STC6771-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6771-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de abril de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Camilo1 contra el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura2. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcadas por la autoridad accionada en el proceso de revisi\u00f3n y aumento de cuota alimentaria de radicado 2021-00293-00. <\/p>\n
2. De lo referido en el escrito de tutela, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Eugenia3, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, instaur\u00f3 demanda revisi\u00f3n y aumento de la cuota de alimentos en contra del tutelante, asunto que fue decidido, mediante sentencia, por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9 el 4 de abril de 2022, declarando no probadas las excepciones propuestas e imponiendo \u00ab[\u2026] como cuota integral de alimentos [\u2026] el equivalente al 22% del salario [\u2026] [y] dos cuotas adicionales por el mismo porcentaje\u00bb. <\/p>\n
2.2. Al respecto, el actor cuestion\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada adolece de motivaci\u00f3n e incurre en defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00aben la contestaci\u00f3n de la demanda se allegaron las pruebas correspondientes a demostrar las excepciones NO CAPACIDAD DEL ALIMENTANTE y el CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACI\u00d3N [\u2026] no se tuvo en cuenta NINGUNA de las pruebas allegadas al plenario, [\u2026] mis gastos superan mi capacidad econ\u00f3mica [\u2026] mi neto a recibir es de 1.417.548 a marzo de 2022 con lo cual debo cubrir las dem\u00e1s obligaciones que descontando la libranza debo hacer frente, asciende a la suma de 1.700.000 pesos, motivo por el cual resulta violatorio de mis derechos fundamentales la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Juez y la defensora de familia no comprenden que poseo m\u00e1s obligaciones a mi cargo que tengo que cubrir independientemente de cualquier situaci\u00f3n [\u2026] de qu\u00e9 manera pretende el se\u00f1or Juez que yo cubra mis gastos ordinarios, [\u2026] para SOBREVIVIR; adem\u00e1s de los probados en el proceso, puesto que en sus consideraciones solo aduce que percibo un salario de 2.702.000 y que cuento con capacidad, pero ignora TOTALMENTE mis dem\u00e1s gastos y obligaciones que independientemente de la condici\u00f3n que tengan, LOS TENGO QUE CUBRIR\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, adujo que \u00abla madre de mi otro hijo tambi\u00e9n me puede solicitar un 22% de cuota de alimentos lo que ah\u00ed si definitivamente har\u00eda colapsar totalmente mi capacidad econ\u00f3mica, puesto que no m\u00e1s con el descuento de libranza y con un 44% de cuotas de descuento por alimentos, no me quedar\u00eda absolutamente nada para pagar arriendo en las dos ciudades, ayudar a mi madre y a mi hermano econ\u00f3micamente, ni siquiera para alimentarme en la ciudad de Bogot\u00e1 donde laboro\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se deje sin efectos la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 y se ordene que profiera una nueva decisi\u00f3n, \u00abteniendo en cuenta TODAS las pruebas allegadas por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 respald\u00f3 la legalidad de sus acciones, precisando que el valor de $300.000 de la cuota anterior solo equival\u00eda al 12% de su salario, lo cual estim\u00f3 desproporcionado, por lo que, en atenci\u00f3n a lo reglado en los art\u00edculos 130 y 134 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia fij\u00f3 la cuota de alimentos en un 22% de su salario. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia y el Procurador de Familia adscritos al juzgado accionado respaldaron la decisi\u00f3n rebatida y, en general, sostuvieron que deben prevalecer los derechos de la menor de edad, am\u00e9n que el monto de la mesada decretada no excede el porcentaje legal. <\/p>\n
