STC6801-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6801-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Rom\u00e1n Romero Barrantes le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva al Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9 y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2020-80242. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se declarara \u00absin valor o efecto todo lo actuado, a partir de la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb y, en consecuencia, se ordenara a la Corporaci\u00f3n querellada \u00abconjurar la v\u00eda de hecho y ajustar su decisi\u00f3n a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
En compendio, asever\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la diligencia de allanamiento y registro practicada sobre el inmueble ubicado en \u00abla calle 2 n\u00b0 3-21, barrio Veinte de Julio en Lenguazaque (Cund.)\u00bb, fue capturado y \u00abjudicializado\u00bb por los delitos de \u00abfabricaci\u00f3n, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb, por lo que, el 8 de marzo de 2021, celebr\u00f3 preacuerdo con la Fiscal\u00eda Seccional 01 Delegada para Indagaciones e Investigaciones de Ubat\u00e9, en el que se convino: <\/p>\n
(\u2026) b- La aceptaci\u00f3n libre y voluntaria, previamente informada y asesorada por la defensa, de los cargos imputados, es decir; Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, art\u00edculo 365 del C.P. en calidad de autor y a t\u00edtulo de dolo. <\/p>\n
c- Que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cambio de la admisi\u00f3n de responsabilidad, realizada por el procesado, reconoci\u00f3 en su favor como \u00fanico beneficio, el hacerse acreedor a la pena dispuesta para el c\u00f3mplice, bajo la declaratoria de responsabilidad de autor\u00eda a t\u00edtulo de autor y bajo el grado de culpabilidad a t\u00edtulo de dolo (\u2026). <\/p>\n
d- As\u00ed mismo, se record\u00f3 que con fundamento en lo dispuesto dentro del art\u00edculo 30 del C.P. se aplicar\u00eda una disminuci\u00f3n punitiva entre los l\u00edmites establecido por el legislador; esto es, entre una sexta parte a la mitad, de la pena establecida para el delito imputado. -articulo 365 C.P. prisi\u00f3n de 9 a 12 a\u00f1os, o lo que es lo mismo 108 a 144 meses de prisi\u00f3n- <\/p>\n
e- Que como resultado del preacuerdo celebrado la sanci\u00f3n punitiva, se cuantific\u00f3 en 60 meses de prisi\u00f3n e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo tiempo de la pena de prisi\u00f3n principal. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9 improb\u00f3 dicha negociaci\u00f3n por estimar vulnerado \u00abel principio de legalidad, desbordando l\u00edmites de rebaja punitivos reconocidos; en raz\u00f3n a que la captura del ac\u00e1 accionante se hab\u00eda efectuado en situaci\u00f3n de flagrancia\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00absolo le era aplicable la rebaja punitiva correspondiente a un 12.5 % de la pena a imponer, para el delito imputado\u00bb (7 oct.), determinaci\u00f3n convalidada por el superior el 18 de marzo \u00faltimo, al evidenciar la \u00abtransgresi\u00f3n al principio de legalidad por desconocimiento del momento procesal en el que se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n y por la captura en estado de flagrancia del ac\u00e1 accionante\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca justific\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la directriz debatida, \u00aben tanto que la rebaja concedida superaba la regularmente prevista para las personas que son capturadas en flagrancia\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Segunda Seccional solicit\u00f3 la prosperidad del amparo, toda vez que \u00abel demandante cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos, y principalmente porque la negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 conforme lo autoriza la Ley, espec\u00edficamente el art. 350, inciso segundo de la Ley 906 de 2004, conforme se actu\u00f3 y la amplia jurisprudencia citada por el defensor del ciudadano vinculado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda, en raz\u00f3n a que: i) Al estar el proceso penal en tr\u00e1mite, es \u00abal interior del mismo que deben agotarse las discusiones