STC6758-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6758-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02229-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Ricardo C\u00e1rdenas Alarc\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villeta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por las autoridades judiciales acusadas en el proceso penal con radicado 25402610118020148002101. <\/p>\n
2. Como sustento de su petici\u00f3n narr\u00f3 que en su contra se adelanta el mencionado proceso, por homicidio culposo y que, en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n practicada el 14 de enero de 2021, se realiz\u00f3 el descubrimiento probatorio y se otorgaron tres d\u00edas para el traslado de la totalidad de las documentales. <\/p>\n
No obstante, la Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Villeta remiti\u00f3 las pruebas, por correo electr\u00f3nico, el 23 de junio de 2021, raz\u00f3n por la cual, el 24 de junio siguiente, en el curso de la audiencia preparatoria, su apoderado solicit\u00f3 \u00abel rechazo de las pruebas (\u2026) que la fiscal\u00eda anunci\u00f3 en el escrito de acusaci\u00f3n y que no descubri\u00f3 a tiempo aun cuando mediaba orden judicial\u00bb, requerimiento que fue negado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villeta, el cual suspendi\u00f3 la diligencia y orden\u00f3 \u00abnuevamente el descubrimiento probatorio, con la debida comprobaci\u00f3n del traslado de las pruebas que obraban en poder de la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Apelada aquella decisi\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca la confirm\u00f3 el 23 de agosto de 2021, por cuanto consider\u00f3 que no cab\u00eda \u00abaducir ausencia o falta de descubrimiento probatorio por parte de la fiscal\u00eda precedido de un actuar doloso o desleal para afectar a la defensa\u00bb. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo anterior, el tutelante adujo que los elementos materiales probatorios fueron entregados por la Fiscal\u00eda de manera tard\u00eda a la defensa, esto es, 5 meses despu\u00e9s del t\u00e9rmino otorgado, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida que configure fuerza mayor, \u00abtergiversando el sistema penal acusatorio\u00bb y rompiendo el equilibrio procesal. Sostuvo que las decisiones referidas afectaron sus garant\u00edas fundamentales como procesado, dado que se \u00abimposibilit\u00f3 el dise\u00f1o de una estrategia defensiva para hacer oposici\u00f3n a la acusaci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s, se incurri\u00f3 en defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico y sustantivo, \u00abpor la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas sustanciales que regulan el descubrimiento probatorio, esto es los art\u00edculos 344, 346, y el art\u00edculo 256 numeral 1 de la ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin valor ni efecto los autos del 24 de junio y del 23 de agosto de 2021 y, en su lugar, rechazar las referidas pruebas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Penal del Circuito de Villeta sostuvo que no ha vulnerado las prerrogativas del actor, por cuanto la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia \u00abse ha ocupado del tema cuando se hace el descubrimiento de forma extempor\u00e1nea como en el presente caso\u00bb, se\u00f1alando que, si bien el legislador dispuso el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para que el ente investigador entregue o exhiba los elementos materiales probatorios previamente descubiertos durante la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n (art\u00edculo 356 del CPP), si se realiza de manera extempor\u00e1nea \u00abno hay lugar a la invalidaci\u00f3n del proceso, siempre que, en todo caso, se haya realizado con suficiente antelaci\u00f3n al inicio del debate respectivo\u00bb, es decir, a la audiencia p\u00fablica de juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca afirm\u00f3 que no transgredi\u00f3 los derechos fundamentales del actor, \u00abm\u00e1xime que \u00e9ste ha acudido a las diferentes instancias para garantizar sus derechos y garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 262 Judicial I Penal manifest\u00f3 que la Fiscal\u00eda, injustificadamente, \u00abluego de 5 meses y 10 d\u00edas, solamente a eso de las 10 de la noche anterior a la Audiencia Preparatoria realiza el traslado\u00bb, lo que desconoce y afecta la estructura del debido proceso en el sistema penal oral de tendencia acusatoria; adem\u00e1s, \u00abNo es admisible de manera alguna que se desconozca el t\u00e9rmino legal establecido\u00bb, incluso con la suspensi\u00f3n de la audiencia preparatoria, para que la defensa tuviera tiempo de estudiar los elementos presentados. Tampoco encontr\u00f3 de recibo el argumento de que las decisiones cuestionadas eran