STC6794-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6794-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01605-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ingrid Constanza Cardona Arias contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrequiera al Tribunal\u2026 para que en un t\u00e9rmino perentorio se sirva dictar nuevo auto resolviendo el recurso de reposici\u00f3n impetrado contra el auto del 07\/03\/2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ingrid Constanza Cardona Arias, Deisi Enith Arias Mar\u00edn, Ricardo Cardona Pinto y Esteban Ricado Cardona Arias instauraron proceso de responsabilidad m\u00e9dica contra Hemato Onc\u00f3logos Asociados, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 19 de agosto de 2021 desestimando las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, en prove\u00eddo de 7 de marzo de 2022 indic\u00f3 que el extremo actor no contaba con amparo de pobreza, por lo que contaban con 5 d\u00edas para acreditar las gestiones adelantadas con miras a recaudar la prueba decretada en auto de 6 de diciembre de 2021, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo el 19 de abril de 2022. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 la accionante que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues le remiti\u00f3 al Tribunal acusado la prueba que determinaba que el amparo hab\u00eda sido decretado por el despacho en primera instancia; y que se configuraba un defecto sustantivo, en tanto que se presentaba una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Adujo que se desconoci\u00f3 la oportunidad para solicitar de amparo de pobreza contenida en el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo General del Proceso; y que el ad-quem proced\u00eda en contra de una decisi\u00f3n en firme que le reconoci\u00f3 dicho amparo. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el 8 de febrero de 2021, en la audiencia del art\u00edculo 372 \u00eddem, solicit\u00f3 al despacho de primer grado que se pronunciara frente al amparo de pobreza, por lo que le fue reconocida tal condici\u00f3n, determinaci\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que en segunda instancia solicit\u00f3 el decreto de pruebas, petici\u00f3n denegada el 23 de septiembre de 2021; que el 6 de diciembre siguiente la Corporaci\u00f3n criticada, de oficio, dispuso la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial; y que el 9 de diciembre siguiente la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional inform\u00f3 que los costos de dicho informe variaban entre 8 y 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que en memorial de 3 de febrero de 2022 le inform\u00f3 al Tribunal acusado que contaban con amparo por pobres, empero, el 7 de marzo de 2022 se les indic\u00f3 que no lo ten\u00edan, decisi\u00f3n que recurri\u00f3, pero se mantuvo; y que no se tuvo en cuenta la carga din\u00e1mica de la prueba. <\/p>\n
2.8. Afirm\u00f3 que la Corporaci\u00f3n criticada manten\u00eda la tesis de que el amparo de pobreza deb\u00eda reconocerse en el auto admisorio de la demanda, por lo que vencidos los t\u00e9rminos cualquier decisi\u00f3n que se emitiera era inexistente; y que se interpretaba de manera parcial la norma, pues el juzgador pod\u00eda pronunciarse sobre dicho amparo durante el curso del proceso conforme con el art\u00edculo 152 del Estatuto Procesal. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que se adopt\u00f3 una medida injustificadamente regresiva o contraria a la Constituci\u00f3n; que se hizo una \u00abhermen\u00e9utica no sist\u00e9mica de la norma\u00bb; y que se generaba una inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se remit\u00eda a la actuaci\u00f3n surtida en el proceso; y que remiti\u00f3 el expediente al ad-quem el 27 de agosto de 2021. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues con la determinaci\u00f3n emitida por el Tribunal acusado, mediante la que se mantuvo la decisi\u00f3n que consider\u00f3 que la parte demandante no contaba con amparo de pobreza, se incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Ciertamente, en prove\u00eddo de 19 de abril de 2022, el Tribunal acusado al resolver la reposici\u00f3n interpuesta frente al auto de 7 de marzo anterior, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Debe memorarse que el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso dispuso que el amparo de pobreza es un beneficio que debe concederse \u201c(\u2026) a la persona que no se halle en la capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistenca (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.2.- Revisando nuevamente la totalidad del contradictorio avizora el suscrito que la parte demandante desde la presentaci\u00f3n de la demanda solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de dicho beneficio, dispone el art\u00edculo 153 ejusdem, \u201c(\u2026) Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolver\u00e1 en el auto admisorio de la demanda. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego es claro que para el caso que nos ocupa ello no ocurri\u00f3, puesto que como bien lo dice el apoderado recurrente, hubo un pronunciamiento en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y, no en la oportunidad procesal correspondiente, la cual se itera, era con el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
