STC6789-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6789-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2022-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de abril de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene \u00abremitir a quien corresponda la aplicaci\u00f3n del art 84 Ley 472 de 1998\u2026\u00bb; y \u00abproferir sentencia anticipada, pues ya existen las pruebas por amenaza, amparado art 5, ley 472 de 1998, art 8, 42 C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Colorado promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Droguer\u00eda Farmacenter ubicado en Andes, bajo el radicado 2021-00150, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de ese lugar, despacho que el 27 de septiembre de 2021 admiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que actuaba en la acci\u00f3n popular criticada, en la que no se le daba aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, ni tampoco se remit\u00eda al que a quien le correspond\u00eda \u00abcomo lo manda la ley\u00bb; que exist\u00edan pruebas de la amenaza, por lo que hab\u00eda solicitado infructuosamente una sentencia anticipada; y que la falladora se negaba a aplicar la celeridad en la acci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Andes realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que todos los actos procesales se hab\u00edan enterado por estado electr\u00f3nico y registrado en el Tyba; que le compart\u00eda al actor popular el link del expedinte cada vez que lo necesitaba; que el accionante no asum\u00eda ninguna carga en el tr\u00e1mite, el que hab\u00eda sido impulsado de manera oficiosa por ese despacho de conformidad con la Ley 472; que al no indicar quien era la accionada, se debieron surtir actuaciones para identificarla; y que el proceso no se encontraba en estado para proferir sentencia anticipada. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 10 Judicial II para Asuntos Civiles de Medell\u00edn refiri\u00f3 que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno, pues no evidenciaba actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible al despacho criticado; que no se configuraba ninguna de las causales de procedencia del resguardo; que no se daban los presupuestos del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia anticipada; y que no era mediante este mecanismo provisional que pod\u00eda deprecar dicha providencia. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las m\u00faltiples y reiterativas solicitudes del actor popular fueron atendidas por el estrado acusado, siendo despachadas negativamente; que el tr\u00e1mite se hab\u00eda surtido de forma adecuada, agot\u00e1ndose las etapas respectivas, logr\u00e1ndose vincular a quienes presuntamente vulneran o amenazan los derechos colectivos de las personas que se movilizan en sillas de ruedas; que el proceso se encontraba pendiente la celebraci\u00f3n de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, etapa obligatoria conforme con el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, por lo que no era procedente la emisi\u00f3n de la sentencia anticipada atendiendo el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso; que agotar todas las etapas era acorde a la normatividad especial; y que los t\u00e9rminos procesales no se hab\u00edan irrespetado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, esto es, la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2021-00150, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 24 de marzo de 2022 que resolvi\u00f3 sobre sus solicitudes de celeridad y emisi\u00f3n de fallo, ni tampoco el dictado en el curso de esta tutela, en audiencia de 13 de mayo siguiente, que desestim\u00f3 peticiones en el mismo sentido, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, destac\u00e1ndose que actualmente el proceso ingres\u00f3 al despacho para que se dicte la respectiva sentencia. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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