STC6767-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6767-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01409-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por M\u00f3nica Liliana, Jerjes y Jacobo Payares Almarales contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente vulneradas por la sede judicial encausada al dictar sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar a la Colegiatura criticada dejar sin efecto el mentado veredicto para que, en su lugar, \u00abemita nueva sentencia que tenga en cuenta no violentar los derechos fundamentales que no fueron tenidos en cuenta al\u2026 emitir el fallo de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de pertenencia incoado por Martha In\u00e9s Torres Pertuz contra los accionantes, Rom\u00e1n Payares Almarales, Alexandra y P\u00edo Payares Carbon\u00f3; Blanca In\u00e9s y Silene Payares Caicedo; Carlos y Lola Payares Gonz\u00e1lez; todos como herederos determinados de Juan Nolasco Payares de la Hoz, los indeterminados de \u00e9ste, los determinados e indeterminados de Diosc\u00f3rides Payares Carbon\u00f3 (al cual se acumul\u00f3 el reivindicatorio impetrado por la familia Payares Almarales contra la primera); surtidas las etapas de rigor, el 16 de junio de 2021 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga dict\u00f3 sentencia en la que \u00abdeneg\u00f3 la usucapi\u00f3n\u2026, al no haberse completado el tiempo de posesi\u00f3n exigido por el legislador, y declar\u00f3 no probadas las excepciones formuladas contra el pedimento reivindicatorio[,] ordenando a\u2026 Torres Pertuz restituir el objeto a sus propietarios\u00bb; determinaci\u00f3n que el 22 de octubre posterior revoc\u00f3 el Tribunal para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda principal (y denegar las de la acumulada). <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela, los accionantes se quejaron, en concreto, de que para el buen suceso de la pertenencia se computara la posesi\u00f3n ejercida por la demandante durante el t\u00e9rmino en el que estuvo en curso el proceso de nulidad por ellos entablado contra quien transfiri\u00f3 el derecho de dominio a aqu\u00e9lla, lo que, en su sentir, era inviable, m\u00e1xime cuando ese \u00faltimo asunto prosper\u00f3, lo que de suyo implic\u00f3 que la compra de \u00e9sta perdiera todo efecto vinculante. <\/p>\n
Destacaron que lo anterior era as\u00ed porque el due\u00f1o inicial del predio era Juan Nolasco Payares de la Hoz (fallecido el 23 de enero de 2003), quien lo don\u00f3 a Dioscorides Nolasco Payares Carbon\u00f3, \u00faltimo que el 15 de septiembre de 2003 lo prometi\u00f3 en venta a la demandante en pertenencia, quien entr\u00f3 a ocuparlo el 4 de diciembre siguiente y la respectiva escritura se le otorg\u00f3 el 3 de febrero de 2004; mientras que el proceso de nulidad del primer acto referido inici\u00f3 en el a\u00f1o 2003, registr\u00e1ndose la demanda en la matr\u00edcula correspondiente desde el 21 de agosto de ese a\u00f1o, accedi\u00e9ndose a las pretensiones por parte del a-quo el 5 de febrero de 2009, determinaci\u00f3n que ratific\u00f3 el ad-quem el 15 de marzo de 2011 y la que, tras declararse desierto el recurso de casaci\u00f3n propuesto, el 26 de diciembre de 2012 fue inscrita en el respectivo registro p\u00fablico, hecho indicador tambi\u00e9n de que, con antelaci\u00f3n, les era imposible impulsar la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, las que, afirm\u00f3, \u00abse encuentran debidamente respaldadas en las normas sustanciales y procesales aplicables al caso debatido, adem\u00e1s[,] la sentencia emitida por [ese] Tribunal, respecto de la que se quejan los aqu\u00ed promotores, est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas\u2026, raz\u00f3n por la que no es posible que [se] utilice este mecanismo residual para abrir nuevamente un debate con el argumento que hubo violaci\u00f3n del debido proceso, solo porque sus pretensiones no salieron avante\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aben anterior ocasi\u00f3n se hab\u00eda formulado por Rom\u00e1n Payares Almarales, una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos, Rad. No. 11001-02-03-000-2022-00871-00\u2026, la cual fue negada mediante sentencia del primero (1\u00b0) de abril de la presente anualidad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga pidi\u00f3 \u00abDECLARAR IMPROCEDENTE el amparo\u2026 puesto que\u2026 no ha violentado los derechos fundamentales de los tutelantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la sentencia de 22 de octubre de 2021, mediante la cual se revoc\u00f3 la dictada el 16 de junio anterior por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga -adversa a las pretensiones de la demanda principal- para, en su lugar, acceder a la acci\u00f3n de pertenencia entablada, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para tal proceder. <\/p>\n
2.1. En efecto, destacando que esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente al respecto, en sentencia STC4010-2022 (1\u00ba abr., rad. 2022-00871-00), al no acceder al resguardo que de esta misma naturaleza inco\u00f3 contra aquella sentencia Rom\u00e1n Payares Almarales, hermano de los aqu\u00ed accionantes (asunto que, valga indicar, actualmente est\u00e1 ante la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n), es evidente que el Tribunal convocado, en su decisi\u00f3n, con fundamento en las normas aplicables al asunto y el an\u00e1lisis conjunto del material suasorio recaudado, encontr\u00f3 que la usucapiente, de cara a la adquisici\u00f3n del fundo por v\u00eda de la prescripci\u00f3n, ejerci\u00f3 posesi\u00f3n de forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida desde diciembre del 2003 hasta el mismo mes del a\u00f1o 2013. <\/p>\n
