STC6805-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6805-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00140-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de mayo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Neyger Eduardo Mart\u00ednez Bustos instaur\u00f3 en contra del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00281. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa e igualdad\u00bb para que se dejara \u00absin efecto la Sentencia judicial de no validaci\u00f3n del acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n, proferida el 7 de marzo de 2022 por el operador judicial ad quo accionada\u00bb y, en consecuencia, se ordenara al estrado querellado \u00abdictar de nuevo sentencia, conforme la Ley 1116 de 2006 sin que se afecten los derechos de los dem\u00e1s acreedores, en armon\u00eda con los principios constitucionales y legales que rigen el presente acuerdo\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 el proceso de validaci\u00f3n de acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante del concursado \u2013aqu\u00ed actor- (rad. 2017-00281), dentro del cual, reconoci\u00f3 a trav\u00e9s de la juzgadora para ese momento, que cumpl\u00eda con los requisitos del art. 84 de la Ley 1116 de 2006 (4 dic. 2017), por lo que, notificados todos los acreedores, se convoc\u00f3 a la respectiva \u00abaudiencia de validaci\u00f3n\u00bb; y algunos de ellos, como la DIAN y Davivienda allegaron escritos revelando la no inclusi\u00f3n de la totalidad de sus cr\u00e9ditos y que fueran tenidos en cuenta, respectivamente, pero no presentaron objeciones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, la autoridad acusada dict\u00f3 sentencia en vista p\u00fablica y no \u00abautoriz\u00f3 ni valid\u00f3 el Acuerdo Extrajudicial de Reorganizaci\u00f3n Empresarial\u00bb, desconociendo (i) El art\u00edculo 26 de la Ley 1116, al mencionar que \u00abLa DIAN concurre y desde el folio 384 de la actuaci\u00f3n, mediante su oficio 5062 del 23 de agosto de 2018, pone de presente la existencia de otras obligaciones que, para el momento de la celebraci\u00f3n de ese acuerdo extrajudicial, estaban vigentes, eran ciertas, como lo es, los rubros por concepto de impuesto de renta a cargo del deudor, a\u00f1o gravable 2013. 2014, 2015 \u2026 el se\u00f1or Juez relaciona los valores para cada uno) y manifiesta que son valores que no se compadecen con los relacionados que se reflej\u00f3 en el acuerdo (\u2026)\u00bb; (ii) Las reglas en cuanto a \u00abla determinaci\u00f3n de voto al que tiene derecho el acreedor interno, en este caso el deudor, conforme a lo mencionado en el art\u00edculo 31 par\u00e1grafo 1 literal 2\u00bb; y, (iii) El art\u00edculo 35 de la mentada legislaci\u00f3n concursal (7 mar. 2022). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que con la anterior decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
a).- Por \u00abdefecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto\u00bb dado que \u00abel Juzgado desconoce el art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006 referente a las objeciones al cr\u00e9dito no presentadas por la DIAN\u00bb y porque con su conducta \u00abAl quedar en firme la providencia atacada el juez dejo de un lado la OBLIGATORIDAD de aplicar el art 35 de la Ley 1116 de 2006, (\u2026) lo reglado en el art\u00edculo precedente, es una etapa procesal OBLIGATORIA para este asunto, y esto lo ratifica la Ley 1116 de 2006, cuando al no autorizarse el acuerdo, la consecuencia jur\u00eddica es la suspensi\u00f3n de la audiencia con el fin de que el acuerdo sea corregido. Situaci\u00f3n que como se observa el Juez omiti\u00f3\u00bb; y <\/p>\n