3. La madre de la ni\u00f1a remiti\u00f3 las pruebas que ten\u00eda en su poder y que sustentaron el aumento de la cuota de alimentos de su hija. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla decisi\u00f3n adoptada no merece reparo, pues adem\u00e1s de haberse sostenido criterio respetable en apego a la autonom\u00eda judicial, se encuentra debidamente motivada con las normas sustanciales aplicables, [\u2026] se valoraron la totalidad de las pruebas aportadas para sustentar las excepciones formuladas, que arrojaron resultado negativo para el interesado con fundamento en lo regulado en el art\u00edculo 134 del mismo estatuto\u00bb. Concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n \u00abse emiti\u00f3 en protecci\u00f3n de la garant\u00eda superior de la menor [\u2026], sin que se atisbe una indebida valoraci\u00f3n f\u00e1ctica como se cuestiona\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el tutelante, quien insisti\u00f3 en los argumentos del escrito de tutela, enfatizando que el juez accionado \u00abNO VALOR\u00d3 LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS [y] NO PROB\u00d3 LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA CUOTA DE ALIMENTOS\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pretende el amparo los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia emitida en la audiencia del 4 de abril de 2022, pues considera que no se motiv\u00f3 adecuadamente y no valor\u00f3, en debida forma, todas las probanzas allegadas ni las condiciones del alimentante. <\/p>\n
2. Frente al caso cuestionado, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la diligencia rebatida, luego de recibirse los alegatos de conclusi\u00f3n, el Juzgado procedi\u00f3 a dictar sentencia, para lo cual mencion\u00f3 que el proceso ten\u00eda por objeto \u00abincrementar la cuota alimentaria [\u2026] que se fij\u00f3 [\u2026] mediante audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 15 de marzo de 2021\u00bb por los padres de la alimentada. <\/p>\n
En esa l\u00ednea destac\u00f3 que \u00ab[\u2026] el actor, en su interrogatorio, manifest\u00f3 que trabaja en la c\u00e1rcel la picota de Bogot\u00e1 y que actualmente aporta una cuota de $320.000 mensuales, informando que adicional entrega tres mudas de ropa en favor de la ni\u00f1a por la suma de $150.000 cada una [\u2026], aunado a los gastos escolares que requiera la ni\u00f1a, [\u2026] que aporta econ\u00f3micamente para la ayuda de su progenitora, hermano y compa\u00f1era permanente. Se\u00f1al\u00f3 [\u2026] que como propiedades tiene un veh\u00edculo modelo 2014 y que no tiene m\u00e1s ingresos adicionales a su salario [\u2026]\u00bb4. <\/p>\n
3.1. Aclarado lo anterior, aludi\u00f3 a las necesidades de la alimentada y descendi\u00f3 al an\u00e1lisis probatorio5, indicando que \u00abel se\u00f1or Camilo6 es dragoneante del INPEC y en el a\u00f1o 2021 devengaba un promedio de $2.702.000; asimismo se tiene probado que el demandado tiene obligaci\u00f3n alimentaria con otro hijo [\u2026] con 4 a\u00f1os de edad [\u2026]; es claro que cuenta con la capacidad econ\u00f3mica suficiente para proporcionar una mayor suma de dinero en favor de su menor hija, pues discrecionalmente se faculta al juez para que haga un an\u00e1lisis de la calidad de vida de quien debe proveer alimentos y de quien los necesita a fin de efectuar la efectiva ponderaci\u00f3n y, de manera proporcional, poder conceder en favor de la menor una suma que est\u00e9 acorde a las anteriores circunstancias\u00bb. <\/p>\n
3.2. Precis\u00f3 que \u00abel despacho puede disponer para tasar la obligaci\u00f3n alimentaria hasta en un 50% de lo efectivamente devengado por quien debe alimentos; no obstante, [\u2026] [y] conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 416 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con la disposici\u00f3n 134 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, que anteponen como primera obligaci\u00f3n alimentaria, debe entonces tenerse en cuenta que, en el presente caso, el se\u00f1or Camilo7 tiene a su cargo como acreedor alimentario a [\u2026 hijo], que en la actualidad tiene 4 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3.3. Por su parte, sobre las cargas \u00abalimentarias que manifiesta tener con su progenitora, hermano y compa\u00f1era permanente, destac\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n alimentaria de los hijos prevalece sobre las dem\u00e1s, m\u00e1xime cuando se trate de menores hijos de edad que por el inter\u00e9s superior del menor que son de primordial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.4. Y sobre las deudas que el accionado dijo haber contra\u00eddo y que fueron asumidas \u00abpor mera liberabilidad, tales como cr\u00e9ditos bancarios o similar\u00bb, ante la primac\u00eda de la obligaci\u00f3n alimentaria de menores de edad, determin\u00f3 que \u00abno se tendr\u00e1n en cuenta\u00bb. <\/p>\n
