STC6782-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6782-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01651-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Magali Salgado Ca\u00f1\u00f3n, Martha Cecilia Salgado Osorio y Natalia Mesa Salgado en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad y Luis Arturo Salazar Zuluaga. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras procuran la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, propiedad y vivienda, presuntamente quebrantadas en el tr\u00e1mite del juicio ejecutivo de radicado 2017-00334. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En 2017, Luz Magali Salgado Ca\u00f1\u00f3n, Martha Cecilia Salgado Osorio, Gloria Edith Ca\u00f1\u00f3n de Salgado y Wilson Humberto Salgado Ca\u00f1\u00f3n, en \u00abcalidad de herederos del se\u00f1or Rogelio Salgado G\u00f3mez\u00bb, promovieron un proceso de pertenencia en contra de Orlando Castillo Najar, Luis Arturo Salazar Zuluaga, Arturo y Hernando \u00c1ngel Escobar y dem\u00e1s personas indeterminadas, el cual fue admitido el 21 de abril siguiente por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Manizales, bajo el radicado 2017-00169. <\/p>\n
2.2. En el auto inicial se dispuso la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 100-428831, orden\u00e1ndose, adem\u00e1s, la citaci\u00f3n de los se\u00f1ores Arturo y Hernando \u00c1ngel Escobar y Luis Arturo Salazar Zuluaga, en calidad de \u00abacreedores hipotecarios\u00bb2. <\/p>\n
2.3. En octubre del mismo a\u00f1o, Luis Arturo Salazar Zuluaga instaur\u00f3 demanda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real en contra del se\u00f1or Orlando Castillo Najar, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales (expediente 2017-00334). <\/p>\n
2.4. Librado en el compulsivo el mandamiento de pago el 10 de noviembre ulterior, se \u00aborden\u00f3 registrar la actuaci\u00f3n en el certificado de tradici\u00f3n correspondiente al folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-42883\u00bb, as\u00ed como citar a los acreedores hipotecarios, Arturo y Hernando \u00c1ngel Escobar, y al se\u00f1or Castillo Najar, en su condici\u00f3n de propietario del bien3. <\/p>\n
El 14 de diciembre de 2018 se dict\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en el que se dispuso el aval\u00fao y posterior remate del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 100-42883. <\/p>\n
2.5. El 29 de abril del 2019, el estrado municipal profiri\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 a Luz Magali Salgado Ca\u00f1\u00f3n, Martha Cecilia Salgado Osorio, Gloria Edith Ca\u00f1\u00f3n de Salgado y Wilson Humberto Salgado Ca\u00f1\u00f3n due\u00f1os del inmueble, \u00abpor ser los herederos y continuadores del extinto Rogelio Salgado G\u00f3mez\u00bb, orden\u00f3 inscribir la sentencia en el folio de matr\u00edcula y cancelar la anotaci\u00f3n de la demanda4. <\/p>\n
2.6. En julio de ese a\u00f1o, los demandantes en pertenencia \u00abtransfirieron a t\u00edtulo de compraventa el derecho real de dominio que t[en\u00eda] cada uno de ellos para un total de 75%, a la se\u00f1ora Natalia Mesa Delgado, quedando como titulares del derecho real de dominio esta \u00faltima y la se\u00f1ora Marta Cecilia Salgado Osorio\u00bb5. <\/p>\n
2.7. El 8 de octubre del 2020, cuando se efectu\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble, la se\u00f1ora Luz Magali Salgado se opuso en su condici\u00f3n de \u00abtenedora\u00bb, y fue en esa oportunidad cuando se enteraron \u00abde la existencia del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que se encontraba cobrando por v\u00eda judicial, con el inmueble de su propiedad y que se encontraba con hipoteca a favor del acreedor demandante\u00bb. <\/p>\n
Tal oposici\u00f3n \u00abno fue tenida en cuenta\u00bb, toda vez que \u00ab\u00e9sta deb\u00eda ser presentada por la parte opositora en calidad de poseedora y no como tenedora del inmueble, tampoco se les permiti\u00f3 (\u2026) acceder al expediente, ni conocer los detalles del proceso ejecutivo (\u2026), simplemente conocieron sorpresivamente en dicha diligencia del proceso ejecutivo, y del secuestro del bien inmueble de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales 26 de julio siguiente6. <\/p>\n