b).- Por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en la medida que, \u00abDentro de su motivaci\u00f3n, una de las causas para no validar el acuerdo extrajudicial de Reorganizaci\u00f3n, fue la acreencia interna del deudor con cero (0)% de derecho de voto, pero confunde la votaci\u00f3n referida en el art\u00edculo 31 par\u00e1grafo 1 literal 2 (\u2026) Es por lo antes referido, que el deudor, siendo acreedor interno y con patrimonio negativo, tiene derecho a un voto, por lo tanto, el voto referido por el despacho al que no le da validez, deviene de la misma norma de acuerdo el par\u00e1grafo atr\u00e1s referenciado y de la calidad de su patrimonio, no validando las pruebas aportadas donde se puede extraer el patrimonio negativo, contrat\u00e1ndola con la norma en comento\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, en torno a este \u00abdefecto\u00bb, le endilg\u00f3 al funcionario confutado indebida valoraci\u00f3n probatoria, en tanto, afirm\u00f3 que \u00abdebido a ese error en el juicio valorativo de las pruebas que acompa\u00f1an el acuerdo, el Juez analiza los derechos de voto y su porcentaje como requisito de admisi\u00f3n del acuerdo del art 84 de la Ley 1116 de 2006, enervando causales de no aprobaci\u00f3n que no existen en la Ley, lo que, a todas luces, da al trasto con las negociones realizadas entre el deudor y los acreedores relacionados, dando un ritualismo exagerado y sin valoraci\u00f3n probatoria adecuada\u00bb. <\/p>\n
Con todo, acus\u00f3 a la oficina convocada de enervar con su fallo \u00ab(\u2026) causales de inadmisi\u00f3n del art 84 de la Ley 1116 de 2006, como causales de no validaci\u00f3n, los cuales no existen, salvo las consecuencias jur\u00eddica que se debe aplicar, si y solo si, el acuerdo no es actualizado o modificado conforme los intereses de todos los acreedores y no los de una peque\u00f1a minor\u00eda que no ejercieron sus objeciones conforme la Ley y en la oportunidad procesal pertinente\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se atuvo \u00aba lo expuesto en la sentencia proferida, donde se fundament\u00f3 y justific\u00f3 la decisi\u00f3n, interpretaci\u00f3n normativa que de manera alguna constituye una v\u00eda de hecho o un error manifiesto que configure la procedencia excepcional de las reclamaciones constitucionales frente a providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
El acreedor Harold Valderrama y la DIAN se opusieron a la demanda superlativa por \u00abno existir ning\u00fan derecho fundamental violado\u00bb, por lo que la \u00faltima pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 el ruego al hallar razonable la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el gestor con los mismos argumentos inaugurales, recalcando que el a quo \u00abanaliza la acci\u00f3n de Tutela, como si se estuviera frente a un recurso de apelaci\u00f3n, pero no se centra en el procedimiento realizado por el Juez 6 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (\u2026)\u00bb, al ser evidente \u00ab(\u2026) la falta actividad e introducci\u00f3n de fondo por parte del Magistrado Sustanciador minimizando su autoridad Judicial y limit\u00e1ndose \u00fanicamente a observar si se trataba de una apelaci\u00f3n, porque seg\u00fan del Despacho, solamente se est\u00e1 frente a diferentes interpretaciones y por ende no hay ninguna violaci\u00f3n, cuando lo que aqu\u00ed ocurri\u00f3, es que no se dio aplicaci\u00f3n al procedimiento como lo ordena la Ley 1116 de 2006 en sus art\u00edculos ya referidos\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, le enrostr\u00f3 carencia \u00abde an\u00e1lisis por parte del despacho sobre la totalidad de los hechos y las pretensiones descritas en la Acci\u00f3n de Tutela, donde el Despacho se deshace de su obligaci\u00f3n de analizar el fondo del asunto, desconociendo derechos fundamentales del cual como deudor [goza]\u00bb puesto que \u00abdentro del fallo, no se hizo menci\u00f3n, a la causal invocada como exceso de ritual manifiesto o como la denominada defecto f\u00e1ctico, las cuales dan cuenta, que no se sigui\u00f3 el procedimiento de la Ley 1116 de 2006 por parte del Juzgado accionado, art 26 y la obligatoriedad que debi\u00f3 aplicar en el art 35 de la Ley en cita\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa que el promotor enfila sus inconformidades contra la directriz emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el 7 de marzo de 2022, en la que resolvi\u00f3 \u00abNO AUTORIZAR NI VALIDAR el Acuerdo Extrajudicial de Reorganizaci\u00f3n Empresarial presentado por Neyger Eduardo Mart\u00ednez Bustos y que es objeto del presente proceso. En consecuencia, cesa sus efectos frente a quienes lo suscribieron, salvo disposici\u00f3n contractual en contrario, caso en el cual debe observarse lo dispuesto en el art\u00edculo 29 del Decreto 1730 de 2009 y 2.2.2.13.3.10 del Decreto 1074 de 2015\u00bb y, en consecuencia, declar\u00f3 \u00ablegalmente terminado el presente proceso de validaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
