STC6766-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6766-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de abril de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda In\u00e9s Leiva C\u00e1rdenas, a trav\u00e9s de apoderado, contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al juzgado en el proceso objeto de litis y a las dem\u00e1s partes e intervinientes. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho al patrimonio y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el proceso de sucesi\u00f3n del causante Pedro Arturo Ria\u00f1o G\u00f3mez de radicado 11001311000120190070800. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Adriana Ria\u00f1o Chaves promovi\u00f3 un proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Pedro Arturo Ria\u00f1o G\u00f3mez, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, mediante auto de 2 de octubre de 2020, reconoci\u00f3 el inter\u00e9s como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de la accionante y fij\u00f3 fecha para la audiencia de inventarios y aval\u00faos el 25 de enero de 2021. <\/p>\n
2.2. Luego de impartir aprobaci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos y surtido el tr\u00e1mite pertinente, en audiencia del 15 de diciembre de 2021, se profiri\u00f3 sentencia aprobando \u00aben todas sus partes el trabajo de PARTICI\u00d3N Y ADJUDICACI\u00d3N sobre los bienes pertenecientes al causante\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Frente a lo determinado, la apoderada de la accionante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue concedido el 27 de enero pasado2. <\/p>\n
2.4. Frente a lo decidido, la promotora considera que \u00abel se\u00f1or JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, profiere sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y\/o adjudicaci\u00f3n, beneficiando en sus totalidad a la heredera del causante [\u2026] sin lugar a que la misma haya podido ser objetada en su oportunidad ya que dicho trabajo fue presentado por las dos abogadas de manera mancomunada y con el benepl\u00e1cito y asentimiento del se\u00f1or Juez de instancia, quien le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n, desconociendo de manera tajante los derechos de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite [\u2026] pero todav\u00eda m\u00e1s grave a\u00fan, es que en el mismo trabajo de partici\u00f3n donde se le reconocen gananciales a la c\u00f3nyuge sobreviviente, a juicio de las abogadas, se termina adjudicando el cien por ciento (100%) de la masa sucesoral a la heredera del causante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, cuestiona que \u00abhubo ausencia total de DEFENSA TECNICA por parte de la apoderada de la se\u00f1ora MAR\u00cdA INES LEIVA CARDENAS [\u2026] ni siquiera estaba facultada para realizar el trabajo de partici\u00f3n, por lo que le asist\u00eda la obligaci\u00f3n el se\u00f1or Juez de instancia, entrar a designar un profesional [\u2026] para que lo elaborara de conformidad y con las garant\u00edas y sigilo requeridos\u00bb; por tanto, \u00abcomo consecuencia de la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n [\u2026] el 28 de marzo del presente a\u00f1o, el inmueble [\u2026] fue objeto de diligencia de secuestro\u00bb, en la que la apoderada de la accionante \u00abno hizo oposici\u00f3n alguna [\u2026] advirti\u00e9ndole a su defendida [\u2026] que ah\u00ed no hab\u00eda nada que hacer y que lo \u00fanico que quedaba era el recurso de Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, \u00ab[D]ejar sin valor ni efecto el alcance de la Sentencia [de] 15 de diciembre de 2021, y que en la actualidad se encuentra en apelaci\u00f3n en el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT\u00c1 SALA DE FAMILIA [\u2026] dejar sin valor ni efecto la Diligencia de Secuestro llevada a cabo el d\u00eda 28 de marzo del presente a\u00f1o, por el Juzgado 28 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1\u00bb y que \u00abse compulsen copias ante las autoridades competentes (\u2026) para que se investiguen las conductas [\u2026] en que hayan podido haber incurrido: el se\u00f1or Juez [\u2026] y las dos abogadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 respald\u00f3 la legalidad de las actuaciones y solicit\u00f3 que \u00abse niegue la acci\u00f3n de tutela por improcedente, de un lado, se garantizaron los derechos fundamentales no solo de la se\u00f1ora Leiva sino de todos los intervinientes y de otro existen mecanismos judiciales id\u00f3neos que a la fecha se est\u00e1n surtiendo, y que permiten concluir que no se agota la subsidiariedad de la acci\u00f3n, de tal suerte que no puede utilizarse la tutela como instancia adicional o para revivir t\u00e9rminos legalmente concluidos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 expuso que \u00abno se vislumbra en manera alguna la afectaci\u00f3n de los derechos que reclama la accionante por esta v\u00eda de ninguna otra garant\u00eda constitucional por parte de esta sede judicial, toda vez que al Despacho Comisorio aludido se le dio el tr\u00e1mite que en derecho corresponde en aras de dar cumplimiento a la comisi\u00f3n conferida\u00bb. <\/p>\n
3. La abogada que dijo representar a la se\u00f1ora Adriana Ria\u00f1o Chaves en el referido proceso solicit\u00f3 que se \u00abse declare que no est\u00e1 llamada a prospera[r] la presente acci\u00f3n [\u2026] porque as\u00ed se deriva de su naturaleza subsidiaria establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo, tras considerar que la ac\u00e1 accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia del 15 de diciembre de 2021, mediante la cual el Juzgado demandado imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n, recurso que se encuentra pendiente de resolver por parte de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de modo que, ante la existencia de otro mecanismo efectivo de defensa, \u00abno se abre paso el amparo constitucional de naturaleza extraordinaria y residual, toda vez que no procede cuando existan otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para obtener la protecci\u00f3n solicitada por v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
