STC6763-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6763-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00077-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 2 de mayo de 2022, con la cual declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Humberto Porras Echavarr\u00eda contra el Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla (Antioquia). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en los procesos de radicados 2000-00012, 2007-00167 y 2006-00050. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla (Antioquia) se adelant\u00f3 el proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Humberto Porras Echavarr\u00eda y otros, contra la sociedad Flota Magdalena S.A., tr\u00e1mite al cual se le asign\u00f3 el radicado 2000-000121. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con providencia del 23 de septiembre de 2002- declar\u00f3 civilmente responsable a la empresa demandada, conden\u00e1ndola al pago de ciertos emolumentos a favor de los demandantes2. <\/p>\n
2.3. Con ocasi\u00f3n de que el extremo pasivo no cancel\u00f3 las sumas a las que fue forzada, el aqu\u00ed accionante inici\u00f3 proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n del ordinario bajo el radicado 2007-00167, el cual, se acumul\u00f3 al compulsivo 2006-00050 adelantado por Gloria Amparo Duque y otros3. <\/p>\n
2.4. La autoridad judicial rese\u00f1ada -con auto del 8 de noviembre de 2017- aprob\u00f3 el remate del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 001648251, llevado a cabo el 9 de mayo anterior4. <\/p>\n
2.5. La c\u00e9lula judicial atacada -a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 30 de octubre de 2018, notificado el siguiente d\u00eda- resolvi\u00f3, entre otros, \u00abCuarto: antes de autorizar la entrega de t\u00edtulos, se requiere a los apoderados de las partes a realizar una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aplicando un inter\u00e9s moratorio del 0,5% mensual y donde adem\u00e1s se impute la totalidad de los abonos efectuados incluyendo los remantes que se han llevado a cabo\u00bb5. <\/p>\n
2.6. El 14 de noviembre ulterior, el apoderado de Porras Echavarr\u00eda present\u00f3 memorial solicit\u00e1ndole al Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla que reconsiderara lo resuelto en el auto del 30 de octubre anterior6, petitorio que fue desatado de manera negativa por el estrado judicial el 24 de septiembre de 20197. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el actor se duele de que \u00abde forma completamente inexplicable, la nueva juez del Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla \u2013 Antioquia, profiri\u00f3 un auto de sustanciaci\u00f3n [el 30 de octubre de 2018] mediante el cual pretende revocar las 3 sentencias citadas, que como antes se dijo llevan m\u00e1s de 15 a\u00f1os de encontrarse en firme o sea completamente ejecutoriadas, con el argumento de que se debe presentar actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito con intereses al 0.5%\u00bb. Agregando que dicho auto \u00abno cumple con los requisitos y formalidades que exige la Ley, para tomar una decisi\u00f3n tan importante y tan seria, revocar no solo una, sino tres (3) sentencias que se encuentran totalmente en firme\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo relatado, solicit\u00f3 que se revoque \u00ab\u2026el auto de sustanciaci\u00f3n con fecha octubre 30 de 2018, mediante el cual se pretende revocar las 3 sentencias, mencionadas en los hechos de este introductorio, incluyendo una sentencia de su superior. E igualmente continuar cumpliendo con lo ordenado por las 3 sentencias que pretende revocar sin cumplir con los requisitos y formalidades que exige la LEY\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla (Antioquia)8 pidi\u00f3 que fuera declarado improcedente la acci\u00f3n de tutela por incumplir con el requisito de la inmediatez, bajo el fundamento que \u00abla decisi\u00f3n de modificar la liquidaci\u00f3n de los intereses moratorios data hace a\u00f1os atr\u00e1s, configur\u00e1ndose un t\u00e9rmino sumamente extenso desde que ocurri\u00f3 el hecho presuntamente vulnerador del agravio alegado por el apoderado del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de Flota Magdalena S.A.9 solicit\u00f3 que fuera negado el amparo debido a que el actor debi\u00f3 atacar la providencia que por este medio confuta a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n dentro de la causa natural, lo que nunca ocurri\u00f3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda impetrada por no cumplir con los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad exigidos. Esto, debido a que, en primer lugar, la providencia cuya revocatoria se pretende \u00abdata del 30 de octubre de 2018, es decir de hace ya m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os\u00bb. En segundo lugar, resalt\u00f3 que contra la mencionada determinaci\u00f3n \u00abno se interpuso recurso alguno como se comprueba de la secuencia procedimental apreciada en el expediente 001. 