2.8. En noviembre de 2021, las actoras solicitaron la nulidad procesal, a fin de que se invalidara \u00ablo actuado en el proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria y se integrara la litis con las actuales propietarias del bien inmueble objeto de hipoteca\u00bb; petici\u00f3n que les fue desestimada el 24 de enero de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, porque \u00abno eran las personas afectadas con la indebida notificaci\u00f3n, y que si en gracia de discusi\u00f3n se hubiere considerado que estuvi\u00e9semos legitimadas para alegar la nulidad, ya nos habr\u00eda precluido el t\u00e9rmino para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal accionado el 25 de abril siguiente. <\/p>\n
3. Al respecto, las tutelantes alegan la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, toda vez que: (i) en el proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria no se surti\u00f3 en debida forma el emplazamiento de otros acreedores hipotecarios, pues \u00abno se hab\u00eda incluido el emplazamiento en el registro nacional de personas emplazadas (\u2026), tampoco se hab\u00eda atendido de manera favorable, la solicitud que hizo el Despacho en auto del 02 de marzo de 2020, donde se pidi\u00f3 por parte del despacho al actor aportar certificado de defunci\u00f3n del se\u00f1or Hernando \u00c1ngel Escobar y adem\u00e1s informar si se hab\u00eda iniciado tr\u00e1mite de proceso de sucesi\u00f3n del causante\u2026\u00bb. Lo anterior, aunado a que el curador ad litem que se les design\u00f3 en el proceso de pertenencia no \u00abejerci\u00f3 ning\u00fan mecanismo de defensa para proteger la garant\u00eda real\u00bb; y (ii) si bien la demanda ejecutiva con garant\u00eda real se dirigi\u00f3 en contra del deudor (Orlando Castillo Najar) que constituy\u00f3 la hipoteca sobre el inmueble a favor del se\u00f1or Luis Arturo Salazar Zuluaga, \u00abdurante el curso del mismo, el propietario del bien inmueble cambi\u00f3 por una decisi\u00f3n judicial (\u2026), por lo tanto como el tr\u00e1mite procesal de ejecuci\u00f3n a\u00fan se encuentra vigente, al proceso debi\u00f3 vincularse como litisconsorte necesario a la parte que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el bien inmueble objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
Frente a las decisiones que desestimaron la nulidad, en concreto, indicaron que, aunque \u00abla parte que intervino en la diligencia de secuestro como interesada, no present\u00f3 la nulidad en el momento de oponerse a la misma, lo cierto es que hab\u00edan situaciones ajenas a la voluntad que imped\u00edan hacerlo, en primer lugar la se\u00f1ora Magali Salgado, quien atendi\u00f3 la diligencia y tuvo que otorgar poder a un profesional de derecho, no tiene conocimientos jur\u00eddicos ni de tr\u00e1mites judiciales que le permitieran ejercer una defensa t\u00e9cnica (\u2026); el apoderado judicial designado por esta, tampoco ejerce su campo de acci\u00f3n en asuntos civiles, y al tomarlo por sorpresa la diligencia de secuestro que se practic\u00f3 en el mes de octubre del a\u00f1o 2020, tampoco tuvo posibilidad de hacerlo, adicional a lo anterior, la Juez de manera arbitraria indic\u00f3 que acceder\u00eda al inmueble con o sin el aval de la persona que estaba indicando no permitirlo (\u2026) poni\u00e9ndonos en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y sin quedarnos m\u00e1s alternativas que permitir la realizaci\u00f3n de la misma, y ejerciendo una defensa que estaba a nuestro alcance para ese momento sorpresivo en que nos enteramos del secuestro del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Destacan que la sentencia declarativa no podr\u00e1 surtir efectos, pese a que les reconoci\u00f3 un derecho de propiedad, por virtud del juicio compulsivo adelantado contra el inmueble. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exigen \u00abse declare la NULIDAD de todo lo actuado en el proceso EJECUTIVO CON GARANT\u00cdA HIPOTECARIA, y en su lugar [se] ordene la notificaci\u00f3n a las se\u00f1oras MARTHA CECILIA SALGADA OSORIO y NATALIA MESA DELGADO\u00bb, para que ejerzan sus derechos. