STC6784-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6784-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00356-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Universidad de Antioquia contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La entidad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada, en el marco del proceso declarativo laboral que en su contra tramit\u00f3 Mar\u00eda Caridad Herrera, radicado No. 05001-31-05-022-2017-00240-00. <\/p>\n
Solicita, entonces, ordenar a la autoridad judicial convocada \u00abdejar sin efectos las sentencias SL3431-2021 y SL5483-2021 (\u2026) lo que implica que consecuentemente quede inc\u00f3lume la sentencia dictada en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 26 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Caridad Herrera fue servidora p\u00fablica del ente educativo aqu\u00ed accionante entre el 10 de marzo de 1980 y el 12 de marzo de 1996, y mediante Resoluci\u00f3n No. 17659 de 15 de mayo de 2000 la entidad le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, la cual se reajust\u00f3 anualmente conforme la variaci\u00f3n del IPC, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, no obstante, aquella consider\u00f3 que su mesada deb\u00eda reajustarse anualmente en un 15%, por as\u00ed establecerlo la Ley 4 de 1976, ya que su derecho fue reconocido con sustento en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977, donde se indic\u00f3 cumplir esa normatividad. <\/p>\n
2.2. Previo reclamo infructuoso a la universidad, Mar\u00eda Caridad Herrera obtuvo el reajuste de su pensi\u00f3n mediante sentencia de 6 de septiembre de 2018 del Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Medell\u00edn, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el ente educativo y fue revocada el 26 de septiembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, fallo que la all\u00ed demandante atac\u00f3 en casaci\u00f3n y fue casado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddo SL3431 de 2 de agosto de 2021 y previo decreto de pruebas, se dict\u00f3 el fallo sustituto SL5483 de 29 de noviembre de 2021, donde se accedi\u00f3 a reconocer el retroactivo pensional, junto con su respectiva indexaci\u00f3n, adem\u00e1s de ordenar el pago reajustado de las mesadas futuras. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por v\u00eda de tutela se duele la promotora, en s\u00edntesis, que la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 inadecuadamente la cl\u00e1usula 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1976-1977, porque dedujo que incluy\u00f3 el reajuste anual y autom\u00e1tico del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1976, pasando por alto el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, que seg\u00fan lo ha precisado la jurisprudencia, \u00abdebe ser aplicado imperativamente en lo que respecta a los reajustes pensionales\u00bb, sin que pudiera interpretarse que fue voluntad de las partes de la convenci\u00f3n darle a aquella normativa \u00abaplicaci\u00f3n irrestricta y sin consideraci\u00f3n a su vigencia\u00bb, circunstancias que, dice, quebrantan las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Medell\u00edn corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso criticado e inform\u00f3 que el expediente del mismo no ha arribado a esa sede judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Hom\u00f3loga Laboral en Descongesti\u00f3n resalt\u00f3 que lo decidido dentro del asunto obedeci\u00f3 al precedente fijado por la Sala Permanente de la especialidad, de donde se extrajo que \u00ablos incrementos pretendidos por la recurrente, constitu\u00edan verdaderos derechos adquiridos, pues se encontraba pensionada desde el 2000\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de la subsidiariedad, al considerar que contra la decisi\u00f3n criticada la actora puede interponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, \u00abal ser una instituci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico que opera con recursos del estado (\u2026) [y] cualquier afectaci\u00f3n de car\u00e1cter econ\u00f3mico que la perjudique tambi\u00e9n atenta contra el tesoro p\u00fablico\u00bb, adicional a que no evidenci\u00f3 una grave afectaci\u00f3n al erario con el pago de las sumas peri\u00f3dicas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad educativa accionante manifestando que no tiene legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, porque solo puede ser promovida por los dignatarios se\u00f1alados en la respectiva norma, por lo que no es una herramienta a su alcance para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, y si en gracia de discusi\u00f3n pudiera accionar, es posible soslayar el comentado requisito de procedibilidad, por ser