para proteger los derechos de las v\u00edctimas, pues estos \u00abno pueden ser la excusa para no dar aplicaci\u00f3n a la Ley de una manera estricta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo, tras considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, \u00abcomoquiera que el proceso penal adelantado contra el accionante no ha concluido, por lo que la censura debe ser definida en la v\u00eda ordinaria, en la sentencia, y de ser condenatoria, mediante los recursos de apelaci\u00f3n y extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. Agreg\u00f3 que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, \u00abal no demostrar la ineficacia de los medios de defensa ordinarios con los que cuenta\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien sostuvo que cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, dado que agot\u00f3 la apelaci\u00f3n y no hay otro medio de control frente a la inadmisibilidad de las pruebas. <\/p>\n
Dijo que lo alegado se debe estudiar a la luz de las garant\u00edas constitucionales y no en el marco del proceso penal y agreg\u00f3 que, al afectarse la estrategia defensiva, se configur\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con el auto del 23 de agosto de 2021 proferido por el Tribunal accionado, que confirm\u00f3 en apelaci\u00f3n el prove\u00eddo del 24 de junio de ese mismo a\u00f1o, mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villeta resolvi\u00f3 negativamente la petici\u00f3n de rechazo de pruebas formulada por su defensor. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones surtidas en el plenario, la Sala advierte que no se satisface el requisito de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el proceso penal en contra del accionante se encuentra activo y, como tal, es ese el escenario en el que debe hacer valer las prerrogativas que considera vulneradas. <\/p>\n
2.1. Sobre la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela a la hora de discutir temas como el propuesto en esta oportunidad, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026examinada la citada determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no cabe duda la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, pues como de vieja data se ha precisado y lo destac\u00f3 el a quo, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues contrario a lo dicho por el aqu\u00ed interesado, los errores de linaje legal presuntamente cometidos por la autoridad convocada, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos por el propio juez de conocimiento a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades o los recursos ordinarios o extraordinarios), de que tratan los art\u00edculos 455 y siguientes del C. de P. P.), raz\u00f3n por la cual entonces, por mandato normativo, es otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la procedencia o no del requerimiento probatorio efectuado por la Fiscal\u00eda al interior del proceso penal que se adelanta contra el se\u00f1or (\u2026) y por tanto, antes de acudir al presente mecanismo excepcional, aqu\u00e9l debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, m\u00e1xime, cuando no se ha proferido sentencia de primera instancia, habida cuenta que \u2018de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u2019 (ver entre otras, en SCJ STC2345-2015)\u00bb (Se subraya, STC5773-2016). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala ha considerado que \u00ab\u2026la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comportan la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00e1n acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya, CSJ STC2674 del 12 marzo de 2020, rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
2.2. En ese orden, la tutela invocada es improcedente, porque encontr\u00e1ndose el proceso penal en tr\u00e1mite no es el juez constitucional el llamado a determinar la procedencia o no de rechazar los elementos materiales de prueba trasladados por la Fiscal\u00eda, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional y dado que, como se advirti\u00f3, los mismos pueden ser objeto de an\u00e1lisis en el desarrollo del proceso (en el cual, incluso, se reprogram\u00f3 la audiencia preparatoria, con el fin de que fueran estudiados por la defensa) o al dictar sentencia, decisi\u00f3n que, a su vez, puede ser controvertida a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el respectivo procedimiento; m\u00e1xime que, en este caso, no est\u00e1n probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del perjuicio irremediable alegado, pues el tutelante est\u00e1 vinculado a un proceso seguido en su contra por las autoridades competentes, en el cual ha intervenido y puede seguir haci\u00e9ndolo en defensa de sus intereses. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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