relacionadas con el cumplimiento de las exigencias para la aprobaci\u00f3n del preacuerdo, a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa que se establecen en las distintas fases del proceso\u00bb. Adem\u00e1s, adujo que \u00abel accionante y la Fiscal\u00eda pueden presentar un nuevo preacuerdo, con las precisiones f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y probatorias necesarias, en aras de lograr un nuevo pronunciamiento por parte del juzgado de conocimiento\u00bb y, ii) Las providencias controvertidas son \u00abrazonables, debidamente justificadas y en las que no se advierte arbitrariedad, ni la concurrencia de alg\u00fan yerro sustancial que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- El precursor recurri\u00f3, esgrimiendo que \u00abse reclama por v\u00eda de amparo el derecho de igualdad, con el que debe ser juzgado (\u2026) pues ante una misma situaci\u00f3n de hecho, una misma situaci\u00f3n de derecho, vulneraci\u00f3n que se establece precisamente ante la confrontaciones de decisiones adoptadas por los diferentes Tribunales, incluso el de Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual en diferentes y plurales Salas ha reconocido en favor de los procesados la legalidad en la celebraci\u00f3n de preacuerdos bajo id\u00e9nticas situaciones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas, como la que aqu\u00ed concita nuestra atenci\u00f3n y estudio\u00bb, como \u00ablos casos No. 25843-60-00-690-2021-00093-01 y 25843-60-00-690-2021-00024-01 que se adelantan por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa, con apoyo en los elementos suasorios obrantes en el infolio, que la queja constitucional contra el interlocutorio de 18 de marzo de 2022, est\u00e1 llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable validar el preacuerdo \u00abpor desconocer el momento procesal en el que se est\u00e1 llevando a cabo y la captura en flagrancia de Rom\u00e1n Romero Barrantes\u00bb. <\/p>\n
Fue as\u00ed, como luego de narrar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, explic\u00f3 que:\u00ab(\u2026) los acuerdos suscritos entre la Fiscal\u00eda y el imputado, y los allanamientos, son las modalidades de terminaci\u00f3n anticipada del proceso, que obedecen a una pol\u00edtica criminal con el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administraci\u00f3n de justicia con el consentimiento de las partes, lo cual implica beneficios para el procesado y ahorro de esfuerzos para el Estado. <\/p>\n
Continu\u00f3 precisando c\u00f3mo uno de los l\u00edmites a los preacuerdos es que \u00ab[este] s\u00f3lo tiene ocasi\u00f3n desde el acto de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y hasta el momento en que el procesado es interrogado sobre la aceptaci\u00f3n o no de la responsabilidad al inicio del juicio oral\u00bb, cuyo objetivo es \u00abpropender por los derechos de las v\u00edctimas, y evitar que se concedan descuentos punitivos \u2018desbordados\u2019, que incluso superen los legalmente previstos cuando los procesados aceptan los cargos unilateralmente\u00bb. <\/p>\n
Predic\u00f3, entonces, que \u00abel ente persecutor dej\u00f3 claro que el \u00fanico fin de reconocer el art\u00edculo 30 del C.P. a favor de Romero Barrantes era que la dosificaci\u00f3n punitiva se hiciera bajo ese presupuesto normativo, m\u00e1s no que se le condenara por el delito de Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones como c\u00f3mplice\u00bb, de manera que \u00absu viabilidad legal s\u00f3lo podr\u00eda verse afectada ante concesiones desproporcionadas\u00bb. <\/p>\n
Y sigui\u00f3 argumentando: <\/p>\n
[S]e evidencia que el objetivo de la negociaci\u00f3n se concentr\u00f3 en la disminuci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista por el Legislador para la conducta de Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a t\u00edtulo de c\u00f3mplice, que en virtud del art\u00edculo 30 del C.P. oscila de una sexta parte a la mitad, por lo que partiendo de la pena m\u00ednima para el reato en cita que equivale a 108 meses de prisi\u00f3n, se acord\u00f3 la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n igual a 60 meses de privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