No obstante, advierte la Sala la improsperidad del socorro y la consecuente convalidaci\u00f3n del veredicto confutado, porque el pronunciamiento debatido no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, en lo que respecta al arsenal probatorio recaudado en el \u00abproceso de validaci\u00f3n de acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante\u00bb del deudor Mart\u00ednez Bustos y en punto de la intervenci\u00f3n del acreedor Harold Valderrama D\u00edaz, el funcionario acusado cavil\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abDescendiendo al caso concreto y ya definiendo en lo relativo con la validaci\u00f3n del acuerdo, tenemos lo siguiente. Dentro del proceso, se traen en bastante foliatura que forman en gran parte del cuaderno principal, all\u00ed se trae a colaci\u00f3n, todo lo que tiene que ver con la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que intervienen, la misma identificaci\u00f3n del se\u00f1or deudor; b\u00e1sicamente ac\u00e1 se trae a colaci\u00f3n tambi\u00e9n los Estados Financieros, el inventario de bienes con que se pueda responder las deudas, el proyecto o la proyecci\u00f3n del flujo de caja, en los per\u00edodos respectivos; adem\u00e1s, de ese proyecto de acuerdo que milita en los autos, como a partir del Folio 317, se advierte, pues tiene todos sus antecedentes documentados aqu\u00ed. <\/p>\n
Tambi\u00e9n nos reporta un listado de los votos positivos que conllevaron a la aprobaci\u00f3n y reflejan una mayor\u00eda del 53.55%, integrado como se ve a Folio 142 por el voto del Acreedor interno, Neyger Eduardo Mart\u00ednez del 1.18%, unos acreedores de tipo laboral como es el caso de Diana Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez con 1.08%, y en lo restante, unos acreedores externos que dan cuenta de ese porcentaje. <\/p>\n
Tambi\u00e9n a colaci\u00f3n se trae en efecto el proyecto o se reflejan, como se hizo la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Esto viene reflejado como lo anuncian los folios 276 y siguientes, para posteriormente mostrarnos el proyecto de terminaci\u00f3n de derecho de voto a partir del Folio 286. <\/p>\n
B\u00e1sicamente, en estas evoluciones de las tratativas de las comunicaciones y negociaciones es que este pues, debe poner el esmero y empe\u00f1o de revisar en cuanto a la legalidad; legalidad pues que como se anunci\u00f3, pues en el caso que nos ocupa, que hubo oportunidades en donde sujetos de derecho arriban a esta actuaci\u00f3n para poner, y su punto de vista, y que sea el juez que decida en cuanto a la legalidad de este decurso de validez. <\/p>\n
En efecto, entre otros concurrentes, estuvo la participaci\u00f3n de un acreedor en este caso, Harold Valderrama D\u00edaz, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pues \u00e9l anuncia que en el Juzgado Primero Civil del Circuito, en el radicado 2015-00006, all\u00ed, pues est\u00e1 en curso y pr\u00e1cticamente se encuentra suspendida la actuaci\u00f3n, seg\u00fan refleja la certificaci\u00f3n de ese estrado, en espera la resultante de este proceso; b\u00e1sicamente, palabras m\u00e1s, palabras menos, indica una serie de lo que \u00e9l considera anomal\u00edas, como quiera que no se report\u00f3 esa acreencia en el proyecto inicial que as\u00ed se hiciere; b\u00e1sicamente, seg\u00fan su dicho, hay un ocultamiento de esa realidad; y finalmente, lo que depreca es que es que no se le d\u00e9 la validez a este acuerdo y, consecuentemente, se emitan las correspondientes compulsas de copias a las autoridades competentes, como puede ser Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Junta Central de Contadores P\u00fablicos para los efectos de ley. <\/p>\n
