STC6778-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6778-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01552-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de los derechos fundamentales de la entidad territorial, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales querelladas. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Jairo Everth D\u00edaz solicit\u00f3, a la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura, el pago de unos aportes pensionales. <\/p>\n
2.2. Dicho derecho de petici\u00f3n fue resuelto mediante Resoluci\u00f3n 2214 de 30 de diciembre del 2014, por el cual se orden\u00f3 la consignaci\u00f3n de los valores a la Administradora Colombiana de Pensiones. <\/p>\n
2.3. El anterior acto administrativo fue \u00abcancelad[o]\u00bb en la \u00abvigencia 2016\u00bb, a trav\u00e9s de la \u00aborden de pago\u00bb 250-201410436 de 31 de diciembre de 2014, \u00abpago que fue confirmado mediante el comprobante de egreso No. 107356 del 10 de octubre de 2016\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por cuanto \u00ablos per\u00edodos cancelados no se encontraban reflejados en la historia laboral\u00bb, Jairo Everth D\u00edaz present\u00f3, el \u00ab20 de julio\u00bb y el \u00ab20 de noviembre de 2020\u00bb, ante la Administraci\u00f3n Distrital de Buenaventura, otros derechos de petici\u00f3n, en pos de que \u00ablos pagos se hicieran de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por Colpensiones, es decir, mediante la modalidad de reserva actuarial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Dado que, por la \u00abmodalidad del pago\u00bb, los valores no se \u00abreflejaban\u00bb en la \u00abplataforma\u00bb de Colpensiones, Jairo Everth D\u00edaz radic\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, por la falta de contestaci\u00f3n de sus s\u00faplicas de 29 de julio y de 20 de noviembre de 2020, que le fue resuelta favorablemente por el \u00abjuzgado de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de Buenaventura\u00bb el \u00ab04 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.6. En cumplimiento de esa directriz, la \u00abadministraci\u00f3n distrital\u00bb llev\u00f3 a cabo la remisi\u00f3n de la solicitud de la \u00abliquidaci\u00f3n del c\u00e1lculo actuarial a Colpensiones\u00bb, cosa que hizo bajo los radicados \u00ab2021-0732375\u00bb y \u00ab2021-738162\u00bb de 25 de enero de 2021. <\/p>\n
2.7. Por la \u00abausencia del cumplimiento de la orden judicial impartida por parte de Colpensiones\u00bb, el se\u00f1or Jairo Everth D\u00edaz interpuso una nueva acci\u00f3n de tutela, que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2021-00079 y la gestion\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, el cual, en fallo del 11 de octubre de 2021, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada y orden\u00f3 \u00aba la administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES que en el t\u00e9rmino de ocho d\u00edas contados desde la fecha de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, efect\u00fae la liquidaci\u00f3n del c\u00e1lculo actuarial de acuerdo con los documentos presentados por la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura (\u2026)\u00bb. Asimismo, orden\u00f3 a la \u00abAlcald\u00eda Distrital de Buenaventura (\u2026) [a que] en el t\u00e9rmino de los cinco (5) d\u00edas siguientes al momento en que Colpensiones le notifique la liquidaci\u00f3n referida (\u2026) proceda a transferir a aquella, el rubro que corresponda\u00bb. <\/p>\n
2.8. El pronunciamiento precedente fue confirmado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga el 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.9. El 15 de febrero de 2022, la \u00abDirecci\u00f3n de Recursos Humanos\u00bb present\u00f3, ante la \u00abDirecci\u00f3n de Gesti\u00f3n Financiera\u00bb, una \u00absolicitud de informaci\u00f3n referente al pago del c\u00e1lculo actuarial a nombre del se\u00f1or Jairo Everth D\u00edaz (\u2026) con el fin de surtir el tr\u00e1mite pertinente a la resoluci\u00f3n por medio de la cual se ordena el pago correspondiente al c\u00e1lculo actuarial\u00bb. <\/p>\n
2.10. \u00abUna vez constatados los pagos llevados a cabo durante la vigencia de 2016\u00bb, se solicit\u00f3 a Colpensiones que informara al Juzgado que los pagos ya se hab\u00edan realizado. <\/p>\n
2.11. Ante el silencio de Colpensiones y del \u00abente judicial\u00bb, la Alcald\u00eda Distrital pidi\u00f3 \u00aba Colpensiones (\u2026) un nuevo c\u00e1lculo actuarial\u00bb. <\/p>\n
2.12. No obstante, \u00abel juzgado (\u2026) no ofici[\u00f3] a Colpensiones sino que dio apertura directa al incidente de desacato\u00bb, que culmin\u00f3 con \u00abauto\u00bb de 22 de abril de 2022, en el cual se le impuso una sanci\u00f3n de \u00abarresto\u00bb a \u00e9l y al Alcalde Distrital de Buenaventura, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior. <\/p>\n