2006-00050 (\u2026)\u00bb, si bien present\u00f3 memorial solicitando \u00abse reconsidere\u00bb lo decidido, dicha intervenci\u00f3n \u00abpor su forma y extemporaneidad no representa leg\u00edtimo agotamiento de los mecanismos de defensa procedentes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo quien manifest\u00f3 estar en desacuerdo con lo decidido frente al requisito de la inmediatez, debido a que \u00abse olvida con ello que vinimos y estamos en una \u00e9poca muy dif\u00edcil (de pandemia), en la cual durante mucho tiempo se cerraron los despachos judiciales y adem\u00e1s se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales\u00bb. Por otro lado, refiri\u00f3 que \u00abcon el auto proferido por el juzgado Civil del Circuito de Marinilla, mediante el cual se pretende revocar tres (3) sentencias, que hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os est\u00e1n en firme y completamente ejecutoriadas\u00bb se est\u00e1n vulnerando sus derechos \u00abpor cuanto con un simple auto no puede dejar sin efecto la firmeza y la ejecutoriedad de una sentencia, y mucho menos de tres sentencias\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales del actor, con ocasi\u00f3n del auto emitido por el Juzgado Civil-Laboral del Circuito de Marinilla el 30 de octubre de 2018. Ello pues, aduce que la autoridad accionada no pod\u00eda revocar tres sentencias ejecutoriadas por m\u00e1s de 15 a\u00f1os so pretexto de modificar los intereses bajo los cu\u00e1les deb\u00eda liquidarse el cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la Sala advierte la improcedencia del amparo exigido. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. En efecto, la providencia atacada en este escenario fue proferida por el Juzgado Civil-Laboral de Marinilla (Antioquia) el 30 de octubre de 2018, mientras que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 el 21 de abril de 2022, es decir, despu\u00e9s de transcurridos 6 meses, t\u00e9rmino que la jurisprudencia ha definido como prudencial para instaurar la acci\u00f3n de amparo constitucional10. <\/p>\n
2.2. Lo dicho resulta relevante, porque pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. Sin que, en el caso en concreto, se evidenci\u00e9 la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de remarcado. <\/p>\n
En este sentido, refulge imperioso indicar que el escrito allegado por el apoderado del aqu\u00ed accionante, en el cual le solicit\u00f3 al a quo natural que reconsiderara lo decidido en el auto atacado, no tiene la vocaci\u00f3n para confutar dicha determinaci\u00f3n, como quiera que este fue presentado de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
3. Por otro lado, resulta menester se\u00f1alar que el amparo tambi\u00e9n se torna improcedente por no cumplirse con el requisito general de subsidiariedad. Efectivamente, el actor desperdici\u00f3 el medio legal que tuvo a su alcance para ejercer la defensa de sus derechos, concretamente, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues no hizo uso de ellos11. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional eminentemente subsidiaria, que no puede ser usada por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las herramientas ordinarias12. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho tercero del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 6-18, archivo \u201c0001 EscritoTutela\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Hecho sexto del escrito de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Folios 455 y 466, archivo \u201c001. 2006-00050\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 640-646. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 659-661. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem., 760-763. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c0007 RespuestaJuzgado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c0014 RespTutela\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: \u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
11\u0002 En efecto el actor ten\u00eda a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a la providencia del 30 de octubre de 2018 ahora rebatida. <\/p>\n
12\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
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