procedente la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u00aben casos en los cuales se cuestionan sentencias que reconocieron reliquidaciones de pensiones contrariando el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, la accionante se duele de la sentencia de 2 de agosto de 2021 (SL3431), de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que cas\u00f3 el fallo de 26 de septiembre de 2019 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que a su vez revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 6 de septiembre de 2018 del Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, al emitir sentencia de instancia el 19 de noviembre de 2021 (SL5483) acceder a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso ordinario laboral que contra aquella promovi\u00f3 Mar\u00eda Caridad Herrera Castro; pues, en sentir de la promotora, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida interpretaci\u00f3n de las pruebas y la normatividad aplicable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se tendr\u00e1 por cumplido el presupuesto de la subsidiariedad, pues en criterio de esta Sala, no es claro que la entidad accionante tenga a su disposici\u00f3n, para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, al no estar habilitada legalmente para promoverla de manera directa, pues, como sobre el particular ha se\u00f1alado la Sala hom\u00f3loga Laboral de esta Corte, \u00abla revisi\u00f3n es una acci\u00f3n porque no necesariamente son las mismas partes [del proceso objeto de la misma] las que pueden promoverlo. La Ley 797 legitima por activa al Gobierno, quien puede ejercerla por conducto del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, tambi\u00e9n est\u00e1n facultados para incoarla el Contralor General de la Rep\u00fablica o el Procurador General de la Naci\u00f3n y, adem\u00e1s, en virtud del art\u00edculo 6.\u00b0, numeral 6.\u00b0 del Decreto 575 de 2013, igualmente lo est\u00e1 la UGPP. De esta manera, concurren en la revisi\u00f3n nuevos titulares del derecho de acci\u00f3n, plenamente facultados para accionar, esto es, para poner en movimiento el aparato jurisdiccional para la protecci\u00f3n de un bien jur\u00eddico. Pero adicionalmente, la revisi\u00f3n de sumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o fondos de naturaleza p\u00fablica posee un radio de acci\u00f3n m\u00e1s amplio, que trasciende el proceso, ya que permite controvertir conciliaciones y transacciones extrajudiciales. <\/p>\n
(\u2026) [A] diferencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que invocan las partes del proceso, la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n solo puede ser interpuesta por determinados sujetos. Existe por tanto unos sujetos activos calificados, que son hasta el momento el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico; el Contralor General de la Rep\u00fablica o el Procurador General de la Naci\u00f3n, y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, conforme lo dispone el art\u00edculo 6.\u00b0 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 (se subraya) (CSJ, SL3276-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Precisado lo anterior, advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que los prove\u00eddos objeto de censura no se tornan arbitrarios, en efecto, la Corporaci\u00f3n judicial querellada, al emitir la decisi\u00f3n con que cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal ad quem, cit\u00f3 el art\u00edculo d\u00e9cimo cuarto del Acuerdo Colectivo y encontr\u00f3 que \u00ab[t]al estipulaci\u00f3n guarda correspondencia con la teleolog\u00eda de la negociaci\u00f3n colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores, dado que posibilit\u00f3 que los pensionados y los por pensionar de la Universidad de Antioquia, accedieran a las prerrogativas de la Ley 4\u00aa de 1976, sin que se observe que fuera intenci\u00f3n de los contratantes, supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente. <\/p>\n
As\u00ed se dice, porque de la norma extra legal emana razonablemente que las partes suscriptoras, en su capacidad de negociaci\u00f3n, de manera generalizada incorporaron un listado de derechos de estirpe legal a la convenci\u00f3n, con el prop\u00f3sito claro de darles una connotaci\u00f3n de derecho extralegal nuevo y aut\u00f3nomo frente a las normas legales. <\/p>\n
Por tanto, para la Corte es evidente que la remisi\u00f3n a la Ley 4\u00aa de 1976 en el acuerdo colectivo laboral en reflexi\u00f3n, s\u00f3lo tuvo como finalidad identificar la garant\u00eda legal, pero para efectos de incorporarla a este, tal como lo hizo con los dem\u00e1s derechos que enlista con la denominaci\u00f3n dada por el legislador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que \u00abla certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal\u00bb, conforme a lo orientado en la sentencia CSJ SL1052-2021. <\/p>\n