3. El promotor cuestiona el procedimiento relatado y adelantado por las autoridades jurisdiccionales atacadas, porque la entidad territorial no pod\u00eda \u00abhacer [los] pago[s]\u00bb ordenados en la sentencia de tutela, ya que Colpensiones no hab\u00eda aclarado \u00absi ese pago iba a ser tenido en cuenta al momento de la liquidaci\u00f3n\u00bb, pues si se \u00abobserva de forma detallada la liquidaci\u00f3n de c\u00e1lculo actuarial se menciona pero no dice que esa suma pagada reduce la suma a cancelar, es por ello que no era posible expedir una resoluci\u00f3n que ordenara ese pago sin tener claridad al respecto\u00bb. <\/p>\n
Ello, aunado al hecho de que mediante la tutela se resolvieron asuntos que no pod\u00edan zanjarse por esa v\u00eda, sino por conducto de la jurisdicci\u00f3n laboral. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige se \u00abrevoque [la] Sentencia No. 0041 del 11 de octubre de 2021, expedida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
1. El Colegiado accionado solicit\u00f3 desestimar el amparo, ya que \u00abse dirige, frontalmente, en contra de una providencia del mismo linaje, en procura de extender los l\u00edmites propios de la instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones e indic\u00f3 que, a trav\u00e9s de auto de 16 de mayo de 2022, orden\u00f3 la \u00abinejecuci\u00f3n de las sanciones impuestas\u00bb con ocasi\u00f3n del incidente de desacato al aqu\u00ed petente y al alcalde de esa ciudad, por cuanto evidenci\u00f3 que \u00ablas causas\u00bb que las motivaron se superaron. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se revoque la sentencia de tutela de 11 de octubre de 2021, emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal accionado el 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2. Al respecto, importa relievar que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se aleguen respecto de actuaciones de igual naturaleza, puesto que, permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de la misma categor\u00eda, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (Se subraya, CSJ STC 20 de abril de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, solo en algunas situaciones se ha aceptado la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela contra decisiones proferidas en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026). <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.2. No obstante la jurisprudencia citada en precedencia, al descender al caso sub judice se advierte la improcedencia de la solicitud, pues, de una lado, la entidad territorial no agot\u00f3 el recurso procedente, dado que no impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en todo caso, de las manifestaciones realizadas y lo verificado en este asunto, no se evidencia que la decisi\u00f3n atacada est\u00e9 viciada de fraude; en efecto, ni de las alegaciones presentadas, ni de lo acreditado en el proceso se puede concluir que las determinaciones criticadas se produjeron como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca, por esa v\u00eda, a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. Por tanto, la queja no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
2.3. Aunado a lo anterior, se destaca que la acci\u00f3n de tutela debatida, radicada en la Corte Constitucional con el n\u00famero T-8665499, no fue seleccionada para revisi\u00f3n, seg\u00fan auto del 29 de abril pasado, comunicado mediante estado 9 del 13 de mayo siguiente1, por lo que se concluye que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Al respecto, en sentencia T-089 de 2019, la Corte Constitucional sostuvo que \u00abun fallo de tutela hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporaci\u00f3n se pronuncia sobre una determinada acci\u00f3n de tutela ya sea mediante fallo o a trav\u00e9s del auto de selecci\u00f3n que notifica la no selecci\u00f3n de la misma. Lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. La figura de cosa juzgada constitucional proh\u00edbe \u2018(\u2026) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocer\u00eda la seguridad jur\u00eddica que brinda este principio de cierre del sistema jur\u00eddico\u2019\u00bb (Se subraya. Criterio reiterado por esta Sala en STC12838-2021). <\/p>\n
3. Finalmente, aunque el actor pone de presente que fue sancionado, al igual que el Alcalde Distrital de Buenaventura, por haber incurrido en desacato2, es preciso advertir que, de acuerdo con lo informado por el Juzgado del Circuito querellado, el 16 de mayo de los corrientes se orden\u00f3 la inejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed actor y al mandatario de la citada poblaci\u00f3n, al haberse evidenciado que las causas que dieron lugar a los correctivos se superaron, por lo que, frente al particular, la tutela carece de objeto. <\/p>\n
4. Por lo razonado, la salvaguarda propuesta no sale avante. <\/p>\n
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IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n