STC6764-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6764-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01858-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abigualdad ante la ley\u00bb, \u00abpatrimonio p\u00fablico\u00bb y \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada, al no casar el fallo emitido por el ad-quem en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00abSIN EFECTOS la sentencia SL2118 de 18 de mayo de 2021\u00bb y ordenar a la Colegiatura acusada \u00abproferir una\u2026 sustitutiva, subsanando los yerros jur\u00eddicos enrostrados\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que Jos\u00e9 Roselino \u00c1vila Vaca le inco\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo \u00abobtener el pago de la pensi\u00f3n de vejez, conforme a lo previsto en la Ley 100 de 1993, liquidada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 del mismo ordenamiento, con los intereses de mora y la indexaci\u00f3n\u00bb), el 7 de febrero de 2018 el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la cual \u00abconden\u00f3 a la demandada al pago de la pensi\u00f3n de vejez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, en cuant\u00eda inicial de $4.905.629, a partir del 9 de mayo de 2016. Declar\u00f3 la compatibilidad de esa prestaci\u00f3n con la reconocida por la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social EICE y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Orden\u00f3 el reconocimiento de un retroactivo por valor de $125.775.859,74 e impuso los intereses moratorios desde el 12 de septiembre de 2016\u00bb. <\/p>\n
2.2. Esa decisi\u00f3n, el 9 de agosto de 2018, el ad-quem i) la adicion\u00f3, \u00abpara determinar que el n\u00famero de mesadas correspond\u00edan a 13 al a\u00f1o\u00bb; ii) la modific\u00f3, respecto al retroactivo, estableci\u00e9ndolo en \u00ab$115.682.512,32, que actualizado al 30 de junio de 2018, ascend\u00eda a $142.681.912,58\u00bb; y iii) \u00ab[p]recis\u00f3 que declaraba la compatibilidad de la pensi\u00f3n de vejez, con las otorgadas en el sector oficial\u00bb. Determinaci\u00f3n que el 18 de mayo de 2021 no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que, con su decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n encausada incurri\u00f3 en defectos sustantivo y de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque, en su sentir, la pensi\u00f3n ordinaria de jubilaci\u00f3n previamente reconocida a \u00c1vila Vaca bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, es incompatible con la de vejez de que trata la Ley 100 de 1993, que en una interpretaci\u00f3n normativa \u00abcontra legem\u00bb se le impuso pagar en el juicio recriminado, desconociendo, en esencia, el canon 279 de \u00e9sta y el precepto 40 del Decreto 694 de 1994, especialmente en cuanto a \u00abla prohibici\u00f3n de percepci\u00f3n de dos asignaciones provenientes de recursos p\u00fablicos\u00bb, en una aplicaci\u00f3n asistem\u00e1tica de las normas que regulan la materia, que, en \u00faltimas, tambi\u00e9n afecta la sostenibilidad financiera del sistema, m\u00e1xime cuando va en contrav\u00eda de la proscripci\u00f3n taxativa que contempla el acto legislativo 01 de 2005 respecto a \u00abdestinar los recursos del sistema pensional para fines diferentes a ella o situaciones no prevista en ella (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte indic\u00f3 que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse porque con su decisi\u00f3n \u00abno vulner\u00f3 ning\u00fan derecho de la accionante, por el contrario, se atuvo a lo que, legal como probatoriamente emanaba de ese caso, apoy\u00e1ndose, tambi\u00e9n en lo que, sob[r]e el tema, ha sostenido esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir, en calidad de pr\u00e9stamo, las actuaciones surtidas en el asunto fustigado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abla providencia cuestionada y emitida en sede de Casaci\u00f3n\u2026 resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb, as\u00ed como a los \u00abjurisprudenciales y probatorios aportados al diligenciamiento cuestionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la gestora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, precis\u00f3 que el reparo de la recurrente en casaci\u00f3n se centr\u00f3, \u00fanicamente, en la alegada incompatibilidad \u00abde la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio\u2026 y la reconocida en sede judicial, esto es, la prevista en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003, a la cual, fue condenada la convocada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese par\u00e1metro, se\u00f1al\u00f3 que para definir en la forma en que lo hizo, el ad-quem: <\/p>\n
\u2026estableci\u00f3 que la de jubilaci\u00f3n oficial se concedi\u00f3 con sustento en las Leyes 6\u00aa de 1945, 33 de 1985 y 91 de 1989; destacando que los aportes con los que se concedi\u00f3 fueron p\u00fablicos, diferentes a los privados con los que determin\u00f3 sobre la viabilidad de la pensi\u00f3n en cabeza de la administradora del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida. <\/p>\n