B\u00e1sicamente sobre ello, t\u00e9ngase en cuenta que, en el estricto sentido este juzgado en su momento, le indic\u00f3 que esos esas posiciones jur\u00eddicas y esas reflexiones se evaluar\u00edan en el momento oportuno, y entonces ha llegado ese momento, que es la definici\u00f3n con este fallo. <\/p>\n
Sobre el particular, vemos como esta solicitud de validaci\u00f3n viene regulada, entre otras, por el Mentado Decreto 1074 de 2015, si bien apreciamos el art\u00edculo 2.2.2.13.3.2. habla sobre el \u201cinicio de las negociaciones\u201d y entonces nos indica que: \u201cel inicio de las negociaciones deber\u00e1 comunicarse a todos los acreedores externos del deudor, que figuren con acreencias ciertas a su favor a la fecha en que se comunique dicho inicio\u201d, \u00bfEntonces, \u00bfqu\u00e9 quiere esto indicar? Hay que mirar muy bien, en qu\u00e9 fecha, pues se provoca esa negociaci\u00f3n extrajudicial, para el caso concreto, pues observamos un acuerdo celebrado el 22 de febrero del a\u00f1o 2017, ese acuerdo extrajudicial, pues ahora se tra\u00eda ante este juez para que se valide o no y se le revise la legalidad, lo que decir que el marco f\u00e1ctico y jur\u00eddico lo va a determinar, esa temporalidad, es decir, que s\u00ed a esa fecha 22 de febrero de 2017 existieren en esas acreencias ciertas, pues b\u00e1sicamente, all\u00ed, ya deviene como ese deber del deudor en reportar esos cr\u00e9ditos <\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 sucede en el caso concreto?, seg\u00fan la documental que arrim\u00f3 el se\u00f1or Harold Valderrama, pues nos trae una certificaci\u00f3n del Juzgado, nos trae tambi\u00e9n el reporte o el record que milita en la p\u00e1gina de consulta del siglo XXI, sobre todo el historial del proceso, y observamos que, para esa fecha, b\u00e1sicamente un juicio que all\u00ed se indica va en contra del se\u00f1or Neyger Eduardo Mart\u00ednez, b\u00e1sicamente, pues estaba a\u00fan en tr\u00e1mite. Si vemos el auto que dispone seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo fue con posterioridad a la celebraci\u00f3n de este acuerdo extrajudicial; luego entonces, en estricto sentido, no se podr\u00eda hablar que all\u00ed est\u00e1bamos ante una obligaci\u00f3n, o un cr\u00e9dito cierto, para tenerse esa obligatoriedad, el deudor de poderlo reportar y bajo esa \u00e9gida, entonces, no ser\u00e1 \u00e9ste el escenario propicio para definir \u00e9sta din\u00e1mica en lo que ata\u00f1e a la solicitud de Harold Valderrama D\u00edaz, respecto del cual, eso s\u00ed, se le indicar\u00e1, recibir\u00e1 los efectos y deber\u00e1 estarse a lo que se llegue a considerar y a resolver, en este asunto. <\/p>\n
Por ello, entonces se le indica a tal memorialista que, si alguna sustancia tiene que poner de manifiesto ante las autoridades competentes como es Fiscal\u00eda y la Junta central de contadores, pues est\u00e1 en todo su derecho para que el mismo proceda de conformidad. B\u00e1sicamente, entonces, de esta manera se define la intervenci\u00f3n que hace el se\u00f1or antes mencionado, Harold Valderrama D\u00edaz, y entonces ello no es \u00f3bice, para proseguir con la valoraci\u00f3n de la legalidad que en este momento ata\u00f1e a este Juzgador\u00bb (Minutos 00:31:49 – 00:39:41 de la videograbaci\u00f3n: \u201c66Audiencia Art. 84 Ley 1116 de 2006 Rad. 2017-00281-00 lunes 7 de marzo de 2022_09_00AM 03_07_202203_11PMUTC.mp4\u201d del cuaderno 1 del expediente con rad n\u00ba 2017-00281-00). <\/p>\n
En lo que concierne con los \u00abprincipios de universalidad, la igualdad, informaci\u00f3n\u00bb de que trata la Ley 1116 de 2006, esboz\u00f3: <\/p>\n
B\u00e1sicamente, ya retomando la consideraci\u00f3n anal\u00edtica, se tiene que el art\u00edculo 84 refleja b\u00e1sicamente una norma residual de legalidad, que tiene o faculta al juez para abrir su espectro de an\u00e1lisis y estudiar todo el contorno de la negociaci\u00f3n extrajudicial. <\/p>\n