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado recriminado solicit\u00f3 desestimar el ruego implorado, al no haber incurrido en violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales argument\u00f3 que, para el 8 de octubre de 2022, fecha de la diligencia de secuestro en el juicio ejecutivo a su cargo, \u00abla se\u00f1ora Luz Magali Salgado Ca\u00f1\u00f3n, no ostentaba la posesi\u00f3n del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) 100-42883 objeto del presente tr\u00e1mite incidental\u00bb, y las se\u00f1oras Natalia y Martha Cecilia ten\u00edan las condici\u00f3n de \u00abcopropietarias del bien inmueble\u00bb embargado en el compulsivo y, por tanto, \u00abla sentencia proferida dentro del presente proceso para la efectividad de la garant\u00eda real produce efectos contra ellas\u00bb, por lo que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n formulada y no levant\u00f3 las medidas de embargo y secuestro. <\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1mite de la nulidad planteada por las ahora accionantes, indic\u00f3 que la rechaz\u00f3 de plano, siendo ambas decisiones confirmadas por el Tribunal. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que lo pretendido era revivir etapas fenecidas y debates zanjados, porque la situaci\u00f3n referida a que en el proceso de pertenencia debi\u00f3 sanearse el inmueble y aniquilar los grav\u00e1menes fue analizada y se despach\u00f3 desfavorablemente al percibirse que la sentencia proferida con ocasi\u00f3n de dicho pleito no cancel\u00f3 la hipoteca. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que \u00abno ha[b\u00eda] discusi\u00f3n sobre el derecho de persecuci\u00f3n que asiste al acreedor hipotecario, el cual debe ser soportado por el propietario del inmueble, que al inicio el proceso era el se\u00f1or Orlando Castillo Najar y en la actualidad son las se\u00f1oras Martha Cecilia Salgado Osorio y Natalia Mesa Delgado, sin importar que \u00e9stas hayan adquirido el derecho de propiedad como resultado de un tr\u00e1mite de un proceso de pertenencia, la primera, o como resultado de un contrato de compraventa, la segunda. Por tanto, en el caso de marras lo que oper\u00f3 fue una sucesi\u00f3n procesal, raz\u00f3n por la cual, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 70 del CGP, las actuales propietarias, deben tomar el proceso en el estado en que se encontraba al momento de su intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Francisco Antonio Casta\u00f1o Londo\u00f1o, quien dijo actuar en representaci\u00f3n de Luis Arturo Salazar Zuluaga, se opuso a la prosperidad de la queja constitucional, por no avistar ninguna lesi\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de las actoras, quienes, sostuvo, conoc\u00edan desde el a\u00f1o 2016 de la existencia de la hipoteca. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se dejen sin efectos las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo adelantado para hacer efectiva la garant\u00eda real de radicado 2017-00334, que actualmente gestiona el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, porque los acreedores hipotecarios no fueron citados en debida forma y la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble gravado vari\u00f3 cuando, el 29 de abril del 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma capital declar\u00f3 la pertenencia de este a favor de personas distintas al deudor y los acreedores hipotecarios, entonces accionados, raz\u00f3n por la cual en el tr\u00e1mite compulsivo, iniciado a finales de 20177, debi\u00f3 convoc\u00e1rseles y anular el respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La salvaguarda propuesta se negar\u00e1, por las siguientes razones: <\/p>\n
Luego, la censura propuesta frente a esas decisiones no satisface el presupuesto de la inmediatez, porque entre la fecha de emisi\u00f3n de tales prove\u00eddos y, en particular, el de segundo grado y la de interposici\u00f3n del amparo -el 19 de mayo pasado- han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a la justicia constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha aseverado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.2. En punto del reparo alusivo a que no se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado, a efectos de garantizar su participaci\u00f3n en el juicio compulsivo, la Sala considera que, revisada la decisi\u00f3n del Tribunal, que neg\u00f3 la anulaci\u00f3n reclamada y que fue, en un \u00faltimas la que defini\u00f3 lo pertinente, no se observa una anomal\u00eda tal que habilite la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas y un compendio resumido de los argumentos planteados por las solicitantes, el Tribunal querellado, en el auto de 25 de abril pasado, frente a la alegada deficiencia de la notificaci\u00f3n de los dos acreedores hipotecarios, Arturo y Hernando \u00c1ngel Escobar, sostuvo: <\/p>\n