Luego cavil\u00f3 que Rom\u00e1n Romero Barrantes \u00abfue aprehendido en flagrancia, por lo que en concordancia con el momento procesal en que se est\u00e1 celebrando el preacuerdo, esto es, sin haberse formulado acusaci\u00f3n, pues ni siquiera se ha radicado escrito de acusaci\u00f3n, la normatividad penal prev\u00e9 una rebaja de 1\/4 de la mitad de la condena, o lo que es lo mismo del 12.5%, para quienes fueron capturados en flagrancia y se acogen a alguno de los mecanismos de terminaci\u00f3n anticipada del proceso\u00bb, fundamento que se encuentra en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de 2011. <\/p>\n
Al paso, coligi\u00f3 que \u00abpara quien acepta cargos por el delito de Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (que tiene prevista una pena m\u00ednima de 108 meses en el art\u00edculo 365 del C.P.) antes de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y ha sido capturado en flagrancia, puede ser acreedor de una rebaja de 13.5 meses, resultando una sanci\u00f3n m\u00ednima de 94 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n\u00bb, lo que deja en evidencia que \u00abla negociaci\u00f3n est\u00e1 concediendo un beneficio desproporcionado\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el ente persecutor pretende otorgarle una rebaja superior a la legal y jurisprudencialmente prevista y decantada para una persona que siendo capturada en flagrancia, decide aceptar los cargos, esta vez por v\u00eda del preacuerdo, por el punible de Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en calidad de c\u00f3mplice, en la etapa procesal en la que se encuentra la actuaci\u00f3n penal, en virtud del cual la pena ser\u00eda de 94 meses y 15 d\u00edas y no de 60 meses, hablando del m\u00ednimo de la pena para dicho punible (art. 365 C.P.) <\/p>\n
Situaci\u00f3n sobre la que debe mencionarse, que existe una diferencia de m\u00e1s de 30 meses entre una y otra sanci\u00f3n, por lo que no es algo menor o sin relevancia, y no puede entonces, pretenderse que se apruebe una negociaci\u00f3n que se sale de los par\u00e1metros establecidos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Soport\u00f3 su raciocinio en la jurisprudencia decantada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la cual ha establecido, sobre el tema, lo siguiente: <\/p>\n
Existe otra modalidad de acuerdo utilizada con frecuencia en la pr\u00e1ctica judicial, consistente en tomar como referencia una calificaci\u00f3n jur\u00eddica con el \u00fanico fin de establecer el monto de la pena. En esos casos: (i) las partes no pretenden que el juez le (sic) imprima a los hechos una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponde, tal y como sucede en la modalidad de acuerdo referida en el p\u00e1rrafo precedente; (ii) as\u00ed, a la luz de los ejemplos anteriores, el autor es condenado como tal, y no como c\u00f3mplice, y no se declara probado que el procesado actu\u00f3 bajo la circunstancia de menor punibilidad -sin base f\u00e1ctica-; (iii) la alusi\u00f3n a una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponde s\u00f3lo se orienta a establecer el monto de la pena, esto es, se le condena en calidad de autor, pero se le asigna la pena del c\u00f3mplice \u2013para continuar con el mismo ejemplo-; (iv) el principal l\u00edmite de esta modalidad de acuerdo est\u00e1 representado en la proporcionalidad de la rebaja, seg\u00fan las reglas analizadas a lo largo de este prove\u00eddo y que ser\u00e1n resumidas en el siguiente p\u00e1rrafo; y (v) las partes deben expresar con total claridad los alcances del beneficio concedido en virtud del acuerdo, especialmente lo que ata\u00f1e a los subrogados penales. (CSJ SP 24 jun. 2020, rad. 5227) -Negrillas propias-. <\/p>\n
De tal manera que la posibilidad de \u00abpreacordar\u00bb nace, siempre y cuando se respeten los \u00abhechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb y la \u00abadecuaci\u00f3n t\u00edpica\u00bb acorde a los mismos, por medio de la aplicaci\u00f3n de una norma m\u00e1s favorable al enjuiciado para la fijaci\u00f3n de la pena, siguiendo algunos criterios, como: <\/p>\n