Expuso que \u00abtampoco se observa que el Juzgado Veintiocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 haya vulnerado derechos fundamentales, por cuanto, su labor se concret\u00f3 a llevar a cabo la diligencia de secuestro [\u2026] conforme el despacho comisorio librado por el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, diligencia que fue atendida por MAR\u00cdA IN\u00c9S LEYVA C\u00c1RDENAS, quien no le otorg\u00f3 poder a la abogada que asisti\u00f3 al acto, para que ejerciera la defensa de sus derechos [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que, si el apoderado de la accionante considera que el juez y las abogadas vinculadas en la presente causa \u00abest\u00e1n incursos en eventuales conductas penales o disciplinarias, podr\u00eda acudir a las instancias correspondientes, en orden a instaurar las denuncias o quejas que considere pertinentes, puesto que la acci\u00f3n de tutela no fue instituida para dar tr\u00e1mite a solicitudes de esa naturaleza\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la accionante impugn\u00f3 el fallo y se\u00f1al\u00f3 que, si bien \u00abla apoderada de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, a la cual se le revoc\u00f3 el PODER ESPECIAL [\u2026] interpuso Recurso de Apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, esta solo est\u00e1 encaminada a que se le reconozca una cuota parte de los activos; desconoci\u00e9ndole la calidad y el derecho que tiene la accionante como esposa del causante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado demandado, por cuanto profiri\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n el 15 de diciembre de 2021, desconociendo que \u00ablo elaboraron sin tener en cuenta las m\u00ednimas reglas establecidas [\u2026] [y] los derechos de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb, circunstancia que condujo al secuestro del bien objeto de la litis y que \u00ab[\u2026] la expone[n] de manera inmediata a ser despojada del inmueble donde viv\u00eda con su difunto esposo hasta el momento de su muerte\u00bb, beneficiando en su totalidad a la heredera del causante, \u00absin lugar a que la misma haya podido ser objetada en su oportunidad\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, por auto del 27 de enero de 20223, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado oportunamente por la apoderada de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite -aqu\u00ed accionante-, contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021, el cual fue remitido a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante oficio 00024 de 7 de febrero pasado. <\/p>\n
2.1. Lo expuesto imposibilita un pronunciamiento del juez constitucional frente a lo debatido en el proceso que est\u00e1 en curso, pues se configura la causal de improcedencia del amparo establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dado que el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo cuestionado se encuentra en tr\u00e1mite y pendiente de resoluci\u00f3n. De lo contrario, se corre el riesgo de invadir la esfera del juez competente y sustituirlo en la resoluci\u00f3n del asunto puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Sin duda, los motivos invocados por la tutelante no justifican acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, especialmente cuando la protecci\u00f3n constitucional gravita en torno a tem\u00e1ticas pendientes de soluci\u00f3n definitiva en el marco del tr\u00e1mite judicial correspondiente. Sobre el particular, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
2.2. En cuanto a la falta defensa t\u00e9cnica por parte de la apoderada de la ac\u00e1 tutelante en el proceso y en las diligencias adelantadas en este, derivada de las actuaciones por ella realizadas y la ausencia o indebida interposici\u00f3n de los mecanismos ordinarios, entre otros, es pertinente se\u00f1alar que si la actora no estaba conforme con la gesti\u00f3n adelantada por su abogada pod\u00eda designar a otro profesional del derecho, para que actuara en su nombre. <\/p>\n
Aunado a ello, si lo alegado tiene relaci\u00f3n con una posible falta en el ejercicio de las funciones de los abogados y de operadores judiciales intervinientes en el asunto, lo procedente es presentar la respectiva queja ante las autoridades competentes, pues no es el juez de tutela el llamado a definir lo pertinente, dado que, para ello, debe hacerse uso de las herramientas jur\u00eddicas que el ordenamiento legal tiene dispuestas para el efecto. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en asuntos con alguna similitud al ac\u00e1 debatido, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiterada en STC9510-2016, rad. n.\u00b0 2016- 00905 y en STC14741-2021, rad. 2021-00402). <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en que no est\u00e1n acreditados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios de este, dado que el asunto est\u00e1 en curso, la promotora ha intervenido en el proceso y a\u00fan cuenta con los recursos ordinarios de defensa en el respectivo juicio que est\u00e1n en tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pdf 35SENTENCIA15-12-2021. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Pdf 40Auto27enero2022. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo. PDF 40Auto 27 DE ENERO DEL 2022. Notificado por estado electr\u00f3nico No. 022 de 29 de enero de 2022. Expediente digital <\/p>\n
<\/p>\n
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