STC6799-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6799-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la tutela que Hernando Abello G\u00e1mez y Ana Mar\u00eda del Socorro Orjuela de Abello le instauraron al Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, extensiva a los Juzgados Primero y Segundo Civil Municipal de esa urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas, obrando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que \u00abi) Se revoque y deje sin efectos la sentencia proferida por la jueza cuarta de Familia de fecha 23 de marzo de 2022; ii) Como consecuencia de la nulidad, o de la ineficacia, el efecto que Uds. consideren se deba asignar al fallo aludido, se ordene mantener la afectaci\u00f3n a vivienda familiar y iii) En el evento de que se haya realizado la notificaci\u00f3n a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Santa Marta, de la orden de levantamiento de la afectaci\u00f3n, se deje sin efectos dicha orden y se mantenga la afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En resumen, se\u00f1alaron que el Juzgado convocado emiti\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 \u00abprobada la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996 y por consiguiente dispuso el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar sobre el inmueble de su propiedad que se distingue como la casa 20, identificado con el folio de matr\u00edcula 080-10438\u00bb, en el litigio formulado en su contra por el Conjunto Residencial Villa Karina (23 mar. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n con tal pronunciamiento se vulneraron sus prerrogativas esenciales, puesto que dio por sentado, sin estarlo, que la \u00abreferida afectaci\u00f3n a vivienda familiar ocurrida el 13 de junio de 2000 se realiz\u00f3 estando el bien en deuda, con soporte en una certificaci\u00f3n del a\u00f1o 2005 no presentada en el traslado de la demanda y frente a la que dice provenir de un supuesto administrador, luego no debi\u00f3 tenerse como prueba\u00bb, incurriendo tambi\u00e9n en \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria de las dem\u00e1s pruebas practicadas\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron igualmente que los hechos narrados en \u00abla demanda est\u00e1n distorsionados\u00bb y \u00abfrente a los procesos ejecutivos iniciados en su contra en el 2013 por el Conjunto Residencial, no se tom\u00f3 el trabajo de establecer a qu\u00e9 periodos correspond\u00edan las obligaciones por cuotas de administraci\u00f3n all\u00ed perseguidas, ni desde cu\u00e1ndo se encontraban en mora, por lo que la demandante acredit\u00f3 una deuda inexistente para el momento en que se efectu\u00f3 la afectaci\u00f3n a vivienda ya que se menciona una supuesta deuda de 1997 y en los juicios cobran las generadas en el a\u00f1o 2009 en adelante\u00bb, aunado a que \u00abla afectaci\u00f3n no se hizo con el \u00e1nimo de defraudar a nadie y la juez realiz\u00f3 una equivocada interpretaci\u00f3n del numeral 7 del art. 4 de la Ley 258 de 1996, originando ahora que pierdan el \u00fanico inmueble que poseen\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta se opuso al auxilio, en tanto que \u00abla certificaci\u00f3n de 2005 aludida por los accionantes fue presentada en la declaraci\u00f3n de la representante legal de la copropiedad demandante y se incorpor\u00f3 al asunto de esa manera, frente a la que el abogado de los actores no solicit\u00f3 interrogar en la audiencia\u00bb y su fallo \u00abno s\u00f3lo se bas\u00f3 en la declaraci\u00f3n de la demandante, sino que hizo una valoraci\u00f3n de todas las pruebas recaudadas y practicadas, sin que se declarara mala fe o \u00e1nimo de defraudar a la propiedad horizontal al contrario se realiz\u00f3 un juicio de proporcionalidad de los derechos constitucionales que podr\u00edan verse lesionados con esa afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de ese lugar anunci\u00f3 que le correspondi\u00f3 el \u00abejecutivo iniciado por las partes en controversia donde el 29 de agosto de 2013 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas y, a la fecha est\u00e1 pendiente el pago de dicha obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil Municipal de esa localidad inform\u00f3 que conoci\u00f3 el dossier con radicado 2013-00097 incoado por la citada \u00abpropiedad horizontal\u00bb contra los gestores, empero fue remitido al Juzgado Primero de esa especialidad por directriz del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena. <\/p>\n
El Conjunto Residencial Villa Karina rog\u00f3 no acceder a las aspiraciones de los quejosos ya que la resoluci\u00f3n adoptada por la autoridad accionada se encuentra ajustada a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00abla decisi\u00f3n criticada no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas y la normativa que rige la materia\u00bb. <\/p>\n