En este caso, pues b\u00e1sicamente el Juzgado tiene que advertir algunas precisiones, en este sentido. El acuerdo extrajudicial tal como se trajo deb\u00eda pues acatar los lineamientos para fin de determinar en cuanto a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto. <\/p>\n
Observamos que aqu\u00ed, dentro de esta actuaci\u00f3n, se deben respetar vitales principios que trae la Ley Concursal, entre ellos, algunos previstos en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1116 de 2006, en el sentido de la universalidad, la igualdad, la informaci\u00f3n. El primero de los mencionados, pues hace alusi\u00f3n a que la universalidad, ata\u00f1e a la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores, queden vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciaci\u00f3n. Ya en cuanto al principio de igualdad, nos dice el precepto, que consiste en un tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurren al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de las reglas sobre prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y preferencias. Y el principio de informaci\u00f3n, pues data que, en virtud del cual el deudor y acreedores deben proporcionar la informaci\u00f3n de manera oportuna, transparente y comparable. <\/p>\n
Tambi\u00e9n de la mano y con este \u00faltimo principio, se podr\u00eda destacar en cuanto a la regulaci\u00f3n de \u00bfc\u00f3mo son los cr\u00e9ditos?, el art\u00edculo 25 de la misma ley 1116 de 2006, nos indica sobre el particular que \u201clos cr\u00e9ditos a cargo del deudor deben ser relacionados, precisando qui\u00e9nes son los acreedores titulares y su lugar de notificaci\u00f3n, discriminando cu\u00e1l es la cuant\u00eda del capital, \u00bfY cu\u00e1les son las tasas de inter\u00e9s expresadas en t\u00e9rminos efectivos, correspondientes a todas las acreencias causadas originadas con anterioridad a la fecha de la iniciaci\u00f3n del proceso (R\u00e9cord 39:42- 42:17 ib\u00eddem). <\/p>\n
Seguidamente, en la misma l\u00ednea interpretativa, y en cuanto a las intervenciones de la DIAN, y con base en ello, frente a las primeras anomal\u00edas que advirti\u00f3 el iudex fustigado en ese litigio, esgrimi\u00f3 que, <\/p>\n
[e]ntonces, \u00bfqu\u00e9 observamos? O \u00bfque observa el Juez en primer t\u00e9rmino? – Aqu\u00ed, por ejemplo, en el trasegar de este juicio, se relaciona en ese acuerdo extrajudicial una serie de acreedores, entre ellos entidades de Derecho P\u00fablico, como es la Dian, que son obligaciones de tipo fiscal. Y entonces, refieren dentro de esa Calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto, una cuant\u00eda para efecto de la DIAN que all\u00ed se expres\u00f3 en $17\u00b4855,491.oo. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l es la regla que rige para este acuerdo? El tiempo, es las obligaciones ciertas que se reflejan a la fecha de esa celebraci\u00f3n, es decir, a febrero 22 del a\u00f1o 2017. \u00bfPero qu\u00e9 observa la intervenci\u00f3n o los puntos de vista o las apreciaciones que hicieron estos acreedores?, por ejemplo la DIAN, concurren y desde el Folio 384 de la actuaci\u00f3n; mediante su oficio 5062 del 3 del 23\/08\/2018, pues pone de presente la existencia de otras obligaciones que para el momento de la celebraci\u00f3n de ese acuerdo extrajudicial, pues estaban vigentes, eran ciertas, como lo es, los rubros por concepto de impuesto de renta a cargo del deudor a\u00f1o gravable 2013, 2014, 2015, en cuant\u00edas de capital de $19\u00b4089,000.oo; $20\u00b4877,000.oo, $40\u00b4040,000.oo, sumando un total aproximado de $79\u00b4000.000.oo, no se compadece con los 17\u00b4000.000.oo, que se reflej\u00f3, es decir, all\u00ed en este momento, una obligaci\u00f3n fiscal de esta naturaleza, cuya causaci\u00f3n de ley se genera a\u00f1o por a\u00f1o; pues, b\u00e1sicamente, se trata de un cr\u00e9dito cierto, y ac\u00e1 empieza a resquebrajarse el acato del par\u00e1metro legal que establece esta ley de concurso, es decir, aqu\u00ed el art\u00edculo 25, se desobedece, en el sentido de que no se hace esa destinaci\u00f3n estableciendo la cuant\u00eda del capital vigente para esa fecha, pero es que esto no es solo all\u00ed; all\u00ed empieza una serie de anomal\u00edas que este juzgado ha de advertir en el siguiente sentido: <\/p>\n