\u00abEn el curso de este juicio ejecutivo, las se\u00f1oras Natalia Mesa Salgado y Martha Cecilia Salgado Osorio adquirieron el dominio del inmueble objeto de cautela, hecho que solo se vino a conocer en virtud de su oposici\u00f3n al secuestro, luego su comparecencia fue por ese motivo, quedando al descubierto que no cuentan con un inter\u00e9s serio y real para rebatir el acto de comunicaci\u00f3n a los terceros acreedores, en tanto ninguna afectaci\u00f3n les genera, ni les ha impedido ejercer su derecho de defensa y dem\u00e1s prerrogativas. <\/p>\n
Las censoras justificaron su supuesta legitimaci\u00f3n aduciendo que el emplazamiento no solo sirve para enterar a quien es llamado de forma expresa, sino a todo aquel que pueda tener inter\u00e9s en el tr\u00e1mite judicial, de manera que cualquier falencia en ese acto va en detrimento del ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n de toda persona que pretenda intervenir en el litigio; sin embargo, su argumento resulta insuficiente para dar por cumplido el presupuesto de protecci\u00f3n, de un lado porque el acto procesal no guarda estrecha relaci\u00f3n con sus intereses y su comparecencia al tr\u00e1mite judicial, y de otro, porque el derecho de defensa de cada uno de los intervinientes es aut\u00f3nomo y soberano, de tal forma que resulta falaz sostener que por no haberse efectuado con rigor el acto de enteramiento de los se\u00f1ores \u00c1ngel Escobar, la garant\u00eda procesal de quienes concurren en calidad de propietarias se encuentra menoscabada. <\/p>\n
Las vicisitudes en la citaci\u00f3n de los mentados no afecta el derecho de defensa de las apelantes, porque su aparici\u00f3n en el litigio no depend\u00eda del llamamiento de los terceros acreedores que manda el numeral 4 del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso, como tampoco el ejercicio de su derecho de contradicci\u00f3n a trav\u00e9s de las herramientas que le proporciona el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de su tesis, independientemente del estadio en que se encuentre el proceso ejecutivo. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, los \u00fanicos que podr\u00edan eventualmente alegar un motivo de invalidaci\u00f3n en ese sentido, son los perjudicados con el acto procesal en comento, esto es, el se\u00f1or Arturo \u00c1ngel Escobar y los herederos indeterminados del se\u00f1or Hernando \u00c1ngel Escobar, m\u00e1xime cuando la vinculaci\u00f3n de las peticionarias y su correlativo derecho de defensa, no est\u00e1n supeditados al perfeccionamiento de la citaci\u00f3n de los acreedores, la que por cierto se encuentra surtiendo con las \u00f3rdenes judiciales adoptadas en prove\u00eddo del pasado 24 de enero\u00bb. <\/p>\n
De cara al vicio en que -seg\u00fan las censoras- se incurri\u00f3 al no anularse el proceso para que fueron vinculadas en calidad de propietarias del inmueble objeto de cautela, el Tribunal afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) relumbra que al momento de proponer la nulidad ya no contaban con un inter\u00e9s cierto, al haberse convalidado la actuaci\u00f3n judicial desde su intervenci\u00f3n en la diligencia de secuestro, cuando en la formulaci\u00f3n de la oposici\u00f3n a la cautela nada alegaron sobre el defecto de validez. Conforme el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, la nulidad se considera saneada \u2018[c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u2019. Pues bien, al iniciarse el presente proceso el 24 de octubre de 2017, quien figuraba como due\u00f1o del inmueble hipotecado era el demandado Orlando Castillo Najar; posteriormente, mediante sentencia del 29 de abril de 2019, registrada el 13 de mayo subsiguiente, Martha Cecilia Salgado Osorio, Gloria Edith Ca\u00f1\u00f3n de Salgado, Luz Magal\u00ed Salgado Ca\u00f1\u00f3n y Wilson Humberto Salgado Ca\u00f1\u00f3n, fueron declarados due\u00f1os al haber adquirido el dominio por prescripci\u00f3n; luego, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 2085 del 9 de julio de ese mismo a\u00f1o, los tres \u00faltimos enajenaron a Natalia Mesa Salgado, el 75% de las acciones de dominio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las se\u00f1oras Martha Cecilia Salgado Osorio y Natalia Mesa Salgado, deb\u00edan ser llamadas a este proceso al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 468 \u00eddem en armon\u00eda con el art\u00edculo 68 del mismo compendio procesal. <\/p>\n