3.5. De acuerdo con lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que solo era pertinente considerar \u00abla obligaci\u00f3n alimentaria de los hijos del demandado, reiterando que, conforme a las facultades otorgadas por el art\u00edculo 130 del CIA, el juez puede disponer hasta del 50% del salario, a fin de cubrir la obligaci\u00f3n alimentaria que le corresponden al demandado con sus hijos menores, en virtud del principio de proporcionalidad y atendiendo la equidad que se debe impartir en garant\u00eda de cada uno de los hijos; adem\u00e1s de la garant\u00eda del m\u00ednimo vital del alimentante, por lo que el anterior porcentaje se deber\u00e1 repartir equitativamente entre los dos acreedores alimentarios a quienes el se\u00f1or Camilo8 les debe alimentos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, fij\u00f3 a favor de su hija, \u00abcomo cuota alimentaria integral, el valor correspondiente a la suma mensual del 22% sobre el salario percibido por su progenitor [\u2026]; asimismo y con el fin de atender las necesidades de gastos extras en favor de la ni\u00f1a se fijar\u00e1n dos cuotas adicionales por el mismo porcentaje del 22% en los meses de junio y diciembre, dineros que igualmente deber\u00e1n ser consignados por su empleador\u00bb9. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos de la parte. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Despacho accionado estableci\u00f3, conforme a las probanzas y lo referido en el proceso por las partes, que el ingreso salarial del gestor era de $2.702.000 y, como advirti\u00f3 que contaba con otra obligaci\u00f3n alimentaria con su hijo de 4 a\u00f1os de edad, tuvo en cuenta esa circunstancia a efectos de no imponer una suma del 50% -m\u00e1ximo permitido-, as\u00ed como las necesidades de la ni\u00f1a y el deber de los padres de asumirlas, que prima sobre cualquier otra obligaci\u00f3n, incluso sobre las financieras adquiridas voluntariamente; lo expuesto, acorde con la prevalencia de los derechos de la infante contemplada en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. <\/p>\n
Se evidencia, entonces, una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4.3. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n se soport\u00f3 en las distintas probanzas allegadas y se motiv\u00f3 razonadamente, dando primac\u00eda a la obligaci\u00f3n alimentaria frente a su hija menor de edad, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.4. Adicionalmente, debe se\u00f1alarse que las determinaciones que se profieren en relaci\u00f3n con las cuotas alimentarias no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material10, de manera que, si las condiciones cambian o se presentan otros elementos de juicio, el actor puede hacer uso de las herramientas correspondientes para la revisi\u00f3n o disminuci\u00f3n de esta. Lo anterior, resulta relevante, pues el asunto no puede ser definido por el juez de tutela, dado que, para el efecto, el ordenamiento jur\u00eddico establece instrumentos que, si se estiman procedentes seg\u00fan las circunstancias del caso, deben ser promovidos ante el juez competente y decididos por \u00e9ste. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se dijo, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 1:04:08 audiencia del 4 de abril de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Minutos 1:05:03 a 1:07:39 audiencia del 4 de abril de 2022. <\/p>\n
6\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
7\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
8\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
9\u0002 Minuto1:07:39 audiencia 4 de abril de 2022. <\/p>\n
10\u0002 As\u00ed lo expuso esta Sala, diciendo que \u00ab\u2026trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, Rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, Rad. 00139-01; y el 26 abr. 2013, Rad. 00032-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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