(\u2026) los beneficios que se pueden otorgar en los preacuerdos en los que se toma como referencia una calificaci\u00f3n jur\u00eddica con el \u00fanico fin de establecer el monto de la pena, tienen como principal l\u00edmite la proporcionalidad de la rebaja que habr\u00e1 de fijarse conforme a los par\u00e1metros establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico, orientados a que estas formas de terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n penal no afecten el prestigio de la administraci\u00f3n de justicia, y en general, se ajusten al marco constitucional y legal (\u2026) (CSJ SP 24 jun. 2020, rad. 5227) -Negrillas propias-. <\/p>\n
Lo anterior, tiene respaldo en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que frente a los \u00abpreacuerdos y las negociaciones\u00bb, ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) Esa funci\u00f3n de verificaci\u00f3n asignada a los Jueces Penales de Conocimiento respecto de las negociaciones entre acusador y acusado, procedimientos de captura, actos de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, imposici\u00f3n y revocatoria de medidas de aseguramiento, entre otros, muestra que la intenci\u00f3n del legislador, con sobrada raz\u00f3n, es mantener un control activo a las actuaciones de la Fiscal\u00eda, que en su condici\u00f3n de parte, debe estar sometida a las decisiones del Juez, especialmente, cuando sea necesaria la correcci\u00f3n de situaciones que ponen en riesgo derechos fundamentales -no solo del procesado-, el prestigio de la administraci\u00f3n de justicia al ser sacrificado por el eficientismo y los fines sociales del derecho penal, concretamente, la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n general asignada a la sanci\u00f3n punitiva en cada caso concreto (\u2026) (CSJ STC7735-2018, 14 jun., rad. 2018-00748-01, citada en CSJ STC1101-2020, 10 feb., rad. 2019-02253-01 y CSJ STC5741-2021, 21 may., rad. 2021-00192-01). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia; empero, ese prop\u00f3sito no se acompasa con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC9232-2018, 17 jul., rad. 2018-00574-01, reiterada en CSJ STC5974-2021, 26 may., rad. 2021-01462-00). <\/p>\n
Ahora, que el impulsor disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, se efectu\u00f3 una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la norma y un desconocimiento de los precedentes, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, CSJ STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, 21 abr., rad. 2016-00057-01, CSJ STC6631-2018, 23 may., rad. 2018-00717-01 y CSJ STC419-2021, 28 en., rad. 2021-00064-01, entre otras). <\/p>\n
3.- Con todo, observa la Sala que el quejoso puede arribar a un nuevo acuerdo con el ente acusador, de tal manera que logre la terminaci\u00f3n anticipada de las diligencias de juzgamiento adelantadas en su contra, para lo cual deber\u00e1n, como es l\u00f3gico, observarse los principios rectores del derecho penal y las garant\u00edas fundamentales de las v\u00edctimas, con miras a lograr que el juez de conocimiento \u2013tanto en primera como en segunda instancia- le imparta aprobaci\u00f3n a la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, toda vez que a\u00fan no se ha llevado a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, la cual est\u00e1 programada para el 14 de julio de la presente anualidad, proceder que se encuentra avalado por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el cual dicta: \u00abPresentada la acusaci\u00f3n y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podr\u00e1n realizar preacuerdos en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo anterior\u00bb. <\/p>\n
4.- Finalmente, en lo relacionado con la \u00abvulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad\u00bb del actor, al referir que, en pret\u00e9ritas oportunidades la Corporaci\u00f3n confutada ha aprobado \u00abpreacuerdos\u00bb celebrados en similares t\u00e9rminos a la negociaci\u00f3n a \u00e9l invalidada, la guarda no sale avante, puesto que los precedentes aludidos no guardan simetr\u00eda f\u00e1ctica con el asunto bajo estudio; en virtud de ello \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en CSJ STC4506-2014, 10 abr., rad. 00089-01 y en CSJ STC15165-2021, 10 nov., rad. 2021-02830-00). <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto revisado en esta oportunidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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