N\u00f3tese que el art\u00edculo 24 de la misma Ley Concursal de 2006, indica que, \u201cpara efectos de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y derechos de votos, entre otros de sus apartes, establece que las obligaciones de los cr\u00e9ditos\u201d, pues deben aplic\u00e1rsele, el factor de indexaci\u00f3n desde el vencimiento hasta la fecha de la presentaci\u00f3n de las de la negociaci\u00f3n. El art\u00edculo 24, si bien observamos, en su inciso segundo, indica lo siguiente, dice que: \u201cLos derechos de voto, y s\u00f3lo para esos efectos, (es decir, estamos ac\u00e1 en el entretanto, de solamente definir los derechos de voto) ser\u00e1n calculados, a raz\u00f3n de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicion\u00e1ndoles (dice) para su actualizaci\u00f3n la variaci\u00f3n en el \u00edndice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el per\u00edodo comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligaci\u00f3n y la fecha de corte de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u201d \u00bfQue se observa?, si nos vamos a la observaci\u00f3n de la tabla o el proyecto de determinaci\u00f3n de derechos de voto, encontramos que, a esos capitales, no se les aplic\u00f3 la actualizaci\u00f3n y pese a que habla la mencionada ley, s\u00f3lo para efectos de determinar derechos de votos (Mins. 00:42:18- 00:46:33 \u00eddem). <\/p>\n
Finalmente, en torno a las dem\u00e1s inconsistencias presentadas en el proyecto de calificaci\u00f3n o determinaci\u00f3n de votos, respecto del acreedor interno, como lo fue la discrepancia entre su determinaci\u00f3n de \u00abderecho de voto\u00bb del 0% y otra \u00abvotaci\u00f3n\u00bb visible a folio 142 del 1.18%, de cara al an\u00e1lisis de \u00ablas reglas de votos favorables\u00bb contenidas en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, y las razones que expuso para \u00abno validar el acuerdo\u00bb, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) desde ac\u00e1 comienza una anomal\u00eda, el desacato legal en ese punto, que impide que se obtenga una fehaciente e id\u00f3nea determinaci\u00f3n de los derechos de voto. M\u00edrese muy bien, tambi\u00e9n, en este aspecto que cuando se habla de la acreencia interna, de Neyger Eduardo Mart\u00ednez, de $50\u00b4391,794.oo, s\u00ed se aprecia el folio 286, all\u00ed la determinaci\u00f3n de su derecho de voto fue del 0%. <\/p>\n
\u00bfQue se observa en todo este proyecto? Que se determin\u00f3 el porcentaje de cada acreencia, y teniendo en cuenta esa tasa, ese porcentaje de voto del 0%, se suman los otros coeficientes y nos reflejan un ciento por ciento (100%), es decir, que, de acuerdo con ese proyecto de calificaci\u00f3n o determinaci\u00f3n de votos, pues el acreedor interno resulta con una participaci\u00f3n de 0% para poder definir y decidir en una posible negociaci\u00f3n y manifestaci\u00f3n de su intenci\u00f3n de voto. <\/p>\n
\u00bfPero que se observa? Si nos vamos al folio 142, cuando habla de los votos positivos, n\u00f3tese que aqu\u00ed lo que se debo observar, es que se respeten las reglas de las mayor\u00edas, la regla de c\u00f3mo se obtienen esas votaciones. B\u00e1sicamente, si a ello nos vamos, el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 para ese efecto, entre otros aspectos, habla de una mayor\u00eda absoluta que es el del 50%, + 1 de esas acreencias. \u00bfPero qu\u00e9 nos dice tambi\u00e9n? hay otras reglas, el mismo articulado hace una clasificaci\u00f3n de unas clases de acreedores, las clasifican en 5 grupos, y entonces, se tiene que hay unos titulares de acreencias laborales; de unas entidades p\u00fablicas e instituciones de Seguridad Social; unas instituciones financieras vigiladas por la SIF; que hay unos acreedores internos y hay unos acreedores externos. La regla no dice que: \u201cDeben obtenerse votos favorables provenientes de por lo menos de tres (3) categor\u00edas de acreedores\u201d, que: \u201cEn