Recurrieron los precursores reiterando sus planteamientos inaugurales y agregaron que \u00abla jueza aplic\u00f3 indebidamente una ley, acomod\u00e1ndola a su errada interpretaci\u00f3n (\u2026) el esp\u00edritu de la ley da a entender que se pueda levantar por el juez de familia \u201ccuando se haya constituido para perjudicar o defraudar\u201d lo que deja entender que, cuando se hace es porque se ve venir mal intencionalmente que la constituci\u00f3n a la afectaci\u00f3n se hizo con ese fin, pero para que opere, la deuda o el fraude ya debe estar causado y no con la intenci\u00f3n de hacerlo a futuro\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la providencia emitida por el Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta que \u00abdeclar\u00f3 no prosperas las excepciones de m\u00e9rito propuestas y declar\u00f3 probada la causal 7\u00b0 del art. 4 de la Ley 258 de 1996 y en consecuencia orden\u00f3 el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb constituida por los sedicentes sobre el predio controvertido, se expusieron las razones para adoptar tal determinaci\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Fue as\u00ed como esboz\u00f3, preliminarmente que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en esta oportunidad la demandante ha invocado como causal para el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar la consagrada en el numeral 7 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996, modificada por la Ley 854 de 2003 que se\u00f1ala lo siguiente: \u201cpor cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la causal 7\u00b0 se tiene que el gravamen tiene como fin la protecci\u00f3n de la familia en conjunto de un c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero al otro. En esta ocasi\u00f3n advierte el despacho que el objeto de la afectaci\u00f3n se est\u00e1 cumpliendo pues como qued\u00f3 probado los se\u00f1ores Hernando Abello G\u00e1mez y Ana Mar\u00eda del Socorro Orjuela de Abello tienen vinculo marital vigente y se encuentran residiendo en la vivienda actualmente. <\/p>\n
Advierte el despacho como hecho relevante para el caso que nos ocupa, la afectaci\u00f3n que se pretende levantar y que se alega instrumento para perjuicio de la propiedad horizontal fue constituida en el a\u00f1o 2000, teniendo que la deuda actual de los demandados por las expensas data de 2017 como se observa de la liquidaci\u00f3n allegada por el mismo extremo actor. Aun as\u00ed, se indic\u00f3 en la demanda que las deudas por las expensas comenzaron a partir de 2009 y de all\u00ed se dio origen al proceso ejecutivo, sin embargo, de las certificaci\u00f3n de fecha septiembre 15 de 2005 incorporada por la representante legal del Conjunto Villa Karina en su interrogatorio y que obra en el expediente demuestra que la mora en el pago de las expensas por parte de los demandados ha venido siendo de manera reiterada y no deviene desde el a\u00f1o 2009, sino desde 1999 (sic), es decir, previo a la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n sobre el inmueble. <\/p>\n
En todo caso, se tiene pese a que los atrasos en el pago de las cuotas iniciaron previo a la constituci\u00f3n del gravamen, tambi\u00e9n se observa que se han realizado abonos a los montos adeudados, por lo que la deuda actual data de fecha posterior a la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, sin embargo, no se puede inferir por ello, que la constituci\u00f3n de este gravamen haya sido realizada en pro de defraudar al Conjunto Residencial Villa Karina. <\/p>\n
Empero se tiene que la constituci\u00f3n del gravamen muy a pesar es anterior al hito de la deuda cuya existencia est\u00e1 probada en este asunto y que adem\u00e1s fue reconocida por los mismos demandados sin que sea relevante en este momento entrar a determinar si el monto es o no correcto, pues eso ya es de resorte de otro tr\u00e1mite, s\u00ed ocasiona un perjuicio a la copropiedad horizontal en diversos aspectos\u00bb (Audio 4:03:32 a 4:06:02 minutos). <\/p>\n
Precisado lo anterior, rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Dable es acotar que los demandados en su calidad de copropietarios tienen el deber de pagar oportunamente las expensas, obligaci\u00f3n de tracto sucesivo, esto es, por periodos mensuales de los que se hacen responsables los propietarios de manera libre y consciente cuando adquieren bienes de este tipo de propiedades. <\/p>\n
Las expensas no se tratan de un tipo personal sino de una emanada de la voluntad de las partes, tal como arguye la apoderada de la parte demandante, pues dicha obligaci\u00f3n se pact\u00f3 entre la propiedad horizontal y los copropietarios como aquellos, ya que se generan del mismo bien, para la existencia de \u00e9ste dentro de la propiedad horizontal, as\u00ed como por el uso y goce del Conjunto en general. <\/p>\n
