STC6798-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6798-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-01416-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Antonio Trigos frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi-IGAC. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 20001312100220180007500 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. En respaldo narr\u00f3 que en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, en el que fue opositor, se orden\u00f3 \u00abrestituir las tierras o predio como entrega material del bien conocido Brisas del Fonce ubicado en [\u2026] [el] Departamento de Cesar de mi parte [\u2026] a los se\u00f1ores Cleofe Guavita de Vel\u00e1squez y Dionisio Oviedo Caballero\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se declar\u00f3 fundada su oposici\u00f3n, por lo que se reconoci\u00f3 la compensaci\u00f3n, que \u00abse determinar\u00e1 en etapa de pos fallo de acuerdo a lo se\u00f1alado en la parte motiva de esta providencia, para lo cual el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) deber\u00e1 allegar el aval\u00fao comercial del predio denominado Brisas del Fonce [\u2026] dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.1. Adujo que, el 28 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar dispuso \u00abCUMPLIR con la comisi\u00f3n encomendada por el Tribunal [\u2026] y en consecuencia, FIJAR como fecha para llevar a cabo la diligencia de ENTREGA MATERIAL del Predio Rural denominado \u2018Brisas del Fonce\u2019, [\u2026] el d\u00eda VEINTIS\u00c9IS (26) DE MAYO DE DOS MIL VEINTID\u00d3S (2022)\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.2. No obstante, a la fecha, no se le ha notificado \u00abel acto administrativo motivado con los recursos de ley que haya resuelto el aval\u00fao comercial del predio\u00bb y que le correspond\u00eda emitir al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), el cual, en su sentir, es \u00abobligatorio conocer antes de cualquier diligencia judicial, preparatoria y de entrega del predio\u00bb. <\/p>\n
2.3. En ese orden, advirti\u00f3 que su censura est\u00e1 dirigida contra \u00ablas omisiones de incumplimiento ordenados en la sentencia del Tribunal de Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 la restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Direcci\u00f3n Territorial Cesar – Guajira, imparten orden de entrega de los bienes jur\u00eddicos, pero no establecieron fechas para la entrega del pago de mis derechos econ\u00f3micos como reposici\u00f3n del valor comercial del predio\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, inst\u00f3 que se le \u00abamparen los derechos conculcados ultra y extra petita\u00bb, en aras del cumplimiento del fallo de restituci\u00f3n dictado a su favor, en calidad de opositor, pues ya se fij\u00f3, para el 26 de mayo de 2022, la diligencia de entrega del inmueble sin haber recibido la compensaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que \u00abactualmente se encuentra pendiente la gesti\u00f3n de la Unidad de Restituci\u00f3n de tierras para lograr el pago de la compensaci\u00f3n y la remisi\u00f3n del informe de aval\u00fao comercial de predio \u2018Brisas del Fonce\u2019 por parte del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para tales efectos; siendo del caso resaltar que no se evidencian dentro del plenario solicitudes elevadas por el actor tendientes a noticiar tales incumplimientos siendo el tr\u00e1mite legal conforme lo establece el art\u00edculo 102 de la ley 1448 de la norma transicional a fin de establecer si existen omisiones sin justificaci\u00f3n relacionadas con las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que \u00abla entrega material de los predios restituidos no est\u00e1 sujeta a condici\u00f3n alguna, por estar alejado de la normativa transicional y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb, frente a lo cual enfatiz\u00f3 que, de acuerdo con lo definido en la sentencia \u00abC-795-14 de 30 de octubre de 2014, [que] declar\u00f3 inexequible, el aparte del art\u00edculo 100 de la Ley 1448 de 2011, que condicionaba la entrega material del predio objeto de restituci\u00f3n dentro de los tres d\u00edas siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado [\u2026] no podr\u00eda suspenderse el cumplimiento de la sentencia proferida al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras referenciado, como quiera que, se itera, la entrega del predio objeto de restituci\u00f3n no puede estar supeditada al pago de las compensaciones\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar destac\u00f3 que, acorde a la jurisprudencia constitucional, \u00abel pago de la compensaci\u00f3n al opositor no es \u00f3bice para desarrollar la diligencia de entrega a las v\u00edctimas restituidas\u00bb; no obstante, adujo que, en lo atinente al aval\u00fao, el 13 de mayo de la presente anualidad, el IGAC inform\u00f3 que el mismo \u00abest\u00e1 en tr\u00e1mite y le fue asignado al profesional en la materia [\u2026]. El cual realizar\u00e1 la visita en campo y en los pr\u00f3ximos d\u00edas elaborar\u00e1 y entregar\u00e1 el aval\u00fao, dado el orden cronol\u00f3gico de las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
