STC6762-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6762-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio el pasado 29 de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Benav\u00eddez del Basto contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el recaudo 2019-00253. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u2026 defensa y\u2026 contradicci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
2. Refiere que en la c\u00e9lula judicial accionada cursa el proceso ejecutivo indicado precedentemente, promovido en su contra por Paola Andrea Campos Berr\u00edo, dentro del cual se profiri\u00f3 mandamiento de pago el 9 de marzo de 2021. <\/p>\n
Dice que el 18 de aquel mes y a\u00f1o, esto es \u00abdentro de los termines [sic] legales correspondientes\u00bb contest\u00f3 la demanda; sin embargo, con auto de 13 de abril siguiente fue requerido para que presentara el correspondiente poder otorgado al profesional del derecho que suscribi\u00f3 tal memorial. <\/p>\n
Sostiene que al d\u00eda siguiente remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico \u00abfam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb el mandato, pero que el 26 de octubre el juez accionado decidi\u00f3 tener por no contestada la demanda ante la ausencia de dicho documento y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; asimismo, el 2 de diciembre siguiente aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la ejecutante y orden\u00f3 la entrega de t\u00edtulos judiciales y el pasado 11 de enero requiri\u00f3 \u00abal pagador del IDERMA que del salario y dem\u00e1s emolumentos que por cualquier concepto perciba\u2026 se descuente por concepto de cuota de alimentos mensuales\u2026 el equivalente al 97.18 % del SMLMV\u00bb. <\/p>\n
Asegura que la actuaci\u00f3n adolece de defecto procedimental dado que \u00aben el transcurso de la etapa procesal inicial (notificaci\u00f3n de la demanda y contestaci\u00f3n de esta) el juez de conocimiento omiti\u00f3 verificar de manera certera el env\u00edo del poder debidamente conferido y esto evit\u00f3 que se ejerciera el derecho de defensa y contradicci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado desde la decisi\u00f3n el fallo del d\u00eda\u2026 26 de octubre de\u2026 2021\u00bb y se ordene al juzgado convocado \u00abque se tenga por contestada la demanda ejecutiva de alimentos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria del Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio inform\u00f3 que, evidenciado el yerro en que incurri\u00f3 el despacho \u00abal no tener por contestada la demanda como correspond\u00eda\u00bb, mediante providencia del pasado 26 de abril se declar\u00f3 sin valor ni efecto el auto de 26 de octubre de 2021 y aquellos proferidos con posterioridad al mismo y en su lugar \u00abcorrer traslado de las excepciones formuladas por el ejecutado\u00bb, por lo que solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda al configurarse un hecho superado. <\/p>\n
2. La Procuradora 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la infancia, la Adolescencia y la Familia, la Defensora de Familia delegada ante el estrado accionado y Paula Andrea Campos Barrios pidieron no acceder al resguardo por desatender los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez; dado que, por una parte, el accionante no formul\u00f3 recurso alguno contra la providencia que dice lesion\u00f3 sus derechos, al tiempo que puede proponer al interior de la actuaci\u00f3n las irregularidades que advierte y, por otra acude a la acci\u00f3n de tutela superado el semestre que jurisprudencialmente se ha considerado como razonable. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por cuanto \u00abno se alleg\u00f3 ning\u00fan poder conferido por el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Benav\u00eddez del Basto a favor del abogado Luis Alfredo Cort\u00e9s Arboleda, para efectos de facultarlo para presentar la acci\u00f3n de tutela en su nombre\u00bb pese a haber sido requerido en el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el promotor aport\u00f3 \u00abun poder escaneado con una huella digital\u00bb; sin embargo, agreg\u00f3, \u00abdicho documento\u2026 no cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta como poder especial, por cuanto no fue debidamente otorgado, pues no se observa que se haya realizado la presentaci\u00f3n personal por el poderdante, seg\u00fan los par\u00e1metros dispuestos en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso [sic], ni que el poder haya sido otorgado por mensaje de datos remitido del correo electr\u00f3nico\u00bb del accionante \u00abconforme lo dispone el art\u00edculo 5 del Decreto 806 del 2020 [sic]\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el gestor la impugn\u00f3 pues estima que la decisi\u00f3n del tribunal lesiona \u00abde manera grave los principios que rigen la acci\u00f3n de tutela\u00bb comoquiera que en cumplimiento del requerimiento realizado alleg\u00f3 el poder conferido al profesional del derecho que lo representa para la formulaci\u00f3n del presente amparo, de all\u00ed que \u00abse suplen los requisitos para que el tr\u00e1mite constitucional sea analizado y decidido de fondo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si quien promovi\u00f3 el resguardo se encontraba legitimado para representar a Miguel \u00c1ngel Benav\u00eddez del Basto y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial querellada lesion\u00f3 las prerrogativas constitucionales invocadas al tener por no contestada la demanda ejecutiva promovida en su contra, al parecer por no haber conferido poder al abogado que sign\u00f3 el memorial de descargos. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1 Sobre la necesidad de contar con poder especial para acudir a la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