Sabido es que el presupuesto de una copropiedad est\u00e1 destinado a un factor social y el incumplimiento en el pago afecta a una comunidad y su recaudo no tiene ning\u00fan objeto de enriquecimiento particular sino es de una sostenibilidad social. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se tiene que este recaudo es el \u00fanico medio que tiene la propiedad horizontal para cubrir sus obligaciones y el mantenimiento de la misma. La ausencia de pago, de los demandados afecta tambi\u00e9n derechos de \u00edndole constitucional que deviene de las garant\u00edas laborales de quienes se encuentran vinculados a la persona jur\u00eddica, ya que a la falta de ingresos no habr\u00eda c\u00f3mo cumplir con tales obligaciones y ello a su vez no s\u00f3lo repercute en la calidad de vida de los empleados de la propiedad, los cuales se ver\u00edan afectados en sus salarios, seguridad social y prestaciones, ya que inclusive advierte el despacho que la falta de pago deviene en un incumplimiento de las obligaciones de toda \u00edndole a cargo de la propiedad horizontal gener\u00e1ndole un detrimento a\u00fan mayor a esta, quien se podr\u00eda ver avocada a otros procesos judiciales y a otras obligaciones tales como el mantenimiento del conjunto, el pago de servicios, entre otros. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se advierte que el no pago de las cuotas de administraci\u00f3n termina afectando al resto de los propietarios de Villa Karina, pues se trata de una comunidad que pact\u00f3 este tipo de obligaciones para el sostenimiento del conjunto y el cumplimiento de las metas que se proyectan en pro de mantener y mejorar la calidad de vida de sus integrantes, pues en el presente caso, se expuso que se podr\u00eda causar tambi\u00e9n una afectaci\u00f3n a la comunidad aleda\u00f1a (\u2026) (Audio 4:06:32 a 4:09:37 minutos). <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los memorialistas, expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Respecto a la excepci\u00f3n denominada buena fe, tal como indic\u00f3 el despacho previamente, la constituci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar es muy anterior a la deuda g\u00e9nesis de la solicitud de levantamiento por lo que en efecto no se advierte mala fe en dicha constituci\u00f3n. Sin embargo, ello no resulta suficiente para desestimar la pretensi\u00f3n elevada ante este juzgado pues como ya tambi\u00e9n se\u00f1ala el despacho, en este caso, se encuentran involucrados otros derechos fundamentales que se ven afectados por el gravamen y que dan lugar a que el ruego halle eco. <\/p>\n
En cuanto a la excepci\u00f3n denominada: confianza legitima y derechos adquiridos, violaci\u00f3n a principios constitucionales, dable es acotar que el principio de confianza leg\u00edtima y derechos adquiridos no es absoluto. Si bien la afectaci\u00f3n a vivienda familiar es un gravamen legal creado en protecci\u00f3n del techo de los consortes, tambi\u00e9n es cierto, que el mismo legislador cre\u00f3 otros mecanismos de levantamiento como el que nos ocupa cuando se advierte el perjuicio ya indicado previamente. <\/p>\n
La protecci\u00f3n que suministra el gravamen en escrutinio no puede ser utilizado como bandera de no pago de las cuotas de administraci\u00f3n, pues para eso no fue creado, precisamente como ya se dijo se dise\u00f1aron estos instrumentos para que en situaciones como las que nos ocupa, el tercero perjudicado en este caso la propiedad horizontal, tenga tambi\u00e9n una garant\u00eda de pago ante la insolvencia de sus deudores. <\/p>\n
En cuanto a la violaci\u00f3n de principios constitucionales, se advierte que en este caso se encuentran involucradas tambi\u00e9n las prerrogativas de la propiedad horizontal, de la comunidad integrante de la misma propiedad y de los empleados y acreedores de la persona jur\u00eddica. Entonces en un examen de peso constitucional resulta que mantener la afectaci\u00f3n deviene m\u00e1s gravosa pues el perjuicio se extiende a un n\u00famero mayor de personas y de derechos que los aqu\u00ed invocados. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se declarar\u00e1 probada la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 4 de la 258 de 1996 (Audio 4:11:28 a 4:13:27 minutos). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhelan los tutelantes, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC8270-2021, reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
Ahora, que los querellantes disientan de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su criterio, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo discernido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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