STC6761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6761-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Lucio Garc\u00eda Mej\u00eda y Adriana Alicia Vel\u00e1squez Morales contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, el Juzgado 2\u00ba Laboral Adjunto de Descongesti\u00f3n del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 54001310500320060035101. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, derechos adquiridos, seguridad social y \u00abreintegro y cancelaci\u00f3n de factores salariales reconocidos\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Lucio Garc\u00eda Mej\u00eda instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral contra Droguistas S.A., la organizaci\u00f3n Dromayor, hoy sociedad Hevios S.A. y \u00absolidariamente a todos sus socios\u00bb, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, que fue terminado unilateralmente y sin justa causa por el empleador y, en consecuencia, que se condenara a reconocer y pagar la indemnizaci\u00f3n por despido injusto y todos sus derechos laborales y prestaciones sociales, entre otros. <\/p>\n
2.2. El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado 3 laboral del Circuito de C\u00facuta, despacho que, por providencia de 22 de marzo de 2011, acept\u00f3 la cesi\u00f3n del litigio que hizo el se\u00f1or Garc\u00eda Mej\u00eda en favor de Adriana Alicia Vel\u00e1squez Morales, a quien reconoci\u00f3 como cesionaria, previa acumulaci\u00f3n de otro proceso iniciado frente a la empresa Hevios S.A., con id\u00e9nticas pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 13 de diciembre de 2011, el Juzgado 2 Laboral Adjunto de Descongesti\u00f3n del Circuito de C\u00facuta accedi\u00f3 parcialmente a sus pretensiones, declar\u00f3 la existencia de la relaci\u00f3n laboral de las partes entre el 24 de enero de 1983 y el 30 de noviembre de 2004 y conden\u00f3 a las demandadas al pago de la diferencia en los aportes a la seguridad social en pensiones. <\/p>\n
2.4. El 15 de junio de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta revoc\u00f3 el fallo del a quo y declar\u00f3 que \u00abexisti\u00f3 una relaci\u00f3n laboral contractual entre las partes a partir del 9 de octubre de 1979 hasta el 30 de noviembre del 2004\u00bb, y orden\u00f3 a las accionadas \u00aba reintegrar al actor LUCIO GARC\u00cdA MEJ\u00cdA a un cargo de igual o superior categor\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, as\u00ed mismo se condena a las demandadas (\u2026) al pago de los salarios dejados de percibir por el actor desde el 30 de noviembre del 2004 hasta el momento en que se haga efectivo el respectivo reintegro, sumas de dinero debidamente indexadas conforme al IPC\u00bb, junto con las cotizaciones dejadas realizar por \u00abrubro pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. La sociedad Hevios S.A. interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue decidido por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ SL156-2021 del 26 de enero de 2021, que cas\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del Tribunal, en cuanto \u00aborden\u00f3 el reintegro del actor y las consecuencias del mismo, al igual que al tomar como el extremo inicial del contrato de trabajo el 9 de octubre de 1979\u00bb y, en sede de instancia, declar\u00f3 \u00abla existencia del contrato de trabajo entre las partes a partir del 1 de enero de 1996 al 30 de noviembre de 2004\u00bb y conden\u00f3 a las demandadas \u00abDROGUISTAS S. A. y HEVIOS S.A. a reconocer y pagar en favor del demandante (\u2026) ($16.187.639,20) por concepto de indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n del contrato de trabajo sin justa causa\u00bb. <\/p>\n
2.6. Durante el t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia de casaci\u00f3n se solicit\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n y, con auto AL1380-2021 del 13 de abril de 2021, la autoridad judicial accionada las neg\u00f3. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte manifest\u00f3 que se aten\u00eda a los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de su providencia y destac\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 3 Laboral de Circuito de C\u00facuta inform\u00f3 que, por auto del 17 de enero de 2.012, \u00abse orden\u00f3 conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2.011, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, sin que hasta la fecha haya sido devuelto por esa Superioridad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar que no estaba \u00abacreditada una actuaci\u00f3n arbitraria por parte de la Corporaci\u00f3n demandada\u00bb, pues en su determinaci\u00f3n \u00abno se omiten o se dejan de aplicar, debidamente, principios superiores; mucho menos se avizora que se fundamente en una disposici\u00f3n inaplicable al caso ni que hayan sido ignoradas normas previstas para la resoluci\u00f3n de la especial coyuntura\u00bb; adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que lo resuelto \u00abobedeci\u00f3 a una labor de hermen\u00e9utica y valoraci\u00f3n probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los accionantes pretenden que se amparen sus garant\u00edas fundamentales reclamadas, las cuales consideran vulneradas con la sentencia CSJ SL156-2021 del 26 de enero de 2021, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los procesos judiciales, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Ahora bien, centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n cuestionada y m\u00e1s espec\u00edficamente en lo pertinente al recurso de casaci\u00f3n instaurado por la sociedad Hevios S.A., mediante el cual se pretend\u00eda modificar la condena impuesta y, en su lugar, condenar a las demandadas \u00fanicamente