caso de que solo existan tres (3) categor\u00edas de acreedores, la mayor\u00eda deber\u00e1 conformarse con votos favorables provenientes de acreedores pertenecientes a dos (2) de ellas (\u2026) De existir solo dos (2) categor\u00edas de acreedores, la mayor\u00eda deber\u00e1 conformarse con votos favorables provenientes de ambas clases de acreedores\u201d. <\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 sucede en el caso concreto? Si se observa esa relaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y esos proyectos de determinaci\u00f3n de derechos de votos, pues ac\u00e1 concurren las 5 clases; entonces, encontramos acreedores laborales, Entidades P\u00fablicas de Seguridad Social como es el Sena, el Bienestar Familiar, entidades como es la DIAN, \u00bfNo? Hay acreedores internos, como el deudor (pero ya vamos a hacer una apreciaci\u00f3n en este punto) y acreedores externos, que son bastantes. <\/p>\n
Entonces, de acuerdo con esta norma, se exige para esa mayor\u00eda que los votos provengan que por lo menos 3 clases de acreedores. Pero como se anunci\u00f3 antes, el acreedor interno aparece con un 0% de derecho de voto; pero llama la atenci\u00f3n de este juzgado y aqu\u00ed, si bien es cierto, se refleja una votaci\u00f3n de creador interno, de una acreedora laboral que es Diana Rodr\u00edguez y acreedores externos; pues ah\u00ed estar\u00edan las 3 categor\u00edas, o 3 clases de acreedores; pero observamos que, por ejemplo, a folio 142 aparece una votaci\u00f3n del acreedor interno del 1.18%, cuando en ning\u00fan momento se le atribuy\u00f3 un derecho de voto, para tener voz y voto, valga la redundancia, en la definici\u00f3n de esta resulta; es decir, que b\u00e1sicamente y en estricto sentido jur\u00eddico, aqu\u00ed habr\u00eda la manifestaci\u00f3n de 2 categor\u00edas y que por tanto, se desconoce esa regla de mayor\u00eda y votaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que no podemos hablar que hay una exoneraci\u00f3n de adquirir los votos de esas clases de cr\u00e9ditos, porque no estamos frente al caso en donde exista una representaci\u00f3n del 75% o m\u00e1s; que nos habla ese mismo art\u00edculo 31, dice que cuando: \u201cEl acuerdo de reorganizaci\u00f3n aprobado con el voto favorable de un n\u00famero plural de acreedores que representen, por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75%) de los votos no requerir\u00e1 de las categor\u00edas de acreedores votantes, establecidas en las reglas contenidas en los numerales anteriores\u201d, entonces, ac\u00e1 b\u00e1sicamente, a lo sumo super\u00f3 el 50%, no lleg\u00f3 al 75; luego entonces, se exige esa concurrencia de esas 3 clases de acreedores para poder hablar de un voto viable y efectivo bajo el haz legal. <\/p>\n
B\u00e1sicamente, eso ah\u00ed se est\u00e1 rompiendo con bastantes reglas o principios, el traer un acreedor interno, en una forma repentina con un porcentaje de voto, pues implica, desmejorar las cuant\u00edas de los votos de los restantes acreedores; all\u00ed hay una afectaci\u00f3n directa, porque es una universalidad, una igualdad de los acreedores y b\u00e1sicamente, a la luz que no se report\u00f3 adecuadamente, los montos de las obligaciones como fue el caso de la DIAN, pues traer\u00eda al traste y se llevar\u00eda por delante, el principio de informaci\u00f3n que tambi\u00e9n es un principio de esta Ley Concursal. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, entonces, de esa manera observamos que b\u00e1sicamente el Acuerdo en ese sentido, no podr\u00eda tener efectos de una validaci\u00f3n; n\u00f3tese que finalmente esas inconsistencias fueron reflejadas en el acuerdo extrajudicial que se celebr\u00f3, porque b\u00e1sicamente, entre otros aspectos, se habla de una ambig\u00fcedad de porcentajes de votos, como ya se indic\u00f3 a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Se habla de una d\u00e1diva o un pago, que se hace, por ejemplo, a entidades como la Dian, que se le est\u00e1 reconociendo un cr\u00e9dito menor, al que est\u00e1 debidamente probado aqu\u00ed. En ese sentido, pues no es del caso