STC6781-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6781-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquella entidad contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00ab[a]cceso a la [a]dministraci\u00f3n de [j]usticia en conexidad\u00bb con la \u00ab[s]ostenibilidad [f]inanciera del sistema pensional\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura requerida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor (en modo definitivo o transitorio) a lo dirimido en sede extraordinaria, dentro del expediente ordinario laboral n.\u00b0 \u00ab2013-00528\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tras obtener respuesta de negativa de la UGPP, ante el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cartagena se surti\u00f3, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda de Josefina Villareal Corbacho contra la entidad titular del pedido de resguardo, dirigida a reclamar la pensi\u00f3n convencional contenida en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajadores del ISS 2001-2004. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El pedimento fue negado el 9 de septiembre de 2014, fallo apelado por la all\u00ed demandante y confirmado el 30 de septiembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, la que a su turno fue casada por la Corporaci\u00f3n ahora accionada, en pronunciamiento SL3635 de 16 de septiembre de 2020, por recurso del mismo extremo litigante; posteriormente dicha Corporaci\u00f3n decret\u00f3 una prueba y emiti\u00f3 el respectivo fallo de instancia SL2773 de 9 de junio de 2021, donde reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n reclamada con \u00abretroactivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La tutelante critica lo decidido por el juez extraordinario porque la se\u00f1ora Villareal Corbacho satisfizo el requisito convencional de los 50 a\u00f1os de edad y 20 a\u00f1os de servicio, despu\u00e9s del tiempo previsto en el Acto Legislativo 001 de 2005, bajo el entendido que la convenci\u00f3n tuvo vigencia hasta el 31 de octubre de 2004, cuando la reclamante ten\u00eda 43 a\u00f1os de edad y no acreditaba el tiempo de servicio suficiente, situaciones que en su criterio constituyen un \u00ababuso del derecho\u00bb y acarrean serio \u00abdetrimento\u00bb al \u00abERARIO\u00bb, debido al monto del retroactivo pensional que debe cubrir, situaci\u00f3n que justifica la intervenci\u00f3n por parte del juez de tutela, sin que pueda exigirse el agotamiento del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La medida provisional suplicada la desestim\u00f3 el a-quo constitucional al momento de admitir el libelo de amparo. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n requerida defendi\u00f3 la legalidad de lo que defini\u00f3 dentro del decurso cuestionado, b\u00e1sicamente porque la convenci\u00f3n colectiva ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017 y la demandante cumpli\u00f3 antes de ese a\u00f1o los requisitos de edad y tiempo de servicio. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la solicitud de amparo incumple con el requisito de la subsidiariedad, porque \u00abla entidad proponente pod\u00eda promover la acci\u00f3n de revisi\u00f3n regulada en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, tras citar apartes que consider\u00f3 relevantes del fallo extraordinario cuestionado y encontrar que conten\u00edan una valoraci\u00f3n realizada por la Corporaci\u00f3n accionada \u00abbajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento\u00bb, lo que imped\u00eda su revocatoria o modificaci\u00f3n por v\u00eda de tutela, adem\u00e1s, agreg\u00f3, al alcance de la promotora se halla la \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb preconizada en el canon 20 de la ley 797 de 2003 para invalidar el prove\u00eddo disentido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la entidad convocante, con persistencia en sus reproches y en la viabilidad de sus pedimentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones de los juzgadores, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abno es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene palpable que la ahora quejosa bien puede impetrar la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb implementada por la ley 797 de 2003 (art\u00edculo 20), contra el veredicto casacional materia de reproche, si esgrime que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00abERARIO\u00bb, fue en desmedro de \u00ablo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva (\u2026) aplicables\u00bb; escenario judicial con el que es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en un debate con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 (\u2026) de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde (\u2026)adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
Total, la garant\u00eda de la tutela fluye operante s\u00f3lo bajo la ausencia de implementos \u00f3ptimos de ayuda, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales\u2026, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u2026\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone resolver de forma ratificatoria, por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su competencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, hasta el 5 de mayo del a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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