STC6787-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6787-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00432-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Franlei Yepes Valencia contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, la Fiscal\u00eda 60 Local de Puerto Berrio y la abogada Clelia Judith Hurtado G\u00f3mez, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales y la particular encausadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que se ordene \u00abrevocar las decisiones judiciales adoptadas por parte del Juez Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, Antioquia, de fecha 19 de febrero de 2021 en primera instancia, y la declaratoria de improcedencia, adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia \u2013 Sala de Decisi\u00f3n Penal, de fecha 20 de agosto de 2021, en segunda instancia, por medio de la cual se neg\u00f3 el recurso por indebida sustentaci\u00f3n\u00bb y en consecuencia se ordene su \u00ablibertad inmediata\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Franlei Yepes Valencia se adelanta proceso penal \u00ababreviado\u00bb por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, por denuncia que le interpuso su \u00abex compa\u00f1era sentimental\u00bb, tr\u00e1mite en el que se le design\u00f3 como defensora de oficio a Clelia Judith Hurtado G\u00f3mez quien no procur\u00f3 que el ente acusador cumpliera con el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n, pese a que se trataba de un \u00abdelito querellable\u00bb y pudo evitarse continuar con el juicio por parte de la v\u00edctima, quien ten\u00eda \u00e1nimo conciliatorio. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 19 de febrero de 2021 el Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 lo conden\u00f3 por el anotado delito a siete (7) a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3, pero el Tribunal Superior de Antioquia no tramit\u00f3 el recurso por indebida sustentaci\u00f3n, lo que, aunado al deficiente debate sobre las pruebas, deja en evidencia la falta de defensa t\u00e9cnica, la cual result\u00f3 ser, entonces, \u00abmeramente formal\u00bb <\/p>\n
2.3. Asevera que lo definido dentro del proceso penal desconoci\u00f3 el precedente aplicable, por indebida tipificaci\u00f3n de la conducta, ya que no se deban los requisitos para hablar de una familia y por ende debi\u00f3 ajustarse el tr\u00e1mite al delito de lesiones personales. <\/p>\n
2.4. Agrega que las autoridades que integran el Sistema de Defensor\u00eda de Familia inobservaron sus deberes legales, pues la v\u00edctima no tuvo acompa\u00f1amiento de las autoridades que hacen parte del mismo, y de haberlo tenido, se habr\u00eda logrado una soluci\u00f3n al caso por la v\u00eda administrativa, sin llegar graves consecuencias que trajo el proceso penal, circunstancias por las que considera necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia hizo un breve recuento de las actuaciones procesales que adelant\u00f3 dentro del juicio cuestionado y pidi\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela, por considerar que con ello no vulner\u00f3 ninguna de las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
2. El Procurador 125 Judicial II Penal pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n por incumplir con el requisito de la inmediatez, por haber trascurrido m\u00e1s de 6 meses desde que el 20 de agosto de 2021 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el delito de violencia intrafamiliar ha sufrido modificaciones y ya no est\u00e1 incluido como querellable, y no lo era para la \u00e9poca en que se incurri\u00f3 en el mismo. <\/p>\n
3. La Fiscal 60 Local tambi\u00e9n indic\u00f3 que el delito por el cual fue procesado el actor no es querellable, porque la Ley 1142 de 2012 excluy\u00f3 como tal a los delitos de violencia intrafamiliar, y los hechos denunciados datan del 18 de octubre de 2018. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, Antioquia relat\u00f3 que el 19 de febrero de 201 conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena principal de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n y a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual t\u00e9rmino, e inform\u00f3 que el expediente fue asignado al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo accedi\u00f3 al resguardo y orden\u00f3 \u00abdejar sin efecto el numeral segundo del auto fechado el 20 de agosto de 2021, y ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que, en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, enmiende su decisi\u00f3n y permita el recurso de reposici\u00f3n que procede frente a su determinaci\u00f3n de \u00abdeclarar improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa de Franley Yepes Valencia en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Muncipal de Yond\u00f3 \u2013 Antioquia por indebida sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento de esa determinaci\u00f3n encontr\u00f3 que la interposici\u00f3n del mecanismo horizontal no fue posibilitada por el juzgador de segunda instancia, a pesar de que era procedente al tenor del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y un pronunciamiento que hab\u00eda emitido sobre el particular. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que se sustra\u00eda de estudiar los dem\u00e1s cuestionamientos planteados en la tutela \u00abporque de prosperar el recurso de reposici\u00f3n, es claro que se reanuda el proceso y al interior del mismo se pueden verificar los defectos que por esta v\u00eda se plantean\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, inconforme porque no se emiti\u00f3 pronunciamiento frente a todos los planteamientos que elev\u00f3 en el escrito inicial, los cuales reiter\u00f3, para resaltar que el amparo concedido no daba respuesta a los mismos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo puntual de inconformidad expuesto en la impugnaci\u00f3n por Franlei Yepes Valencia, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que, debido a la orden dada por el a quo constitucional, para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia habilitara la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contra su decisi\u00f3n del 20 de agosto de 2021, de \u00abdeclarar improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa de Franlei Yepes Valencia en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 Antioquia, por indebida sustentaci\u00f3n\u00bb, el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que, a\u00fan queda abierta la posibilidad para que dentro del proceso se estudien las quejas que el gestor expone en este escenario. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos sean desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar en resolverse esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por el tutelante, bien puede aquella abordase al momento del eventual estudio de la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado e, incluso, como soporte de un eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismos que se muestran eficaces para subsanar tal situaci\u00f3n, pues de prosperar se ver\u00eda restablecida cualquier garant\u00eda que le hubiese sido vulnerada al actor. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si bien el gestor ha agotado ciertos mecanismos defensivos en el proceso criticado, lo cierto es que a\u00fan cuenta con otros medios judiciales que se muestran id\u00f3neos para salvaguardar los derechos que aquel pregona comprometidos. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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