A su vez, indic\u00f3 que sus determinaciones y actuaciones obedec\u00edan al cumplimiento de \u00abuna orden judicial proferida por nuestro superior funcional\u00bb y que est\u00e1n acordes con las disposiciones legales contenidas en el art\u00edculo 100 de la Ley 1448 de 2011; adem\u00e1s, que no era de su competencia realizar el aval\u00fao comercial ni materializar la entrega de la compensaci\u00f3n a que tiene derecho el actor. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que se desconoci\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, dado que el accionante contaba con \u00abel mecanismo judicial ordinario del proceso ejecutivo sin que resulte necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional para enderezar la presunta conducta omisiva de los responsables del cumplimiento; m\u00e1xime, cuando no se observa que de ello se derive la ocurrencia de un perjuicio irremediable para el accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi manifest\u00f3 que ya \u00abse realiz\u00f3 el aval\u00fao y se le practic\u00f3 el respectivo control de calidad y en los actuales momentos fue enviado hasta sede central donde se le practicar\u00e1 el segundo y \u00faltimo control de calidad al aval\u00fao\u00bb, para ser enviado al operador judicial de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se \u00abamparen los derechos conculcados ultra y extra petita\u00bb, los cuales consider\u00f3 vulnerados por el Tribunal Superior de Cartagena, al impartir la orden de entrega de los bienes, pero sin establecer \u00abfechas para la entrega del pago de mis derechos econ\u00f3micos como reposici\u00f3n del valor comercial del predio\u00bb, sumado a que no se le ha notificado el aval\u00fao del predio por parte del IGAC, lo cual, en su sentir, era \u00abobligatorio conocer antes de cualquier diligencia judicial, preparatoria y de entrega del predio\u00bb. <\/p>\n
2. Frente al particular, advierte la Sala que la salvaguarda invocada no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal convocado, el promotor no ha elevado solicitud tendiente a informar si existen \u00abomisiones sin justificaci\u00f3n relacionadas con las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb, tal como lo consagra la Ley 1448 de 20111, aspecto que, en todo caso, solo puede decidir el juez de conocimiento, sin que sea posible que el juez de tutela asuma o reemplace sus competencias. <\/p>\n
2.1. En este sentido, se resalta que, de conformidad con lo previsto en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, \u00abUna vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia, aplic\u00e1ndose, en lo procedente, el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011, se\u00f1ala que despu\u00e9s de dictar sentencia el Juez o Magistrado conserva su competencia sobre el proceso, \u00ab(…) para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb. <\/p>\n
2.2. En consonancia con la normativa referida, se vislumbra que las inconformidades sobre las presunta falta de fijaci\u00f3n de fecha para el \u00abpago de los derechos econ\u00f3micos\u00bb del actor por parte del Tribunal y el posible incumplimiento del fallo de restituci\u00f3n de tierras, deben plantearse ante el Colegiado atacado, para que sea dicha Corporaci\u00f3n la que, en ejercicio de sus facultades legales, resuelva lo pertinente y determine lo relativo a las \u00f3rdenes o requerimientos adicionales necesarios para garantizar el acatamiento efectivo de las decisiones adoptadas. <\/p>\n
2.3. Por lo expuesto, al no evidenciarse de lo allegado que la parte interesada hubiera presentado la inconformidad esgrimida a trav\u00e9s de esta v\u00eda ante el Tribunal convocado, aunado a que lo pertinente no puede ser definido por el juez de tutela, pues lo relativo al presunto incumplimiento solo puede ser decidido por el operador judicial competente, resulta evidente que la salvaguarda invocada es improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene establecido que \u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
2.4. Igual consideraci\u00f3n debe hacerse respecto de las dem\u00e1s pretensiones, esto es la relacionada con la notificaci\u00f3n y entrega del aval\u00fao del predio por parte del IGAC, pues se relacionan directamente con el cumplimiento de las \u00f3rdenes emitidas en la referida sentencia, asunto que, como se indic\u00f3, debe tramitarse y decidirse por el despacho judicial competente. <\/p>\n
3. Lo anterior, sin perjuicio de destacar que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 100 de la Ley 1448 de 2011, \u00abLa entrega del predio objeto de restituci\u00f3n se har\u00e1 al despojado en forma directa cuando este sea el solicitante, o a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a favor del despojado, o dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
La norma en comento establec\u00eda que dicha entrega solo se pod\u00eda realizar en \u00ablos tres d\u00edas siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello\u00bb; no obstante, dicho condicionamiento fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-795-2014, al considerar que: <\/p>\n
\u00abel derecho a la restituci\u00f3n de tierras como componente de la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, es aut\u00f3nomo e independiente de los derechos reconocidos a los terceros de buena fe exenta de culpa. El aparte demandado resulta contrario a la Constituci\u00f3n y al orden internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, al resultar excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y derechos fundamentales de las v\u00edctimas a la reparaci\u00f3n integral\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la normativa aplicable no contempla el pago de la compensaci\u00f3n como requisito previo para la entrega del bien objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a ello, la Sala ha considerado, en asuntos con alguna similitud, que \u00ab\u2026\u2018la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2019 (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01)\u00bb (Postura reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00 y en STC038-2020, 15 ene. 2020, rad. 2019-00522-01). <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, los informes presentados en sede de tutela se entienden rendidos bajo juramento. <\/p>\n
<\/p>\n
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