STC6768-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6768-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00665-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de abril de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Brinks de Colombia, \u00abSintrabrinks\u00bb, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la empresa Brinks de Colombia S.A., el Ministerio del Trabajo, el Tribunal de Arbitramento Obligatorio y las partes e intervinientes en el recurso de anulaci\u00f3n con radicado 2020-88102. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n, \u00abbuena fe de las autoridades p\u00fablicas\u00bb, asociaci\u00f3n y libertad sindical, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La organizaci\u00f3n sindical Sintrabrinks present\u00f3 un pliego de peticiones a la empresa Brinks de Colombia S.A., que conten\u00eda 69 puntos, alcanzando acuerdos parciales sobre los mismos, por lo que el Ministerio de Trabajo, por Resoluci\u00f3n 4373 de 22 de octubre de 2019, orden\u00f3 la constituci\u00f3n de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, con el fin de dirimir el conflicto colectivo de trabajo entre las partes. <\/p>\n
2.2. El 21 de febrero de 2020, el Tribunal Obligatorio de Arbitramiento profiri\u00f3 un laudo arbitral, solucionando y poniendo fin al referido conflicto y, el 16 de marzo de dicha anualidad, se pronunci\u00f3 respecto de la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada por el sindicato. <\/p>\n
2.3. Ambas partes formularon recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo emitido y, el 3 de marzo de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 \u00abRECHAZAR el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por la Organizaci\u00f3n Sindical [\u2026]\u00bb y admiti\u00f3 el formulado por la empresa. El fundamento de rechazo se circunscribi\u00f3 a \u00abla ausencia de acreditaci\u00f3n del ius postulandi respecto de la persona que interpuso en nombre del sindicato el medio de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. La organizaci\u00f3n sindical adujo que, el 19 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de apoderado, solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado, pues se \u00abevidenci\u00f3 un desconocimiento a las garant\u00edas propias del debido proceso en el tr\u00e1mite arbitral que define un conflicto colectivo de trabajo\u00bb y para el efecto fund\u00f3 la misma en la causal \u00abconstitucional de nulidad establecida en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 25 de agosto de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la nulidad y reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar al apoderado del sindicato. <\/p>\n
2.6. Al respecto, la parte actora advirti\u00f3 que la Sala convocada no acogi\u00f3 la tesis favorable consistente en que, \u00abpara acudir ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que anule un laudo arbitral proferido para resolver un conflicto colectivo de trabajo de naturaleza econ\u00f3mica, basta la solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, sin intermedio de apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Justific\u00f3 lo anterior en que \u00abel arbitramento obligatorio no est\u00e1 sometido al rigor de los juicios en derecho, de modo que no es una de las actuaciones que seg\u00fan el Decreto 196 de 1971 precisan de la representaci\u00f3n de un abogado, y por esa misma raz\u00f3n a su tr\u00e1mite tampoco le resulta aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que alude al litigio en los procesos laborales\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se amparen sus derechos fundamentales reclamados y se deje sin efecto la decisi\u00f3n mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 la nulidad, a fin de que se profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abDECLARANDO LA NULIDAD de todo lo actuado y, en su lugar, se ADMITA el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto por SINTRABRINKS\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que sus determinaciones fueron emitidas de conformidad con la legislaci\u00f3n aplicable a la controversia y no vulneraron las garant\u00edas fundamentales reclamadas, por lo cual \u00abno se configuran las causales excepcionales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Trabajo pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n y que se le exonerara de toda responsabilidad, dado que \u00abno hay obligaci\u00f3n o responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno a la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda del Tribunal de Arbitramento Obligatorio remiti\u00f3 copia del respectivo expediente y afirm\u00f3 que no pod\u00eda hacer pronunciamiento alguno sobre la tutela, toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abfue tomada por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la Hom\u00f3loga Laboral actu\u00f3 en derecho y, en esa medida, <\/p>\n
\u00abno existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora persigue la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la determinaci\u00f3n del 25 de agosto de 2021, notificada por estado 207 del 16 de diciembre de dicha anualidad, que neg\u00f3 el incidente de nulidad que el apoderado judicial de Sintrabrinks present\u00f3 en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n que el solicitante y Brinks de Colombia S.A. formularon contra el laudo que el Tribunal de Arbitramento Obligatorio profiri\u00f3 el 21 de febrero de 2020. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales se observa que la autoridad judicial convocada expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a acceder a la nulidad solicitada. <\/p>\n
2.1. Para ello, sostuvo que los argumentos en los cuales Sintrabrinks fund\u00f3 su incidente giraron en torno a que \u00abel ejercicio del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n no requiere de abogado por tratarse de un acto que se produce en el marco de un conflicto colectivo\u00bb, de modo que, al impon\u00e9rsele una exigencia no prevista en la ley, se vulner\u00f3 su debido proceso. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que el criterio imperante en la Sala frente a la validez de los recursos en materia laboral establece que quien acude a la jurisdicci\u00f3n \u00abdebe acreditar el derecho de postulaci\u00f3n conforme lo exige el art\u00edculo 33 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el art\u00edculo 22 del Decreto 196 de 1971\u00bb; por tanto, consider\u00f3 que, siendo el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n un acto procesal a trav\u00e9s del cual se pretende la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada, resulta indispensable que quien lo promueva tenga la capacidad suficiente para ejercer el derecho de postulaci\u00f3n, es decir, que ostente la calidad de abogado debidamente inscrito. <\/p>\n
En ese orden, advirti\u00f3 que no se configur\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna al debido proceso, puesto que dicha exigencia converge con las formas propias de cada juicio, m\u00e1xime teniendo en cuenta que la misma Sala, mediante prove\u00eddos CSJ AL, 6 ago. 2003, rad. 22049, CSJ AL, 6 jul. 2011, rad. 49438, CSJ AL6806-2016, CSJ AL1694-2018, CSJ AL4897-2019, CSJ AL1368-2020 y CSJ AL961-2021, ha sostenido que tal calidad resulta necesaria para interponer y sustentar el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En cuanto al principio de favorabilidad, manifest\u00f3 que, en el presente caso, \u00abla postura explicada es la que se ajusta de mejor forma a los fines del recurso de anulaci\u00f3n y a los intereses de los trabajadores en el marco de estos conflictos colectivos de trabajo, adem\u00e1s que se armoniza con las disposiciones adjetivas a que se hizo referencia\u00bb. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que sea o no compartida, la Sala accionada motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, la normativa y la jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado estableci\u00f3 que no era viable acceder a la nulidad reclamada, en tanto determin\u00f3 que no se configuraba ninguna de las causales de anulaci\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1xime cuando la parte actora no cumpli\u00f3 con la carga procesal de acreditar la capacidad para ejercer el derecho de postulaci\u00f3n, la cual, como bien lo ha se\u00f1alado reiteradamente la Sala, es un requisito indispensable para interponer y sustentar el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la parte accionante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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