[\u2026] raz\u00f3n por la cual es claro que el promotor del litigio logr\u00f3 acreditar cotizaciones distintas a las que se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de las pensiones que actualmente disfruta, no gener\u00e1ndose incompatibilidad alguna. <\/p>\n
Luego, con sustento en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 797 de 2003 y en la sentencia de casaci\u00f3n que identific\u00f3 con la radicaci\u00f3n 37959, precis\u00f3, que los recursos pertenecientes a la seguridad social no eran propiedad del Estado, al tener una destinaci\u00f3n definida, siendo de origen parafiscal. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, tras destacar que aunque \u00abla Ley 100 de 1993 en su art\u00edculo 279, excluy\u00f3, del Sistema de Seguridad Social, a los docentes oficiales\u00bb, con apoyo en pronunciamiento del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, que cit\u00f3 in extenso (CSJ SL, 4 sep. 2010 rad. 36939), anot\u00f3 que, en el caso concreto, \u00abel demandante, como docente oficial, por estar excluido del sistema integral de seguridad social, le era v\u00e1lido adquirir una pensi\u00f3n oficial por prestar sus servicios en centros educativos de ese sector, como dio cuenta [e]l ad quem y no se discute en el cargo\u00bb; adem\u00e1s, \u00ab[t]ambi\u00e9n pod\u00eda, como en efecto ocurri\u00f3, por as\u00ed dejarlo sentado la decisi\u00f3n recriminada, y no se cuestion\u00f3, ejercer labores en instituciones privadas, para financiar una posible pensi\u00f3n de vejez en el ISS hoy Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia \u00faltima que dijo \u00abprevista en el art\u00edculo 31 del Decreto 692 de 1994, que ense\u00f1a, que las personas afiliadas o que deban hacerlo en el futuro al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 y que adicionalmente perciban remuneraciones del sector privado, tiene derecho a que la totalidad de sus aportes y descuentos para pensiones se gestionen por esa entidad, o en cualquiera de las administradoras de los reg\u00edmenes de prima media o de ahorro individual; de ah\u00ed, que si se labora a favor de entidades privadas, pueden seleccionarse estas \u00faltimas, para realizar cotizaciones, lo que genera el efecto que, al cumplimiento de las exigencias previstas en el r\u00e9gimen que eligi\u00f3, pueda acceder a las prestaciones all\u00ed dispuestas\u00bb; afirmaci\u00f3n \u00e9sta que seguidamente fundament\u00f3 acudiendo a precedentes de la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte en casos con alguna simetr\u00eda al sometido a su escrutinio (CSJ SL, 6 dic. 2011, rad. 40848; y SL451-2013). <\/p>\n
Apalancado en esas disquisiciones, concluyentemente consign\u00f3 que \u00abel Tribunal no incurri\u00f3 en los dislates jur\u00eddicos atribuidos\u2026, como que, el actor, al estar afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estaba exceptuado de la Ley 100 de 1993, no impidi\u00e9ndole prestar servicios a favor de personas privadas[,] y como se acredit\u00f3 que las cotizaciones realizados para estos eran diferentes a las que se tomaron para calcular las prestaciones de car\u00e1cter oficial (lo cual permanece indemne, en atenci\u00f3n a la v\u00eda seleccionada por la censura), lleva al convencimiento sobre la inexistencia de incompatibilidad, entre la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n oficial y la reclamada en este proceso\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3, categ\u00f3ricamente, tambi\u00e9n \u00abcon sustento en la \u00faltima providencia en cita\u00bb, que \u00abel pago a realizar por la accionada, no tiene la condici\u00f3n de asignaci\u00f3n proveniente del tesoro p\u00fablico, pues los aportes que sirven para financiarla, son realizados por empleadores y trabajadores, que no tiene origen en fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada responde a una interpretaci\u00f3n admisible de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, reiterando \u00abla compatibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio\u2026 [y] la prevista en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003\u00bb, m\u00e1xime cuando, se itera, contrario a lo planteado por la aqu\u00ed quejosa, concluy\u00f3 que \u00abel pago a realizar por la accionada, no tiene la condici\u00f3n de asignaci\u00f3n proveniente del tesoro p\u00fablico, pues los aportes que sirven para financiarla, son realizados por empleadores y trabajadores, que no tiene origen en fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la censora, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 8 de marzo, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 5 de mayo \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 9 siguiente y el 10 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
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