al pago de la indemnizaci\u00f3n por despido, teniendo como extremos temporales del contrato de trabajo el 1\u00b0 de enero de 1996 y el 30 de noviembre del 2004, se observa que la Sala acusada precis\u00f3 que lo primero que deb\u00eda analizarse, desde el punto de vista f\u00e1ctico, era si el Tribunal se hab\u00eda equivocado, en cuanto defini\u00f3 que \u00abel contrato de trabajo con las aqu\u00ed demandadas inici\u00f3 el 9 de octubre de 1979\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, luego de hacer referencia a la sentencia CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 24313, en la que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente se\u00f1al\u00f3 que \u00abel hecho de la afiliaci\u00f3n al seguro social, no demuestra por s\u00ed s\u00f3lo el contrato de trabajo, pues para la estructuraci\u00f3n de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato de trabajo\u00bb, resalt\u00f3 que, revisado el certificado de la AFP Porvenir, este no era id\u00f3neo para acreditar la prestaci\u00f3n del servicio, al igual que el certificado de registro mercantil de Dromayor Pereira S.A. tampoco demostraba la fecha de inicio de la relaci\u00f3n laboral, pues solo daba cuenta de la existencia de dicha sociedad. <\/p>\n
En cuanto a la copia del contrato de trabajo, dijo que no se pod\u00eda entender que estaba probado que la fecha inicial era el 9 de octubre de 1979, toda vez que el empleador all\u00ed referido no coincid\u00eda con el demandado Droguistas S.A., persona jur\u00eddica que fue constituida en 1995, a\u00f1os despu\u00e9s del extremo inicial referido en la demanda. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la Sala convocada determin\u00f3 que, en efecto, el Tribunal incurri\u00f3 en los errores endilgados por la recurrente, en la medida en que dio por hecho, sin estarlo, que entre el se\u00f1or Lucio Garc\u00eda Mej\u00eda y las demandadas existi\u00f3 un s\u00f3lo y \u00fanico contrato de trabajo comprendido entre el 9 de octubre de 1979 y el 30 de noviembre del 2004, y al tener por cierto, sin serlo, que Villa y Zapata era lo mismo que Droguistas S.A. y que \u00ablos servicios prestados a aquellos correspond\u00edan a la Droguer\u00eda Americana de propiedad de DROMAYOR PEREIRA S.A. y esta perteneciente al DROGUISTAS S.A. y a la organizaci\u00f3n DROMAYOR hoy sociedad HEVIOS S.A.\u00bb. <\/p>\n
3.1. Frente a lo afirmado por la recurrente, en el sentido que el juez plural desconoci\u00f3 el principio de congruencia, por haberla condenado al reintegro del trabajador, pues dicha pretensi\u00f3n \u00abno fue formulada en la demanda ni discutidos los hechos que dar\u00edan lugar a ella\u00bb, la Sala convocada hizo menci\u00f3n a las sentencias CSJ SL2808-2018, CSJ SL911-2016 y CSJ SL14022-2015 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en las cuales se defini\u00f3 el criterio de la Corte en torno al mencionado principio, a efectos de enfatizar que \u00abla sentencia debe estar acorde con las pretensiones de la demandada y con las excepciones que se plantean; aunque ello no obsta para que el juez, eventualmente, pueda interpretar la demanda (art. 55, L. 270\/1996), de manera que su decisi\u00f3n involucre las peticiones del escrito inicial en armon\u00eda con los hechos que le sirven de fundamento\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 lo enunciado en el art\u00edculo 66A del CPTSS, que establece que \u00ab[\u2026] la sentencia de segunda instancia, as\u00ed como la decisi\u00f3n de autos apelados, deber\u00e1 estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al revisar las pretensiones del escrito de la demanda inicial, del proceso acumulado y del recurso de apelaci\u00f3n del se\u00f1or Garc\u00eda Mej\u00eda, pudo establecer que, en ning\u00fan momento, fue solicitado el reintegro y, en esa medida, concluy\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente, pues el Tribunal no debi\u00f3 condenarla por ese aspecto. <\/p>\n
Precis\u00f3, igualmente, que tampoco era viable que el Juez plural actuara fundamentado en la aplicaci\u00f3n de facultades extra petita, toda vez que dicha competencia era exclusiva de los jueces de \u00fanica y primera instancia. <\/p>\n
3.2. Bajo las consideraciones citadas, la accionada determin\u00f3 que la sentencia del fallador de alzada deb\u00eda casarse parcialmente en lo atinente al reintegro del se\u00f1or Lucio Garc\u00eda Mej\u00eda y sus consecuencias, al igual que respecto del extremo inicial del contrato. <\/p>\n
3.3. Y, en sede de instancia, determin\u00f3 que en el expediente reposa copia del contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo inferior a un a\u00f1o, suscrito entre las partes el 1\u00ba de enero de 1996, fecha que igualmente se consigna como extremo inicial de la relaci\u00f3n laboral en la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales allegada; data que por dem\u00e1s aceptaron expresamente los demandados al responder el libelo, por lo que defini\u00f3 que desde esa fecha se tendr\u00eda la vinculaci\u00f3n del demandante con las entidades accionadas hasta el 30 de noviembre de 2004. <\/p>\n
4. Revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n constitucional y los expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar totalmente desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial relacionado con el caso concreto y, por ende, con la capacidad suficiente para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya salvaguarda se invoca. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada adopt\u00f3 para resolver los reclamos planteados en sede de casaci\u00f3n y reiterados en la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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