Sin embargo, como esa situaci\u00f3n era desconocida para el juzgado, no puede reproch\u00e1rsele que no hubiera procedido a vincularlas con antelaci\u00f3n, pues la existencia de unas nuevas propietarias solo se supo con la oposici\u00f3n al secuestro practicado el 8 de octubre de 2020, arrim\u00e1ndose las pruebas de su calidad el 30 de los mismos mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Siendo esa la primera intervenci\u00f3n de las interesadas era la oportunidad para alegar la nulidad que ahora invocan, pero su apoderado opt\u00f3 por guardar silencio respecto a la comparecencia de sus prohijadas al proceso ejecutivo, mutismo que gener\u00f3 como efecto el saneamiento de la anomal\u00eda, al tenor del art\u00edculo 136 antes citado. <\/p>\n
No es de recibo el argumento de que en la diligencia de secuestro no contaron con todas las herramientas jur\u00eddicas para una defensa t\u00e9cnica y adecuada, pues las consecuencias de la elecci\u00f3n de un abogado que no ejerce en materia civil no pueden trasladarse al Juzgado, y menos al acreedor; m\u00e1s porque en la actuaci\u00f3n surtida a trav\u00e9s de comisionado y durante el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, se garantizaron todas sus prerrogativas, incluyendo los derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, hizo bien la A quo al rechazar de plano de solicitud de nulidad propuesta despu\u00e9s de saneada (art. 135 inc. final CGP)\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, revisada la determinaci\u00f3n de segundo grado cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no se vislumbra que sea abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se estudiaron y evacuaron los argumentos expuestos por las recurrentes frente al auto de 24 de enero de los corrientes, emanado del Juzgado del circuito convocado; planteamientos que, dicho sea de paso, en buena medida aparecen reproducidos ahora en sede de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la Colegiatura accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por las solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
A su vez, la Sala ha considerado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01)\u00bb (cita ratificada en la STC15178-2019, de 7 de noviembre, rad. 2019-00445-01). <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo expuesto, se desestimar\u00e1 el ruego implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposa en la foliatura, la inscripci\u00f3n de dicha medida cautelar se produjo el 15 de mayo de 2017 (cfr. folio de matr\u00edcula del bien, anotaci\u00f3n 24). <\/p>\n
2\u0002 A los tres acreedores hipotecarios (Arturo y Hernando \u00c1ngel Escobar, y Luis Arturo Salazar Zuluaga) se les design\u00f3 curador ad litem, quien represent\u00f3 sus intereses durante el tr\u00e1mite de la pertenencia. <\/p>\n
3\u0002 Inscripci\u00f3n realizada el 20 de noviembre de 2017, en la anotaci\u00f3n 26. <\/p>\n
4\u0002 La inscripci\u00f3n del fallo de pertenencia se produjo el 13 de mayo de 2019 (cfr. anotaci\u00f3n n\u00famero 28 del folio de matr\u00edcula del inmueble suministrado por las tutelantes. <\/p>\n
5\u0002 Anotaci\u00f3n 29 del 9 de julio de 2019 del folio de matr\u00edcula del inmueble suministrado por las tutelantes. <\/p>\n
6\u0002 Las fechas de los pronunciamientos en comento se extraen de los datos proporcionados por los accionados. <\/p>\n
7\u0002 El apremio ejecutivo, iterase, se libr\u00f3 el 10 de noviembre de 2017. <\/p>\n
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STC6782-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6782-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01651-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Magali Salgado Ca\u00f1\u00f3n, Martha Cecilia Salgado Osorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}