Lo anterior, bajo las consideraciones que al respecto efectu\u00f3 esta Corte en la providencia referida a espacio, a las cuales se est\u00e1 en esta nueva oportunidad y, en honor a la brevedad, a continuaci\u00f3n se trascriben como concluyentes para la definici\u00f3n del presente asunto, as\u00ed: <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza. En verdad, la queja medular del censor radic\u00f3 en que para determinar si la posesi\u00f3n se prolong\u00f3 por el tiempo exigido por la ley, el tribunal cont\u00f3 el lapso en que la all\u00e1 demandante detent\u00f3 el inmueble con anterioridad a que su t\u00edtulo fuera declarado nulo, pues determin\u00f3 que aunque la venta con la que adquiri\u00f3 el uso y goce del predio desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, deb\u00eda ser considerada poseedora desde que iniciaron los actos materiales que exteriorizaron su animus domini, en este caso, desde el momento en el que se le hizo entrega del bien (10 dic. 2003), conclusi\u00f3n que, a juicio del actor, constituye un error del operador judicial pues la posesi\u00f3n y el dominio son figuras diferentes que no pueden confundirse, por lo que su posesi\u00f3n empez\u00f3 despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia de nulidad. <\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal concluy\u00f3 que: \u00ab(\u2026) siendo supuestos de hecho distintos, el analizado por la Corporaci\u00f3n en cita y el que aqu\u00ed se estudia, deviene inaplicable el precedente invocado, debiendo acudirse entonces a la regla que indica que quien adquiri\u00f3 posesi\u00f3n en virtud de un t\u00edtulo que despu\u00e9s desaparece del mundo jur\u00eddico, ser\u00e1 considerado poseedor desde que iniciaron los actos materiales que exteriorizan su \u00e1nimus d\u00f3mini, y no en el momento en que desapareci\u00f3 una calidad meramente aparente, como en este caso\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
Lo cual a juicio de esta sala no luce irracional, pues, aunque se haya extinguido el justo t\u00edtulo, ejecut\u00f3, desde que le fue entregado el bien, actos de se\u00f1or y due\u00f1o, sin reconocer dominio alguno, los cuales permiten contabilizar, a partir de dicha fecha, el tiempo exigido para prescribir. <\/p>\n
De la misma forma, se descart\u00f3 que la posesi\u00f3n ejercida haya sufrido suspensi\u00f3n natural y se afirm\u00f3 que su interrupci\u00f3n se dio con la notificaci\u00f3n de la reivindicaci\u00f3n, de esto se concluy\u00f3 que la sentencia de nulidad no afect\u00f3 la pretensi\u00f3n adquisitiva de la demandante pues la se\u00f1ora Martha In\u00e9s Torres Pertuz nunca fue vinculada al mismo, al respecto se precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, no obstante la comprobada existencia del proceso declarativo de nulidad contra Diosc\u00f3rides Payares, no se demostr\u00f3 que Torres Pertuz haya concurrido a \u00e9l como parte, ni tampoco en ninguna de las formas de tercer\u00eda previstas por el Estatuto de los Ritos Civiles, por lo cual ning\u00fan efecto o consecuencia tiene sobre ella, distinto de los ya aclarados respecto de los de la sentencia sobre la compraventa en virtud de la antelada inscripci\u00f3n de aqu\u00e9l libelo. As\u00ed se tiene, como qued\u00f3 visto, de haberse convocado a aquel tr\u00e1mite judicial invalidante, habr\u00eda operado la interrupci\u00f3n civil, pero como as\u00ed no se hizo, \u00e9sta no se dio. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, se tiene que los actos de se\u00f1or\u00edo de la Se\u00f1ora Martha In\u00e9s Torres Pertuz dieron inicio despu\u00e9s de inscrita la multicitada demanda de nulidad contractual. Y ello es as\u00ed porque \u00e9sta fue enterada por Diosc\u00f3rides Payares de la existencia del libelo de nulidad y de la inscripci\u00f3n de la demanda, al momento de suscribir la promesa de compraventa del inmueble, seg\u00fan afirm\u00f3 en su interrogatorio de parte, durante el cual tambi\u00e9n precis\u00f3 que la entrega material con la que dio inicio a su posesi\u00f3n se hizo con posterioridad a la mentada promesa y antes de perfeccionar la venta. As\u00ed, aun de considerarse susceptible de interrupci\u00f3n por tal causa, en este caso de interrupci\u00f3n alguna puede hablarse, pues la posesi\u00f3n de Do\u00f1a Martha In\u00e9s inici\u00f3 luego de proferida e inscrita la cautela en referencia. <\/p>\n
Siguiendo este cauce de disertaci\u00f3n, se concluye que la com\u00fanmente pregonada y aceptada posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Martha In\u00e9s Torres Pertuz dio inicio desde diciembre de dos mil tres (2003)\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, el Tribunal concluy\u00f3 que la all\u00e1 demandante cumpli\u00f3 con el tiempo exigido pues su posesi\u00f3n fue p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 2003 y se interrumpi\u00f3 el 13 de julio de 2018, lo cual no luce irracional. Es ostensible, entonces, que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En suma, dado que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la normativa y jurisprudencia que regulan la materia, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo (CSJ STC4010-2022, 1\u00ba abr., rad. 2022-00871-00). <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, nuevamente se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, se itera, lo que aqu\u00ed plantearon es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que hall\u00f3 aplicables al caso concreto y valor\u00f3 conjuntamente las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, concluyendo que, al margen de las alegaciones de aqu\u00e9llos, la usucapiente, para la adquisici\u00f3n del fundo por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n, ejerci\u00f3 posesi\u00f3n efectiva, de forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2013. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo consignado para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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