De conformidad con los anteriores lineamientos, contrario a lo considerado por la colegiatura a quo se aprecia que el poder conferido por Miguel \u00c1ngel Benav\u00eddez del Basto al profesional del derecho que formul\u00f3 a su nombre el resguardo es suficiente para autorizar su intervenci\u00f3n, sin que la falta de \u00abnota de presentaci\u00f3n personal\u00bb o de alusi\u00f3n a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del otorgante le reste efectos. <\/p>\n
Ello por cuanto si bien el art\u00edculo 74 del Estatuto Procesal General exige la presentaci\u00f3n personal por parte del poderdante y el canon 5\u00ba del Decreto 806 de 2020 dispone que dicho documento deba ser remitido desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico inscrita en el registro mercantil, no es menos cierto que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagra la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes para la interposici\u00f3n de acciones de tutela, siendo el \u00fanico requisito exigible, que aquel a quien se le extienda el mandato sea abogado, situaci\u00f3n corroborable con la consulta del respectivo Registro Nacional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, err\u00f3 el tribunal de primer grado al haber desestimado el resguardo con fundamento, exclusivamente, en la supuesta ausencia del poder, de all\u00ed que corresponda a la Sala efectuar el estudio de los motivos en que se sustent\u00f3 la presente queja. <\/p>\n
2.2. Del hecho superado y la carencia actual de objeto. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez del tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
En el sub examine se observa que la solicitud de protecci\u00f3n se contrae, esencialmente, a que se remuevan los efectos del auto de 26 de octubre de 2021 por medio del cual el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio tuvo por no contestada la demanda y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dentro del proceso ejecutivo 2019-00253 en el que es demandado, as\u00ed como de las providencias que se hayan desprendido de aquel. <\/p>\n
Sin embargo, a partir de la informaci\u00f3n suministrada por la secretaria del estrado accionado, en respuesta al traslado de esta tutela, se concluye que la salvaguarda habr\u00e1 de desestimarse. <\/p>\n
En efecto, en la respuesta, la aludida servidora judicial manifest\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la iniciaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, admitido el 19 de abril del a\u00f1o en curso, con auto del 26 del mismo mes el despacho \u00abdeclar\u00f3 sin valor ni efecto el auto que tuvo por no contestada la demanda y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u2026 as\u00ed como los autos subsiguientes emitidos en el cuaderno principal\u00bb al tiempo que corri\u00f3 traslado por diez d\u00edas \u00abde las excepciones dem\u00e9rito propuestas por el ejecutado\u00bb y reconoci\u00f3 personer\u00eda al profesional del derecho designado por Benav\u00eddez del Basto. <\/p>\n
Con lo anterior, queda claro que, en el transcurso de la primera instancia de este tr\u00e1mite constitucional, y en todo caso antes de la emisi\u00f3n del fallo, el juzgado convocado realiz\u00f3 la actividad solicitada por el promotor, con la expedici\u00f3n de la providencia por medio de la cual corrigi\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal, con lo que se evidencia que su pretensi\u00f3n fue satisfecha. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque potencialmente pudiera haber existido una lesi\u00f3n de las garant\u00edas supralegales, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales suplicados, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela deviene improcedente. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero porque el hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, toda vez que, en el transcurso de la primera instancia y, en todo caso antes de proferirse el fallo, el juzgado accionado dej\u00f3 sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n procesal que se consideraba lesiva de los derechos del gestor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las precisas razones indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6762-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6762-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00083-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}