STC6759-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6759-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-21-000-2022-00012-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, que neg\u00f3 la tutela promovida por Miguel Samper Strouss contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de ese departamento. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 3 de marzo de los corrientes, el tutelante fue notificado, \u00abv\u00eda Whatsapp\u00bb, de la \u00abResoluci\u00f3n de Mandamiento de Pago DESAJMEGC22-1664\u00bb, en cuya fuerza se le conmin\u00f3 a sufragar una \u00abmulta impuesta por una autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adelantadas las indagaciones para aclarar a qu\u00e9 se deb\u00eda el asunto, se le inform\u00f3 que ten\u00eda m\u00faltiples \u00abprocesos judiciales\u00bb en los que \u00abhab\u00eda sido sancionado y que hab\u00edan motivado la expedici\u00f3n de resoluciones de mandamiento de pago correspondientes\u00bb, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 diversos \u00abacuerdos de pago\u00bb para cada uno de tales litigios. <\/p>\n
2.3. Una de esas causas fue la tramitada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia, bajo el radicado \u00ab0500031210022015-00008-00\u00bb, en la que se decidi\u00f3 un \u00abincidente de sanci\u00f3n\u00bb en su contra. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con las actuaciones relatadas, el actor sostiene que, como ni del auto de \u00abapertura del incidente de sanci\u00f3n\u00bb ni del que \u00abdecidi\u00f3 la imposici\u00f3n de la multa\u00bb fue enterado, porque la notificaci\u00f3n de ellos se efectu\u00f3 en las direcciones de la entidad p\u00fablica a la cual estaba \u00abvinculado\u00bb (la Agencia Nacional de Tierras -ANT-), se produjo una vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas b\u00e1sicas. <\/p>\n
A su vez, cuestiona el pronunciamiento de 25 de junio de 2018, por el cual el Juzgado accionado lo sancion\u00f3 en su calidad de Director General de la Agencia Nacional de Tierras, en tanto a \u00e9l no pod\u00eda atribu\u00edrsele \u00abresponsabilidad subjetiva\u00bb alguna en la desatenci\u00f3n endilgada, al carecerse de prueba de ello y, adem\u00e1s, porque no ten\u00eda \u00abfacultades legales\u00bb para cumplir la orden judicial. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige, en concreto, que se \u00abdeje sin efectos y se revoque la sanci\u00f3n [a \u00e9l] impuesta mediante el auto del 25 de junio de 2018 (\u2026)\u00bb, proferido por el Juzgado del Circuito querellado y, en consecuencia, \u00abse ordene a la Direcci\u00f3n Administrativa de la Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, para que considere sin efectos el Acuerdo de Pago suscrito [por \u00e9l] para cumplir la sanci\u00f3n impuesta en el Auto del 25 de junio de 2018 (\u2026) y [m]e sean reembolsadas (\u2026) todas las sumas de dinero canceladas hasta la fecha en virtud de dicho Acuerdo de Pago\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de la Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn ratific\u00f3 que contra el actor obran numerosas sanciones impuestas y que la entidad a la cual representa se limitaba a su cobro. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras -ANT- solicit\u00f3 que se la desvinculara de la tramitaci\u00f3n, en vista de que con su actuar no lesion\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, porque no reun\u00eda el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, en tanto, \u00absi el accionante considera que no fue notificado o vinculado en debida forma al incidente de desacato que se adelant\u00f3 en su contra, tiene a su disposici\u00f3n el r\u00e9gimen de nulidades procesales consagrado en el cap\u00edtulo II del t\u00edtulo IV del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se advierta que dentro del respectivo tr\u00e1mite incidental haya elevado petici\u00f3n alguna en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advirti\u00f3 que no le era dable entrar a \u00abanalizar el fondo del asunto planteado en esta sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el promotor, quien insisti\u00f3 en que la actuaci\u00f3n confutada vulneraba sus garant\u00edas b\u00e1sicas. <\/p>\n
Objet\u00f3 las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal de primer nivel, por cuanto (i) el \u00abrequisito de subsidiariedad para que proceda la tutela s\u00ed est\u00e1 presente en la presente solicitud de amparo pues, ante la ausencia absoluta de notificaci\u00f3n, no cont\u00e9 durante el tr\u00e1mite incidental ni hoy cuento, 4 a\u00f1os despu\u00e9s, con ning\u00fan mecanismo para defender judicialmente mis derechos fundamentales al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia o propiedad, distinto de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb; y (ii) no hubo un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos expuestos contra la legalidad del pronunciamiento censurado, que impuso una sanci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada, en vista de que la queja elevada no re\u00fane el presupuesto de la subsidiariedad, obligatorio para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial. <\/p>\n
A esta conclusi\u00f3n se llega luego de verificar, como lo hizo el Tribunal a quo, que en la causa censurada el ahora promotor no ha propuesto la solicitud de nulidad, que resulta procedente bajo la \u00e9gida de la causal octava del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que los planteamientos hayan sido resueltos en las instancias ordinarias, dado que el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido que esta acci\u00f3n constitucional no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
3. Deteniendo la vista en el otro argumento vertido en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionado con la falta de pronunciamiento de fondo en el asunto, es preciso advertir que la insatisfacci\u00f3n de uno o m\u00e1s de los requisitos generales de procedibilidad, entre ellos el de subsidiariedad, le impide al juez constitucional adentrarse en la sustancia de lo debatido; sumado a que, al decidir la nulidad, el operador competente debe definir si hay un vicio que pueda afectar la determinaci\u00f3n que impuso la sanci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
4. Por lo razonado, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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