda contra el auto por medio del cual se rechaz\u00f3 la demanda que data de 11 de enero de 2018, pues era ese el escenario natural para plantear los argumentos en que funda su inconformidad referente a la carga impuesta para efectos de admitir la acci\u00f3n popular… <\/p>\n
Y es que si bien, en el escrito de impugnaci\u00f3n menciona que s\u00ed refut\u00f3 el auto inadmisorio de la demanda, lo cierto es que, en todo caso…, no recurri\u00f3 el prove\u00eddo que finalmente rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Enero 2011, Exp. 00027-00). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica (CSJ STC3121-2018, 6 mar., rad. 2018-00009-01; reiterada, entre muchas otras, en STC13838-2018, 24 oct., rad. 2018-00342-01; y STC8856-2020, 21 oct., rad. 2020-00148-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada es improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. <\/p>\n
3. De otro lado, en lo concerniente a los cuestionamientos frente a la Procuradur\u00eda y el Delegado del Ministerio P\u00fablico, como insistentemente se ha indicado en casos como el aqu\u00ed tratado, si el reclamante considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de esas entidades, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Frente a ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6755-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6755-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Restrepo frente al fallo proferido el 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}