STC6793-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6793-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01624-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Javier Gonz\u00e1lez Bar\u00f3n contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00122. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca) -con providencia del 27 de junio de 2018- decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico celebrado entre Mar\u00eda Teresa Cadena Alarc\u00f3n y Segundo Gorgonio Vargas Rodr\u00edguez, dentro del proceso radicado 2017-00453. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, ante la misma autoridad judicial, se promovi\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal radicado 2019-00122, siendo admitida en prove\u00eddo del 29 de abril de 20191. <\/p>\n
2.3. El estrado accionado -con auto del 2 de marzo de 20212- fijo para el 25 de mayo ulterior la realizaci\u00f3n de la audiencia de Inventarios y aval\u00faos conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. El apoderado del se\u00f1or Vargas Rodr\u00edguez -por medio de correo electr\u00f3nico del 21 de mayo de 20213- radic\u00f3 la objeci\u00f3n a la relaci\u00f3n de activos y pasivos presentados por la parte actora. <\/p>\n
2.5. El d\u00eda se\u00f1alado se llev\u00f3 a cabo la mentada diligencia en la cual nuevamente el aqu\u00ed accionante objet\u00f3 los inventarios y aval\u00faos; asimismo, se decretaron pruebas y se reprogram\u00f3 la audiencia para el 26 de julio siguiente4. <\/p>\n
2.6. En la calenda referida, se dio continuidad al tr\u00e1mite previsto donde se practicaron las pruebas decretadas y se decidi\u00f3, entre otros, declarar impr\u00f3speras las objeciones planteadas por el aqu\u00ed accionante y se aprobaron los inventarios y aval\u00faos5. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el actor inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n el cual fue concedido en efecto devolutivo6. <\/p>\n
2.8. Finalmente. el ad quem natural -en prove\u00eddo del primero de marzo de 2022- neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n intentada por el tutelante, como apoderado. <\/p>\n
2.9. As\u00ed las cosas, el promotor se duele de que no fueron tenidas en cuenta las objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentadas dentro de los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, especialmente, las enviadas por correo electr\u00f3nico del 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n tomada en la audiencia p\u00fablica celebrada el d\u00eda veintis\u00e9is (26) del mes de julio del a\u00f1o 2021; confirmada y aclarada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil-familia, con fechas 1\u00ba diciembre de 2021 y 1\u00ba marzo de 2022, en su orden respectivo. Y, en su lugar, se reprograme una nueva audiencia para hacer en esta el uso al derecho de defensa y de contradicci\u00f3n que no me fue permitido utilizar en aquella oportunidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 manifest\u00f3 que la tutela debe ser denegada debido a que \u00ablas decisiones adoptadas por esta sede judicial se han proferido observando el debido proceso, el derecho de defensa de las partes, las decisiones han gozado del principio de publicidad y los recursos impetrados han sido resueltos en derecho\u00bb. Por otro lado, apuntal\u00f3 que la tardanza para resolver el asunto se debe a que \u00abla suscrita tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el d\u00eda 4 de abril del corriente, asumiendo el conocimiento de 715 procesos que a la fecha se encontraban al Despacho, 72 medidas de protecci\u00f3n, m\u00e1s de 4.000 correos electr\u00f3nicos pendientes de tr\u00e1mite y mora en la elaboraci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n bancaria desde el mes de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, indic\u00f3 que dicha Corporaci\u00f3n no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n de las determinaciones de los jueces de instancia relacionadas con declarar impr\u00f3speras las objeciones planteadas contra los inventarios y aval\u00faos presentados por la contraparte. Ello pues, aduce que los estrados judiciales no tuvieron en cuenta su correo electr\u00f3nico del 21 de mayo de 2021 donde reposaban los anexos, pruebas y el escrito contentivo de la objeci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n le atribuye a la colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, ha establecido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 \u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. \u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. De manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06)8. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, como se indic\u00f3, es el se\u00f1or Segundo Gorgonio Vargas Rodr\u00edguez el titular del derecho invocado y el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de aquel, en los t\u00e9rminos referidos; por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, Declara improcedente el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 45, archivo \u201c01ProcesoCuaderno 1)201900122\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, archivo \u201c12Auto02Marz201900122\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c13CorreoOutlook201900122\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Hechos tercero y cuarto del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-14, archivo \u201c40ActaAudienciaResuelveObjeciones201900122\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-8, archivo \u201c04AutoConfirma\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Reiterada por esta Sala en STC1284-2022, del 9 de febrero del presente a\u00f1o, expediente 2022-00240 <\/p>\n
<\/p>\n
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