como se indic\u00f3 y esboz\u00f3, dar el aval a esta negociaci\u00f3n y, por tanto, se deben aplicar los efectos legales, como es declarar la terminaci\u00f3n de esta gesti\u00f3n y dejar sentado que aqu\u00ed se va a comunicar las resultas de esta actuaci\u00f3n a todas las autoridades judiciales administrativas, y las correspondientes para que cada una, de acuerdo a las competencias que le asigna la ley, proceda y defina de conformidad como le corresponda, dejando pues a salvo, pues la posibilidad que tendr\u00e1 el deudor de intentar un proceso de reorganizaci\u00f3n para poder cambiar esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, se observa que en la medida que tampoco, hubo en estricto sentido, una discusi\u00f3n de objeciones, pues no habr\u00e1 lugar a la imposici\u00f3n de costas (R\u00e9cord 00:46:34- 00:53:59 ib\u00eddem) -subrayado y negrilla adrede-. <\/p>\n
3.1.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, o \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb, ni \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb como busca el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir las reflexiones de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3502-2022). <\/p>\n
Con todo, al margen de todas las disquisiciones efectuadas por el estrado censurado y partiendo de las afirmaciones efectuadas por el impulsor, lo cierto es que, como el primero consider\u00f3, no resultaba procedente validar el acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n que \u00e9ste promovi\u00f3, al no haber sido aprobado con el n\u00famero de votos exigidos por el art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006, aplicable al asunto objeto de an\u00e1lisis en virtud de la remisi\u00f3n normativa consagrada en el art\u00edculo 221 (inciso 2\u00b0) del Decreto 1730 de 2009. <\/p>\n
4.- Finalmente, en lo que ata\u00f1e al descontento del querellante, frente a la presunta omisi\u00f3n del servidor judicial respecto a \u00abla OBLIGATORIDAD de aplicar el art 35 de la Ley 1116 de 2006, (\u2026) cuando al no autorizarse el acuerdo, la consecuencia jur\u00eddica es la suspensi\u00f3n de la audiencia con el fin de que el acuerdo sea corregido\u00bb; adem\u00e1s de desconocer con dicho argumento el contenido del art\u00edculo 2.2.2.13.3.5 del Decreto 1074 de 2015, se observa en aqu\u00e9l una actuaci\u00f3n incuriosa, en la medida que desperdici\u00f3 el mecanismo ordinario con el que contaba para ventilar tal descontento y, por ende, desatendi\u00f3 la naturaleza residual que caracteriza este sendero supralegal, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad con la que contaba para pedir la \u00abadici\u00f3n del fallo\u00bb, a continuaci\u00f3n de su proferimiento, de acuerdo con lo reglado en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n se llega, si se soslayara dicha herramienta, porque tambi\u00e9n pudo pedir en la mentada diligencia del 17 de marzo de 2022, su suspensi\u00f3n, invocando el precepto que trae como derrotero, lo que no acaeci\u00f3 en ese asunto. De ah\u00ed que deba soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 la providencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Establece la citada disposici\u00f3n que \u00ab\u2026 el deudor elaborar\u00e1 una calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de acreencias y determinaci\u00f3n de derechos de voto, lo cual se har\u00e1 conforme a las reglas previstas en la Ley 1116 y con base en un balance y en un estado de inventario de activos y pasivos, suscritos uno y otro por el deudor, el contador p\u00fablico que los hubiere elaborado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, con corte al \u00faltimo d\u00eda del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de inicio de las negociaciones\u00bb. <\/p>\n
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STC6805-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC6805-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00140-01 Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de mayo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}