3.3.- Aunado, tampoco se observ\u00f3 que en esa oportunidad la parte actora hubiera solicitado, correcci\u00f3n o adici\u00f3n de esa decisi\u00f3n, lo que signific\u00f3 que el prove\u00eddo donde se admiti\u00f3 la demanda quedara ejecutoriado y en firme y le feneciera la oportunidad para resolver sobre el amparo de pobreza solicitado. <\/p>\n
3.4.- Por tanto, al evidenciarse que las decisiones adoptadas por el despacho se encuentran conforme a las normas procesales correspondientes, se impone la confirmaci\u00f3n del auto atacado\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se desprende que el soporte para desconocer el amparo de pobreza concedido en primer grado con fundamento en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, fue una aplicaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 153 \u00eddem, dejando de lado la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normatividad aplicable, as\u00ed como las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, basta confrontar los anteriores planteamientos del Tribunal para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, pues al dejarse de lado que el amparo de pobreza efectivamente se hab\u00eda concedido, se transgredi\u00f3 la realidad procesal y las garant\u00edas de la accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, lo cual resulta inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la norma adjetiva aplicable al caso concreto no circunscribe la procedencia del amparo de pobreza a que el mismo se reclame de entrada con la demanda, sino que tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 152 \u00edbidem, tambi\u00e9n puede ser deprecado por cualquiera de las partes durante el curso del proceso, por lo que el hecho que se hubiese otorgado dicha salvaguarda con posterioridad al auto admisorio, no le restaba validez a esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en un asunto que guarda cierta simetr\u00eda con el actual, se\u00f1al\u00f3 respecto del amparo de pobreza que: <\/p>\n
\u2026En primer lugar, si bien es cierto que en pronunciamientos anteriores la Sala hab\u00eda entendido como razonable la interpretaci\u00f3n, seg\u00fan la cual, cuando se trataba del extremo convocante exist\u00eda un l\u00edmite temporal (\u00abpodr\u00e1 solicitarse por el presunto demandante antes de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb) para la formulaci\u00f3n de la petici\u00f3n, lo cierto es que esa postura admite una lectura constitucional que permite afirmar que la norma en menci\u00f3n no prev\u00e9 una diferenciaci\u00f3n entre las partes del proceso, en relaci\u00f3n con la oportunidad para solicitar el precitado amparo. Ello, atendiendo al contenido expreso de la disposici\u00f3n, y a la salvaguarda de los derechos constitucionales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u2013tutela judicial efectiva\u2013 y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n estima necesario resaltar que, seg\u00fan lo estatuido en el art\u00edculo 151 ib\u00eddem, la precitada figura tiene la finalidad de beneficiar a \u00ab(\u2026) la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a t\u00edtulo oneroso\u00bb; aspecto que guarda intr\u00ednseca relaci\u00f3n con el postulado 229 de la Constituci\u00f3n, de acuerdo con el cual: \u00abSe garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, en observancia de los art\u00edculos 13 y 29 \u00eddem, que indican que se debe garantizar la igualdad ante la ley y el debido proceso, tanto en las actuaciones judiciales como administrativas. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que el amparo de pobreza constituye una garant\u00eda real y efectiva para que los ciudadanos que no cuenten con la solvencia econ\u00f3mica para sufragar los gastos propios del proceso no vean cercenadas sus posibilidades de acceder a la administraci\u00f3n judicial \u2013con todo lo que ello implica\u2013; pues, en palabras de la Corte Constitucional, esta prerrogativa presupone, por lo menos, las siguientes tres obligaciones\u2026 <\/p>\n
\u201cEn general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categor\u00edas, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos… (C.C., sent. T-283, 16 may. 2013; C-426, 29 may. 2002, entre otras). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia no solo debe ser entendido en su dimensi\u00f3n formal \u2013relacionada con la posibilidad de hacerse parte en un proceso\u2013, sino en su concepci\u00f3n material, que conlleva impl\u00edcita la posibilidad de ejercer los medios de defensa propios de cada asunto en condiciones de igualdad con las dem\u00e1s partes e intervinientes, sin distinci\u00f3n o diferenciaci\u00f3n alguna con base en criterios equ\u00edvocos. <\/p>\n
5. Ahora bien, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las consideraciones que anteceden, imponen la concesi\u00f3n del resguardo impetrado ante la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 19 de abril de 2022 y las que de ella dependan, atendiendo los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, proceda a emitir la providencia correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo impetrado; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 19 de abril de 2022 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio verbal que la accionante y otros incoaron contra Hemato Onc\u00f3logos Asociados (radicado 11001-31-03-025-2019-00485), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n impetrado frente al auto de 7 de marzo anterior, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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