Valga destacar que dentro de los derechos consagrados en la referida ley se encuentra, precisamente, el incremento peticionado por la recurrente, previsto en su art\u00edculo 1\u00b0 y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservar\u00e1 vigencia como norma convencional, as\u00ed aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pact\u00f3, entr\u00f3 a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 467 del CST. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15 %, conforme lo estableci\u00f3 la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, fruto de su autonom\u00eda al respecto, en la cual la Corte no puede entrometerse, salvo que esa interpretaci\u00f3n no fuera sensata o coherente (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los incrementos pretendidos por la recurrente, constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues se encuentra pensionada desde el 2000, mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 17659 (f.\u00b0 30 del expediente) al amparo de la Convenci\u00f3n Colectiva (1976 \u2013 1977), es decir, con anterioridad a la fecha l\u00edmite de su vigencia establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 y, como qued\u00f3 visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4\u00aa de 1976, esta sigui\u00f3 rigiendo dichos beneficios, por virtud de lo establecido en el aludido acuerdo. <\/p>\n
Expuestos los motivos para el fallo de casaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada, al emitir la decisi\u00f3n de instancia, precis\u00f3 que \u00abno se discute i) que la reclamante tiene derecho al beneficio convencional del reajuste de la mesada pensional; ii) que este remite al art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976; iii) que el incremento del 15 % depende que la prestaci\u00f3n no supere los cinco salarios m\u00ednimos y, iv) que la accionante disfruta de una pensi\u00f3n de vejez compartible\u00bb, luego analiz\u00f3 el tema de la compartibilidad pensional y concluy\u00f3 que \u00abse procede a efectuar el respectivo c\u00e1lculo [del reajuste], teniendo en cuenta i) que no hubo reparo frente a la declaratoria de la prescripci\u00f3n que hiciera primer fallador, respecto de los reajuste causados con anterioridad al 7 de abril de 2014 y que no existe controversia en torno a que la se\u00f1ora Herrera de Castro goza de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, reconocida por la Universidad de Antioquia, desde el 13 de marzo de 2000; ii) que esta es compartida con la de vejez otorgada por el ISS, hoy Colpensiones, a partir de la misma fecha; iii) que la interesada present\u00f3 reclamaci\u00f3n administrativa ante la accionada el abril 30 de 2012 (f.\u00b0 19 del expediente); iv) que el 18 de octubre siguiente, la demandada notific\u00f3 personalmente a la peticionaria el Acto Administrativo del n.\u00b0 35286 del 8 de agosto de 2012, por el cual dio respuesta desfavorable y, vi) acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n el 7 de abril del a\u00f1o 2017 (f.\u00b0 18, ibidem). <\/p>\n
Del anterior ejercicio, obtuvo como resultado que \u00able corresponde a la demandada pagar a la reclamante por retroactivo causado entre el 7 de abril de 2014 y 30 de noviembre de 2021, la suma de $159.501.661,oo. Adem\u00e1s, a partir de 1\u00b0 de septiembre de 2021, la Universidad de Antioquia deber\u00e1 continuar pag\u00e1ndole, adicional a la cuota que le viene reconociendo, la suma de $1.543.942\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la entidad educativa peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, para arribar a su decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada interpret\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva cuya aplicaci\u00f3n reclam\u00f3 la contraparte procesal de la aqu\u00ed accionante, all\u00e1 demandante, para que se reajustara su pensi\u00f3n en un 15% anual, y en ese ejercicio, dicha autoridad encontr\u00f3 que el aumento solicitado segu\u00eda teniendo aplicaci\u00f3n a pesar de la p\u00e9rdida de vigencia de la ley 4\u00aa de 1976, al haber quedado incorporado en el texto de la convenci\u00f3n como un acuerdo permitido entre los all\u00ed intervinientes, que no se supedit\u00f3 expresamente a la continuidad de existencia de dicha normativa, sin que, por dem\u00e1s, lo pactado perdiera vigor con el Acto Legislativo 01 de 2005, porque la demandante fue pensionada en el a\u00f1o 2000, y por ende ten\u00eda un derecho adquirido que la entrada en vigencia de la posterior reforma constitucional no pod\u00eda eliminar. <\/p>\n
6. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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